2024 es el año de no retorno para la central nuclear de Almaraz, Cáceres… por la cabezonería y la demagogia ‘verde’ de Ribera.
PERO GRULLO DE ABSURDISTÁN.
El Gobierno insiste en el cierre nuclear, pese a que supondrá riesgo de apagones, luz más cara y más emisiones de CO2: aprueba el nuevo plan de residuos radiactivos que implica más almacenes temporales y mayores costes.
2024 es el año de no retorno para el reactor I de la central nuclear de Almaraz… y todo por culpa de la cabezonería y la demagogia verde de Teresa Ribera. Insiste en cerrar la nuclear en España, repitiendo el mismo error de Alemania e imponiéndose la ideología a la razón, a pesar de que el apoyo a esta energía crece en todo el mundo, como ha quedado patente en la COP28 y en el Consejo Europeo.
El Gobierno insiste en el cierre nuclear, lo que supondrá riesgo de apagones, luz más cara y más emisiones de CO2. En el Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, se aprobó el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que “está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares firmado en marzo de 2019 entre Enresa y los propietarios” (o sea, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP).
El séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones de los titulares de las instalaciones nucleares
La Sociedad Nuclear Española (SNE), la cual agrupa a los profesionales del sector nuclear en nuestro país, ha referido que dicho PGRR se aprobó “no exento de polémica”, confirmando los planes de cierre nuclear programado para 2027-2035 y que “la ‘broma’ nos va a salir cara”. Foro Nuclear, asociación que agrupa a la industria nuclear española, ha destacado la información oficial donde el Plan prevé unos costes futuros de 20.220 millones de euros que se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones de los titulares de las instalaciones nucleares; esta cifra supera la que hasta ahora había aparecido en los borradores y el Fondo Enresa contaba con 7.272 millones al cierre de 2022. Por su parte, el Departamento de Ribera ha presumido de que se aplica el principio de ‘quien contamina paga’.
Esas aportaciones a Enresa son sólo una parte del elevado número de impuestos y tasas que paga la nuclear en España. “Pagamos por cada megavatio que producimos 8 euros para Enresa en gestión de residuos y desmantelamiento futuro, y unos 15-17 euros/MW de impuestos, de los cuales algunos son autonómicos y redundantes”, subrayó Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear en su entrevista con Hispanidad. “En Francia las centrales pagan unos 4 euros/MWh en impuestos. Si a nosotros nos bajaran los impuestos, la energía nuclear sería más barata”, añadió.
- Y es que pagan tres tributos de ámbito estatal:
- Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado
- Impuesto sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (residuos de baja y media actividad)
- Tasa Enresa
- Otros tres de ámbito autonómico que son las llamadas “ecotasas”:
- Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente en Extremadura
- Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente en Comunidad Valenciana
- Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente en Cataluña
- Y otros de ámbito local y otras tasas y tributos:
- Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
- Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
- Tasa por la prestación del servicio de la Guardia Civil
- Tasa por servicios prestado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
Volvamos al séptimo PGRR. También incluye que siga operando el centro de almacenamiento de El Cabril para residuos de media, baja y muy baja intensidad; así como las ampliaciones de la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales; y la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo (esta será el Almacén Geológico Profundo –AGP-). Y es que el Gobierno ha dejado sin efecto la designación de Villar de Cañas para albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Además, se recoge el inicio del desmantelamiento de las centrales a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
Ribera insiste en el calendario de cierre de los siete reactores operativos entre 2027 y 2035, a pesar de que generan el 20% de la electricidad, sin emitir CO2, de forma estable y garantizando el suministro. Los primeros que dirán adiós serán los de Almaraz I y Almaraz II, en concreto en 2027 y 2028, aunque ¡están preparados para funcionar más tiempo! y son propiedad de Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%). Eso sí, el tiempo para evitar la despedida ha empezado a correr en su contra: el punto de no retorno para el de Almaraz I llega este año porque la parada se empieza a preparar unos tres años antes para que sea ordenada, como explicóAraluce hace unos meses. Una preparación que se hace a través de decisiones relacionadas con: la ampliación de licencia, el acopio de combustible, la renovación de plantilla (sobre todo licencias de supervisores y operadores) y las empresas contratistas y proveedoras de materiales preventivos.
Hace unas semanas, Alfredo García (más conocido en X como Operador Nuclear, que es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual, divulgador científico y escritor) explicó el tendencioso nuevo plan general de residuos radiactivos del Gobierno, con ocho almacenes en lugar de uno centralizado (el ATC), lo que dispara los costes, en el programa La Linterna, de COPE. Asimismo, refirió el suicidio energético que supone el cierre nuclear, como ya ha defendido en más de una ocasión y que le llevó a lanzar una campaña para salvar las nucleares españolas, porque su cierre elevará el precio de la luz, las emisiones y la dependencia energética; y también a adherirse al al ‘Manifiesto en defensa de las centrales nucleares como fuente de energía estratégica en España’ de la SNE. Ahora García insiste en que cuando se produzca el cierre nuclear en España, “vamos a quemar más gas en unas condiciones deplorables, con riesgo de apagones, aumento del precio de la electricidad y aumento de las emisiones de CO2”. Y por cierto, “el cierre nuclear anticipado asumido por los planes energéticos del Gobierno es económica y medioambientalmente costoso, además de poner en peligro la seguridad de suministro”, añade un reciente estudio de la entidad autónoma e independiente para la protección del medio ambiente Oikos y de la consultora AFRY Management Consulting.
España se empeña en el error de decir adiós a la nuclear dentro de unos años, mientras el renacimiento nuclear crece en el mundo. Entre sus defensores se encuentra el multimillonario Bill Gates, que ha señalado que “la nuclear es la única fuente de energía libre de carbono que puede suministrar energía de manera confiable día y noche, durante todas las estaciones, casi en cualquier lugar del planeta, y que se ha demostrado que funciona a gran escala”. El Gobierno Sánchez se empeña en no escuchar a los expertos ni tampoco a otros muchos que han pedido el alargamiento de la vida útil nuclear (más allá de los 40 años, cuando en EEUU se están dando licencias para más allá de los 80 años), como el Círculo de Empresarios, el pepero Alberto Núñez Feijóo y hasta el sindicato UGT. Además, han crecido los que no ven tan claro el adiós nuclear (Endesa, Iberdrola…). De hecho, en una reciente entrevista en Cinco Días, José Bogas, CEO de Endesa, ha recalcado que “las centrales están preparadas para funcionar durante muchos más años que los previstos en el plan de cierre”, pero hay “un calendario pactado con el Gobierno”, se trata de “una decisión de política energética, no técnica. El problema es que sin nucleares será difícil alcanzar los objetivos de descarbonización. La seguridad de suministro y la competitividad también juegan un papel fundamental”.
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