Gobernar -y legislar- para beneficiar a los delincuentes

Juan Milián Querol

FUENTE: https://www.economiadigital.es/ideas/gobernar-para-delincuentes.html

La Ley de Vivienda aprobada por el gobierno social-comunista (apoyado por etarras y separatistas) blinda a los okupas y castiga a las víctimas.

Lo han vuelto a hacer. El modus operandi es idéntico al de la ley del “sólo sí es sí”, a saber, retraso de años en la negociación y meses en la tramitación, conflictos entre socios, urgencias electoralistas en la aprobación, deficiencias técnicas, clamorosas y ataques sobreactuados contra los críticos.

Pedro Sánchez se hace ahora suya una Ley de Vivienda que contiene unas medidas criticadas por su ministra Nadia Calviño no hace tanto. Intervenir los precios y desproteger la propiedad privada generará un pernicioso sistema de incentivos. Lo sabemos y lo saben: beneficiará al delincuente y perjudicará al honrado. Dentro de unos meses, cuando los efectos sean los contrarios a los prometidos, no lo duden, un cínico Sánchez dirá que todo esto no iba con él.

Tras derogar la sedición, rebajar la malversación y beneficiar a agresores sexuales, las izquierdas unidas se han propuesto también fomentar la usurpación. La Ley de Vivienda dificultará aún más la expulsión de los okupas. Bildu, Esquerra y Podemos dictan, y un PSOE, entregado a la causa delictiva, asume postulados impropios de un partido medianamente serio. Las izquierdas unidas penalizarán con farragosa burocracia y presunción de culpabilidad a unos propietarios que ya vienen sufriendo todo un vía crucis para echar a los malhechores de sus viviendas. Esta ley es el mundo al revés: blinda a los okupas y castiga inmisericordemente a las víctimas.

La propiedad privada es un baluarte de la libertad. Puede existir derecho a la propiedad sin libertad, pero lo contrario es imposible. En Propiedad y libertad (editorial Turner), el historiador Richard Pipes demostró que “la propiedad privada puede coexistir con un poder político arbitrario e incluso represivo, mientras que la democracia no puede existir sin la propiedad privada”.

La okupación es una violación de un derecho

Las izquierdas unidas prometieron regenerar la democracia, pero están socavando todos sus pilares, uno a uno. Mi casa es mi castillo, solían proclamar los ingleses. Sin embargo, en España, las murallas de ese castillo están agrietadas. Existe riesgo evidente de desprendimiento. Los asaltantes usan la ambición de Sánchez como ariete. Golpean y golpean. Y los muros del Estado de derecho se tambalean.

Menos vivienda disponible y más casas okupadas serán el legado de este gobierno tan amigo de lo ajeno

La okupación no es un derecho; es una flagrante violación de un derecho fundamental. Y es también un peligro para los vecinos, a quienes se les hurta el derecho a vivir tranquilos. Los okupas pueden provocar ruidos, peleas, incendios o cortes de agua. Siempre dejan las viviendas en un estado lamentable, mientras al propietario le toca pagar todos los gastos, impuestos incluidos. La cultura a favor de la okupación desincentiva la inversión y el cuidado de las propiedades. Los edificios se degradan y las comunidades se empobrecen.

Ni derecho a la propiedad privada, ni seguridad jurídica, ni libre mercado, ¿qué podría salir mal? La intervención de los precios provoca escasez. Menos vivienda disponible y más casas okupadas serán el legado de este gobierno tan amigo de lo ajeno. La falta de alquileres asequibles en ciudades como Barcelona no se resolverá con un intervencionismo que restringe la oferta. Al contrario, quedarán los peores pisos y no serán baratos. La vida se encarece al ritmo de las ocurrencias legislativas.

Malas leyes y falsas promesas. Una vez más el electoralismo se impone a la responsabilidad. Excelentes propagandistas y pésimos gobernantes. Prometen a última hora lo que no ha hecho en cuatro años. Sánchez también ha prometido infinidad de viviendas con la misma credibilidad con la que perjuraba que no iba a pactar con populistas y separatistas.

Las de la Sareb, el banco malo, no son precisamente buenas viviendas. De las 50.000 que se pretenden movilizar para alquiler asequible, un tercio están ocupadas y otro están sin adecuar o aún no existen. Y la gran mayoría están lejos de las ciudades donde falta vivienda. No solucionan nada. Es el gobierno de la mentira que solo parece gobernar para los delincuentes.