EXPEDIENTE ROYUELA, LA MÁS TERRIBLE TRAMA CRIMINAL Y DE CORRUPCIÓN, DESDE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCO HASTA LA ACTUALIDAD.
Santiago Royuela Samit
PRIMERA PARTE.
Barcelona a 31 de agosto de 2020
Estimados lectores, quisiera ante todo presentarme al público lector que se acerca hoy a VOZ IBÉRICA para conocer a fondo el llamado “Expediente Royuela”.
Así que, procederé a presentarme:
Mi nombre es Santiago Royuela Samit. Tengo 45 años y actualmente vivo en pareja. Mi vida pasó por muchos cauces azarosos y diversos.
Soy el pequeño de una familia de 6 hermanos, uno de ellos asesinado vilmente por un sargento de la Guardia Civil, pero ello no lo supimos hasta 13 años después de su muerte, pues pensábamos que fue debido a una sobredosis de droga.
Mi formación académica es la de licenciado en física teórica por la Universidad de Barcelona. Siempre tuve inquietudes científicas desde pequeño que, me llevaron al deseo de dedicarme a la investigación en física, pero, a pesar de ser el gran sueño de mi juventud, pude acabar la carrera y hacer algún master en complejidad, pero no pude dedicarme profesionalmente a la investigación debido a mi vida azarosa.
De joven milité en grupos de la llamada “extrema derecha” y estando en la universidad era activista “radical”. Ello me llevó a cometer un «acto delictivo» al frente de una protesta, porque ETA venía a homenajear a sus presos en Barcelona en el año 2001.
De madrugada, sin querer herir a nadie ni dañar a las personas, colocamos un artefacto casero en la puerta del local, donde al día siguiente gente proetarra pretendía homenajear al comando de ETA que había sido detenido en fechas previas. Hubo una deflagración sin explosión, no hubo daños ni destrozos, tan sólo una humareda.
Por ello fuimos condenados a 6 años y 1 día de prisión por un delito de terrorismo «no en banda armada».
Más tarde, pasado el tiempo y tras una labor de 25 años de investigación que mi padre llevó a cabo, pude obtener las pruebas materiales de cómo el que por entonces era fiscal Jefe de Catalunya, José María Mena Álvarez, chantajeó y compró las voluntades de los magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona que se encargaron del caso para que, un delito de desórdenes públicos cuya pena máxima podría haber sido año y medio o dos, se convirtiera en un delito de terrorismo condenándonos a 6 años y un día de prisión. Mi padre se convirtió en el gran enemigo del fiscal Mena, un verdadero mafioso del que os hablaré abiertamente y bajo mi responsabilidad en este espacio que me brinda “Voz Ibérica”.
Actualmente me dedico por entero, centro toda mi atención, en dar a conocer el expediente Royuela, silenciado por los grandes medios de comunicación que, desinforman al pueblo sirviendo a los altos poderes e intereses, tal como veremos en la información obrante en el propio Expediente Royuela.
De otro lado, dirijo la querella que vamos a presentar antes de finalizar este año 2020, en la que denunciaremos la mayor trama criminal de la historia de España en tiempos de paz. Las acusaciones serán de delitos de Terrorismo de Estado – según la legislación vigente no prescriben si hay muertos- y de Lesa Humanidad -tampoco prescriben- entre muchos otros como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias, el tráfico de drogas, el sicariato (homicidio llevado a cabo por sicarios, a cambio de dinero), obstrucción a la Justicia y un sinfín de delitos punibles perfectamente tipificados en el Código Penal Español y de extrema gravedad.
Supongo que muchos lectores que ahora estéis leyendo estas líneas ya sois conocedores del llamado Expediente Royuela que, mi padre y yo venimos denunciando públicamente desde hace un año, así que me ahorraré muchas palabras que, ya conocéis acerca de esta trama criminal y me centraré en detalles y anécdotas personales que giran en torno a esta trama y de cómo se obtuvo toda esta información. Haré uso de este espacio que me brinda “Voz Ibérica” para comentaros mis reflexiones como persona que ha vivido muy de cerca la trama del expediente Royuela, siendo víctima directa del fiscal Mena y objetivo del mismo.
Sin más preámbulos, paso a deciros que mañana, día 1 de septiembre de 2020, pienso acudir a la Fiscalía de Cataluña para solicitar asistencia de la «oficina de ayuda psicológica a las víctimas de delito», a la vez que para solicitar protección judicial y policial frente a las personas que vamos a denunciar, las cuales pactaban con grupos mafiosos como la Ndrangheta italiana, cárteles colombianos o mexicanos de la droga, traficantes de armas internacionales como Monzer Al Kassar, preso hoy día en EE.UU; la misma cúpula del PSOE que, encargaba asesinatos, e incluso la masonería a través de tratos de favor o crímenes que encarga el Gran Maestre de la Logia de España y así, un sinfín de vínculos mafiosos que llegaban hasta miembros de la carrera judicial del Estado, de los cuerpos de seguridad del estado y de instituciones que, debieran velar por el Orden Legal y el cumplimiento de la Ley.
Como comprenderéis, no me enfrento a un grupo de delincuentes comunes, así que mañana haré uso de mi derecho a solicitar amparo, defensa, comprensión y ayuda por parte de la Justicia….veremos qué ocurre.
Sin más, os seguiré narrando reflexiones personales acerca del “Expediente Royuela” en las próximas entregas; os pido la máxima difusión y, si lo que venimos denunciando es falso, entonces que proceda la Justicia contra nosotros por difamación.
Para los lectores que aún no están familiarizados con el «Expediente Royuela», aunque ya ha habido algunos medios de información que han hablado de ello, vamos a describirlo «grosso modo», a grandes rasgos:
Lo primero que llama la atención (por aquello de «el que calla otorga») es que la Fiscalía no tiene valor de denunciar por injurias o denuncias falsas las informaciones y acusaciones relativas a más de 1.300 asesinatos documentados (el 60% de ellos por encargo del PSOE, un 35% pagados por particulares y el resto por intereses o favores personales), porque tendrían que asumir más de 37 mil manuscritos del ex-fiscal José María Mena Álvarez que tienen los Royuela, padre e hijo.
También resulta sorprendente, como poco, que ningún juzgado se hay interesado por el «Expediente Royuela», no hay investigado ni instruido ningún proceso legal… «OMERTA», Silencio total.
Si escriben ustedes en cualquier buscador de internet #ExpedienteRoyuela, podrán acceder a la numerosa información y documentación facilitada en días pasados en los últimos meses.
Según #ElEspañolDigital del 10 de febrero de 2020: “Más adelante, por otros contactos, Alberto –#RoyuelaFernández– supo que había una especie de “servicio secreto del #PSOE”, en gran medida diseñado por #JuanAlbertoBelloch (fundador en 1984 de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista #JuecesparalaDemocracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con #FelipeGonzález -1003/96)…” (Y añado yo, el único Biministro que ha existido en la Historia de España, y corríjanme si me equivoco, por favor).
Tras una historia rocambolesca, el citado #Royuela accedió a los archivos del crimen, y nunca mejor dicho, de José María Mena Álvarez, ex Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en los que se documentaban numerosos –y presuntos- sobornos, cohechos, mordidas, regalos, o como quieran llamarlos, a cambio de no sé sabe qué, pero que pudieran ser perfectamente contratos públicos, adjudicaciones de obras, e incluso “favores” judiciales o fiscales.
Principales personajes.-
Alberto Royuela Fernández, de 81 años, padre de seis hijos, maestro industrial electricista que ha trabajado fundamentalmente de su empresa de electricidad (tenía 180 empleados) y como “subastero”, es decir, experto en pujas en las subastas judiciales. De madre y familia vasca pero que siempre ha vivido en Barcelona. Su madre murió cuando tenía cuatro años y su padre cuando tenía cinco. Tubo tres hermanos evacuados con seis y siete años a la URSS durante la guerra, uno de los cuales llegó a ser Teniente Coronel del Ejército Rojo, a los que conoció con 25 años, y que a la vuelta se afiliaron al PSUC (Partido Socialista Unificado de Cataluña, de ideología comunista).
Alberto se ha definido a sí mismo en muchas ocasiones como falangista “joseantoniano y nacional sindicalista”, añadiendo que perteneció a los Servicios de Información del Régimen anterior (“asuntos internos” del Movimiento). En 1971, cuando era Consejero Local del Movimiento por Barcelona, interpuso una denuncia contra el Opus Dei por actos contra el Movimiento Nacional. En 1976, siendo por entonces secretario general de la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco, fue detenido por motivos políticos arbitrarios; al año siguiente prácticamente desapareció la Hermandad por trabas administrativas y persecución policial. Aquello fue el inicio de una numerosísima serie de infundadas detenciones políticas por los más variados motivos, seguidas de posteriores puestas en libertad sin condenas: declaraciones sobre el paradero de los secuestrados Oriol y Villaescusa en febrero de 1977, atentado contra el semanario satírico El Papus en septiembre de 1977, asalto al Banco Central de Barcelona en mayo de 1981 aplicándole la ley “sin ninguna prueba” según sus declaraciones, incidentes en la Plaza de Oriente de Madrid el 20N de 1981, etc.
En 1982 Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA) empezó a encargarle trabajos cada vez peores, teniendo que cerrar su empresa y dedicarse a las subastas para aprovechar su experiencia, llegando a ser determinante en los remates judiciales en los años 80. En ese negocio frecuentemente sufría denuncias o eran paralizadas las subastas, lo que hacía pensar a sus abogados que eran instigadas por los fiscales.
Sobre el año 1992 descubrió que todos sus teléfonos estaban “pinchados”.
Pero en 1993 murió su hijo Javier Royuela Samit, oficialmente por una sobredosis de droga; antes había tenido otras dos. Estuvieron buscándolo todo un día hasta que una policía municipal les avisó de que había aparecido “muerto en la calle San Pablo, enfrente de la Guardia Civil”. En el atestado ponía “varón no identificado de raza árabe”, y también en las actuaciones del juzgado, a pesar de que el cadáver portaba su DNI. Además, en comisaría dijeron que les habían estado llamando a casa, lo que no cuadra con la falta de identificación. Aunque la familia armó jaleo, la cosa quedó ahí, como algo extraño y como mala praxis judicial.
Estuve yendo todas las semanas durante tres años al cementerio, hasta que un día encontró pintadas en que decían: “un Royuela menos”.
A partir de aquí se cruzan en su vida los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena Álvarez, e incluso Margarita Robles Fernández (León, 1957), que fue la primera mujer que presidió una Audiencia Provincial, la de Barcelona, con 34 años, entre 1991 y 1993.
Cada vez que ganaba una subasta era denunciado por abogados laboralistas por “maquinar para alterar el precio de las cosas”. En uno de los juicios la juez Margarita Robles le condenó a tres años y medio; por lo general las condenas a más de tres años las apelaba a Madrid y siempre acababa ganando el juicio tras su repetición sin intervención de ningún juez que hubiera participado antes. Debido a todo esto comenzó a hacer averiguaciones y se enteró por su hermano Fidel, que aún conservaba muy buenos contactos en Rusia, que ambos fiscales pertenecían a la organización “Bandera Roja” y estaban a las órdenes del Kremlin. Villarejo y Mena militaban formalmente al PSUC (siendo uno malagueño y el otro burgalés), respectivamente fundaron la asociación Justicia Democrática (1972, clandestina, juntos ambos) y la Unión Progresista de Fiscales (1980), y fueron Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, respectiva y sucesivamente, entre 1987/1995 y 1996/2006. E ahí la motivación política de la persecución.
Más adelante, por otros contactos, Alberto supo que había una especie de “servicio secreto del PSOE”, en gran medida diseñado por Juan Alberto Belloch (fundador en 1984 la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco y portavoz del colectivo progresista Jueces para la Democracia, Vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1990/93 y por entonces Ministro de Justicia e Interior con Felipe González -1993/96-), con la colaboración de Margarita Robles, su Secretaria de Estado de Interior, y al que Mena y Villarejo pertenecían.
A través de un amigo venezolano, Santiago Ospedales, Alberto pudo hacerse con documentos relativos a sus cuentas bancarias en Venezuela y otras naciones, informaciones que comprobó a través de Interpol y otros organismos, interponiendo con esa documentación una denuncia, en el Juzgado nº 32 de Barcelona, contra Mena, Villarejo y su círculo más cercano. La no fue admitida a trámite y, encima, además de acusarle de actuar por motivos de odio y políticos, fue sometido a una pericial para demostrar que estaba loco, cosa que, lógicamente, no cuajó. El juez venezolano que envió aquellas pruebas murió a consecuencia de un accidente.
En 1999 Alberto fue condenado en firme por el Tribunal Supremo, por una sentencia impuesta dos años antes por el tribunal que presidía Gerard Thomas Andreu, por falsificación en documentos privados a dos años de cárcel por falsificación en documentos privados y estafa; previamente, en 1995 y por esta causa, la juez Rosario (Roser) Aixandrí i Tarré decretó la prisión preventiva de Royuela durante poco más de dos meses.
Entre octubre de 2000 y junio de 2001 Alberto interpuso otras denuncias contra Villarejo, el Presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, Gerard Thomas, y la Magistrada de Instrucción, Aixandrí, con el resultado de que fue condenado a año y medio de cárcel y multa de 12.960 € por un delito continuado de acusación y denuncia falsa, condena que no cumplió por ser menos de dos años y no tener antecedentes penales.
En 2001 fue detenido su hijo Santiago Royuela Samit por fabricar una bomba casera y colocarla en un centro de okupas donde se iba a celebra un concierto-homenaje a separatistas vascos; la bomba solo causó heridas a dos de los colocadores. En 2005 fue condenado a seis años de cárcel por “terrorismo no en banda armada”; más adelante se demostró por los papeles de Mena que éste forzó aquella condena. Santiago, licenciado en físicas, en su día militante de AUN y PxC, pasó en prisión casi 10 años por dos juicios de faltas, el anteriormente citado y otro casi continuación del mismo, por arrojar el teléfono móvil a otra persona, por lo que fue condenado a tres años y medio; salió de prisión definitivamente en 2016. Ha escrito el libro “El Fiscal”, auto-editado, que narra su vida en prisión y el entorno de Mena, quien reconoció en sus papeles actuar contra él para frenar a su padre.
En 2003 el padre, Alberto Royuela, que había participado en la formación del partido político Plataforma per Cataluña (PxC) el año anterior, fue condenado por “denuncias falsas” de evasión de capitales contra Mena, Jiménez Villarejo y otros. Dos años después fue encausado por “vender cuadros robados”, hechos que se habían producido en 1998.
En resumen, con independencia de posibles prácticas poco elogiables, los Royuela habían sufrido hasta entonces una clarísima y dura persecución por la prensa y los organismos políticos y judiciales.
Pero la Providencia puso en 2004 el comienzo del fin de la mano de la cadena de TV pública danesa DR, con su reportaje con cámara oculta de los abortorios del “Doctor” Carlos Morín. En sus barcelonesas clínicas Ginemedex, T.C.B y Emecé se hacían ilegales abortos tardíos de incluso siete y ocho meses (hasta 33 semanas) a mujeres que venían de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania e incluso Australia, constituyendo un vergonzoso caso emblemático a nivel mundial. Tras una larga batalla, el partido Alternativa Española (AES), fundamentalmente, y el Centro Jurídico Tomás Moro (inicialmente también E-Cristians), consiguieron que el Tribunal Supremo condenara en 2018 a un abortista por primera vez, cerrando sus tres clínicas.
Cuenta Alberto Royuela que Fernando Durán Salmerón, un camarada suyo de la Guardia de Franco, le contó que Mena era socio encubierto de su cuñado, el doctor Morín, y que por ello sabía que en una de sus clínicas tenía un zulo muy grande, al que solo tenían acceso Mena y otras dos personas, con documentación. Le puso en contacto con tres personas de la clínica y estos, un buen día, le dijeron que, debido a la denuncia por los abortos ilegales, les habían ordenado destruir la documentación de Mena. Alberto compró secretamente la documentación por 80.000 €; luego la trasladó a Francia, pagando por ello otra suma de dinero. Allí se examinaron las 36.000 carpetas, cada una con unas 15/20 hojas manuscritas por Mena y sus colaboradores, descubriéndose la trascendental importancia de su contenido, incluido el asesinato de Javier Royuela, el cual Mena no ordenó pero sí encubrió. También se hicieron en Francia tres peritajes caligráficos para certificar la autoría de todos los manuscritos.
Tras ello, Alberto Royuela y su hijo Santiago se dedicaron a estudiar la documentación, trascribirla literalmente y organizarla, para poder emplearla en denuncias y difundirla a través de las redes sociales y de su página web. Antes de ello, en 2006, Alberto puso una denuncia en el Tribunal Supremo, pues Mena era aforado al ser desde 1996 Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña…
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