¡Prohibido robar… al gobierno no le gusta que le hagan la competencia!

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por sobornos y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada.” Ayn Rand.

La vorágine impositiva, la corrupción, el clientelismo y el despilfarro de los fondos públicos caracterizan a la actual España en la que el saqueo ha reemplazado al trabajo y el esfuerzo.

Los escándalos de corrupción que han surgido en los últimos tiempos, en las últimas décadas en España hubiesen hecho caer al gobierno de cualquier país medianamente decente de nuestro entorno cultural y civilizatorio; no así en España donde la corrupción, el saqueo, el despilfarro son consustanciales al sistema.

Los españoles nos hemos acostumbrado a vivir bajo reglas tramposas donde todo es embuste e hipocresía.

Los gobiernos que se han ido sucediendo en el último medio siglo, desde que murió el General Francisco Franco hasta la actualidad, nos expolian con impuestos hasta niveles increíbles. Esas delirantes cargas tributarias siempre son presentadas como impuestos que tienen que cobrarse en nombre de la justicia social, sin embargo, todos los españoles saben que ni el dinero va a parar a los destinos sociales que dicen asignarse, ni tampoco todos los españoles pagan todos los impuestos que deberían pagar. Por supuesto, el común de los mortales pocas posibilidades tiene de evadirse, de defraudar al fisco, sólo determinados profesionales liberales, trabajadores autónomos y empresarios que realizan «objeción fiscal» convencidos de que vivimos en un infierno fiscal del cual es muy difícil no ser víctimas.

Desde el punto de vista fiscal todo es una mentira. Los impuestos son confiscatorios, el dinero que se recauda se pierde en la enorme red de burocracia española, funcionarios, empleados públicos de toda clase y condición, «asesores» de políticos, cargos y cargas públicos, escoltas, chóferes… que viven, mejor dicho parasitan, de nuestros impuestos; cargos públicos que destinan, también, lo recaudado a financiar actos de corrupción o clientelismo político. Hasta tal punto llega la situación de desbarajuste, de despilfarro, de malgobierno que, hace pocas semanas el gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez ha confesado que no contabilizaba bien los funcionarios y ha acabado descubriendo «300.000 empleados públicos ocultos«

La creencia popular es que la economía de mercado es poco más o menos que la ley de selva, según la cual la gente no tiene escrúpulos de pisarle el cuello al vecino para lograr sus intereses y que unos y otros se matan para sobrevivir. La realidad es que las reglas que imperan en España, que lejos están de ser las de una economía de mercado, son justamente equiparables a la ley de la selva en la que el más fuerte devora al más débil o, si se prefiere, donde impera el salvajismo más atroz fruto de la omnipresencia estatal.

Proteccionismo, intervencionismo, subsidios de todo tipo, dirigentes sindicales que usan la amenaza como forma de “conquistas” sociales, «piquetes informativos» como fuerzas de choque, acoso, «escraches» de la gente «progressista» contra quienes disienten de lo política y socialmente correcto, dirigentes políticos que pueden ralizar las declaraciones más descaradas, vergonzosas, soeces, difamantes, injuriosas… con total impunidad, mientras usan el dinero de los contribuyentes para auparse más y más en el poder; gentes que se sienten con derecho a que otros les paguen la vivienda sin explicar porqué los demás tienen esa obligación, y un largo etcétera. En definitiva, los españoles nos hemos acostumbrado a vivir en un sistema que en vez de crear riqueza la destruye y reparte la poca existente… y el que reparte, reparte, se queda la mayor y mejor parte. Los españoles sufrimos un saqueo generalizado y, lo peor de todo, es que un gobierno tras otro (da igual si es de uno u otro signo) han estimulado ese sistema de vida, siendo el Estado, o mejor dicho el gobierno, un importante protagonista del saqueo, y generalmente el que lo lidera a través de los capos de las agrupaciones mafiosas que se hacen llamar partidos políticos.

En la selva, unos animales matan a otros por hambre, para comer. En España vamos camino de que nos maten, económicamente hablando, por codicia y poder; al mismo tiempo que nos privan de los más elementales derechos individuales: el derecho a la vida (desde el momento de la concepción hasta la muerte natural), el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad.

Es realmente indignante oír a algunos recaudadores de impuestos soltando discursos sobre la inmoralidad que supone el no pagar impuestos, mientras la corrupción y el despilfarro de los fondos públicos es cosa de todos los días. ¿Con qué autoridad moral pueden exigir que no defraudemos al fisco si el Estado, los gobiernos, desde el central a los regionales, pasando por los ayuntamientos y diputaciones y cabildos insulares, despilfarran descaradamente, sin pudor y sin rubor nuestros impuestos y, encima, se permiten el gustazo de no informar sobre cómo los gastan cuando se les piden cuentas?

No hay comportamiento más inmoral que el de quitarle el fruto del trabajo a la gente que produce para despilfarrarlo en subsidios, prebendas, corrupción y burocracia, gracias al monopolio de la fuerza que detenta y ostenta el Estado, supuestamente por delegación nuestra.

Sin duda alguna, a España le viene como anillo al dedo aquel dicho que afirma:

¡Prohibido robar… Al Estado no le gusta que le hagan competencia!

En España pocos son los que esperan labrarse un futuro, hacerse de un patrimonio, darle lo mejor a sus descendientes, etc. como resultado de su trabajo. La mayoría desea y tiene el convencimiento de que eso es tarea de «papá estado».

Como el objetivo básico no es crear riqueza, sino apoderarse del fruto del trabajo de los demás y la mayoría comparte esa máxima, no podemos esperar otra cosa más que, que continúe la larga decadencia, la larga agonía que venimos padeciendo. Y esto seguirá así hasta que se produzca la próxima crisis económica, o la Unión Europea, o quien sea nos «rescate»… Tal vez en ese momento recuperemos la cordura y, de una vez por todas, dejemos el engaño, la corrupción y el saqueo de lado y adoptemos la cultura del trabajo y el esfuerzo como forma de vida.

Claro que, el primer ejemplo de que es posible una forma de vida más saludable para todos deberían darlo los gobernantes.

El primer paso que deberían dar quienes tienen responsabilidades de gobierno, debería ser la aprobación una ley de «Responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos», para frenar la corrupción y disuadir y castigar a los corruptos, al mismo tiempo que se reinstaura «El Juicio de Residencia»; institución esta última que, aunque ya haya hablado de ella, merece que vuelva a hacerlo:

El juicio de residencia era propio del derecho castellano, aunque, al parecer, su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas. Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir. En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.