Carta abierta del Secretario de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes -Ignacio Vargas Pineda- a Donald Trump exponiéndole las similitudes entre el fraude electoral de EEUU y el presunto fraude electoral que también hemos sufrido en España
Ignacio Vargas Pineda
Enviada directamente a la Casa Blanca el día 2 de diciembre de 2020 como carta digital certificada mediante el servicio de Correos.
Señor presidente:
La mayoría de los españoles de bien seguimos con honda preocupación los ataques que contra el pueblo de los Estados Unidos de América vienen organizando quienes dirigen las fuerzas globalistas que pretenden imponer el Nuevo Orden Mundial (NOM); ataques que se concentran especialmente en usted por ser el adalid de la lucha contra los siniestros y espurios intereses de esa élite maligna. Pese al bloqueo informativo y manipulador de la mayoría de los grandes medios de comunicación estadounidenses y mundiales, los deleznables hechos del fraude electoral, en el que se sospecha están implicadas las empresas DOMINION, SMARTMATIC, SCYTL e INDRA, han trascendido gracias a las redes sociales y quien los conoce solo puede ignorarlos si no quiere discernir la verdad entre tanta basura desinformativa.
Mi intención no es solo la de solidarizarme con usted y el pueblo estadounidense ante los ignominiosos ataques que están sufriendo por denunciar el fraude multifactorial que se ha llevado a cabo para adulterar los resultados de los comicios presidenciales celebrados el día 3 de noviembre de 2020, sino poner en su conocimiento que en España hemos sufrido en el año 2019 un presunto fraude electoral de dimensiones gigantescas que, de ser cierto, habría propiciado la existencia de un Parlamento y un Gobierno manifiestamente ilegales, dominado por partidos de la extrema izquierda de ideología socialista y comunista que, con el apoyo de partidos independentistas y herederos del terrorismo de ETA, habrían secuestrado la soberanía popular para implantar un régimen tiránico cuya pretensión sería abolir la Constitución aprobada mayoritariamente en el referendo de 6 de diciembre de 1978, impedir el funcionamiento democrático de nuestro Estado y romper la unidad de España.
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Tras detectar en las Elecciones Generales de 28 de abril de 2019 la existencia de múltiples irregularidades en las encuestas previas, en los censos de votantes, en el voto por correo y en otros aspectos sustanciales del procedimiento, se pudo comprobar que al aplicar el tratamiento informático a los datos de votación recogidos en las actas levantadas por las mesas de los colegios electorales y transmitirlas, mediante las tabletas utilizadas por los representantes de la Administración, a la empresa INDRA, contratada de forma anómala por el Gobierno en funciones para ese trabajo, los resultados se ajustaban a un algoritmo que de acuerdo con los principios de la Estadística resultaba altamente improbable
de producirse sin interferir intencionadamente en la aleatoriedad del proceso.
La sospecha plenamente fundada del presunto fraude electoral hizo que varias personas promovieran el día 2 de mayo de 2019 la creación de la Plataforma Elecciones Transparentes (PET) para vigilar la limpieza de los procesos electorales en España, presentándose una denuncia ante el juzgado de guardia que recayó en el Tribunal Supremo, donde se encuentra bloqueada.
Le informo que, al estudiar con detalle lo sucedido, se pudo comprobar que la mayor irregularidad pudo cometerse cuando, en la misma noche del día de las votaciones, los datos de las mesas electorales fueron transferidos al Ministerio del Interior a través de un sistema informático de la empresa INDRA, la misma que está vinculada a la venezolana SMARTMATIC e involucrada en la creación de la canadiense DOMINION, sin existir ningún control real que garantice la transparencia de dicho proceso. En esencia consiste en lo siguiente: al cerrar las urnas, tras terminar el escrutinio de los votos depositados en cada una de ellas y levantar la correspondiente acta, un representante de la Administración solicita dichas actas a los presidentes de las mesas electorales del correspondiente colegio e introduce los resultados que ellas recogen en una tableta de la empresa INDRA; esa información se transfiere telemáticamente, en tiempo real, al ordenador central de esa empresa, que está contratada para la “gestión informática de los votos emitidos”.
Utilizando los datos así obtenidos, el Gobierno en funciones hizo públicos por televisión hacia las 23 horas de ese mismo día, con un escrutinio declarado del 90% los que se presentaron como “resultados de las elecciones”. Sin embargo, esos resultados difundidos por todos los medios de comunicación social solo son “provisionales”, figura que no reconoce la Ley de Régimen Electoral General española (LOREG), aunque se utilizaron de inmediato como definitivos.
En las Elecciones Municipales, Autonómicas y Europeas celebradas el día 26 de mayo de 2019 se produjeron anomalías e incidencias de igual naturaleza pese a que el proceso telemático fue contratado con la empresa catalana SCYTL, que también aparece presuntamente involucrada en el fraude electoral de los Estados Unidos de América.
Pero fue en las Elecciones Generales celebradas el 10 de noviembre de 2019 cuando el presunto fraude electoral pudo realizarse de forma descarada, como constataron los vigilantes electorales de la PET y los numerosos ciudadanos que colaboraron en la realización y envío de más de 3.500 fotografías de las actas levantadas por las mesas, lo que comportaba un número superior a 1.500.000 votos, obteniendo así la mayor muestra de datos reales conseguida hasta la fecha.
El estudio realizado por el equipo de informáticos de la PET concluyó, con una absoluta convicción, que podrían haberse detraído un significativo número de escaños a los partidos de derecha y centro en beneficio de los de izquierdas, especialmente del PSOE. Recordamos que, en la legislatura del PP anterior al 28 de abril de 2019, el PSOE tenía 85 escaños y, sorprendentemente, tras los comicios celebrados en esa fecha consiguió 123 escaños, cuando las encuestas independientes no reflejaban en absoluto ese aumento de intención de voto para los socialistas.
Por personas vinculadas a la PET se presentaron numerosas denuncias en los juzgados de instrucción que, en su mayor parte, han sido sobreseídas y archivadas, admitiéndose a trámite varias de ellas sin que se haya dictado resolución alguna hasta la fecha.
Para poder actuar con plena personalidad jurídica ante la Administración Electoral, las Administraciones Públicas y los Órganos de la Administración de Justicia se constituyó posteriormente la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET) entre cuyos fines destaca la vigilancia de los procesos electorales en España, para garantizar la limpieza de los comicios y luchar contra el fraude electoral.
En las Elecciones Autonómicas del País Vasco y Galicia celebradas el día 12 de julio de 2020 la APET acreditó informadores periodísticos ante las Juntas Electorales constituidas en las provincias de ambas regiones que, junto a los vigilantes electorales, pudieron obtener documentos audiovisuales acreditativos de varias infracciones graves de la normativa electoral e incluso del Código Penal. La más importante es la no realización del Escrutinio General, por lo que también cabría considerar ilegales los Parlamentos Autonómicos y los correspondientes Gobiernos formados a partir de los resultados “provisionales” que facilitó la empresa INDRA, utilizando sus sospechosos y presuntamente manipuladores programas informáticos. Aparte de las reclamaciones y denuncias ya presentadas ante las diversas instancias, se están preparando también querellas por la comisión de delito electoral, falsedad en documento público y prevaricación.
Todos los colaboradores de la APET fueron testigos presenciales, como en las elecciones del 10 de noviembre 2019, de que los magistrados y jueces de las Juntas Electorales Provinciales, encargados de realizar ese acto público, aun conociendo perfectamente la Ley en razón de sus cargos, eran también los responsables de la no realización del Escrutinio General en estas últimas elecciones autonómicas, razón por la que también cabe considerar ilegales los Parlamentos Autonómicos vasco y gallego y los correspondientes Gobiernos.
En resumen, con independencia de las diversas actuaciones presuntamente fraudulentas que he relatado anteriormente, la APET ha considerado que la no realización del Escrutinio General, según ordenan las Leyes Electorales aplicables, reviste extraordinaria gravedad porque demuestra que se dio por válida la información que facilita la empresa contratada por los poderes ejecutivos para avanzar el mismo día de las votaciones los posibles resultados que, como recuerda la Junta Electoral Central (JEC) en un comunicado dirigido a las Juntas Electorales Provinciales, tiene carácter “provisional” y deberá siempre esperarse a que se realice el conteo manual en el acto de Escrutinio General para obtener los resultados definitivos que permitan proclamar a los candidatos electos de los respectivos Parlamentos. A mayor abundamiento, la empresa INDRA emitió un breve comunicado reconociendo que los datos facilitados por ella al Gobierno el mismo día de las votaciones son provisionales y que solo tras realizar el Escrutinio General podrían obtenerse los definitivos.
Vuelvo a manifestar mi plena solidaridad con el pueblo estadounidense en su batalla por defender los principios que los Padres Fundadores de esa Nación proclamaron en su Constitución de 17 de septiembre de 1787, matizados después por la Carta de Derechos aprobada el 15 de diciembre de 1791 que recoge las 10 primeras Enmiendas y, más tarde, por las 17 posteriores.
Pueden concretarse en el siguiente: EL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ES EL ÚNICO DEPOSITARIO DEL PODER POLÍTICO DE LA NACIÓN Y NADIE PUEDE APROPIARSE DE SU VOLUNTAD SOBERANA MEDIANTE ACTUACIONES FRAUDULENTAS QUE ADULTEREN LO QUE ÉL HAYA DECIDIDO CON SU VOTO.
España atraviesa en estos momentos una encrucijada vital para la subsistencia de su unidad en la que unos enemigos internos, patrocinados y financiados por quienes dirigen los poderes globalistas, han podido usurpar la soberanía del pueblo para imponer un modelo político totalitario y destruir el Estado de Derecho, que tanto esfuerzo costó conseguir a nuestros antepasados, mediante la promulgación de normas que violan abiertamente nuestra Constitución, atentan contra el Derecho Natural, secuestran la libertad de los residentes en el territorio patrio y les impiden el ejercicio de sus derechos humanos y ciudadanos.
Y todo ello podría ser consecuencia de un gigantesco fraude electoral perpetrado en todos los comicios que se han celebrado desde hace veinte años y que ha culminado en las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019, en las que se han dado por válidos los resultados que la empresa INDRA facilitó al Ministerio del Interior el mismo día de las votaciones, obtenidos utilizando un sospechoso programa informático sin soporte en el texto de la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) y no realizando el conteo manual a que ésta obliga, pues no se llevó a efecto el Escrutinio General en la forma prevista por sus artículos 103 a 108, ambos inclusive.
Los españoles de bien podemos haber sido víctimas de actos delictivos de igual naturaleza que los sufridos por la gran mayoría de patriotas que conforman el valeroso pueblo estadounidense y nos encontramos también ante un siniestro callejón sin salida que desemboca inexorablemente en unas crisis política, social, económica y de valores éticos de trágicas dimensiones.
Por eso he estimado necesario pedirle, señor presidente que, una vez conseguido el objetivo de ser proclamado ganador de las Elecciones celebradas el 3 de noviembre en los Estados Unidos de América y que, tras su toma de posesión, haya desenmascarado y puesto a disposición de la Justicia a los responsables del espantoso crimen allí perpetrado, proceda a actuar contra los que, además de haber colaborado en ese delictivo fraude electoral, lo son de haberlo cometido en numerosos países, entre los cuales podría encontrarse España.
Los dirigentes y técnicos de las empresas DOMINION, SMARTMATIC, SCYTL, INDRA y las demás que presuntamente han ejecutado tan descarados fraudes, interfiriendo en los procesos electorales de esos países, deberán responder ante la Justicia y pagar por sus delitos. Pero, no solo ellos sino también los gobernantes que, al servicio de los criminales que promueven y quieren imponer el NOM, hayan robado a los pueblos, que deberían defender, sus libertades, sus derechos y hasta sus patrimonios material y espiritual.
Recientemente la APET ha obtenido de la Junta Electoral Central (JEC) un Acuerdo por el que se dispone que los secretarios de las Juntas Electorales Provinciales la permitan el acceso a todas las actas relativas a las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019, tanto las de escrutinio cumplimentadas por las Mesas en la fecha de las votaciones como las de sesión y escrutinio que han levantado las antes citadas Juntas en los días de la obligada realización del Escrutinio General. Si bien éstas últimas son 102 (una de sesión y otra de escrutinio por cada circunscripción) y se podría utilizar un sencillo sistema operativo para consultarlas y fotografiarlas, no ocurre lo mismo con las de las Mesas, porque su número es de alrededor de 60.000 y su consulta, impresión fotográfica y tratamiento posterior, para poder obtener los resultados reales y contrastarlos con los que se hicieron públicos el día de las votaciones, es arduo y costoso. Requiere unos medios humanos, técnicos y económicos de los que no dispone la APET.
Es por ese motivo que se precisa la ayuda de cuantas personas e instituciones tengan interés en verificar los resultados reales de las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019, lo que permitiría comprobar las desviaciones producidas respecto a los que han servido de base para elegir el Parlamento del que nació el actual Gobierno. Incluso si esas desviaciones no fueran significativas, el simple incumplimiento de lo que ordena la LOREG en lo que respecta a la realización del Escrutinio General comportaría, en nuestra opinión, un evidente fraude electoral.
Me permito pedirle, señor presidente, todo el apoyo que tenga a bien facilitar para cumplir los fines estatutarios de la APET en cuanto a la transparencia y limpieza electoral se refiere. He estimado necesario comunicarle a usted estos gravísimos hechos y ponerme a disposición del señor Embajador de los Estados Unidos de América en España por si pudiera aportar datos útiles que sirvan para esclarecer el fraude electoral sufrido por el pueblo de los Estados Unidos de América y encontrar la forma más efectiva de que su Nación ayude a que el pueblo español recupere su soberanía.
Dios guarde a usted muchos años y bendiga a los
Estados Unidos de América.
Ignacio Vargas Pineda,
secretario de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes (APET)
igvapi17@gmail.com
+34629679437
P.D.
Me atrevo a recordarle, señor, que la gran Nación que usted preside tiene pendiente una deuda de gratitud con el Reino de España y su pueblo por la importante y decisiva contribución de insignes compatriotas nuestros de antaño que, con sus eficaces acciones y siguiendo las órdenes del monarca Carlos III, favorecieron y posibilitaron el triunfo de los ejércitos que dirigía el general George Washington en la Guerra mantenida contra las tropas inglesas de Jorge III por las Trece Colonias inglesas en Norteamérica, lo que permitió hacer efectiva la Declaración de Independencia proclamada el día 4 de julio de 1776 y el nacimiento de los Estados Unidos de América.
En los primeros años de la guerra fue totalmente decisiva la actuación del diplomático español Juan de Miralles y Rayllón que, con su apoyo a la causa de la Independencia ante el Congreso Continental, se granjeó la amistad de George Washington.
Tampoco es desdeñable la aportación económica del empresario Diego María de Gardoqui y Arriquibar que, a través de la entidad “Gardoqui e hijos” hizo llegar a las colonias ingentes cantidades de dinero en efectivo y material militar que ayudaron a éstas en 1777 a ganar la batalla de Saratoga. Posteriormente fue el primer embajador de España en los Estados Unidos de América.
Es de resaltar el protagonismo del gobernador español de Luisiana, Bernardo de Gálvez y Gallardo, que consiguió la rendición de Mobila en 1780 y de Pensacola en 1781, defendiendo además en ese último año toda la cuenca del río Misisipí e impidiendo así que llegaran los imprescindibles refuerzos ingleses para la batalla de Yorktown, hechos que resultaron determinantes para el triunfo de las tropas patriotas.
Bien es cierto que los posteriores avatares de la Historia han conducido a desencuentros y conflictos entre los Estados Unidos de América y España, de los que son responsables algunos dirigentes de la primera de esas naciones. Y también lo es que la segunda no se benefició de la ayuda económica facilitada por el Plan Marshall a otros países europeos una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Pero ello no es óbice para que con el tiempo se hayan fraguado y fortalecido grandes lazos de amistad entre los pueblos de ambas naciones.
Pienso, llegada la hora de que el pueblo de esa gran Nación demuestre su amistad con el pueblo español y agradezca de forma efectiva los valiosos servicios que prestaron nuestros heroicos antepasados a sus ilustres dirigentes en las postrimerías del siglo XVIII. Creo que George Washington contemplaría complacido esa actitud desde el lugar en que por su contribución a la LIBERTAD y a la VERDAD le corresponde en la tribuna de la Historia.
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