China refuerza su control sobre el ciberespacio mientras que la Unión Europea y los EEUU todavía están «debatiendo» cómo legislarlo

Lucia Torres Dominguez

Recientemente, el gigante asiático ha estado sufriendo numerosos escándalos relacionados con la mala gestión de los datos personales, que han aumentado la sensibilidad pública sobre este tema. Por ello, desde Pekín se preparan para reforzar su control sobre el ciberespacio, para asegurar que estas empresas no tienen más acceso a los datos de la población que el gobierno.

Este cambio empezó hace unos meses con la prohibición de las criptomonedas en todo el país, dejando como la única divisa virtual permitida el yuan digital. Además de que, en noviembre, entra en vigor la Ley de Protección de Información Personal (PIPL), que tiene similitudes al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. A partir de entonces, las empresas estarán obligadas a recoger los mínimos datos personales y los mantendrán durante el menor tiempo posible.
Mientras tanto, en Estados Unidos y Europa, entre 2000 y 2015, el acuerdo Safe Harbour permitía a las empresas estadounidenses llevarse a su país los datos recogidos en Europa. Pero fué anulado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, e incluso el nuevo acuerdo de 2016 llamado Privacy Shield fué anulado poral considerar que EE UU no ofrecía las garantías suficientes. Esto tendrá grandes repercusiones en las operaciones de gigantes como Google, Facebook o Amazon, las cuales tendrán que adaptarse a las normas establecidas en Europa o (como ya hemos visto) se verán obligadas a pagar sanciones millonarias.
Volviendo al tema de las criptomonedas, hay que remarcar una de sus principales características, la del anonimato de sus transacciones. Éstas són, en parte, las culpables de que mientras algunos países, como El Salvador, la han adoptado sin reservas; otros, entre ellos Estados Unidos o Europa, aún no tienen claro cómo regularlas. Mientras que China ha «resuelto» el debate directamente prohibiendo su uso. Las consideran un problema de seguridad nacional porque pueden cobijar el blanqueo de dinero.

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