¡A buenas horas mangas verdes!… aunque más vale rectificar tarde que nunca las perversidades de la «ley de violencia de género» de 28 de diciembre de 2004.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Hace más de dos décadas que España abolió la presunción de inocencia masculina con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 (LVIOGEN). Esta normativa, presentada como una medida de protección para las mujeres, ha instaurado un sistema legal donde el varón es presunto culpable por defecto.

Obediencia debida y sumisión política

La aprobación de esta ley se debió a la sumisión de la clase política al lobby feminista de género. A pesar de los informes jurídicos que alertaban sobre su inconstitucionalidad, se impuso una unanimidad servil que legitimó tribunales de excepción, inversión de la carga de la prueba y falta de garantías procesales.

Consecuencias devastadoras

Desde su implementación, la LVIOGEN ha permitido el uso fraudulento de denuncias falsas, principalmente en procesos de divorcio y disputas de custodia. Más de tres millones de hombres han sido procesados bajo esta legislación, que ha contribuido a la disolución de la familia y a la criminalización sistemática del varón.

Además, con la reforma de 2018, los servicios sociales pueden privar a un padre de la patria potestad sin necesidad de sentencia judicial, reforzando el intervencionismo estatal en la esfera familiar.

La perversidad del marco legal

El Tribunal Constitucional avaló en 2008 la constitucionalidad de la LVIOGEN, ignorando a más de 200 jueces que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad. La norma impone penas más severas a los hombres por los mismos delitos y permite que la sola palabra de la denunciante sea suficiente para una condena.

Casos mediáticos como el de Dani Alves y «La Manada de Pamplona» han demostrado cómo la justicia se inclina ante la presión ideológica, sacrificando la presunción de inocencia. En el caso de Alves, las contradicciones en los testimonios y la ausencia de pruebas concluyentes no evitaron una condena dictada bajo el peso de la opinión pública y la presión mediática. Por otro lado, «La Manada» se convirtió en un símbolo del feminismo institucional, a pesar de que el propio desarrollo del juicio generó serias dudas sobre la narrativa impuesta.

Un caso reciente del Tribunal Constitucional ha evidenciado aún más esta deriva judicial. Un padre fue absuelto por la justicia ordinaria tras ser falsamente acusado de violencia de género, pero el Constitucional permitió que la madre trasladara unilateralmente al hijo a otra ciudad, privándolo de la relación paterna. Los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa denunciaron esta decisión en un voto particular, subrayando la vulneración de la presunción de inocencia y el derecho del menor a una relación con su padre.

La ofensiva final contra la presunción de inocencia

La radicalización del Ministerio de Igualdad y sus líderes ha llegado al punto de proponer abiertamente la abolición definitiva de la presunción de inocencia para los varones. Irene Montero, exministra de Igualdad, ha defendido que la declaración de la mujer debe ser suficiente para condenar a un hombre, sin necesidad de pruebas. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha reafirmado esta posición, insistiendo en que los jueces deben considerar cualquier testimonio femenino como prueba irrefutable en casos de violencia de género.

Este ataque directo a los principios básicos del derecho penal supone la instauración de una justicia inquisitorial donde la mera acusación equivale a la condena.

Urgencia de una reforma

Tras 20 años de aplicación, la LVIOGEN no ha reducido la violencia intrafamiliar, sino que ha creado un sistema injusto y totalitario. Es imperativo restablecer la presunción de inocencia, eliminar los tribunales de excepción y sancionar las denuncias falsas.

Como decía Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Es hora de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.