A propósito del arresto domiciliario ilegal impuesto por Pedro Sánchez y sus secuaces, su plan de «eutanasia masiva», sus enormes y terribles secuelas, el covid19 como pretexto para suprimir y limitar libertades y derechos individuales

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19, imponiendo un confinamiento sin precedentes en la historia reciente del país. Hoy, cinco años después, el Tribunal Constitucional ha confirmado la ilegalidad de muchas de estas medidas, incluyendo lo que algunos juristas califican como un “arresto domiciliario” masivo, sin fundamento legal. A la luz de este aniversario, resulta imprescindible reflexionar sobre las graves consecuencias de estas decisiones, no solo respecto de libertades individuales, sino también en cuanto al daño económico, social y sanitario que causaron.

Un confinamiento sin precedentes y sus consecuencias

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno de Pedro Sánchez justificó las restricciones más severas en Europa con el argumento de proteger del virus a los españoles. Sin embargo, muchas de las medidas adoptadas resultaron desproporcionadas e injustificadas. Se impidió a los ciudadanos salir de sus domicilios, incluso para pasear solos al aire libre, mientras que se permitió que los perros pudieran salir a la calle con sus dueños. Se cerraron parques y se prohibió a los niños salir a jugar, pero se permitió el tránsito de personas en supermercados y farmacias sin control real de aforos. En lugar de aislar a los contagiados, tal como se ha hecho históricamente en todas las pandemias, se optó por encerrar a toda la población, sin que existiera una evidencia científica clara de la eficacia de esta estrategia.

El uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, cuando no existía prueba científica de su efectividad para frenar los contagios, fue otro de los aspectos más controvertidos. El Gobierno aseguró que seguía las recomendaciones de un comité de expertos, el cual, como posteriormente se comprobó, nunca existió. Esta revelación dejó al descubierto la manipulación y la falta de transparencia con la que se tomaron decisiones que afectaron gravemente la vida de millones de ciudadanos.

La enorme capacidad de convicción y manipulación de los diversos gobiernos, unida a la credulidad y el analfabetismo político y científico de gran parte de la población, permitió la aceptación acrítica de unas medidas desproporcionadas, sin que hubiera una oposición firme desde la sociedad civil. Se inculcó el miedo como herramienta de control, y la propaganda institucional contribuyó a reforzar la obediencia ciega a unas decisiones que, en muchos casos, carecían de lógica y base científica.

El negocio del sufrimiento: corrupción y despilfarro

Mientras los españoles sufrían las restricciones, la crisis económica y la incertidumbre, algunos aprovecharon la pandemia para enriquecerse con contratos públicos opacos y sin control. La compra de material sanitario a precios inflados benefició a empresas vinculadas a políticos y allegados del Gobierno, generando escándalos de corrupción que, en muchos casos, siguen sin esclarecerse.

El caso de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, es uno de los ejemplos más claros de cómo se utilizaron los fondos de emergencia para lucrarse con mascarillas defectuosas y contratos inflados. El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez centralizó la compra de material sanitario, impidiendo que comunidades autónomas como Madrid pudieran gestionar directamente la adquisición de equipos médicos esenciales, retrasando la respuesta a la crisis y provocando una escasez de suministros en hospitales y residencias.

A esta gestión fraudulenta se sumó el despilfarro en campañas de propaganda institucional y contratos publicitarios millonarios con medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas afines al Gobierno, mientras miles de autónomos, empresarios y trabajadores se arruinaban por la paralización de la actividad económica. Muchas pequeñas y medianas empresas nunca lograron recuperarse del golpe que supuso el confinamiento y el cierre forzoso de negocios.

El impacto en los más vulnerables: ancianos abandonados a su suerte

Uno de los episodios más trágicos de la pandemia en España fue la situación de las residencias de ancianos. Mientras el Gobierno aseguraba que se estaban tomando medidas para proteger a la población más vulnerable, en la práctica, miles de mayores murieron en condiciones indignas, sin recibir atención médica adecuada y sin posibilidad de despedirse de sus seres queridos. La falta de protocolos claros y la decisión de no trasladar a muchos de estos pacientes a hospitales colapsaron las residencias, convirtiéndolas en auténticos focos de contagio y muerte.

Años después, el Gobierno sigue sin ofrecer un dato real sobre la cantidad de fallecidos durante la pandemia. Las cifras oficiales hablan de 130.000 muertos, pero diversos estudios independientes elevan esta cifra a más de 150.000. La negativa a realizar una auditoría transparente sobre la gestión de la crisis sanitaria solo alimenta la sospecha de que el Gobierno ha tratado de ocultar la magnitud del desastre.

Las vacunas: ¿una solución o un experimento?

Otro de los puntos más polémicos es la gestión de la campaña de vacunación. Se presionó a la población para que se inoculara una serie de fármacos experimentales que se desarrollaron en tiempo récord, sin los ensayos clínicos a largo plazo que habitualmente se exigen para garantizar su seguridad y eficacia. Se censuró cualquier opinión crítica sobre los posibles efectos adversos, y se trató de acallar a médicos y científicos que advertían sobre los riesgos de una vacunación masiva sin las debidas garantías.

En la actualidad, persisten dudas sobre la composición de algunas de estas vacunas, los posibles efectos secundarios a largo plazo y la existencia de lotes defectuosos o incluso placebos. La falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas, que se han negado a asumir responsabilidades por posibles daños a la salud, refuerza la percepción de que la vacunación masiva pudo haber estado impulsada más por intereses económicos que por una auténtica preocupación por la salud pública.

Además, han aumentado los casos de muerte súbita en jóvenes y deportistas, muchos de ellos en plena forma física y sin antecedentes de problemas cardíacos. Diversos estudios han planteado la posibilidad de que la vacunación masiva con tecnología ARNm pudiera estar relacionada con un incremento en casos de miocarditis y otras afecciones cardiovasculares. Sin embargo, la falta de estudios oficiales profundos y la negativa de las autoridades a investigar a fondo estos casos solo incrementan las sospechas y la necesidad de una mayor transparencia en este tema.

Conclusión: una crisis mal gestionada con consecuencias irreversibles

Cinco años después, el balance de la gestión de la pandemia en España es desolador. Se vulneraron derechos fundamentales, se arruinaron miles de familias, se dejaron morir a ancianos sin asistencia y se aprovechó la crisis para llevar a cabo uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente.

El COVID-19 no solo dejó un rastro de muerte y sufrimiento, sino que evidenció las carencias de un Gobierno que utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para reforzar su control sobre la sociedad, limitar libertades y perpetuarse en el poder a través del miedo y la manipulación informativa, alineándose con las directrices de la agenda 2030, cuyo objetivo último parece ser empobrecer a la población mientras se les vende la idea de una falsa felicidad sin propiedad ni derechos.

Hoy, cuando otras naciones han revisado y corregido sus errores, España sigue sin asumir responsabilidades.