¿A qué esperan Mariano Rajoy, y los socialistas, comunistas, feministas y demás «istas» para pedirle perdón a Juana Rivas, por haberla empujado a delinquir?
Tendrían que hacerlo quienes la empujaron a delinquir y quienes delinquieron apoyándola en su acción de sustracción de menores. Fueron muchos los que la animaron, le dieron su apoyo, justificaron sus acciones criminales, en las televisiones, multitud de gente de los partidos políticos (PP, PSOE, «podemos», Ciudadanos, separatistas, etarras…), al mismo tiempo que linchaban públicamente al padre de sus hijos, lo calumniaban, y un largo etc. En este asunto Rajoy demostró que es bobo y que se deja acollonar por las presiones que los y las feministas y demás miembros de la «industria del maltrato» llevan a cabo en las calles.
Los tribunales de justicia españoles e italianos han tenido que esmerarse sobre el caso, no han podido tratarlo a la ligera por la repercusión mediática. Lo digo por si algunos alegan que la justicia tal, la justicia. Han sido varios los tribunales de España y de Italia. El caso está claro, Juana Rivas ha delinquido y ha causado un daño inmenso a sus hijos y al padre de sus hijos. También se lo ha causado a sí misma por su poca cabeza; e insisto: también hay que otorgarle una enorme responsabilidad a los servicios sociales de sus pueblo, y a la entonces presidente de la Junta de Andalucía, Susana Díaz…
Quienes la aconsejaron mal, y la empujaron a delinquir, en lugar de reconocer su culpa, pedir perdón, asumir los resultados de sus estúpidos y criminales actos, en lugar de darle prioridad a lo que tanto cacarean de «el favor filii»; en lugar de tratar de compensar, o enmendar en algún grado a un buen hombre al que, de modo injusto, criminalizaron, injuriaron, calumniaron gravemente, siguen en las mismas.
Porque para ellos y ellas, empezando por la ministra consorte de Pablo Iglesias Turrión, el ser humano, sea hombre o mujer, es un medio, y nada más que un medio, para la consecución de sus fines, desgraciadamente objetivos moralmente reprobables.
Quienes proclaman día tras día la necesidad de respetar y profundizar en aquello del «estado de derecho», de la «separación de poderes», de respetar la «presunción de inocencia», de que todos -y todas- debemos ser considerados ciudadanos «iguales ante la ley» y que nadie debe recibir trato de favor o ser discriminado (sea cual sea su circunstancia personal, o color de piel o sexo, o creencia religiosa, o ideología, etc.) se pasan por la entrepierna la legalidad vigente y demuestran que, ni respetan ni acatan las sentencias de los tribunales, salvo que las mismas les benificien, no vayan en contra de sus intereses (intereses que, generalmente no son legítimos).
Es obvio que el sistema de justicia español tiene fallos graves, es «manifiestamente mejorable», y de manera especial la «justicia asimétrica» que, considera que los hombres son ciudadanos de segunda categoría, y han sido privados, desde el día de los Santos Inocentes de 2004 (ley de 28 de diciembre de 2004 de «violencia de género») de la presunción de inocencia, de su derecho a no ser detenidos de forma ilegal («habeas corpus»), de su derecho a ser juzgados por jueces ordinarios en juzgados ordinarios, y en tribunales de excepción en los que se les condena con la versión de la mujer supuestamente agraviada como única prueba, y se les castiga más severamente que a las mujeres en caso de incurrir en el mismo ilícito penal… Pero, mientras todas esas reformas, imprescindibles, llegan; debemo exigir que se respeten las sentencias de los tribunales y se cumplan de manera estricta.
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