CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS
Hay que dar por muerto el «Estado de las Autonomías», desmantelar toda la burocracia inoperante y recuperar el estado unitario si queremos que desastres como el de Valencia y alrededores no vuelvan a repetirse.
La terrible tragedia ocurrida en Valencia y alrededores esta semana demuestra que la ocurrencia del «estado de las autonomías» decidido por quienes parieron el texto constitucional de 1978 fue un completo desacierto para la mayoría de los españoles, aunque un invento maravilloso para la entonces casta política, lo peor del aparato franquista, «el movimiento», el sindicato vertical, y toda la burocracia a la que había que recolocar y reciclar para que se convirtieran en «demócratas de toda la vida y antifranquistas»… Luego, también estaban los oligarcas y caciques de las diversas regiones, incluyendo a los separatistas, a los que había que contentar igualmente en el reparto de tan apetecible pastel.
El reparto de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos regionales (que no se olvide que completó el sobrevalorado José María Aznar, de aquellos polvos estos lodos) son la causa principal del enorme caos existente en España, de múltiples retrasos a la hora de facilitarle la vida a los ciudadanos, motivo también de un enorme incremento de costes: la gran estafa del «estado de las autonomías» implica un despilfarro superior al 10% del PIB (Producto Interior Bruto) …
La recentralización de todo lo transferido a los gobiernos regionales supondría un ahorro del orden de los 40.000 millones de euros anuales – 36.000 millones Sanidad y Educación y 4.000 todo lo demás – y 110.000 millones la sustitución del Estado autonómico por un Estado Unitario.
Pues sí, como afirmaba anteriormente, la organización territorial que diseñaron los padres de la patria, tras la muerte del General Franco, es un tremendo problema, la principal causa de catástrofes como la sucedida en Valencia y provincias vecinas esta semana, debido a eso que ahora llaman DANA y que siempre se ha llamado «gota fría» …
La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) alertó del peligro que se avecinaba – «alerta roja»- a primera hora de la mañana del día del desastre, pero avisar a la población no es tarea de la AEMET, la competencia correspondía al gobierno regional de Valencia.
Por otra parte, cuando las circunstancias excepcionales aconsejan poner en marcha «planes de emergencia», existen tres niveles dependiendo de la gravedad de lo ocurrido. En el primer nivel están los ayuntamientos, aunque auxiliados por las diputaciones y cabildos insulares, además del gobierno regional. En el segundo nivel, cuando las situaciones se agravan, es a los gobiernos regionales a los que corresponde tomar las riendas y poner en marcha las acciones que correspondan a la gravedad del caso; si la situación empeora más todavía, el gobierno regional está obligado a pedir ayuda al gobierno central. E incluso, más todavía, podría suceder que la catástrofe fuera de tal magnitud que el Gobierno de España se viera obligado a pedir ayuda a la Unión Europea y a países vecinos y no tan vecinos…
Fuera por la razón que fuere, la Generalidad de Valencia subestimó la magnitud de lo que se les venía encima a los valencianos y se limitó a recomendar a los ciudadanos que permanecieran en sus casas y evitaran desplazarse a pie o en automóvil… ¡trece horas después de que la AEMET advirtiera de que se aproximaba un gravísimo peligro!
Sorprende especialmente que la Generalidad de Valencia no se dirigiera al Gobierno de España para solicitar que interviniera, aplicando el «nivel tres» al verse desbordada por la gravedad de la situación…
También se sale de ojo la lentitud en reaccionar por parte del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez (entonces de excursión en la India), la pasividad y la inacción de sus ministros, especialmente el del interior y la de defensa; si lo comparamos con cuando se produjo el terremoto en Marruecos que el Gobierno de España acudió con absoluta prontitud en auxilio del pueblo marroquí.
Sorprende especialmente que, tras multitud de muestras de descontento y de protestas de miembros de las fuerzas armadas españolas, de la guardia civil, de la policía nacional, de protección civil, de bomberos y un largo etcétera, transcurridos cuatro días de la catástrofe, el presidente del gobierno declarara que «no se va a dejar atrás a los valencianos» y que, se ayudaría a Valencia y demás provincias afectadas «si las autoridades de allá se dirigieran al gobierno solicitando ayuda» …
El colmo de los colmos es que el gobierno no haya creado todavía un mando único, no haya repatriado a los soldados españoles dispersos por todo lo largo y ancho de este mundo, en guerras y conflictos diversos en los que no se nos ha perdido nada, y no haya decretado el estado de alarma, tal como prevé la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados alarma, excepción y sitio en su artículo cuarto:
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad.
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
La tardanza del Ministerio del Interior en sumarse a la coordinación de las acciones de limpieza, desescombro, salvamento y auxilio ha sido injustificable. Y mientras tanto, incomprensiblemente, la «emergencia» era mantenida en el segundo nivel. Pero, la mayor manifestación de incompetencia, de negligencia criminal es que no se movilizara al ejército, mientras la gente moría atrapada en sótanos o arrastrada por las aguas en vez de enviar al máximo de nuestros soldados desde un principio… todo ello demuestra una falta de capacidad de reacción, de descoordinación, y absoluta ineptitud criminal a la hora de tomar decisiones por parte de todas las autoridades, especialmente por parte del Gobierno Central y de la Generalidad de Valencia.
Un Estado unitario con descentralización únicamente administrativa como tienen Portugal, Suecia, Polonia u otros lugares de países miembros de la UE y del resto del mundo civilizado, desarrollado, es sin duda mucho más operativo y eficaz cuando surge una catástrofe como la que ha castigado tan terriblemente a Valencia y las provincias cercanas.
Lo más alucinante es que, dado que en la Generalidad de Valencia y en el Gobierno Nacional existen partidos políticos opuesto, rivales, hay entre ambos algo más que recelo y desconfianza, y en lugar de remar todos en el mismo sentido se dedican a tirarse los trastos a la cabeza, se ponen zancadillas y buscan sacar el mayor rédito electoral… De veras que es mucho más que decepcionante, es canallesco y ruin en grado sumo.
La gota que colma el vaso es que, ambos partidos políticos, PP y PSOE repitan hasta aburrir que el Estado de las Autonomías ha sido exitoso (en esto es de las pocas cuestiones en que se ponen de acuerdo), cuando cualquier persona que esté algo más que medianamente informada llega a la conclusión contraria, la de que actual organización territorial de España ha sido un fracaso y habría que firmar el estado de defunción.
Los dos centenares de muertos (mayor número de muertos que en los atentados terroristas de Madrid en 2004) y las terribles pérdidas materiales de la riada de la pasada semana son un ejemplo más de que en lo referente a la organización de la estructura territorial y el tipo de descentralización no estuvieron acertados; eso sí, crearon una burocracia de tal magnitud que les permitió colocar a sus amigos y allegados y el perfecto pretexto para saquearnos… Aquellos que llaman «padres de la constitución» nos impusieron un Estado abultadísimo y despilfarrador, al mismo tiempo que daban alas a los separatistas allí donde eran cuatro gatos y extendían el mismo esquema al resto de las taifas hispánicas; y no sólo eso: fragmentaron el mercado interior, pusieron en marcha un sistema que propicia el chantaje permanente al gobierno central, acabaron con la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles independientemente de dónde nazcan y habiten, y un largo etcétera que sólo beneficia a quienes quieren destruir la Nación Española.
Y, para remate del tomate, hay otro factor aún más determinante: la sumisión de los diversos gobiernos, municipales, provinciales, regionales y nacional al fanatismo ecologista que, ha conducido a eliminar varios cientos de presas y azudes y ha impedido la limpieza de los ríos, arroyos, torrenteras y barrancos que en épocas de lluvia pueden producir inundaciones de tal calibre como las acaecidas en Valencia y provincias vecinas (y las que están por llegar -Dios no lo quiera- en el resto de la costa mediterránea).
Tampoco podemos olvidar a los lumbreras que toman decisiones en aquello de la planificación urbanística y permiten que se construya en zonas inundables, sea por ineptitud o por negligencia criminal e inexcusable.
Dirán que tales cosas sólo cabían que salieran de la mente del que se le ocurrió asar la manteca…
Efectivamente, en España hay mucho golfo y asador de manteca, a los que más vale alejar de los puestos de dirección, de los lugares en los que se legisla, se toman decisiones -terribles en muchos casos- y que nos acaban afectando trágicamente a todos.
El engendro de «el estado de las autonomías», ha sido el mayor engaño, la mayor estafa que posiblemente se ha producido en Europa en el último siglo, y quienes lo parieron, lo amamantaron y lo cebaron hasta convertirlo en una monstruosidad, lo hicieron fue hurtarles a los españoles la democracia e imponerles una oligarquía de partidos sin separación de poderes ni representación política, y cuya única finalidad era repartirse el botín, saquear a España y a los españoles. El presupuesto nacional quedó a partir de aquel momento a merced de ignorantes y corruptos, creando una situación en la que la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad; una situación que ya dura décadas, en la que los oligarcas y caciques no rinden cuentas ni se hacen responsables del endeudamiento, de la corrupción, del despilfarro… o de las tragedias y atrocidades que ocasionan, como las ocurridas en Valencia y alrededores debido a su inacción y negligencia criminal.
Debido a que quienes diseñaron el nuevo estado «de las autonomías» estaban empeñados en mantener las prebendas de antiguas castas privilegiadas y los poderes financieros, y también empeñados en crear privilegios para nuevos caciques y oligarcas, como los partidos, los sindicatos y «oenegés» de todo pelaje, o los nacionalismos vasco y catalán, el nuevo régimen en lugar de evolucionar hacia una nación de ciudadanos libres e iguales, ha evolucionado en la dirección opuesta.
Decía Cicerón, hace dos milenios, que la enemistad y rivalidad internas de las diferentes facciones políticas son el mayor enemigo de la “re-publica”, más que los enemigos extranjeros…
Los oligarcas y caciques que forman parte de las organizaciones mafiosas, llamadas partidos políticos, han destruido nuestras expectativas y nuestras esperanzas, es por ello que, o se derriba, se echa abajo «el estado de las autonomías» o los oligarcas y caciques acabaran con España y los españoles.
Así que, en la próxima ocasión que a alguno de nuestros gobernantes, diputados, concejales o corifeos del estatus quo se les ocurra hacer loas, alabanzas y contarles las supuestas bondades del Estado de las Autonomías, no duden ustedes en silbarle, abuchearlo, correrlo a gorrazos e impedir que vuelvan a engañarlos; dejen ustedes de ser mansos como el cordero que llevan al matadero, no dejen que los engañen impunemente.
Y ya, para terminar, les recomiendo que lean parte de un análisis del profesor Roberto Centeno, de 2017 que, llevaba por título
«El Estado autonómico: un despilfarro del 10% del PIB»
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