CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
La recentralización de todas las competencias transferidas a los gobiernos regionales -según los cálculos que hizo el profesor Roberto Centeno hace ya un lustro- supondría un ahorro de cerca de los 40.000 millones de euros anuales – 36.000 millones Sanidad y Educación y 4.000 todo lo demás – y 110.000 millones la sustitución del Estado autonómico por un Estado Unitario.
En estos tiempos que muchos hablan -yo entre ellos- de la necesidad urgente de que surja en España un «Javier Milei» como el presidente de Argentina, que emprenda una guerra contra la corrupción del Estado, contra el intervencionismo estatal, contra el saqueo al que tienen sometidos los políticos profesionales y los burócratas a los españoles decentes… Un Cincinato que aplique una cirugía de choque que entre otras acciones emprenda la eliminación del fuero especial de quienes hacen profesión de la política, la eliminación de todos los privilegios de los empleados públicos, como guardaespaldas y conductores, excepto en los casos en que sean absolutamente necesarios por razones de seguridad. Un cirujano de hierro que haga que España pase del déficit al superávit. Un buen gestor que baje impuestos y suprima la mayoría de ellos; un buen gestor que haga que pasemos de ser una nación de subsidios a una nación que crea empleo y riqueza, una nación que posea seguridad jurídica; un buen gestor que reforme el Estado del Bienestar»; y un largo etcétera. En resumidas cuentas, en estos instantes en los que muchos envidiamos a los argentinos por haber acertado en las últimas elecciones presidenciales, eligiendo a una persona valiente, con un proyecto de gobierno cuyo primer objetivo es lograr el equilibrio fiscal necesario, pues, si algo tiene claro es que la raíz, el origen de los principales problemas económicos de su país está en el enorme desequilibrio existente entre ingresos y gastos, el gasto desmesurado, el despilfarro, todo ello ligado a una enorme corrupción en todos los ámbitos de la vida argentina. Viene a cuento hablar de uno de los principales problemas que lastran la economía española y el futuro de España como nación. Me estoy refiriendo al maravilloso invento del «estado de las autonomías», asunto tabú por excelencia del que ningún partido político desea hablar, bajo ningún concepto, para no hacer enfadar a los separatistas, etarras, comunistas y socialistas o perder simpatías de sus electores; incluso VOX que nació con la pretensión -decían sus capos- de desmantelarlo y recuperar la unidad de España, y la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones… Eso decían antes de guardar su promesa en el baúl de los recuerdos.
En España durante los años que siguieron a la muerte del General Franco fueron muchos los políticos de todo tipo que siguieron las enseñanzas del sabio de origen alemán de apellido Marx y de nombre Julius, más conocido como Groucho. El sabio politólogo (además de actor) hizo una definición respecto del “arte de la política” que en mi opinión y la de muchos es la más acertada de las realizadas hasta hoy: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
Los “padres de la Constitución Española de 1978” decidieron que en España había un problema que resolver en lo que respecta a la organización territorial, hablaron ex catedra, con idéntica infalibilidad que la que caracteriza al Papa de Roma; hicieron un falso diagnóstico: nos contaron que en las diversas regiones había un gran número de españoles que demandaban autogobierno, cansados todos del secular centralismo, y acordaron aplicar el peor remedio posible: crearon un terrible monstruo con diecisiete extremidades, al que dieron el nombre de “estado de las autonomías”, después de la gestación de la bestia, la amantaron todo lo bien de lo que fueron capaces, la alimentaron, la cebaron… y de aquellos polvos, estos lodos. Dirán que tal cosa solo cabía que saliera de la mente del que se le ocurrió asar la manteca…
Efectivamente, en España hay mucho golfo y asador de manteca, a los que más vale alejar de los puestos de dirección, de los lugares en los que se legisla, se toman decisiones -terribles en muchos casos- y que nos acaban afectando trágicamente a todos.
Por supuesto, estos mismos lumbreras no se olvidaron de incluir en las leyes que desarrollaron la Constitución, la obligación de que los españoles comunes los mantengamos con nuestros impuestos, con el “noble pretexto” de que ellos son los representantes de la voluntad popular -¿por la gracia de Dios?-, de la soberanía nacional, y que como están aquí, en este mundo, para hacernos felices, debemos pagarles generosamente, con una dotación especial en los presupuestos generales del estado… Otro tanto hicieron con los sindicatos y por analogía con la enorme legión de “oenegés” que fueron surgiendo como hongos.
Bien, volvamos a la bestia autonómica:
Desde que se puso en marcha el engendro del estado de las autonomías, aquella deforme aberración, comenzó el lavado de cerebro a los españoles, a la manera del Síndrome de Estocolmo. Los oligarcas y caciques de las diversas regiones fomentaron un sentimentalismo tóxico, carente de racionalidad, de lógica, crearon un conflicto de lealtades hasta entonces inexistente, para suscitar en las víctimas del engaño masivo una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con los gangsters de los diversos cárteles mafiosos que se repartieron territorios y capacidad de influencia…
Cuando murió el General Franco, España apenas tenía un cinco por ciento de desempleo (5%), una población de 35,7 millones de habitantes, y alrededor de 700.000 empleados públicos (hoy son más de 3.500.000 siendo los habitantes de España alrededor de 48 millones), poseía una potente industria nacional y un importantísimo sector servicios… disfrutaba de un sistema de enseñanza que suscitaba envidia y admiración en el resto del mundo…
El régimen de Franco había vencido al separatismo y al comunismo, había pacificado España, había creado la clase media… y estaba homologándose con el resto del mundo occidental, e incluso ya se empezaron a hacer las gestiones oportunas para incorporarse a todas las instituciones internacionales y adherirse a los diversos convenios internacionales. E indudablemente la “transición” hacia un régimen de democracia liberal y de economía de mercado estaba realizándose desde hacía mucho tiempo. Quienes diseñaron la “España de las Autonomías” planearon la destrucción de todo aquello, además de desmontar el Instituto Nacional de Industria (y regalarle las empresas más boyantes a los amiguetes, luego “empresarios patriotas”), destruyeron la hasta entonces prestigiosa universidad española, expulsaron a las élites intelectuales, y acabaron entregando la enseñanza a los cacique y oligarcas de las diversas regiones, a las que llamaron “comunidades autónomas”.
Los gánsteres que diseñaron el «estado de las autonomías» pusieron en marcha un proceso de «damnatio memoriae» -condena al olvido- y divulgaron hasta el hartazgo el disparate histórico de que España es una “nación de naciones”, del mismo modo que lo hacen los separatistas y los analfabetos funcionales de la izquierda. Y lo hicieron a sabiendas de que nuestra nación es la más antigua de Europa y la tercera del mundo después de Japón y China. El consenso de nuestros mejores historiadores y pensadores políticos sitúa el inicio de nuestra unidad nacional en la monarquía visigoda del s. VI, que crea el mayor estado de Occidente sobre las ruinas de Imperio Romano, abarcando España entera y la Galia meridional. La recuperación de la unidad nacional en el s XVI (tras la conquista de Granada) fue solo la reunificación de algo ya existente, reunificación que fue el motor de la Reconquista.
En todas las regiones españolas, sin excepción, en los centros de estudio se generalizó la ignorancia, la mediocridad, se comenzó a perseguir el mérito y el esfuerzo, y todo lo que oliera a disciplina. Se falsificó la Historia de España, se potenciaron jergas locales, dialectos, lenguas regionales, en detrimento del español-castellano, al que se presentó desde entonces como lengua opresora, a la vez que se divulgaba el embuste de que durante décadas, centurias, se había perseguido a los que tenían por lengua materna otra diferente al castellano.
Se creó el “caldo de cultivo” propicio para generar miedo y odio a todo lo que tenga que ver con España, sus señas de identidad, sus símbolos, su himno, su bandera (excepto para los eventos deportivos)… y después, como se recolecta lo que se siembra, vino la violencia, el acoso, el mobbing, el “escrache” a España, hasta el extremo de que en algunas regiones se prohíbe de facto el uso de la lengua española, en determinados territorios se impide escolarizar a los hijos de familias que no hablen la lengua regional, se rotula todo en lenguas que no sean españolas… y un largo etc.
Por supuesto, toda la labor de odio y violencia contra España que se inculca a una generación tras otra desde las guarderías, desde el parvulario, se refuerza en la enseñanza primaria… hasta llegar a la universidad, y acaba siendo reforzada por las diversas televisiones regionales y nacionales.
Y mientras, la derecha boba y corrupta y demás partidos autonombrados como “constitucionalistas”, hacían la vista gorda, miraban para otro lado, rehuían el combate, y dejaban hacer a quienes sin reparos, sin rubor, se jactaban abiertamente y sin rodeos de tener como objetivo la destrucción de la Nación Española. Hasta tal punto han sido cómplices que, los financiaron, los jalearon, pactaron con ellos, incluso gobernaron en coalición en algunas regiones, se apoyaron en ellos para formar gobierno y aprobar presupuestos cuando eran “mayorías minoritarias”… Mención especial merece José María Aznar que, tiene el dudoso honor de haber sido el que culminó el traspaso pleno de competencias a las diversas oligarquías y caciques regionales, y el vaciamiento del estado.
El Régimen del 78 fue el mayor engaño que se haya producido en la historia de Europa. Los capos de los diversos grupos mafiosos, que se hacen llamar partidos políticos, se jactaron, se pavonearon de traer la democracia cuando, en realidad era la única opción posible, tal como se vio posteriormente en el este de Europa. Por el contrario, lo que hicieron fue hurtarle a los españoles la democracia e imponerles una oligarquía de partidos sin separación de poderes ni representación política, y cuya única finalidad era repartirse el botín, saquear a España y a los españoles. El presupuesto nacional quedó a merced de ignorantes y corruptos, creando una situación en la que la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad; una situación que ya dura décadas, en la que los oligarcas y caciques no rinden cuentas ni se hacen responsables del endeudamiento, de la corrupción, del despilfarro…
Y, si ahora España se enfrenta a una profundísima crisis política, social, moral y económica resultado de la precaria “transición”, de las tremendas carencias de justicia y libertad del Régimen de 1978.
Quienes diseñaron el nuevo estado, empeñados en mantener las prebendas de antiguas castas privilegiadas ligadas a la monarquía, o al régimen del General Franco, privilegios de algunos miembros de la jerarquía de la iglesia católica y los poderes financieros, y también empeñados en crear privilegios para nuevos caciques y oligarcas, como los partidos, los sindicatos o los nacionalismos vasco y catalán, el régimen en lugar de evolucionar hacia una nación de ciudadanos libres e iguales, ha evolucionado en la dirección opuesta.
España, la Patria común de todos los Españoles está en grave peligro, como nunca lo ha estado desde hace siglos, como lo estaba a principios del siglo XIX, cuando el alcalde de MÓSTOLES decidió redactar el “bando de la independencia” el dos de mayo de 1808. Entonces el estado español, el jefe del estado y el presidente del gobierno, pecaban de pasividad e inacción, habían hecho absoluta dejación de sus funciones y obligaciones, en definitiva eran casi inexistentes. Sin duda alguna estamos en unas circunstancias similares a las que España sufrió hace dos siglos.
La única diferencia es que la situación no es de agresión desde el extranjero, sino desde dentro, por parte de oligarcas y caciques que quieren romper España, destruir la Unidad de la Patria.
España es, con abrumadora diferencia, el país europeo con más políticos por habitante. Un reciente estudio cifra en 445.568 los políticos que tiene España (incluyendo los liberados sindicales), el doble que Italia y que Francia, o que Alemania, que con el doble de habitantes tienes tres veces menos cargos políticos. Si pusiéramos en fila a todos los cargos políticos y sindicales españoles, dando 50 centímetros a cada uno, sumarían nada menos que 223 kilómetros. Así que esta claro por que no quieren ni oír hablar de suprimir las autonomías”. Los oligarcas y caciques que forman parte de las organizaciones mafiosas, llamadas partidos políticos, han destruido nuestras expectativas y nuestras esperanzas, es por ello que, o se derriba, se echa abajo el régimen del 78 y se procede a demoler, también «el estado de las autonomías» o los oligarcas y caciques acabaran con España y los españoles.
Decía Cicerón, hace dos milenios, que la enemistad y rivalidad internas de las diferentes facciones políticas son el mayor enemigo de la “re-publica”, más que los enemigos extranjeros…
Cada día que pasa es mayor el número de españoles que llega a la terrible conclusión (una vez más) de que poco o nada se puede esperar para superar la terrible situación que sufre nuestra patria; pues el actual régimen político nacido hace casi cincuenta años no ha avanzado hacia una nación de españoles libres e iguales, sino hacia una organización social en la que la cúspide vive parasitariamente de los ciudadanos. Confiar en las castas privilegiadas e incluso en la monarquía es de mentes cándidas e ingenuas, es pretender que quienes causan los grandes problemas sean la solución, algo así como confiar en un bombero pirómano.
La única salida para el pueblo español pasa por no volver a confiar en las instancias que causan su desgracia e iniciar una «revolución nacional», pues cuando alguien es engañado por otro, la primera vez es culpa del otro; pero cuando a uno lo engañan por segunda vez, en tal caso ya no es culpa del engañador, sino de la persona engañada.
Estoy hablando de una revolución que nos conduzca a un régimen constitucional que siente las bases de una nación de ciudadanos libres e iguales y destierre la perpetuación de privilegios y prebendas. Estoy hablando de un cambio profundo que conduzca a una democracia liberal, con estricta separación de poderes, en la que exista una justicia independiente. Hablo de una revolución nacional que devuelva a todos los españoles el orgullo de serlo. Hablo de sentar las bases de un nuevo régimen que priorice el bienestar de los españoles como primer objetivo de la acción política, de la gestión pública. Hablo de un cambio social profundo, de una intervención quirúrgica de urgencia que implante en España una verdadera democracia, y que no quede el más mínimo rastro de la actual partitocracia corrupta y criminal.
Por supuesto, que nadie se asuste, hablo de una revolución nacional no-violenta, inspirada en el patriotismo.
La sociedad civil, puesto que no hay ningún partido político que esté por la labor, debería exigir que promueva la ilegalización de todas las agrupaciones políticas, sean catalanas o de otras regiones españolas, que tengan como objetivo acabar con la Unidad de España.
Y, para rematar la faena, la sociedad civil debería igualmente exigir al Gobierno de la Nación Española que ponga en marcha un referéndum de ámbito nacional-español para desmantelar el “estado de las autonomías”, recuperar las competencias transferidas a los gobiernos de las diversas regiones, que nunca debieron ser transferidas, y especialmente Educación, Justicia y Sanidad.
Recuerden que para que triunfe el mal es imprescindible que las buenas personas miren para otro lado, permanezcan pasivas y dejen hacer a los malvados…
Y, ya, para terminar, me voy a permitir reproducir parte de un análisis del profesor Roberto Centeno, de 2017 que, llevaba por título
«El Estado autonómico: un despilfarro del 10% del PIB»
«Si nuestra organización administrativa fuera la de Francia, que ha sido históricamente nuestro modelo en todo el derecho público, particularmente en su ordenamiento territorial, ninguna de las transferencias realizadas a la CCAA se hubiera realizado. Estos serían lo ahorros.
1. Sanidad: el costo en 1990 antes de ser transferida a las CCAA era, en euros de 2015, de 33.000 millones. Hoy el coste son 67.000 millones y su calidad en la percepción de los ciudadanos ha caído tanto que todos los que pueden contratan un seguro privado (11 millones). Las causas: primero, desde que fueron transferidas han entrado legiones de enchufados creándose una burocracia gigantesca e incompetente; antes los gestores eran profesionales, hoy son nombramientos políticos a dedo para colocar amigos. Después, la pérdida de economías de escala, y las corruptelas por ignorancia o venalidad. Somos el paraíso de farmaceúticas y suministradores. Los gastos en farmacia se han doblado y ha desaparecido todo tipo de control -antes cualquier médico que superara dos desviaciones estándar tenía que justificar por qué-; hoy se hacen mil pruebas sin necesidad, lo que explica las listas de espera. El gasto no importa.
Otro problema es el absentismo, más del 8%, el cuádruple que Europa, y los sindicatos encantados porque los sustitutos son sus familiares y amigos. Los inmigrantes -somos el hazmerreir del mundo- traen a sus familiares para intervenciones o tratamientos que cuestan decenas de miles de euros. La mayoría de los médicos aboga por la recentralización. El gasto por enfermo es menor que en otros países pero solo porque sueldos y mantenimiento llevan años congelados (2). No se recuperarían los 34.000 millones de exceso de gasto. Por ejemplo, de mega hospitales fruto de la incompetencia o la corrupción como La Fe en Valencia o el nunca acabado hospital de Toledo, el mayor de Europa en una ciudad de 83.000 habitantes pagados con deuda, pesarán siempre. El ahorro sería de unos 26.000 millones.
2.Educación: Al contrario que la Sanidad, según el último estudio de la ODCE, el gasto en Educación es el tercero más alto del mundo desarrollado y el que peores resultados obtiene. Su coste se ha incrementado en 14.000 millones de euros -en euros constantes desde que fue transferida-. En la enseñanza superior, exceptuando las ingenierías y la medicina, las universidades públicas son gigantesca fábricas de parados. Hay 50 universidades públicas, 25 de las cuales sería mucho más barato cerrarlas y enviar a los alumnos a formarse en Harvard. La recentralización y el cierre de lo inviable ahorraría unos 10.000 millones. La izquierda más iletrada y demagoga no cesa de pedir más y más dinero para Sanidad y Educación; lo de mejorar la gestión ni se les pasa por la mente a estos ignorantes.
3. Duplicidades, excesos y redundancias. Las CCAA, como si fueran Estados soberanos, han replicado casi todas las instituciones del Estado: fundaciones, agencias, observatorios, entes públicos diversos, embajadas – han visto Uds embajadas de Escocia, California o Baviera?- , televisiones (1.600 mill.), el coste de los parlamentos autonómicos, más sus 1.248 diputados, no solo inútiles sino muy negativos, etc. Todo multiplicado por 17 . El despilfarro de esta orgía de gasto, 36.000 millones año. Luego, aeropuerto sin aviones, AVE sin viajeros, polideportivos sin uso, etc. Miles de millones por los que nadie responde.
4. Empresas públicas. Hay 2.425 empresas públicas autonómicas y locales, una auténtica locura inexistente en Europa, creadas esencialmente para enchufar a decenas de miles de familiares y amigos y para ocultar deuda. Rajoy prometió cerrar 1.500, no cerró ninguna, solo fusionó una docena. Sobran 8 de cada 10, un despilfarro de 10.000 millones.
5. Cupo vasco-navarro. Una reliquia de las guerras carlistas del siglo XIX sin ninguna justificación a día de hoy. Fernández Ordoñez quiso suprimirlo (fui testigo de ello). Solo el irresponsable de Suárez para que UCD no perdiera las elecciones allí las mantuvo. Si tributaran en el régimen común y el Estado financiara todo lo que ellos financian, ahora el neto para el Estado sería de 10.000 millones.
6. Ruptura de la unidad de mercado. Una de las consecuencias económicamente más destructivas del sistema autonómico ha sido la fragmentación del mercado. Cada reyezuelo/a autonómico decide sus propia normativa para producir, etiquetar, transportar, etc. Estos locos peligrosos han sacado más de 100.000 leyes autonómica para dividir España; hay decenas de miles de empleados públicos dedicados a crear, instaurar y vigilar barreras interiores y restringir la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios. Mientras en la UE se avanza en la unidad de mercado, en España se retrocede; es para no creérselo.
No se crean las cifras del Gobierno, bancos y medios a su servicio: es una imagen totalmente fraudulenta de lo que en realidad está ocurriendo
El coste directo es fácil de estimar, eliminando las decenas de miles de personas y los recursos de todo tipo dedicados a este disparate. Unos 6.000 millones de euros anuales. Más difícil es valorar el coste de la división del mercado. Existe un Informe de 1988 –’El coste de la no-Europa’ o informe Cecchini, nombre del coordinador del mismo –que concluye que un mercado perfectamente integrado y unido incrementa el PIB en un 4,5%; la ruptura del mercado único estaría restando un crecimiento potencial de nuestra economía de unos 50.000 millones de euros.
6. Atomización y despilfarro en la Administración local. Entre 1960 y 1981 se suprimieron en España 1.300 municipios, desde entonces la cifra, en línea con la filosofía del Régimen del 78 de “¡todos al reparto del botín!”, no han parado de aumentar y hoy tenemos 8.116 municipios y 68.000 concejales. La mayoría de los países europeos han reducido drásticamente ( hasta el 80%) de sus municipios. Utilizando la cifra dada por el ministro Montoro, que estima en 5.900 los ayuntamientos ineficientes que deben cerrarse (pero que nadie toca), el ahorro ascendería a 7.129 millones de euros anuales, y eso que Montoro no ha mencionado el escándalo que supone que todos los concejales de las grandes ciudades tengan coche con chófer –España tiene más coches oficiales que los EEUU-, una desvergüenza que no ocurre en ningún país civilizado. En conjunto el ahorro mínimo posible sería de 8.000 millones.
En definitiva, sólo la recentralización de todo lo transferido llevaría a un ahorro anual del orden de los 40.000 millones de euros anuales – 36.000 millones Sanidad y Educación y 4.000 todo lo demás – y 110.000 millones la sustitución del Estado autonómico por un Estado tipo Francia. A ello hay que añadir lo que resta del crecimiento la ruptura de la unidad de mercado. Según una macro encuesta con 25.000 personas de ‘El Mundo’, 9 de cada 10 españoles están a favor de acabar con el Estado autonómico, y la casta política ignora totalmente el deseo de el 90% de los españoles. Y, sobre todo, no crean las cifras del Gobierno, bancos y medios a su servicio: es una imagen totalmente fraudulenta de lo que en realidad está ocurriendo, y es ya una cuestión de vida o muerte: o ellos o nosotros.«
Para saber más los invito a leer mi libro «ESPAÑA SAQUEADA: POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ… Y FORMA DE REMEDIARLO».
¿Para cuándo, también, un Milei en España, un Cincinato, un cirujano de hierro que aplique las acciones quirúrgicas necesarias para desencanallar España? ¡Ojala nos lo traiga este nuevo año, 2024 que acaba de echar a andar!
Estamos hablando de recuperar el sentido común, la sensatez, la libertad para vivir y comerciar, la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la dignidad… y en suma la posibilidad de vivir una buena vida.
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