Autogolpe de Estado

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Pocos días después de las elecciones escribí un artículo titulado “España al borde del precipicio” en el que daba por sentado el pacto entre el PSOE y sus aliados separatistas. Ahora que éste se ha consumado tras un teatral tira y afloja completamente impostado, nadie puede permanecer impasible ni pretender normalidad, pues se han cruzado todos los límites: el propio gobierno está dinamitando el orden constitucional con una agenda de demolición que comparte – sin mediar imposición – con sus socios separatistas.

Nos encontramos ante un intento de autogolpe, esto es, ante un intento de “violación de la legalidad vigente por parte de quien está en el poder para afianzarse en él”. No se trata de una cuestión partidista, sino de una cuestión de Estado: nuestro frágil y debilitado Estado de Derecho ha sido sentenciado a muerte por un gobierno que pretende hacer de la Constitución papel mojado y sustituir la justicia por la arbitrariedad, el imperio de la ley por la voluntad soberana de un individuo. ¿Cómo hemos llegado a esto con lo que nos ha costado llegar hasta aquí?

La Constitución es la ley fundamental que reconoce los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes en el sistema político, es decir, el marco estable que acota los límites de acción de cualquier gobierno asegurando la separación de poderes e impidiendo que la democracia se transforme en la tiranía de un individuo dotado de mayoría parlamentaria. Para evitar precisamente que una simple mayoría pueda modificar a su antojo el texto constitucional, su reforma exige mayorías muy reforzadas tanto en Congreso como en Senado y la ratificación directa del pueblo a través de un referéndum.

Por lo tanto, para un aspirante a tirano hay dos modos de sortear los límites constitucionales. El primero es obtener una mayoría abrumadora que le permita la reforma mediante el procedimiento establecido. El segundo, más sencillo, es controlar el Tribunal Constitucional para que califique de constitucional lo que no lo es, como hizo Chávez cuando copó el Tribunal Supremo de Venezuela en 2004. Como denunciara Human Rights Watch, “la característica definitoria de la presidencia de Chávez era el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes”. Sánchez comparte este desprecio y cuenta desde principios del 2023 en el Tribunal Constitucional con un grupo de inescrupulosos “magistrados” dirigidos por quien se comporta como un comisario político con ínfulas de jurista astuto, de modo que resulta difícil defender que en España exista ya un Tribunal Constitucional digno de tal nombre y no uno que actúa como si fuera un títere del gobierno, al estilo venezolano. No olviden que Sánchez anticipó hace más de un mes que todos los acuerdos con los independentistas serían “validados por el Tribunal Constitucional” en caso de que la oposición los recurriera. “No tengan ninguna duda”, añadió[1].

Ésta es la obscena culminación de décadas de abuso por parte de los dos grandes partidos en su voluntad de socavar la independencia del poder judicial mediante un sistema de “cuotas” ajeno al espíritu de la Constitución. No obstante, antes existían líneas rojas de pudor, ética y profesionalidad que no se cruzaban. Esos límites ya no parecen existir: en el Constitucional se sientan personas de partido y se suceden votaciones a la búlgara sin apenas deliberación bajo la batuta de su siniestro presidente. Es más: es posible que algunas sentencias bordeen la prevaricación al contradecir escandalosamente jurisprudencia reiterada del propio Tribunal.

El acuerdo entre el PSOE y Junts para aprobar una ley de Amnistía patentemente inconstitucional (como reconocía el propio gobierno hace pocos meses) otorgará a los sediciosos catalanes el privilegio único de la desaparición retroactiva de su grave delito y lo hará simplemente porque el presidente del gobierno así lo desea. A pesar de ello, nadie duda que la amnistía será refrendada por un Tribunal Constitucional que ya tiene decidido su voto de antemano. ¿Ha participado el presidente de dicho tribunal en la preparación de una ley negociada entre el gobierno y un prófugo de la Justicia[2]? ¿Pero qué burla es ésta?

En el orden político el acuerdo es gravísimo: tal y como pretendían los separatistas, la amnistía desacredita y humilla a España y deslegitima al Tribunal Supremo y al Rey. A la vez presupone que el separatismo representa a la totalidad de la sociedad catalana y refrenda el relato separatista con su melancólico victimismo secular.

Los medios dan por sentado que todo ello ha sido una imposición de los catalanes sin comprender que Sánchez suscribe punto por punto la deslegitimación del poder judicial y de la monarquía, instituciones que le son molestas al impedirle el ejercicio del poder irrestricto que ambiciona. Al igual que fue Zapatero quien animó a Artur Mas a ser más audaz con el nuevo Estatuto de Cataluña, Sánchez no ha aceptado este acuerdo a regañadientes, sino que está encantado con su contenido, pues no es sólo un oportunista, sino un revanchista con una ideología de ultraizquierda y una agenda rupturista.

Por si esto no fuera suficientemente grave, PSOE y Junts están de acuerdo en que sea el poder político el que fiscalice, controle y persiga a los jueces que no se sometan al nuevo régimen, exactamente igual que en los sistemas comunistas y bolivarianos tan queridos por Sánchez y Zapatero. Este ataque frontal a la separación de poderes ha sido inmediatamente contestado por el poder judicial de forma unánime: todas las asociaciones de jueces han denunciado la inaceptable perversión de un acuerdo que busca destruir sin tapujos la piedra angular del Estado de Derecho.

En definitiva, estamos ante un intento de autogolpe precursor de una disolución acelerada del orden vigente que pretende desestabilizar el sistema y anular cualquier resistencia institucional. Sin embargo, esta verdadera traición no es sólo obra de un individuo, sino también del partido que lo apoya. El PSOE de Felipe González, un paréntesis cuyos protagonistas son hoy purgados, expulsados o linchados por su antiguo partido, comenzó a disolverse con Zapatero y hoy ha muerto. Su último y fugaz servicio a la nación tuvo lugar en 2016, cuando su órgano de dirección se desembarazó de Sánchez. Hoy, el caudillo socialista se apoya en una militancia mucho más radical que quienes le votan, de modo que, si se juzga al PSOE por sus votantes, se trata de un partido normal, pero si se le juzga por sus militantes, es un partido más bolchevique que socialdemócrata. Como me confesó preocupado un ministro de Zapatero respecto de sus bases, “las masas están radicalizadas”. Esta situación es estructural e irreversible salvo refundación o creación de un nuevo partido socialdemócrata.

Naturalmente, muchos cuadros socialistas son moderados y algunos incluso aparentan escandalizarse en un inconsecuente ejercicio de fariseísmo, pues al final callan y votan en fila india. Su lealtad al partido y, sobre todo, al pesebre, es mucho mayor que su lealtad a España o a su juramento constitucional, y con su clamoroso silencio se convierten en cómplices de la destrucción puesta en marcha por su líder. Por lo tanto, hablar de “Sanchismo” como algo “radical” distinto de un PSOE “moderado” es un ejercicio de voluntarismo que favorece a Sánchez, pues el votante vota a la marca PSOE y no a la marca Sánchez. Entendido este punto, asombra la falta de lucidez del líder de la no-oposición, que se pasó toda su campaña blanqueando al PSOE y demonizando a su socio natural. Como premio, Sánchez no se dignó siquiera contestarle en su fallida investidura y envió a un diputado de tercera, comportamiento sin precedentes en la UE y un nuevo ejemplo más del absoluto desprecio que siente el personaje por las instituciones y de su falta de respeto ante cualquier límite o norma, propia de un psicópata.

Enfrentada a semejante amenaza a la libertad, la sociedad española ha reaccionado concentrándose masivamente ante las sedes del PSOE a pesar de la abusiva actuación policial que, más que mantener el orden público, parece dirigida a disolver la manifestación a una hora determinada y amedrentar a manifestantes mayoritariamente normales y pacíficos mediante un uso desproporcionado de la fuerza.

Pero sobre todo es la hora de las instituciones. Todas deben oponer resistencia al golpe. El CGPJ, el Tribunal Supremo, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, Guardia Civil, empresarios y un largo etcétera se han ido uniendo a las protestas. Sólo falta que el principal partido de la oposición deje de mansear y de creer que con su flower power detendrá a un déspota sin escrúpulos que va con el acelerador pisado a fondo y se ríe constantemente en su cara. En efecto, el Partido Popular parece no comprender la gravedad de la situación y, en medio del intento de autogolpe, organiza frívolas manifestaciones con música festiva y mítines de campaña en los que manifiesta que su mayor preocupación es que no gobiernan ellos. Mientras alguno de sus líderes habla de “dictadura”, sus actitudes relajadas contradicen cualquier sensación de alarma. Esta blandura es el mayor regalo que pueden hacerle a Sánchez. ¿Cómo puede ser que no hayan promovido, por ejemplo, una declaración institucional conjunta de los expresidentes González, Aznar y Rajoy y de presidentes autonómicos o que no apoyen una huelga general que deberían haber propuesto ellos en primer lugar? ¿Boicotearán actos institucionales?

Espero que el Partido Popular resista la tentación de desactivar las protestas que no protagoniza y minar la resistencia popular conduciéndola a vía muerta y esperando a que se extinga por sí sola, como hizo el PNV con el “espíritu de Ermua”. En este sentido, resulta incomprensible el apoyo del PP canario a Coalición Canaria, su socio de gobierno en las islas, después de que éste entregara sus votos al déspota a cambio de treinta monedas de plata. Si la oposición es incapaz de arriesgar un gobierno regional en un momento tan crucial es que no comprende la gravedad de la situación, y si su líder se muestra incapaz de comprender lo que está ocurriendo debe dimitir de un cargo que evidentemente le viene grande y dejar paso a alguien que sí comprenda lo que nos estamos jugando.

Para dar un aura de legitimidad a su autogolpe, el tirano necesitará una oposición de cartón piedra que finja que vivimos una normalidad legal cuando ya no es así. Ése es el papel que le tiene reservado al PP. Por ello, resulta clave que éste se niegue a aceptar como normal lo que no lo es y abandone una lealtad institucional que sólo es unidireccional. No cabe alegar respeto a las reglas cuando éstas son sistemáticamente violadas por la otra parte.

La realidad es que no podemos seguir fingiendo que el gobierno respeta la Constitución o incluso que sigue existiendo una Constitución defendida por un Tribunal Constitucional. Antes bien, hay que dejar en evidencia la ilegitimidad de este gobierno y mantener la presión por tierra, mar y aire para frenar el golpe antes de que el deterioro de la situación ponga en riesgo nuestra convivencia, un riesgo real que no podemos asumir bajo ningún concepto.

Si constantemente se miente como bellaco a los votantes, el voto se convierte en un fraude. Si los delincuentes son amnistiados por convenirle al presidente, la igualdad ante la ley es un engaño. Si los tribunales obedecen al poder político retorciendo la ley, la justicia muere. Y si para unos pocos no hay reglas y todo vale mientras que para los demás es lo contrario, la iniquidad comienza a resultar intolerable.

La pinza entre un gobierno subversivo y un Tribunal Constitucional escandalosamente politizado amenaza “el orden constitucional dentro de la legalidad vigente”, como ocurrió el 23 de febrero de 1981. España se desliza hacia la tiranía delante de nuestros propios ojos, y no podemos permitirlo.

[1] Sánchez asume por vez primera la amnistía como fórmula para “superar las consecuencias judiciales” del procés (lavanguardia.com)
[2] Pumpido doblega a sus magistrados: «Todos los progresistas del TC se van a inmolar en defensa de la amnistía» – Libertad Digital

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