AGAPITO MAESTRE
Ningún español de bien habrá dejado de indignarse al leer la siguiente noticia: el número de asesores políticos en España rebasa al número de diputados y senadores a asesorar. Demencial. Pero aún es más irracional la entera noticia que leo en el periódico Vozpópuli: «España bate el récord histórico en pagar a funcionarios y políticos: 160.000 millones. La factura de las nóminas públicas en 2023 se comió la totalidad de lo recaudado vía IRPF y supone ya uno de cada cuatro euros del gasto total. Siete gobiernos autonómicos gastan ya la mitad de sus presupuestos en pagar nóminas. Congreso y Senado duplican el gasto en las pensiones privadas de los asesores de los partidos». Confieso que tampoco yo, español de males y malísima leche contra los sujetos que privatizan, o mejor, roban los espacios públicos para llenar sus buches y los de sus allegados, he podido reprimir un venablo cervantino: hideputas. Es menester ser muy estulto para no llamarles hijos de una gran pauta. Creo que esto no es un insulto sino una descripción de la gente que está cargándose, matando o, simplemente, eliminando lo poco que queda de España como un bien público.
Ciento de cargos públicos y miles de asesores políticos se reparten los despojos de España como alimañas sedientas de sangre joven. La patria, la nación, el Estado-nación o, como quieran llamar a lo que fue alguna vez una comunidad de destino, es el refugio de esta canalla que pervierte la política nada más salir a la calle. Repito: por los despojos de la nación troceada se mata toda esta chusma, naturalmente, protegida por el Banco Central Europeo y el resto de chiringuitos de la UE. Esto empieza a ser insufrible. Es peor de lo previsto por los mejores hombres de España hace treinta años. Vivimos en un estado troceado sin ton ni son y sin que haya nadie en el horizonte capaz de poner algún remedio a tanto desaguisado. Empezando por un gobierno que, lejos de gobernar, se deja maltratar por una banda de desarrapados que no se representan ni a sí mismos. Si, después, nos fijamos en los mesogobiernos de las Comunidades Autónomas y los grande Municipios, la cosa es más o menos igual, porque son incapaces, ineptos, torpes para echar al ocupante de la Moncloa, siempre escondido en el rollo de no sé que extraña «mayoría social»; pues que nunca en la historia de España un partido, como el PP, había tenido tanto poder, poder real que no es otro que el manejo y la gestión de recursos en municipios y regiones, y a la par sea tan mal aprovechado para expulsar del gobierno de la nación a quien no tiene apenas legalidad y ninguna legitimidad para detentar el poder.
Parece que todos los cargos públicos y sus asesores, es decir, la entera casta política está conchabada para perseguir a los ciudadanos normales y corrientes. Pruebas empíricas sobran para fundamentar esta conspiración contra los ciudadanos. Mil ejemplos hay de este tráfico ilegal entre «políticos profesionales» para arruinar la política, como ámbito de resolución de conflictos y proyectos de vida en común. Abran cualquier periódico decente, cosa cada vez más difícil de encontrar en España, y hallarán al instante ejemplos de este uso ilegítimo, en verdad, patrimonialización y abuso descarado de todos los bienes públicos de los españoles. Baste un ejemplo: Juan Manuel Moreno Bonilla acaba de proponer que a todos los presidentes que ha tenido la Junta de Andalucía cobren una pensión vitalicia de 75.000 euros al año. Sin comentarios.
Así las cosas, o corremos a esta castuza política hasta hacerlos de desaparecer de la faz de la tierra o nos matarán a disgustos, analfabetismo y chulería. ¿Chulos? Sí, sí, chulos, porque viven a costa de explotar España. Y, además, todos coinciden en arrogancia a la hora de despreciar al hombre que se ha tomado en serio la supresión de la casta política. Bajo esa arrogancia fanfarrona se esconde un miedo cerval a que aparezca un Milei en España. En fin.
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