Conseguir el poder a cualquier precio . Analogías entre el PSOE actual (y los comunistas, separatistas, etc.) y el de la Segunda República

Javier Arjona

La Segunda República presidida por Niceto Alcalá-Zamora había entrado en 1933 en la etapa del bienio radical-cedista después de que en las elecciones generales de noviembre de aquel mismo año el partido de José María Gil-Robles, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), lograra poner punto y final al periodo de gobierno de Manuel Azaña. Atrás quedaban dos años intensos de reformas que encontraron una fuerte resistencia en la oposición monárquica, la derecha católica y diversos grupos tanto falangistas como anarquistas.

En aquellos comicios de 1933, la CEDA logró 115 escaños y la segunda fuerza política, el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que representaba el centro político, sumó 102 diputados. El PSOE fue entonces el tercer partido en número de votos, quedándose en 59 de un total de 473 totales en juego. Alcalá-Zamora ordenó a Lerroux la tarea de formar gobierno y el líder radical buscó con el apoyo del centro-derecha promover enmiendas que suavizasen las reformas de Azaña.

Llegado el año 1934, y tras la entrada en el Gobierno de Lerroux de tres ministros de la CEDA, un PSOE que había sido incapaz de lograr la victoria en las urnas cambió su estrategia política pasando de la vía parlamentaria a la insurreccional. El artífice de este viraje fue Francisco Largo Caballero, el que fuera ministro de Trabajo en el Gobierno de Azaña, y que ahora ostentaba el cargo de presidente del PSOE y secretario general de UGT. El líder socialista impulsó en octubre de aquel año una revolución social que se inició con una huelga general y que tenía como objetivo último la toma del poder a través de la fuerza.

Aunque la tentativa de golpe de Estado fracasó, dejó principalmente en el norte de España, en las cuencas mineras vizcaína y asturiana, un balance de 2.000 muertos y cerca de 30.000 detenidos, entre los que se encontraban los miembros del comité revolucionario encabezados por el propio Largo Caballero. Aprovechando la situación política, Lluis Companys, entonces presidente de la Generalitat, decidió unilateralmente proclamar el Estado Catalán y fue encarcelado, a la vez que se suspendía el Estatuto de autonomía de 1932.

La tensión social y política provocó una crisis de gobierno que concluyó en la disolución de las Cortes por parte de Alcalá-Zamora y la convocatoria de nuevas elecciones generales para el mes de febrero de 1936. Fue entonces cuando los partidos de izquierdas decidieron reeditar una vieja coalición republicano-socialista que tomaría el nombre de Frente Popular, copiando el modelo de la agrupación de fuerzas políticas de izquierda formada en Francia en 1935. El Frente Popular estaba compuesto por el PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Ezquerra Republicana de Cataluña, Partido Comunista de España, Acció Catalana y hasta 5 partidos más con escasa representación parlamentaria.

Existen serias dudas sobre los resultados de aquellos comicios, ya que se produjeron una serie de irregularidades en el recuento que no llegaron a revisarse y validarse. Por un lado, el Frente Popular dio unilateralmente por ganadas las elecciones echándose a la calle y, por otro, logró el apoyo del PNV para que la comisión de validez diera por buenas las actas cuestionadas. El resultado oficial fue de un 47,03% de votos para el Frente Popular y un 46,48% para los partidos de candidaturas de derechas. Sea como fuere, se consumó un cambio de gobierno que volvió a encabezar Manuel Azaña, líder de Izquierda Republicana.

https://eldebatedehoy.es/historia/fraude-frente-popular/

Entre las principales medidas del nuevo Ejecutivo estaba la amnistía a los represaliados en la Revolución de Octubre de 1934, el restablecimiento del Estatuto catalán, la tramitación de nuevos Estatutos de autonomía y el envío a provincias de los militares disconformes con la situación política que vivía el país, como Franco, Mola y Goded, destinados a Canarias, Navarra y Baleares, respectivamente. Había que pagar los apoyos recibidos.

Dando un salto en el tiempo hasta 2018, y salvando las enormes diferencias de mentalidad social y política entre la primera mitad de los siglos XX y XXI, una nueva coalición de izquierdas liderada por el PSOE y representada por una pléyade de partidos políticos similares a los que en 1936 conformaron el Frente Popular ha vuelto a provocar un cambio de gobierno de manera irregular. En esta ocasión el procedimiento de llegada al poder ha sido a través de una moción de censura contra el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy, líder del Partido Popular.

Echando la vista atrás hasta las elecciones generales de 2015, el Partido Popular logró ganar los comicios al obtener 123 diputados por 90 el PSOE, que fue la segunda fuerza política, aunque registró el peor resultado electoral de su historia reciente. En aquella ocasión, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aun habiendo sido derrotado en las urnas, buscó ser investido presidente y falló en el intento, teniendo que convocarse nuevas elecciones tras un año de bloqueo institucional.

En las elecciones generales de 2016, el Partido Popular, encabezado de nuevo por Mariano Rajoy, volvió a ganar en las urnas obteniendo 137 diputados, mientras el PSOE se hundía hasta un nuevo suelo electoral de 85 escaños. Resurgiendo de sus cenizas tan solo dos años más tarde, Pedro Sánchez ha impulsado una moción de censura con el apoyo de todas las fuerzas políticas de izquierdas e independentistas, reeditando aquel Frente Popular de 1936, y en esta ocasión logrando por fin llegar a La Moncloa. Lo que el socialista no fue capaz de lograr en las urnas lo ha conseguido negociando con las distintas fuerzas políticas.

Las analogías con 1936 son evidentes, toda vez que entonces los socios de coalición eran los mismos que ahora han apoyado a Pedro Sánchez, incluyendo de manera singular tanto antes como ahora al PNV, pieza clave entonces para la validación de las actas y pieza clave ahora para sumar in extremis más de 175 escaños en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de Azaña enseguida tuvo que pagar los favores al independentismo en forma de Estatutos de autonomía, de la misma forma que el Gobierno de Sánchez presumiblemente tendrá que pagar los apoyos recibidos del soberanismo catalán y el nacionalismo vasco.

También es similar el comportamiento de Sánchez con relación al de Largo Caballero en 1934, cuando, tras haber perdido las elecciones generales, decidió cambiar su estrategia para acceder al poder de un modo alternativo al dictado de las urnas. En la Segunda República fue la vía insurreccional y en la actualidad ha sido la moción de censura. El presidente del PSOE en la Segunda República llegó a decir en enero de 1936 en un mitin en Linares que: «La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como quien tiene el poder no lo entrega voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución».

Evidentemente, la situación política actual poco tiene que ver con aquel epílogo de la Segunda República, pero no deja de ser curioso que el objetivo sigue siendo el mismo, aunque la estrategia es ya diferente. Aunque la revolución queda muy atrás, la intención política de llegar al poder, al precio que sea, sigue siendo una seña de identidad de una significativa facción de este PSOE del siglo XXI. Esperemos que, una vez situado en La Moncloa y cumplido por tanto el objetivo de llegada al poder, pese sobre el nuevo presidente la necesaria mesura, responsabilidad y sentido de Estado, que buena falta le hacen a esta España nuestra.