Crisis de MUFACE: Igualando por lo bajo, igualando en la mediocridad, destruyendo lo que funciona y además de forma barata. El gobierno socialcomunista es contrario a la búsqueda de la excelencia, del mérito, de la capacidad, de la libre competencia…

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Mientras el gasto anual de Muface por paciente es de 1.014 euros, el coste asciende hasta los 1.600 euros en el Sistema Nacional de Salud, un 38% más, aproximadamente.

Según un informe realizado por la Cátedra de Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) junto a ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), la supresión de MUFACE supondría a la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones de euros al año al tener que absorber la asistencia de todos los mutualistas en el Sistema Público de Salud (SNS).

Esto llevaría, asimismo, a un incremento en un 266 % de las listas de espera para consultas externas y del 115 % para intervenciones quirúrgicas.

Y, si hablamos de equipamientos e instalaciones, de infraestructuras, según este informe, el sistema público de salud precisará de 3.975 camas adicionales, lo que implicaría la obligación de incrementar un 3,8 % la capacidad actual a escala nacional, algo muy complejo, dificilísimo, casi imposible para algunas provincias españolas.

Si se acaba produciendo la demolición de MUFACE, 19 provincias verían reducida su oferta hospitalaria como resultado del traspaso de pacientes de la sanidad priva al sistema nacional de salud, la mayor parte de ellas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Muface se ha convertido en un devastador terremoto. El viento huracanado que lo acompaña ha empezado a arrasar con todo a su paso. De momento, ha causado más de 1,53 millones de víctimas. Sus efectos colaterales amenazan con arrastrar a sus «hermanos menores», Mugeju (funcionarios de la Administración de Justicia) e Isfas (Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil), cuyas licitaciones han quedado suspendidas cautelarmente.

Muface se creó en 1975 y presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios civiles del Estado.

¿Es Muface un privilegio?

La pertenencia a la mutualidad Muface es una condición laboral adquirida, existente en España desde hace más de 50 años. Quien se convierte en funcionario público, tras superar una oposición es asignado obligatoriamente a Muface y, quienes pertenecen a la mutualidad de funcionarios civiles del estado pueden elegir si acceden a la asistencia pública o a la privada». Esto, sin duda, no es un privilegio. Para empezar, ser funcionario no es un privilegio.

En España, los únicos privilegiados son quienes hacen profesión de la política, quienes parasitan y viven de nuestros impuestos, impuestos que también pagan los empleados públicos.

Para ser funcionario es obligatorio presentarse, y superar, una oposición y cualquier ciudadano puede presentarse libremente.

Las prestaciones a las que acceden quienes pertenecen a Muface las pagan mensualmente todos los funcionarios, mediante el correspondiente descuento en su salario. Pretender suprimir MUFACE, el derecho adquirido por cualquier funcionario, por el hecho de haber superado una oposición, es como si a cualquier ciudadano trabajador por cuenta ajena le quitan la paga extra, o le suprimen la «baja por maternidad o paternidad», o le reducen el periodo de vacaciones, o el número de «días de asuntos propios», o ayudas de todo tipo… derechos adquiridos que son incuestionables, según establece el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, derechos que el empleador (en el caso que nos ocupa, el Estado) no puede modificar unilateralmente.

El empleador no puede obligar, legalmente, al empleado a renunciar a una condición beneficiosa para él. El empleador no puede modificar «sustancialmente» las condiciones de trabajo -y menos de manera arbitraria-, al menos que exista algún acuerdo de «compensación» entre el empleador y el empleado. La Administración del Estado, el empleador de los funcionarios, está obligado a asegurar la estabilidad y la seguridad jurídica en las relaciones con los empleados públicos, y contribuir a la creación de un entorno de trabajo más justo y equitativo.

Pues sí, hasta ahora los funcionarios pueden, mejor dicho, podemos pues, el abajo firmante es funcionario jubilado, elegir entre recibir esta asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir del correspondiente servicio regional de salud o bien elegir una entidad aseguradora, de las tres que en la actualidad prestan el servicio y tienen establecidos «conciertos» con el Estado.

La razón de la crisis, y de la intranquilidad es bastante evidente: el actual concierto entre el Estado y las aseguradoras concluye el 31 de enero próximo, y el nuevo contrato convocado quedó desierto. Ninguna entidad aseguradora se quiso presentar.

Según los datos de los que se dispone, más de un millón de personas pasarían forzosamente a recibir la asistencia sanitaria de los correspondientes servicios autonómicos, sino hay un nuevo contrato público con alguna aseguradora sanitaria antes del 31 de enero. Es cierto que la ley de contratos del sector público prevé una prórroga forzosa de hasta nueve meses (con condiciones y que muchos ponen en cuestión), pero esto sólo irá agravando los problemas, que ya existen. Porque la razón fundamental por la que el contrato ha quedado desierto es que a ninguna aseguradora la prima ofrecida por el Gobierno de Pedro Sánchez le ha parecido suficiente, que ofrecía un aumento de la prima del 14% el primer año. Si el contrato se prorroga con la misma prima, y las aseguradoras no tienen ningún incentivo en continuar con sus clientes, lo previsible es que las aseguradoras intenten evitar costes posponiendo citas, operaciones…

Tampoco hay que olvidar que el periodo en el que los mutualistas eligen entidad es el mes de enero. Ante el riesgo de no tener una cobertura sanitaria real y efectiva, es bastante probable que muchos mutualistas empiecen a demandar el traslado al servicio autonómico correspondiente durante las próximas semanas.

Muface se creó antes de que se instaurase en España la “sanidad universal”, financiada con impuestos (y no con cuotas de Seguridad Social) y antes de que los gobiernos de las «comunidades autónomas», que todavía no existían, acabaran asumiendo la sanidad pública. Esto significa que MUFACE es un modelo con cierta antigüedad y susceptible de mejora, y que, como tantas otras cosas, si se empezase de cero, probablemente no se implantaría, o por lo menos se haría de una forma muy distinta. Pero, el efecto de trasladar de golpe más de un millón de usuarios a la sanidad pública perjudicará la asistencia sanitaria no sólo de los trasladados, que serían los funcionarios que hasta ahora optaban por la sanidad privada, sino también a todos los usuarios actuales de la sanidad pública.

Dado que los médicos, el resto del personal sanitario, los edificios, la organización… no serían traspasados a los servicios públicos de salud, las listas de espera aumentarían de forma bestial. La Federación de Asociación de funcionarios de cuerpos superiores de la Administración del Estado (FEDECA) calcula que el plazo de espera medio para una operación pasaría de 121 a 227 días, o sea, se duplicaría.

Antes de entrar en temas económicos, no es posible trasladar los recursos humanos y materiales en pocas semanas o meses. Este planteamiento lo ha defendido, por motivos ideológicos el Ministerio de Sanidad, presidido por la estalinista Mónica García Gómez, que carece de competencias en esta cuestión. Es una pésima idea que originaría un corrimiento de carga hacia la izquierda (a babor en términos náuticos) que igual no hundiría el barco, pero que echaría por la borda a algunos pasajeros.

Está bastante claro que este desenlace, pasar en poco tiempo a todos los beneficiarios de Muface a la sanidad pública, lo que equivaldría a su extinción, tiene perdedores claros: los funcionarios que hasta han optado por la sanidad privada, los actuales usuarios de la sanidad pública, y los servicios públicos de salud de las diversas regiones que aumentarían sus listas de espera, y el estrés y el trabajo del personal sanitario.

Mientras el gasto anual de Muface por paciente es de 1.014 euros, el coste asciende hasta los 1.600 euros en el Sistema Nacional de Salud, un 38% más, aproximadamente.

Como ahora, la prima pagada por usuario de Muface es bastante inferior al coste en la sanidad pública, aunque el Gobierno central traspasase ese dinero a los servicios de salud regionales no sería suficiente, lo que aumentaría el déficit autonómico. Claro que, de ese modo el gobierno central se «ahorraría» tener que subir las primas que ahora paga a las entidades aseguradoras.

La crisis de Muface anticipa el oscuro futuro que aguarda a la sanidad española: tendremos cada vez más gasto sanitario porque España envejece. Todos, a medida que envejecemos gastamos cada vez más en servicios y prestaciones sanitarias.

Se suele pensar que el envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida acabarán repercutiendo en un mayor gasto en pensiones, que corre a cargo de la Seguridad Social, o, mejor dicho, de los Presupuestos Generales del Estado. Y aunque éste es el principal gasto público, el segundo, que es la sanidad también crecerá, y mucho. Y la sanidad supone actualmente más del 40% del gasto autonómico.

Todo ello pese a que las retribuciones del personal sanitario, y en general el gasto per cápita en sanidad, es menor en España que en otros países.

Y, ¡OJO! las primas de Muface son, a su vez, inferiores al gasto per cápita medio del sistema sanitario. Esto quiere decir que si se acaba trasladando a los 1.500.000 funcionarios y sus familiares al sistema nacional de salud se ocasionará un crecimiento del gasto mucho mayor del que pueden imaginar. Y, por supuesto, si no se le hinca el diente de inmediato a su financiación, la calidad de la asistencia sanitaria se resentirá y pauperizará de forma inevitable.

Por otro lado, a corto plazo, las aseguradoras que permanezcan en Muface acabarán teniendo pérdidas adicionales si el concierto no se renueva. Aunque es posible que puedan compensarlas en el futuro, pues dejarían atrás un negocio que en la actualidad es deficitario. Sobre todo, con el más que previsible deterioro de la sanidad pública, es bastante probable que en el futuro se puedan permitir cobrar primas más elevadas a nuevos clientes.

Todo lo expuesto demuestra que la posición negociadora del Estado es más débil que en otras ocasiones, y la prueba es que la última licitación para subscribir un futuro concierto ha quedado desierta, pues ninguna aseguradora ha hecho ninguna propuesta.

Pero, por desgracia para los funcionarios la capacidad negociadora del Estado siempre será más fuerte que la de los particulares, especialmente los de más edad, sobre todo si padecen enfermedades en la actualidad.

El Gobierno central se podría replantearse el modelo de asistencia sanitaria a su personal a largo o medio plazo, tanto de Muface como otras mutualidades más pequeñas como la de las fuerzas armadas, ISFAS o la del personal judicial, Mugeju; pero, no se puede ignorar la realidad, pues ignorar la realidad no le priva de sufrir futuras consecuencias por no tener en cuenta la realidad: los hospitales, los centros de salud y el personal sanitario lo gestionan los gobiernos regionales, y la principal partida del gasto autonómico, con muchísima diferencia es la sanidad.

Es por ello que, cualquier cambio de semejante magnitud en el sistema de asistencia sanitaria hay que hacerlo no sólo planificando, y teniendo en cuenta, o al menos escuchando al personal afectado, sino fundamentalmente negociando con los gobiernos regionales, tanto desde el punto de vista de la asistencia y la organización como desde el punto de vista de la financiación; pues serían los gobiernos regionales los que tendrían que hacerse cargo de los pacientes provenientes de MUFACE, ISFAS Y MUGEJU.

Asumir la asistencia de más de un millón de personas no sólo cuesta dinero, sino también mucho tiempo para no generar perjuicios, que pueden ser irreparables para muchos pacientes en la sanidad privada, pero también en la pública.

Y, unas últimas reflexiones:

¿Por qué, en lugar de desmantelar MUFACE no se intenta trasladar el modelo de gestión sanitaria a la Sanidad Pública, teniendo en cuenta que el modelo MUFACE es más barato y eficaz, evita largos periodos de tiempo de espera para ser atendidos los pacientes, incluyendo intervenciones quirúrgicas, etc.?

Como digo en el título, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez demuestra que su objetivo, aparte de precarizar aún más la sanidad española, trata de igualar por lo bajo, igualar en la mediocridad, destruyendo lo que funciona y además de forma barata. El gobierno socialcomunista es contrario a la búsqueda de la excelencia, del mérito, de la capacidad, de la libre competencia…