Cuando el administrador se convierte en dictador y pone en jaque a la comunidad

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Imaginen que el administrador de fincas de su comunidad de propietarios decide este año no presentar ningún plan de acción, ningún presupuesto de ingresos y gastos… y aumenta la cuota de participación y crea varias derramas, sin reunir a los comuneros…

“Las más difíciles de explicar son las cuestiones más evidentes que todo el mundo ha decidido no ver.” AYN RAND

Pues sí, imaginen que el administrador de fincas de su comunidad de vecinos se niega a reunir a los comuneros, decide subir la cuota mensual de participación en el mantenimiento de los elementos comunes, crear varias derramas para contratar los servicios de una empresa de seguridad privada (de forma caprichosa)… y todo esto al margen de la junta de propietarios porque, a su entender, convocar a los vecinos para presentarles un plan de actuación, presentarles un presupuesto de ingresos y gastos, rendir cuentas del año anterior, etc. es una pérdida de tiempo…

Añádanle a todo ello que, también de manera caprichosa, puesto que él es un aficionado al cante «jondo», decide ¡porque sí, donar cierta cantidad de los fondos de la comunidad a la peña flamenca del barrio!, o cualquier otra asociación que se le ocurra… En fin, échenle ustedes creatividad y decidan seguir imaginando… ¿Cuánto tiempo dejaría hacer la comunidad de propietarios al administrador de fincas, hasta dónde le consentiría llegar… permitirían los vecinos que el administrador de finca siguiera abusando de ellos, al mismo tiempo que aumenta su patrimonio personal y pacta con proveedores contratos de bienes y servicios, sin contar con los comuneros y consiguiendo pingües beneficios, haciendo negocios turbios con ellos…?

Pues sí, más o menos de ese modo es el comportamiento del administrador de fincas de esa gran comunidad de propietarios y vecinos llamada España, eso que algunos llaman «estepaís». Estoy hablándoles de PEDRO SÁNCHEZ, por si aún no se han dado cuenta.

Cada vez que se habla de gestión de lo público (aunque los capos de los diversos partidos evitan hacerlo y se dedican a recurrir a la falacia ad hominem y cosas por el estilo para descalificar a los contrincantes), yo siempre pongo de ejemplo la gestión de una comunidad de propietarios, en cualquiera que sea, los comuneros siempre procuran aplicar criterios de economía doméstica, y cuando se habla de gastar, la gente busca la manera de que se contraten los bienes y servicios imprescindibles para el mantenimiento de los elementos comunes, a la vez que se intenta que el gasto sea el menor posible.

En cualquier comunidad de propietarios no duraría mucho tiempo un administrador y, tampoco una directiva, que despilfarre, desatienda el mantenimiento de los elementos comunes, y esté corrompida, al menos que recurran a algún método de violencia con los vecinos.

Pues sí, a la Nación Española hay que considerarla como una “macro-comunidad de propietarios y de vecinos”, en la que el presidente del gobierno debe hacer las veces de “administrador de fincas” con la colaboración del consejo de ministros.

Los propietarios de viviendas en España, en régimen de propiedad horizontal, tienen la obligación de contribuir al mantenimiento de los servicios o elementos comunes en la proporción que establecen las escrituras de sus casas, que fija el porcentaje de participación de la vivienda en las cargas de la comunidad.

Las personas que viven en España también están obligadas a contribuir al mantenimiento de los servicios y elementos comunes, en proporción a lo que establecen los gobernantes de forma generalmente arbitraria. Tal como ocurre en algunas comunidades de vecinos, también los españoles suelen tener la sensación de que pagan cuotas elevadísimas, porque se elaboran presupuestos que suelen estar inflados y los gestores de sus dineros son unos despilfarradores y manirrotos.

Las comunidades de vecinos habitualmente están administradas por un profesional que cobra sus honorarios y presta un servicio a todos los propietarios, y a todos ellos debe de rendir cuentas, pues son quienes lo eligen.

En España “el administrador de fincas”, o sea, el presidente del gobierno, cobra unos honorarios que al parecer de muchos no hace méritos suficientes para ganárselos, no suele estar al servicio de quienes lo eligen, y además no tiene la sana costumbre de rendir cuentas.

El “administrador de fincas” es una pieza clave en el engranaje de las comunidades. Si es un buen profesional, velará por los intereses y los dineros de los dueños de las casas. ¡Ojo!, estas personas son administradores de dineros ajenos, no propios, y su trabajo obedece a un “mandato” de la Junta de Propietarios, que es el único órgano soberano de gobierno de las comunidades de vecinos, que decide sobre el destino de los fondos comunes.

En España, los diversos presidentes del gobierno habidos durante las últimas décadas que, se supone que han de hacer de “administradores de fincas”, han demostrado, todos sin excepción que no son buenos profesionales (igualmente han demostrado que, tampoco se han rodeado de un grupo de buenos gestores, ni los han elegido teniendo en cuenta su capacidad o mérito de alguna clase, aparte de ser “amigos suyos”, o familiares, o miembros de su agrupación política); y para recochineo no velan por los intereses de todos los españoles, y menos por el buen uso de los dineros que todos aportamos a las arcas públicas, pues al parecer aún no se quieren enterar de que son administradores de dinero que no es suyo, y que quienes viven en esa “macro-comunidad de propietarios y vecinos”, que es España, son los únicos que deben decidir qué destino se les da a los dineros que aportan a la hucha común.

Al parecer, a los diversos presidentes del gobierno que, se han ido sucediendo durante décadas, aún no acaba de entrarles en la mollera que son nuestros empleados, trabajadores a nuestro servicio, al servicio de los españoles, que deben cumplir fielmente con el cargo para el que han sido elegido –por los vecinos- y por supuesto, rendir cuentas a la comunidad de todo lo que hacen.

Un buen administrador de fincas envía información contable periódica a todos los propietarios y vecinos, informándoles del estado de cuentas de la comunidad. Así debería hacer un buen presidente del gobierno respecto a las finanzas públicas, y como gestor de dineros ajenos, debería poner en conocimiento de los ciudadanos el estado de cuentas, de manera que cada español sepa en todo momento la situación económica de la nación, pues todos los ciudadanos tienen derecho a conocer con exactitud si la totalidad de los ingresos y gastos están adecuadamente reflejados en facturas o documentos justificativos similares.

Un buen presidente del gobierno –como haría un buen administrador de fincas- sigue criterios contables uniformes y comúnmente aceptados para la elaboración de los Presupuestos del Estado (el administrador de fincas está obligado a elaborar un «plan de gastos previsibles», proponiendo los medios necesarios para hacer frente a los mismos y calcular las cuotas que debe abonar cada propietario para el mantenimiento de los elementos comunes). Un buen administrador de fincas también está obligado a registrar en libros contables los ingresos y los gastos.

Un buen presidente del gobierno, como haría un buen administrador de fincas, pide siempre varios presupuestos a diversos profesionales del ramo, cuando hay que ejecutar obras o mejoras en elementos comunes y, por supuesto, no se gasta un euro sin pedir autorización previa, sin consultar a los propietarios de esos dineros.

Un buen administrador no negocia para sí mismo comisiones con los proveedores que trabajan para los ciudadanos, cuyos dineros él administra, porque es absolutamente inmoral, además de ser delictivo.

Un buen presidente del gobierno es el que gestiona de manera transparente, clara y veraz las cuentas y los dineros públicos, sin que pueda generarse la más mínima sombra de sospecha sobre su honestidad.

Un buen gestor de dineros ajenos ahorra costes a los ciudadanos, evita conflictos, resuelve problemas y es un gran mediador a la hora de solucionar discrepancias o asuntos que se enredan por la sana disparidad de criterios entre quienes habitan en la nación, y quienes nos honran con su presencia y nos visitan diariamente.

Por supuesto, cuando el administrador de los dineros de una comunidad se convierte en un problema para los propietarios, la mejor opción es prescindir de sus servicios y buscar otro profesional, que haberlos haylos. Cuando un comunero tiene sospechas, dudas, sobre la gestión de del administrador, debe poder pedirle las cuentas. Todos los propietarios tienen derecho a saber en qué se gastan los dineros de las comunidades, cuándo se gastan, cómo se gastan, y qué presupuestos se piden antes de hacer un gasto. Si un propietario tiene más que sospechas acerca de la gestión del Administrador de fincas, debe proponer que se incorpore un punto en el orden del día para votar y acordar una auditoría de las cuentas de la comunidad. Así, también debería ser cuando el presidente del gobierno, u otras personas con tareas de gobierno, actúan de manera incorrecta.

Los miembros de cualquier comunidad de propietarios tienen derecho a tener, de forma adecuada y comprensible la mayor información y documentación sobre el estado patrimonial y la situación financiera de su comunidad de vecinos. Todos los propietarios tienen derecho a saber al detalle el plan de ingresos y gastos de la comunidad y la forma en que se gestiona el dinero de todos.

Las nuevas tecnologías permiten perfectamente que cualquier ciudadano pueda acceder a los gastos e ingresos que se llevan a cabo en la gestión de lo público, sea a escala municipal, provincial, regional, nacional…

Como cualquier buen administrador de fincas, un buen presidente del gobierno debería emprender, en primer lugar, acciones encaminadas a mejorar la fiscalidad, tales como bajar impuestos, bajadas que serían posibles si van acompañadas de recortes en gastos innecesarios, lo cual no tiene que ir en detrimento del mantenimiento y la mejora de los servicios esenciales, basta con eliminar los gastos superfluos; como por ejemplo, los coches oficiales (los políticos se pueden desplazar perfectamente con taxis u otros medios de transporte), otro tanto se puede hacer con los escoltas, sería bueno que sólo se mantuvieran en aquellos casos en que esté justificado, a criterio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…

También es imprescindible recordar que, se ha de procurar por sistema que los gastos nunca superen a los ingresos, y reducir cuanto antes la deuda pública que, lastrará nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de futuras generaciones

Y, para que tengamos un buen gestor al frente del Gobierno de la Nación Española, es imprescindible que sea una persona de probada experiencia, con un currículo exitoso, como gestor de dineros ajenos en la empresa privada; pues, a estas alturas es de sobra conocido que ningún político de los que forman parte de los diversos partidos con presencia en el Congreso de los Diputados, ha dado un palo al agua en su vida adulta, todos (salvo honrosas excepciones), todos ellos son miembros de la casta extractiva, parasitaria: hijos, amigos, hermanos, cuñados… de eso que se denomina “la clase política”, cuyo único objetivo es formar parte de las diversas instituciones para seguir viviendo de nuestros impuestos.

Cuando el administrador se convierte en dictador y pone en jaque a la comunidad

Pues, eso, volvamos al principio de este artículo:

En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la convivencia vecinal, los propietarios de una comunidad se enfrentan a una situación que bien podría ser el argumento de una novela distópica. Imaginen despertar un día y descubrir que el administrador de su comunidad de vecinos, de nombre Pedro Sánchez Castejón, ha decidido unilateralmente aumentar las cuotas, crear derramas y, lo más alarmante, negarse a presentar un plan de acción o un presupuesto de ingresos y gastos. Este escenario, aunque parezca ficticio, es una metáfora inquietante de lo que puede suceder cuando el poder se ejerce sin control ni rendición de cuentas.

El colapso de la democracia vecinal

Lo más esencial de una comunidad de propietarios radica en la toma de decisiones colectiva y la transparencia en la gestión. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el administrador ha optado por ignorar estos principios fundamentales, actuando como un autócrata en un microcosmos que debería funcionar de forma democrática.

Aumento de Cuotas sin Justificación, o sea, subida de impuestos y creación de nuevos, de manera arbitraria y caprichosa…

La decisión de incrementar las cuotas de participación sin una explicación clara ni un debate previo es un claro abuso de poder. Los propietarios se ven obligados a desembolsar más dinero sin saber el destino de estos fondos adicionales, lo que genera desconfianza y malestar generalizado.

Derramas Arbitrarias

La creación de varias derramas (cuotas extraordinarias) sin consulta previa a los comuneros es otro golpe a la economía de los vecinos. Estas contribuciones extraordinarias, normalmente destinadas a gastos imprevistos o mejoras significativas, el administrador de fincas las ha convertido en una herramienta de recaudación sin control ni justificación aparente.

La Opacidad como Norma

Ausencia de Plan de Acción, léase «programa de gobierno»

La negativa a presentar un plan de acción anual deja a la comunidad sin rumbo. Este documento, crucial para establecer prioridades y objetivos comunes, es programa de gobierno que guía las decisiones y gastos del año. Su ausencia no solo es una falta de profesionalidad sino también un incumplimiento de las responsabilidades básicas de un administrador, y en el caso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez un indudable incumplimiento de su obligación constitucional.

Presupuesto Fantasma

Quizás el aspecto más preocupante es la falta de un presupuesto de ingresos y gastos. Este documento es el corazón de la gestión financiera de cualquier comunidad. Sin él, los propietarios quedan a ciegas respecto al destino de sus contribuciones y la salud económica de la comunidad.

Las consecuencias de la autocracia vecinal

Esta situación hipotética plantea serias cuestiones sobre el abuso de poder y la importancia de los controles y balances en cualquier estructura de gobierno, por pequeña que sea:

Desconfianza y Conflicto: La falta de transparencia genera un ambiente de suspicacia entre los vecinos, erosionando el tejido social de la comunidad.
Riesgo Financiero: Sin un presupuesto claro, la comunidad se expone a gastos descontrolados y posibles déficits que podrían comprometer el mantenimiento del edificio.
Vulnerabilidad Legal: Las acciones del administrador podrían ser impugnadas legalmente, exponiendo a la comunidad a costosos litigios.
Deterioro de la Propiedad: La falta de un plan de acción podría resultar en el descuido de áreas comunes y mantenimiento necesario, afectando el valor de las propiedades.

El camino hacia la recuperación

Ante una crisis de gobernanza como de la que estamos hablando, los propietarios no están indefensos. La legislación vigente proporciona mecanismos para destituir a un administrador que no cumple con sus obligaciones:

Convocatoria de Junta Extraordinaria: Los propietarios pueden y deben convocar una reunión para abordar la situación y votar la destitución del administrador.
Auditoría Externa: Es crucial realizar una revisión exhaustiva de las cuentas para garantizar que no ha habido malversación de fondos.
Acción Legal: Si se descubren irregularidades, los propietarios pueden -y deberían- emprender acciones legales para proteger sus intereses.

Lecciones para la Sociedad en General

Este caso, aunque aparentemente extremo, sirve como una poderosa alegoría de los peligros del poder sin control en cualquier nivel de gobierno. Nos recuerda la importancia vital de:

La transparencia en la gestión pública.
La participación activa de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.
La necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos.

En conclusión, la situación descrita pretende ser una llamada de atención sobre la fragilidad de los sistemas democráticos y la importancia de la vigilancia constante. Ya sea en una comunidad de vecinos o en la gestión de un país, los principios de transparencia, responsabilidad y participación ciudadana son los pilares que sostienen una sociedad justa y funcional.

La lección es clara: la democracia, incluso a pequeña escala, requiere del compromiso y la participación activa de todos para prosperar, avanzar a mejor, crear prosperidad, riqueza, empleo…