¿De verdad mereció la pena -nunca mejor dicho, pues fue penoso- que España, en 1986, perdiera su soberanía como «estado» y pasara a ser un protectorado de Bruselas?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Antes de comenzar, es bueno aclarar qué es un «protectorado», y especialmente a las víctimas de las «leyes educativas progresistas»: Un Protectorado es definido en el derecho internacional como una forma de administración de un territorio, basada en un tratado entre uno o varios «estados protectores» (o una entidad supranacional) y una determinada nación o una entidad política que no alcanza a ser «estado», o acabó siendo un estado fallido debido a su escasa institucionalización o soberanía -a la manera de un grupo tribal o un principado feudal-. Tratado, acuerdo mediante el cual el país protegido, tutelado consiente otro u otros países puedan ejercer su protección en diversa medida, en particular, en lo relativo a la defensa militar y al mantenimiento del orden interno.

En España hay varios asuntos tabú que nadie se atreve a cuestionar, para evitar el riesgo de ser tildado de reaccionario, retrógrado, anacrónico, e incluso de «fascista», uno de esos asuntos de los que está prohibido hablar se llama la integración de España en la Unión Europea que se realizó en 1986 (tras la firma del tratado de adhesión, el año anterior, a lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea).

La entrada de España en la UE supuso, según algunos trovadores, aduladores y hasta bufones, el comienzo de una nueva era de prosperidad como nunca había antes conocido España, la entrada en la modernidad y el final del bloqueo que se decretó contra España en 1945 (quienes afirman esto último, ignoran que el bloqueo terminó con la visita a España del general estadounidense Eisenhower en diciembre de 1959), el disparate llega a tal extremo de que muchos afirman, poco más o menos que, entonces España recuperó su «europeidad», como si es que alguna vez España dejó de ser Europa.

Una de las bases ideológicas del actual régimen del 78, del que se afirma en su Constitución que es una monarquía parlamentaria y organizada territorialmente mediante lo que bautizaron como «estado de las autonomías», es la idea requeterrepetida, hasta el hartazgo, atribuida al filósofo español José Ortega y Gasset: “España es el problema y Europa la solución”. Hasta tal extremo es así que, a los rasgos definidores del régimen del 78 bien se podría perfectamente añadir el de “europeísta”. Basta echarle un vistazo al artículo 93º de la Constitución Española de 1978 y a las diversas Leyes Orgánicas dictadas al respecto desde 1985, así como a diversas resoluciones del Tribunal Constitucional referentes a tal asunto. 

Casi nadie osa cuestionar la frase ni su supuesta autoría. Sin embargo, si se lleva a cabo un minucioso examen, acabaremos descubriendo que estamos frente a un mito, y precisamente uno de los denominados por el fílosofo español Gustavo Bueno como oscurantistas, independientemente de que haya sido más o menos eficaz, como ha sucedido con otros en la Historia reciente y no tan reciente.

Cuando más éxito tuvo este mito fue durante aquellos años que algunos dieron en llamar «Transición política española», en el convencimiento de que el régimen que siguió al del General Franco abría la puerta de acceso a “Europa” (como si es que tras la guerra civil se hubiera construido un muro infranqueable, como el de Berlín, en los Pirineos…); pero para entrar en la “Europa sublime”, ya que España siempre formó parte de Europa.

Sin embargo, es cada vez mayor el número de españoles que poseen enormes dudas, acerca de si realmente mereció la pena (nunca mejor dicho lo de «pena») incorporarse a la Unión Europea, teniendo en cuenta que, para emprender el camino hubo que desmantelar la industria española, darle prioridad al sector servicios y pasar nuestras agricultura y ganadería a ser «ficticias», o casi, y dependientes de subsidios y subvenciones cientos…. Todo ello como compensación a la desindustrialización forzosa, y como condición imprescindible para la mejora de infraestructuras pagadas con fondos europeos.

E, insisto: ¿mereció la pena pasar por semejantes peajes, adquirir tales servidumbres a cambio de nada, o casi nada, perder nuestra moneda y la capacidad de acuñarla y que el gobierno español no tuviera «soberanía monetaria», para bien y para mal?

¿De veras mereció la pena renuciar a tener capacidad de decidir acerca de nuestra agricultura, pesca, alimentación, industria, sector servicios, fiscalidad, jurisprudencia y un largo etc.?

¿Mereció la pena desindustrializar España con aquella severa, crudelísima reconversión industrial de los sectores siderúrgico, naval, bienes de equipo, etcétera, que precisaron de importante cantidad de dinero público, una enorme descapitalización, malversación de fondos públicos y regalar empresas a empresarios españoles y extranjeros amigos de los gobiernos de entonces, por supuesto, las más rentables?

La integración de España en la Unión Europea también supuso salir de la situación de cierta neutralidad en lo referente a defensa y pasar a integrarnos en la OTAN y que nuestras Fuerzas Armadas pasaran a estar presentes a lo largo y ancho de este mundo en multitud de conflictos bélicos, los cuales ni nos van ni nos vienen y que nos cuestan millones de euros y vidas de españoles… En estos instantes hay soldados españoles presentes en más de veinte misiones en el exterior, al mismo tiempo que se descuida la defensa de España de posibles agresiones externas, y para recochineo la Unión Europea y los EEUU no garantizán, como se demuestra con frecuencia, la defensa de nuestras fronteras.

Más arriba afirmaba que España de facto es un protectorado de la Unión Europea, obviamente al servicio de los intereses estratégicos, económicos y militares de las grandes potencias; el tratado de adhesión de España a la Unión Europea legitima la sumisión de nuestra nación a la burocracia de Bruselas (a la cual hay que subrayar que nadie ha elegido y menos de forma «democrática» y respecto de la cual ni España ni ningún país miembro ejerce ninguna forma de control…), el tratado de adhesión de España a la UE establece relaciones jerárquicas o de poder entre los estados protectores y la entidad protegida, en esta caso España. Las diversas formas de protectorado tienen siempre una tendencia calificable de «colonial, si no es descaradamente colonial sí de explotación, de provecho, de beneficio para los países administradores del protectorado, en claro perjuicio para el país supuestamente «protegido», mejor dicho tutelado. Por supuesto, y así es el caso de la relación de España con la UE, el país «protegido», tutelado, conserva aparentemente una cierta «personalidad internacional» y disfruta de una cantidad acordada de independencia en la conducción de su política exterior e incluso respecto de sus asuntos internos; asuntos que en realidad no son tales desde el momento en que en el tratado de adhesión de España a la UE hubo una cesión total de soberanía a cambio de nada.

Lo que es realmente bochornoso es que, en la actualidad, raro es el español o asociación, o administración, o partido político, que no procura que la Unión Europea, o sea, la burocracia de Bruselas dé su aprobación a cualquier asunto, o busque la manera de no suscitar las iras de la UE, no sea que España acabe siendo sancionada por tener un comportamiento incorrecto.

El colmo de los colmos es que los españoles continuamente se dirigen a las autoridades europeas para que intervengan en España en cualquier asunto, desde el más insignificante hasta el más complejo, para que reprendan al gobierno, le den una colleja, les tiren de las orejas al presidente del gobierno, le afeen su conducta, pongan a Pedro Sánchez y sus secuaces las caras coloradas, etcétera… Todo ello es un reconocimiento explícito de que somos un estado fallido, una nación tutelada, un país «menor de edad» en el que los ciudadanos, españoles, no sabemos decidir, ni tomar decisiones, ni corregir nuestra conducta cuando nos equivocamos, no sabemos sustituir a los gobernantes corruptos por gestores decentes, y mucho más…

¿De veras tiene algo de sensatez, de lógica, incluso de madurez que se recurra a Europa para que intervenga y ponga orden en España ante el golpe de estado que están llevando a cabo los enemigos de España, los socialistas, comunistas, etarras y separatistas? Es vergonzoso que se recurra a Bruselas para impedir la pretendida amnistía porque los españoles no seamos capaces, no podamos -o no queramos- impedir que los criminales encabezados por el psicópata de Sánchez acaben con el estado de derecho, con la separación de poderes, con la seguridad jurídica, etc. etc.

De veras que es penoso que tengamos que recurrir a la UE, como el niño que incapaz de defenderse recurre a su papá o al profesor,… es vergonzoso, humillante tener que reconocer que somos un estado fallido y un país sin recursos ni agallas.