¿Debemos perder toda esperanza de que nuestro Rey, Don Felipe VI, impida que Pedro Sánchez y sus secuaces vuelvan a gobernar y acaben destruyendo España?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Como vengo diciendo desde hace dos semanas, pese a que los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas lo oculten y nos mientan con absoluto descaro, la llave que abre la puerta al Gobierno de España la tiene Don Felipe VI, él es el depositario según la Constitución Española de 1978; nuestro rey es el que tiene que decidir, en exclusiva, a qué persona propone para presidir el consejo de ministros durante la próxima legislatura. Sí, es cierto que la Constitución afirma que Don Felipe debe reunirse con los portavoces de los diversos partidos con representación en el Congreso de los Diputados, pero, la ronda de entrevistas que lleve a cabo (o «rondas» pues, puede hacer cuantas desee… sin límite de tiempo) no son vinculantes; lo que opinen los capos de las diversas organizaciones políticas no es más que un paso previo, insisto, no vinculante. Don Felipe puede proponer al Congreso de los Diputados, para que le otorguen su confianza, a la persona que considere más idónea, mejor preparada para desempeñar la función de presidente del gobierno de España, y no es necesario que sea ni diputado ni miembro de ningún partido político. Y, todo esto es ocultado sistemáticamente por la mayoría de las radios, televisiones y diarios, tanto digitales como impresos.

Es más, raro es el tertuliano, periodista, opinador, que no da por hecho que Don Felipe debe consentir lo que le presenten y limitarse a abrirle la puerta, de nuevo, a Pedro Sánchez si logra convencer a separatistas, etarras, comunistas y socialistas para que le den su voto en el acto de investidura. Estos sinvergüenzas nos vienen a decir que Don Felipe debe limitarse a cumplir con el guion establecido y participar como convidado de piedra, estampando su firma al final del documento que le pasen, hasta sin haberlo leído…

Algo así como las sentencias de los tribunales en las que afirman, sin sonrojarse los que las redactan, que se le concedió la última palabra al acusado (lo cual generalmente nunca se hace) y se dictó sentencia posterior y ésta fue leída públicamente, o sea, «en audiencia pública» según la jerga de los tribunales, lo cual tampoco se hace nunca, pero al parecer de los jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, etc. queda muy bonito dejar constancia por escrito aunque sea absolutamente falso. Es evidente, público y notorio que ni un solo juzgado o Tribunal en el reino de España lee ni publica las sentencias. Entre otras cosas porque ello supondría que los magistrados habrían de consumir gran parte de su jornada ordinaria de trabajo declamando más que resolviendo. De veras que es increíble el cinismo imperante en los tribunales que nadie suele cuestionar ¿No se le cae a ningún juez la cara de vergüenza mintiendo siempre cuando redactan una sentencia? ¿No sería lo más lógico eliminar la coletilla de “leída y publicada la sentencia” que cualquiera que sepa leer sabe sobradamente que es un embuste?

Después de esta digresión necesaria por su similitud con la política, volvamos al «proceso de investidura» del próximo presidente del Gobierno de España:

Hay que empezar porque los partidos políticos con presencia en el Congreso de los Diputados, todos sin excepción incumplen la ley de partidos (que aunque sea una perogrullada decirlo, es de suponer que se creó para ser cumplida) y tampoco cumplen la Constitución pues, ninguno es democrático ya que no da posibilidad a sus afiliados de participar en la toma de decisiones, ya sea para elegir a quienes forman parte de la jerarquía del partido como a quienes forman parte de las listas de candidatos para los diferentes comicios que se convocan en España. Insisto, ninguno de ellos es democrático, son los dueños de las diversas siglas (generalmente un minúsculo grupo de personas) los que cortan el bacalao y lo cocinan, generalmente un grupo de «notables» decide qué línea ha de seguirse, en qué se gastan los dineros recaudados, no siempre de forma legal, etc.

También es el grupo de «notables» de cada partido el que decide quiénes serán los candidatos a concejales, alcaldes, parlamentarios regionales, diputados, senadores (esa institución que, transcurridos casi cincuenta años nadie sabe para qué sirve, más allá de «cementerio de elefantes»), parlamentarios europeos, etc. En tales procesos la transparencia y la posibilidad de participación de los afiliados son inexistentes, aunque algunos con absoluto cinismo hablen de «primarias» o embustes similares; la realidad es que todos, sin excepción, practican lo que los comunistas estalinistas llaman «centralismo democrático».

Ni que decir tiene que en todos los partidos se practica aquello de la obediencia debida, la disciplina de partido y en ninguno existe debate ni discusión de clase alguna, los diversos representantes de los partidos en las instituciones, desde un ayuntamiento al Congreso de los diputados son peones serviles que actúan al dictado de sus capos y votan cuando se les ordena, de forma irreflexiva y sin saber ni qué votan o apoyan… Teniendo en cuenta cómo funciona el actual Congreso de los Diputados, u otras instituciones en las que sus miembros son elegidos, supuestamente de forma democrática, más nos valdría que los capos, oligarcas y caciques dueños de las diversas siglas se reunieran con los representantes de los grupos de presión, los denominados lobbies, para tomar decisiones, en lugar de someternos a hipócritas puestas en escena y paripés; sin duda ahorraríamos tiempo y dinero.

Pero, yendo al fondo de la cuestión, dado que el actual sistema no nos asegura la elección de los mejores, los más preparados, los más expertos legisladores y gobernantes, mejor sería hacerlo a través de alguna forma de lotería, mediante algún sorteo, es seguro que quienes salieran elegidos serían menos golfos y más decentes.

En cuanto a la investidura, tampoco estaría de más que el Jefe del Estado siga siendo el único con potestad para proponer un candidato al Congreso de los Diputados, incluso aunque se cambiara la ley electoral y el procedimiento de elección de diputados; más nos vale que nuestro rey, Don Felipe VI, siga teniendo la última palabra. Salvo que, quienes acostumbran a considerar a Don Felipe un florero al que se recurre periódicamente para que firme, como paso previo a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, de cualquier norma legal, piensen que ha de seguir haciendo ese paripé, aunque se trate de la norma más aberrante y estúpida del mundo, y que para eso se le paga.

En estos instantes, en los que España está en una situación de incertidumbre, con un gobierno en funciones y pendientes de qué acabará haciendo el rey de España, tampoco conviene olvidar que, dado que España es el país que crea normas para no cumplirlas, viene a cuento señalar que tampoco se cumple la ley electoral, y se dan por buenos y definitivos los resultados provisionales recogidos por el Gobierno (que es juez y parte) a pie de urna, a través del Ministerio del Interior, o mejor dicho a través de la empresa concesionaria Indra; cuando la legislación obliga a llevar a cabo un «escrutinio general» cinco días después de las elecciones, en todas las juntas electorales provinciales, abriendo todas las actas aportadas por los presidentes de cada mesa y efectuando así el cómputo definitivo. Pues, asombrosamente hace ya más de dos décadas que no se realiza, dando lugar inevitablemente a algo más que sospechas de fraude electoral.

Llegados hasta aquí, vuelvo a insistir que, no es de extrañar que los «padres de la Constitución de 1978» incluyeran en la misma un resorte para que el Rey de España gozara de la potestad de ser árbitro y si fuera preciso dictara un «laudo» de obligado cumplimiento, para evitar que se auparan al gobierno de España los peores, quienes no se privan de afirmar sin rodeos, sin circunloquios, que pretenden destruir España, y más todavía si tenemos en cuenta que los golfos de los que hablamos carecen de oposición que esté dispuesta a hacerles frente, habiendo llegado a asumir su proyecto y su discurso como la cosa más natural del mundo.

Después de dos semanas hablando del asunto ha habido reacciones de toda clase, desde quienes, sin haber leído más que el encabezamiento de alguno de mis artículos, tiene la osadía de comentarlo, haciendo afirmaciones como que «no se lo cree» y que el Rey de España no puede enmendar lo que han decidido los españoles en las urnas, hasta quienes afirman rotundamente que Don Felipe no se atreverá a actuar en tal dirección, e incluso que si estuviera tentado «alguien, o algunos habrá que se lo impedirán»… También ha habido quienes afirman que Don Felipe es un títeres en manos de la Reina Consorte (que afirman que es republicana y por tanto cómplice de quienes tienen como objetivo destruir el régimen del 78) y que actúa siguiendo sus directrices, y que es impensable que haga algo semejante a lo que le permite la Constitución: proponer a una persona decente, bien preparada, experta en la gestión de dineros ajenos, con sobrada experiencia y que tenga afán de servicio a los españoles y no pretenda servirse de ellos, acrecentar su patrimonio y hacer carrera de la política; para lo cual no está obligado a recurrir a alguien que sea diputado o miembro de algún partido político.

¿Se acabará cumpliendo lo que los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas dan por seguro, que Don Felipe accederá a proponer al canalla de Pedro Sánchez para que esté otros cuatro años al frente del gobierno de España, con las terribles consecuencias que esto puede acarrear?

O, por el contrario, no debemos perder la esperanza y sí concederle confianza a nuestro rey y no dudar de que acabará tomando la decisión adecuada e impedirá que continúen en el poder los socialistas, comunistas, etarras y separatistas y acaben llegando hasta su último objetivo: la destrucción de España.

¿Tendrá Don Felipe la valentía de proponer a un Cincinato, a un Cirujano de Hierro, al Congreso de los Diputados para que le conceda su confianza y pueda gobernar para poner remedio a la terrible situación a la que nos han llevado Pedro Sánchez y sus secuaces?

Evidentemente, si el Rey de España propusiera a una persona independiente, ésta estaría obligada a crear su propio equipo, elaborar un programa de gobierno, anticipar los gastos y los ingresos, enunciar unos objetivos a corto, medio y largo plazo, prever con qué recursos humanos contaría, qué procedimientos se utilizarían… Lógicamente, todo ello implicaría emprender las reformas necesarias y apartar a los corruptos.

Por supuesto, ese Cirujano de Hierro, no podría olvidar que, no todos los funcionarios están maleados ni son cómplice de la corrupción y tener en cuenta que también hay empleados públicos honrados, y que los buenos gestores no forman parte de los partidos políticos, sino que están en la empresa privada y entre los profesionales liberales.

Don Felipe, además de advertir a los representantes de los partidos políticos con los que se cite antes de proponer al Congreso de los Diputados a quien considere más idóneo, también debería advertir a los españoles de que si optará por proponer a un candidato «independiente» no les quedaría más remedio que aceptar, pues de no ser así habría que ir a nuevas elecciones a final de año.

Así que, tiempo al tiempo y no perdamos la esperanza, Don Felipe tiene la llave que abre la puerta a la regeneración de España.

Si el temor de Don Felipe es entrar en conflicto con la mitad de la población española, debe dejarlo a un lado pues, si actuará en la dirección que vengo exponiendo y los partidos aceptaran, a esos mismos partidos no les quedaría más remedio que hacer una declaración pública para justificar su decisión ante sus seguidores, el estado de ánimo de la opinión pública es voluble, muy cambiante y no debería ser motivo de preocupación.