El divorcio en España: ¿síntoma de progreso o de fracaso social y personal? Los hijos, las principales víctimas…

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Desde que en 1981 entró en vigor la primera ley de divorcio en España (aunque en la Segunda República se aprobó una que no llegó a ponerse en práctica), el país ha experimentado una profunda transformación en su estructura social y familiar. Lo que entonces se consideraba una excepción, algo casi marginal, ha terminado convirtiéndose en una situación cotidiana que afecta a cientos de miles de familias, millones. Esta evolución ha suscitado un amplio debate sobre si el divorcio es un signo de progreso o, por el contrario, un reflejo del fracaso personal y social.

El impacto del divorcio en la infancia: varias generaciones damnificadas.

El impacto del divorcio en los menores: Diversos estudios internacionales han señalado que los niños criados en hogares monoparentales presentan mayores probabilidades de experimentar dificultades académicas, emocionales y conductuales. En España, la custodia exclusiva materna sigue siendo el régimen predominante a pesar de que el Tribunal Supremo ha establecido desde hace más de una década que debe dársele prioridad, preferencia, a la custodia compartida. Sin embargo, en la práctica, en un porcentaje altísimo de los casos, muchos menores acaban con una relación reducida o incluso inexistente con uno de sus progenitores, generalmente el padre.

Las cifras son alarmantes: una cantidad considerable de niños crecen sin la presencia activa de su padre, lo que no solo afecta a su bienestar emocional, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en su desarrollo. Investigaciones internacionales han demostrado que los niños sin una figura paterna estable tienen mayores tasas de fracaso escolar, abandono temprano de los estudios, problemas de comportamiento y una propensión aumentada a conductas de riesgo como el consumo de drogas, la delincuencia juvenil, embarazos precoces e incluso el suicidio.

La mediación y orientación familiar: una solución efectiva

En la mayoría de los países desarrollados, los procesos de divorcio incluyen una fase obligatoria de mediación y orientación familiar antes de llegar a los tribunales. En estos sistemas, generalmente el juez envía a ambos progenitores a iniciar un proceso de mediación que no suele durar más de tres meses. En caso de no llegar a un acuerdo, se aplica el principio del «progenitor más generoso», con el fin de evitar que la ruptura quede inconclusa y, sobre todo, priorizar el interés superior de los menores. Este principio, basado en el «favor filii» y no en el «favor matris», contrasta con lo que ocurre en España, donde en muchos casos la custodia se otorga de manera automática a la madre sin una evaluación equitativa de las capacidades o de la idoneidad parentales.

El establecimiento de programas de mediación familiar no solo reduciría los conflictos entre los progenitores, sino que también ayudaría a disminuir e incluso evitar el impacto del divorcio en los hijos, asegurando que ambos padres sigan ejerciendo un rol activo en su crianza. La implantación de medidas de este tipo en España contribuiría a un sistema más justo y equilibrado, centrado en el bienestar infantil y en la corresponsabilidad parental; lo cual es casi imposible mientras la mediación familiar no sea «obligatoria».

Custodia monoparental: una medida excepcional

Si bien la custodia compartida debe ser la norma en aras del bienestar de los menores, es importante señalar que en ciertos casos puede ser necesario recurrir a la custodia monoparental exclusiva, ya sea materna o paterna, o incluso a la exclusión de ambos progenitores. Esta opción solo debería contemplarse cuando exista un riesgo cierto de maltrato, desamparo o abandono de los hijos menores. En estas situaciones, el sistema debe actuar con firmeza para garantizar la protección del menor y brindarle un entorno seguro y estable, priorizando siempre su desarrollo emocional y psicológico.

El papel de la perspectiva de género en la legislación familiar

La legislación en materia de familia y divorcio en España ha sido influida en las últimas décadas por la perspectiva de género, lo que ha generado críticas sobre el frecuente sesgo en el tratamiento de los progenitores en los procesos de separación. La Ley de Violencia de Género de 2004 es señalada con frecuencia como un factor que ha contribuido a consolidar una situación en la que los hombres suelen quedar en desventaja en las disputas por la custodia de sus hijos.

Diversos testimonios de padres afectados denuncian que, en numerosos casos, se han visto envueltos en acusaciones infundadas de maltrato con el fin de obtener ventajas en los procedimientos judiciales. A pesar de que la ley establece mecanismos para evitar el uso fraudulento de estas denuncias, la realidad es que muchas veces los procesos judiciales pueden inclinarse de manera desigual, afectando los derechos de los progenitores y, sobre todo, de los menores involucrados.

Casos mediáticos y su repercusión en la opinión pública

El reciente caso del asesinato de una educadora social en un piso tutelado en Badajoz ha puesto nuevamente el foco en los fallos del sistema de protección infantil y en las consecuencias de una mala gestión de la custodia. Antonio Granero, padre de uno de los menores implicados, ha denunciado en diversas entrevistas que su hijo fue víctima de un sistema que favoreció a la madre a pesar de su historial problemático. La historia de Granero es una entre miles de padres que se han visto excluidos de la vida de sus hijos por decisiones judiciales cuestionables.

Casos como este ponen de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las leyes de custodia y violencia doméstica en España, para garantizar que el bienestar de los menores prevalezca sobre cualquier consideración ideológica.

Reflexión final: el divorcio como síntoma y no como solución

El divorcio, lejos de ser un signo de progreso, es en muchos casos el reflejo de un fracaso personal y social. Si bien es cierto que en ocasiones puede ser la única salida viable para una relación insostenible, su alta prevalencia y sus consecuencias en los menores deben ser analizadas con profundidad. No se trata de demonizar la separación (en muchos casos la única salida para personas que no se llevan bien), sino de poner en marcha mecanismos que minimicen su impacto negativo en los hijos y promuevan una corresponsabilidad parental real entre los progenitores.

La solución no pasa por prohibir el divorcio (aunque sí por disuadir a la gente y promover relaciones estables, duraderas, perdurables), sino por mejorar la legislación para que garantice una verdadera equidad y protección de los derechos de los menores, y de los adultos sin distinción de sexo. La custodia compartida debe dejar de ser la excepción para convertirse en la norma, asegurando que los hijos puedan mantener una relación sana y equilibrada con ambos padres. Solo así podremos aspirar a un futuro en el que el divorcio no sea una epidemia, sino un recurso excepcional para casos verdaderamente necesarios.