Han pasado ya casi cinco décadas desde la aprobación de la Constitución de 1978, y el Estado de las Autonomías debería ser evaluado, debatido, y, por supuesto, habría que considerar la posibilidad y la urgencia de desmantelarlo… Pues, ha aportado más maldades que bondades, si es que realmente a algunos que no vivan de la política les ha causado beneficios.
Lo que se concibió como una forma de descentralización y modernización se ha transformado, según un cada vez mayor número de españoles críticos, en un caldo de cultivo para el clientelismo, el despilfarro y la creación de identidades regionales artificiales que amenazan la cohesión nacional, y la supervivencia de la nación española.
En España durante los años que siguieron a la muerte del General Franco fueron muchos los políticos de todo tipo que siguieron las enseñanzas del sabio de origen alemán de apellido Marx y de nombre Julius, más conocido como Groucho. El sabio politólogo (además de actor) hizo una definición respecto del “arte de la política” que en mi opinión y la de muchos es la más acertada de las realizadas hasta hoy: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
Los “padres de la Constitución Española de 1978” decidieron que en España había un problema que resolver en lo que respecta a la organización territorial, hablaron ex catedra, con idéntica infalibilidad que la que caracteriza al Papa de Roma; hicieron un falso diagnóstico (nos contaron que en las diversas regiones había un gran número de españoles que demandaban autogobierno, cansados todos del secular centralismo) y acordaron aplicar el peor remedio que posible: crearon un terrible monstruo con diecisiete extremidades, al que dieron el nombre de “estado de las autonomías”, después de la gestación de la bestia, la amantaron todo lo bien de lo que fueron capaces, la alimentaron, la cebaron… y de aquellos polvos, estos lodos. Dirán que tal cosa solo cabía que saliera de la mente del que se le ocurrió asar la manteca…
Efectivamente, en España hay mucho golfo y asador de manteca, a los que más vale alejar de los puestos de dirección, de los lugares en los que se legisla, se toman decisiones -terribles en muchos casos- y que nos acaban afectando trágicamente a todos.
La obra de Fernando Sánchez Dragó, «Gárgoris y Habidis: Una historia mágica de España», publicada casi al mismo tiempo que se ponía en marcha el sistema autonómico, resulta premonitoria. Dragó exploraba las raíces heterodoxas y míticas de España, pero la realidad política ha superado a la ficción. Las autonomías, impulsadas por oligarquías locales ávidas de poder, han resucitado mitos ancestrales o, sin sonrojarse y sin el menor recato, han inventado señas de identidad para justificar su existencia y diferenciarse del resto del país. Los caciques y oligarcas provenientes del partido único del régimen de Franco, convertidos súbitamente en fervorosos autonomistas (y demócratas de toda la vida), se repartieron el territorio, inventando coartadas para sostener un entramado que culminaría con la transferencia plena de las principales competencias del gobierno de España a las 17 taifas, un vaciamiento del Estado que consumó José María Aznar.
Esta «historia mágica» se manifiesta, por ejemplo, en la manipulación de la enseñanza, donde se promueven visiones sesgadas de la historia y la geografía. Se difunden patrañas sobre reinos inexistentes, se atribuyen méritos históricos exclusivamente a una región y se ignora la contribución del resto de España. La manipulación llega al extremo de presentar versiones distorsionadas de la geografía, como afirmar que el río Ebro fluye sólamente por Cataluña, o exaltar la epopeya de los «conquistadores» como un logro exclusivo de extremeños, descontextualizando la historia y fragmentando la identidad nacional.
Cuando murió el General Franco, España apenas tenía un cinco por ciento de desempleo (5%) y apenas 700.000 empleados públicos (ahora, con apenas el 50% más de habitantes, en España hay más de 3.5 millones de funcionarios), poseía una potente industria nacional y un importantísimo sector servicios… disfrutaba de un sistema de enseñanza que suscitaba envidia y admiración en el resto del mundo… El régimen de Franco había vencido al separatismo y al comunismo, había pacificado España, había creado la clase media… y estaba homologándose con el resto del mundo occidental, e incluso ya se empezaron a hacer las gestiones oportunas para incorporarse a todas las instituciones internacionales y adherirse a los diversos convenios internacionales. E indudablemente la “transición” hacia un régimen de democracia liberal y de economía de mercado estaba realizándose desde hacía mucho tiempo antes de que muriera el General… Quienes diseñaron la “España de las Autonomías” planearon la destrucción de todo aquello, además de desmontar el Instituto Nacional de Industria (y regalarle las empresas más boyantes a los amiguetes, luego “empresarios patriotas”), destruyeron la hasta entonces prestigiosa universidad española, expulsaron a las élites intelectuales, y acabaron entregando la enseñanza a los cacique y oligarcas de las diversas regiones, a las que llamaron “comunidades autónomas”.
En todas las regiones españolas, sin excepción, en los centros de estudio se generalizó la ignorancia, la mediocridad, se comenzó a perseguir el mérito y el esfuerzo, y todo lo que oliera a disciplina. Se falsificó la Historia de España, se potenciaron jergas locales, dialectos, lenguas regionales, en detrimento del español-castellano, al que se presentó desde entonces como lengua opresora, a la vez que se divulgaba el embuste de que durante décadas, centurias, se había perseguido a los que tenían por lengua materna otra diferente al castellano.
Se creó el “caldo de cultivo” propicio para generar miedo y odio a todo lo que tenga que ver con España, sus señas de identidad, sus símbolos, su himno, su bandera (excepto para los eventos deportivos)… y después, como se recolecta lo que se siembra, vino la violencia, el acoso, el mobbing, el “escrache” a España, hasta el extremo de que en algunas regiones se prohíbe de facto el uso de la lengua española, en determinados territorios se impide escolarizar a los hijos de familias que no hablen la lengua regional, se rotula todo en lenguas que no sean españolas… y un largo etc.
El denominado «estado de las autonomías» es un sistema de «corrupción descentralizada», donde cada taifa compite por construir infraestructuras innecesarias, mantener administraciones sobredimensionadas y crear redes clientelares a costa del erario público. Auditorios vacíos, aeropuertos fantasma, televisiones autonómicas propagandísticas y un ejército de funcionarios engordan el gasto público sin generar un beneficio real para los ciudadanos. Este ejército de empleados públicos, «enchufados», asesores, guardaespaldas y chóferes al servicio de los gobernantes autonómicos, parlamentos y tribunales superiores de justicia, representa una carga insostenible para las arcas públicas. El latrocinio institucionalizado ha alcanzado niveles sin precedentes, con multitud de caciques y oligarcas acumulando patrimonios injustificables y saqueando-destruyendo entre otras instituciones, las Cajas de Ahorro, que estaban controladas por los gobiernos de de las comunidades autónomas.
Por supuesto, toda la labor de odio y violencia contra España que se viene inculcando a una generación tras otra desde las guarderías, desde el parvulario, se refuerza en la enseñanza primaria… hasta llegar a la universidad, y acaba siendo reforzada por las diversas televisiones regionales.
Y mientras todo ello ha ocurrido, la derecha boba y corrupta y demás partidos autonombrados como “constitucionalistas”, hacían la vista gorda, miraban para otro lado, rehuían el combate, y dejaban hacer a quienes sin reparos, sin rubor, se jactaban abiertamente y sin rodeos de tener como objetivo la destrucción de la Nación Española. Hasta tal punto han sido cómplices que, los financiaron, los jalearon, pactaron con ellos, incluso gobernaron en coalición en algunas regiones, se apoyaron en ellos para formar gobierno y aprobar presupuestos cuando eran “mayorías minoritarias”…
Mención especial merece José María Aznar que, tiene el dudoso honor de haber sido el que culminó el traspaso pleno de competencias a las diversas oligarquías y caciques regionales, y el vaciamiento del estado.
Y, ahora España se enfrenta a una profundísima crisis política, social, moral y económica resultado de la precaria “transición”, de las tremendas carencias del Régimen de 1978.
Quienes diseñaron el nuevo estado, empeñados en mantener las prebendas de antiguas castas privilegiadas, gerifaltes ligados a la monarquía, o al régimen del General Franco, privilegios de algunos miembros de la jerarquía de la iglesia católica y los poderes financieros, y también empeñados en crear privilegios para nuevos caciques y oligarcas, como los partidos, los sindicatos o los nacionalismos vasco y catalán, el régimen en lugar de evolucionar hacia una nación de ciudadanos libres e iguales, ha evolucionado en la dirección opuesta.
Ante la situación que vengo narrando, la solución pasa por desmantelar el tinglado autonómico y recuperar el Estado unitario, donde todos los españoles sean iguales en derechos y obligaciones, independientemente de dónde nazcan o dónde habiten. Es fundamental revertir las políticas de descentralización, recentralizando competencias clave como la enseñanza, la sanidad y la administración de justicia, que fueron cedidas a los gobiernos regionales, profundizando el vaciamiento del estado, especialmente durante el gobierno de José María Aznar. Es imprescindible la supresión de los parlamentos y tribunales regionales, la creación de una única oficina de contratación pública para evitar el despilfarro y la corrupción, y una reestructuración radical de la administración pública.
Si algún día se logra desalojar a Pedro Sánchez y sus secuaces, enemigos de España, la sociedad civil debería exigir al nuevo Gobierno de la Nación Española que ponga en marcha un referéndum de ámbito nacional-español para desmantelar el “estado de las autonomías”, recuperar las competencias transferidas a los gobiernos de las diversas regiones, que nunca debieron ser transferidas, y especialmente Educación, Justicia y Sanidad.
Y, ante la pregunta de qué hacer con la enorme legión de empleados públicos, enchufados y asesores, es necesario realizar una auditoría exhaustiva para evaluar la necesidad real de cada puesto, eliminando duplicidades y personal innecesario. Habría que establecer criterios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, y se fomentaría la movilidad de los funcionarios a la administración central.
Como proponía Joaquín Costa hace más de un siglo, España necesita un «cirujano de hierro» que aplique la ley con firmeza y acabe con el sistema de privilegios y prebendas que ha corrompido la vida pública. También es necesario ilegalizar a aquellos partidos políticos que buscan la destrucción de la unidad nacional.
Si no se toman medidas urgentes, España seguirá irremediablemente el camino de la decadencia y la desintegración.
El tiempo se agota, y la responsabilidad de unir a los españoles decentes recae sobre aquellos líderes capaces de anteponer el interés general a sus ambiciones personales para recuperar la sensatez y acabar con el actual caos. Evidentemente, esa gente con experiencia probada en la gestión de dineros ajenos, que puede -y debe- emprender la cirugía reparadora que España necesita, sólo puede salir de élite empresarial y de los profesionales liberales; no de los partidos políticos convencionales, tradicionales. ¿Debemos perder toda esperanza? «Tiempo al tiempo».
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