El gobierno de España es corrupto y está integrado por personas malvadas y mediocres. El dilema es ser ciudadanos con plenos derechos o ser súbditos, siervos y esclavos.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

“Decídete a no servir más y serás liberado de inmediato. No os pido que pongáis las manos sobre el tirano para derrocarlo, sino simplemente que no le apoyéis más; entonces lo veréis, como un gran Coloso al que le han quitado el pedestal, caer por su propio peso y romperse en pedazos”, Étienne de la Boétie.

Para empezar, es necesario recordar que los gobiernos son instituciones inventadas con el único propósito de poseer el monopolio de la fuerza sobre las personas, para saquearnos con el «noble pretexto» del bien común, la perfecta justificación para gobernar a los ciudadanos -a los que los gobernantes, de facto, consideran siervos e incluso esclavos- con mano de hierro. 

Esta práctica zafia, inmoral y vil ha llegado al máximo en España, y es así porque los actuales gobernantes (socialistas, separatistas, comunistas y etarras) apenas tienen oposición o resistencia. Esa es la causa principal de que, pese a que muchos lo consideraban hace medio año como algo impensable, Pedro Sánchez y sus secuaces se han acabado afianzando y convirtiendo el gobierno de España en tiránico, liberticida y arbitrario… Sin duda, quienes forman parte del gobierno son gente sin escrúpulos que no ocultan que su único objetivo es vivir de nuestros impuestos… Pero, no olvidemos que el principal problema es que los españoles en masa han aceptado y abrazado de manera entusiasta su propia servidumbre; servidumbre voluntaria que nadie o casi nadie reconoce, pues eso significaría tener que asumir las consecuencias de sus actos, asumir la responsabilidad, hacerse responsables de haber apoyado con su voto y aupado al poder a los canallas que lo ocupan.

La situación terrible que sufrimos se debe a la irresponsabilidad de los españoles que han aupado a los enemigos de España al gobierno, pero también a la ausencia de coraje, de valentía de una gran parte de la sociedad. Son muchos los españoles, una abrumadora mayoría, que se sienten cómodos, felicísimos de depender del gobierno tal como harían los miembros de un rebaño. 

Hemos llegado a tal punto que pocas son las instituciones, si es que aún existe alguna, que merezcan respeto o elogios por su labor benéfica, ninguna o casi ninguna se puede considerar valiosa, ninguna inspira confianza a los ciudadanos, pues en cualquier momento, el menos esperado, acaba manifestándose como un brazo más del despotismo gubernamental. Por supuesto, esto incluye también a las OENEGÉS, la mayoría de las llamadas organizaciones que se hacen llamar benéficas, humanitarias, entidades religiosas, iglesias, organismos burocráticos, e incluso una gran mayoría de supuestos establecimientos médicos y de salud, centros de enseñanza, medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas y, por supuesto, todas las empresas públicas impulsadas ​​por las autoridades.

Mientras una gran mayoría de españoles se sientan disminuidos, o como ahora dicen los que han cambiado la Constitución para sustituir la palabra por otra expresión sinónima, «discapacitados», mientras un gran número de españoles se sigan considerando mermados, vulnerables y necesitados de ser cuidados y protegidos seguirán siendo sumisos y obedientes siguiendo la consigna gubernamental de que ese es el único camino para sentirse seguros y sobrevivir… el camino del infierno liberticida y totalitario en el que todos seremos pobres, carentes de derechos y libertades… pero felices.

El poder del individuo es mucho mayor de lo que la mayoría imagina, especialmente cuando grandes grupos de individuos están dispuestos a evitar que haya un gobierno o un régimen tiránico, cuando son muchos los que están dispuestos a desobedecer ante cualquier amenaza de fuerza o de violencia.  

Quienes buscan alcanzar la libertad solicitando a quienes están en el poder que se la concedan no pueden estar más engañados; esperar que los gobernantes les den autorización para disfrutar de sus derechos y libertades, dando por supuesto que es potestad exclusiva del que manda, que son las autoridades quienes deben decidir, implica que la persona ya es por definición un siervo, un esclavo.

Cuando los gobernantes se arrogan el monopolio del uso de la violencia sin límites, como es el caso de España, el siguiente paso que dan es elaborar una ley y luego amenazar con la confiscación de propiedades, el encarcelamiento, lesiones o la muerte para obligar a su cumplimiento. 

Es seguro que nadie, y ni siquiera el mismo gobierno, tiene idea de cuántas normas de obligado cumplimiento existen en España (y, para recochineo, el desconocimiento de una norma no exime de la obligación de acatarla, ¡Ojo!). Nadie sabe cuántas reglas, restricciones y regulaciones existen y es imposible encontrar una respuesta a esta pregunta. Hablamos de cientos de miles, millones, de páginas del Boletín Oficial del Estado y de los Boletines de los 17 gobiernos regionales, a los cuales hay que añadir las normas de los diversos ayuntamientos y de las diputaciones y cabildos insulares… y no olvidemos las directrices de la Unión Europea. No tengan duda, es seguro que existe una norma que regula cualquier aspecto de nuestras vidas, aunque no sepamos de su existencia, millones de normas que dicen cómo hemos de actuar, o abstenernos de actuar, en cualquier actividad, e incluso respecto de cómo hemos de pensar… Sí, sin duda es una absoluta locura, cualquiera puede ser considerado por cualquier autoridad un «criminal» en el momento menos pensado. Como afirmaba Tácito en tiempos del Imperio Romano, “cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes”. España es una de las naciones que más legisla, con diferencia, posee más normas de obligado cumplimiento que cualquier otra nación del mundo, es por ello que es de las más corruptas y sus gobiernos, sin duda, de los más criminales.

Cuando el único objetivo del Estado, o mejor dicho del gobierno, es el control de los ciudadanos mediante la violencia (no necesariamente física, también mediante coacciones y amenazas de todo tipo), la forma de vida de sus ciudadanos sólo se puede llamar esclavitud y sus ciudadanos dejan de ser tales para pasar a ser siervos, súbditos. No necesitamos gobiernos despóticos, que nos saqueen, que se entromentan e inmiscuyan en nuestras vidas, en lugar de dedicarse a perseguir a los delincuentes propiamente dichos, a capturarlos y castigarlos; en lugar de dedicarse a resolver los conflictos y velar por que se cumplan los acuerdos entre particulares y protegernos de agresiones del exterior. El menos malo de los gobiernos es el gobierno menos intervencionista, del cual los ciudadanos no tienen que tener la sensación de estar constantemente defendiéndose, o intentar pasar desapercibidos para que sus funcionarios no pongan la vista en ellos y puedan ser víctimas de su ira, de su violencia…

Hemos llegado a una situación en la que, la gente considera que el “interés general” bajo el que se justifica la existencia del Estado, no es más que el interés de la casta política parasitaria que ocupa el poder, el interés de los integrantes de lo que algunos llaman “élites extractivas”, y que siempre se ha llamado oligarquía; oligarcas que controlan una red de caciques a escala local, provincial, regional, encargados de arrastrar al máximo de simpatizantes y afines cuando llega la hora de votar…

También es cada vez mayor el número de personas que acaba llegando a la conclusión de que el Estado es un ente improductivo, dominador y depredador, que vive a costa de todos los grupos sociales que no forman parte o no poseen el favor de la casta en el poder del Estado: comerciantes, trabajadores, empresarios, campesinos, etc.

Para que un Estado corrupto, depredador, liberticida -también totalitario- pueda sobrevivir necesita de la colaboración más o menos entusiasta de cómplices, para poder aplastar, humillar, sojuzgar a todo aquel que no se someta a sus dictados; tal como Joaquín Costa exponía en “Oligarquía y Caciquismo como forma de Gobierno en España…” hace aproximadamente un siglo, situación que desafortunadamente apenas ha cambiado, pese que la Constitución y las leyes digan lo contrario.

Tal como también nos anticipó Joaquín Costa, en la España del siglo XXI gobierna una casta parasitaria integrada por lo más malvado, por lo peor de la sociedad, que evita por todos los medios a su alcance que en los puestos de decisión, de responsabilidad, esté presente la excelencia… En la España actual, en la que existe un clamor cada vez más extendido de que hay que emprender con urgencia extrema una profunda regeneración, y liquidar el régimen de 1978, cada vez estamos más necesitados de una terapia de choque, de unos “cirujanos de hierro” (tal cual nos recomendaba también Joaquín Costa) que pongan en funcionamiento un sistema político cuya idea fundamental sea la “desconfianza”, sí aunque suene provocador, o políticamente incorrecto en la era del consenso, del “yo quiero tener un millón de amigos”; esa es la idea-fuerza que inspiró a Montesquieu, Locke y quienes hace varios siglos hablaron de la necesidad de implantar un régimen con estricta separación de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

Claro que no podemos olvidar que la propuesta de la división de poderes atenta contra uno de los principios básicos y elementales de la política: el poder político no tiende a dividirse y, en caso de resultar dividido, acabará intentando permanentemente y por todos los medios su reunificación. El poder político no es proclive a dividirse por la sencilla razón de que, quienes lo ostentan (o, mejor dicho, detentan) no tienen intención de compartirlo de forma voluntaria. El poder político siempre tiende a concentrarse. Esto es así tanto en la economía como en todos los ámbitos del Estado. Quienes logran “conquistarlo”, proceden a consolidarlo y posteriormente a “expandirlo”. Quienes transitoriamente lo pierden, intentan recuperarlo a toda costa; pero nadie en su sano juicio lo comparte, o lo cede, a menos que esté inevitablemente forzado a hacerlo.

Es por ello que es urgente, urgentísimo llevar a cabo una reforma de la Constitución encaminada a restringir y limitar el poder del gobierno, para evitar el intervencionismo y la arbitrariedad, e incluso, como es el caso de la actual España, que el gobierno se alíe con quienes quieren destruir la nación y emprenda acciones en esa dirección.

En España el Gobierno en lugar de ser un protector de los derechos de las personas (el derecho a la vida, a la libertad individual, a la propiedad…), se ha convertido en su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad, está estableciendo la esclavitud; en lugar de proteger a los ciudadanos de aquellos que inician el uso de cualquier clase de violencia, es él quien lo hace, y aplica la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se le antoje; en lugar de servir como un instrumento de imparcialidad en las relaciones humanas, suscita inseguridad, incertidumbre y miedo mediante leyes no objetivas, cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales.

En lugar de proteger a los ciudadanos de los daños que puedan experimentar, debido a conductas caprichosas, el Gobierno es quien se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa de la inversión final: el estadio donde los miembros del gobierno se hallan en libertad de hacer lo que les plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si el Gobierno les da permiso…

Si finalmente en España, sea porque el actual régimen, nacido de la denominada “transición”, de la Constitución del año 1978 acaba muriendo colapsado, sea porque los españoles acaben derrocándolo por hartazgo; si finalmente entramos en un periodo constituyente, habría que redactar una nueva constitución mediante la cual se instituya una estricta y real separación de los poderes del Estado, una constitución en la que la “filosofía” principal que la guíe sea la desconfianza, en la que subyazca la idea de que a los gobernantes, legisladores y jueces hay que aplicarles sistemáticamente la presunción de culpabilidad, y respecto de los que se han de crear contrapoderes, mecanismos de control, de contención, que les impidan violar de manera sistemática los derechos de las personas; pues la voluntad de poder es una cosa especialmente tentadora ¿O no?

Y, ¡Ojo! recurrir a algún tipo de violencia para restringir, limitar el inmeso poder del gobierno no es necesario. Para responder al gobierno, la casta parasitaria, extractiva, que nos saquea y expolia, es suficiente con negarse a obedecer por sistema (obviamente sabiendo protegerse y sin ser un kamikaze suicida), negarse a apoyar cualquier regla y, sobre todo negarse a nombrar nuevos amos, despótas, tiranos, saqueadores que se hagan cargo de nuestras vidas. Lo que sí está claro es que, mientras no cambien las normas electorales, la forma de elección de quienes forman parte de las diversas instituciones, participar en las elecciones es una completa idiotez, es optar entre diversas listas de candidatos elegidos por los oligarcas de las diversas agrupaciones mafiosas que se hacen llamar partidos, es consolarse, estupidamente, pensando que cuando se vota uno decide, cuando en realidad lo que se hace es colaborar en perpetuar la esclavitud, el control y la violencia.