Llegaron hace días al aeropuerto de Barajas y esperan en la sala de inadmitidos de la Terminal 1. El ministerio del Interior ha denegado en las últimas horas la entrada en territorio nacional de Jalil y Habiba, dos hermanos saharauis procedentes de los territorios ocupados del Sáhara Occidental que padecen discapacidad y necesitan un tratamiento médico que no se le dispensa por las autoridades marroquíes. La decisión del departamento de Fernando Grande-Marlaska les condena a ser deportados a Marruecos.
Jalil el Idrissi, de 31 años, y Rabab, de 28 años, llevan días esperando una resolución a su solicitud que ha resultado negativa. Proceden de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental ocupado desde 1976 por Marruecos, y tomaron un vuelo desde Casablanca. Una vez en Madrid, solicitaron asilo y apatridia. Su abogada Fatma el Galia aportó en su solicitud tres informes médicos que documentan las discapacidades psíquicas y físicas que tienen.
La jefatura de fronteras del ministerio del Interior ha rechazado la solicitud. Los dos hermanos disponen ahora de dos días para recurrir la decisión. En las últimas semanas hasta cuatro jóvenes saharauis han solicitado en aeropuertos españoles el asilo alegando la represión a manos del aparato de seguridad marroquí en los territorios ocupados. En tres de los casos, tras una negativa inicial y su repercusión mediática, las autoridades españolas autorizaron su entrada mientras se tramita el expediente. El cuarto, sin embargo, fue deportado a Marruecos.
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En su solicitud presentada, la letrada de Jalil y Habiba denuncia la especial vulnerabilidad de los dos jóvenes discapacitados. Son huérfanos y hasta ahora se hallaban bajo los cuidados de una hermana, que ha tenido que trasladarse. Los servicios sanitarios marroquíes no les atienden por su falta de recursos económicos y su condición de saharauis. Jalil, que ha denunciado sufrir vejaciones por su discapacidad, es también activista en favor de la independencia del Sáhara Occidental, la ex provincia española ocupada por Rabat.
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En las últimas semanas, ante la llegada de jóvenes saharauis y su peligro de deportación a Marruecos, eurodiputados e incluso la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego han exigido a Grande-Marlaska que permita su entrada en territorio nacional por razones humanitarias. La misiva de los eurodiputados recordaba a Grande-Marlaska -firme defensor de las nuevas relaciones con Marruecos y el giro del PSOE en el Sáhara apoyando las tesis de Rabat- que «el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo hasta la descolonización (según la Resolución A/5514 de 1963 de las Naciones Unidas), ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975». «España es considerada la ‘potencia administradora de iure’ del Sáhara Occidental, según el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional (AN), documento que usted firmó como Presidente de la Sala de lo Penal de la AN en su momento», le recriminaba la carta al ahora ministro de Interior.
«Resulta totalmente comprensible que los jóvenes saharauis busquen oportunidades alternativas para asegurar su sustento», afirmó hace pocos días Ali Salem Tamek, un histórico activista saharaui vinculado al Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos (Codesa), una organización con sede en los territorios ocupados que denuncia las violaciones perpetradas por el régimen alauí. «La ocupación marroquí crea sistemáticamente condiciones de represión y empobrecimiento, entre otras penurias, para empujar a los jóvenes saharauis a emigrar al extranjero. Este es el resultado de una política deliberada, con redes establecidas para organizar y facilitar este proceso», agregó.
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