El golpe de estado todavía se puede evitar si interviene el Rey de España, Don Felipe VI.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Durante los últimos meses, desde las elecciones generales de julio pasado, han aparecido por doquier, como si se tratara de setas, «expertos constitucionalistas» que plantean poco más o menos que nuestro Rey, Don Felipe VI, es una figura decorativa, un guiñol al que mueve Pedro Sánchez, al que también pone voz como haría un ventrílocuo.

Aunque todavía no sabemos que movió a Don Felipe a proponer a Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados para que fuera investido como presidente del gobierno de España, tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijoo, pese a que la Constitución Española de 1978 no lo obligaba a hacerlo, como tampoco tenía la obligación de proponer en primer lugar a Feijoo por ser el representante del partido más votado; viene a cuento volver a destacar que la Constitución otorga a nuestro Rey, al Jefe del Estado, la potestad exclusiva de proponer al candidato que considere más idóneo para ocupar la presidencia del Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, para que sus miembros le otorguen su confianza y que el candidato no es imprescindible que sea ni diputado ni miembro de ningún partido político.

Cuestión muy diferente es que Don Felipe, como su padre, Don Juan Carlos, hayan optado «por costumbre» por proponer al representante del partido más votado en las elecciones generales y en caso de fallar la investidura optar por el representante del partido que quedó en segundo lugar. Pero, insisto nuestro Rey no tiene obligación de hacerlo de tal manera…

Como bien sabe cualquier español informado, hoy por la tarde el Partido Socialista Obrero Español ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley -orgánica- con la pretensión de amnistiar a quienes pretenden romper España por el nordeste y en octubre de 2017 hicieron en el Parlamento de Cataluña una declaración de independencia, de manera ilegal, con la intención de separarse de España; intentona golpista a la que siguieron multitud de actos de terrorismo, guerrilla urbana y un largo etc. de todos conocidos y respecto de los cuales no merece que nos recreemos y regodeemos.

El caso es que, nuevamente vuelven a alzar la voz los «expertos constitucionalistas» para afirma que Don Felipe no tiene ningún margen de maniobra para impedir que se acabe aprobando, y aplicando, la pretendida ley de amnistía. Son muchos los trovadores, tertulianos, todólogos, bufones, opinadores de los diversos medios de información y manipulación de masas que hablan ex cátedra y dogmatizan sobre el asunto y afirman que Don Felipe no tiene otra opción que la de ratificar, avalar, dar validez con su firma a la ley de amnistía, si tal como se prevé acaba siendo aprobada por los enemigos de España con representación en el Congreso de los Diputados: socialistas, comunistas, separatistas y etarras.

Los mismos «expertos constitucionalistas» afirman sin tapujos que si Su Majestad, Don Felipe, obrara en conciencia, como haría cualquier español decente, decidiera vetar la pretendida ley de amnistía y se negara a firmarla, correría el riesgo de que el Congreso de los Diputados lo destituyera o como poco lo forzara a abdicar…

Evidentemente, si Don Felipe decidiera no avalar con su firma la pretendida ley que pretende amnistiar a los golpistas-separatistas catalanes, se produciría un conflicto institucional nunca visto en España, pero de ahí a considerar que si así actuara pondría en grave riesgo la Monarquía Española y que se estaría haciendo el harakiri hay un abismo. Por el contrario, si nuestro Rey decidiera ejercer como Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas (y de la Guardia Civil) e interviniera para salvaguardar el orden legal, la Constitución, el Estado de Derecho y un largo etc. recibiría el apoyo entusiasta de todos los españoles decentes, de los buenos españoles. Que a Su Majestad no le quepa lugar a dudas.

Cuando el golpe separatista de 2017 (ante la inacción del gobierno del PP que presidía Mariano Rajoy), Don Felipe VI reaccionó valientemente, abriendo paso a una nueva situación en España. Hay que destacar que «nueva» desde que el sobrevalorado José María Aznar abrió la puerta al golpismo en 2002 cuando vació casi de competencias al gobierno de España, transfiriendo la sanidad, la enseñanza, la administración de justicia, etc. a los gobiernos regionales (posiblemente lo hizo por ignorancia histórica e imprevisión, muy comunes en su partido, el PP, pero lo hizo). La novedad política abierta por el discurso del rey fue que por primera vez se plantaba cara abiertamente al proceso de destrucción de la nación española y de la democracia.

Ahora estamos ante una reversión de aquella novedad, con un golpe mucho más peligroso que el de 2017, pues está siendo organizado desde el propio gobierno. Y mientras tanto, los buenos españoles están deseosos de que se produzca una reacción contundente, clara y rotunda de nuestro Rey.

Es innegable que el golpe es real y extremo, y los buenos españoles, los españoles decentes debemos impedirlo por todos los medios. Los españoles demócratas debemos resistir y detener a los golpistas.

Si una democracia como la de Perú, más defectuosa que la española, aunque la nuestra sea manifiestamente mejorable, ha sido capaz de encarcelar a un presidente golpista, España no puede ser menos. Pues, de no hacerlo, los que acabaremos siendo los encarcelados seremos los demócratas.

El golpe todavía es fácilmente evitable si intervienen algunas instituciones, desde nuestro Rey al Poder Judicial, las Cortes o el ejército, la sociedad civil, etc. Todavía es posible parar el golpe a pesar de la involución antidemocrática que ha corrompido muchas de esas instituciones.

El Poder Judicial, empezando por el Tribunal Constitucional (también el Tribunal Supremo), ha sido corrompido profundamente por el PSOE -con la complicidad y la inacción del PP-, también la Fiscalía, y el Congreso y el Senado son precisamente el nido y alma de la corrupción, con algunas excepciones; la universidad es algo más que mediocre, una fábrica de falsificación histórica; las Fuerzas Armadas Española están más al servicio de la OTAN que para defender la soberanía de España y el orden legal (o defendernos de un potencial ataque del exterior), etc.

Pese a todos los pesares, sigue habiendo en todas esas instituciones españoles decentes, patriotas y demócratas que podrían evitar males mayores si se decidieran a actuar.

De momento, parece que la rebelión ciudadana ha acabado produciéndose, para parar al tirano.

Quienes conocen la Historia de España, muy pocos (por desgracia) entre los políticos y los periodistas, saben que la guerra civil española tuvo su origen en un golpe de la falsificación electoral llevado a cabo por el Frente Popular, que rompió todas las normas democráticas. Cualquiera que conozca la Historia de España sabe que aquel Frente Popular era, como ahora, una alianza entre el PSOE y los separatistas…

Ahora, casi 90 años después, una nueva alianza de malvados, de quines quieren destruir España, vuelven a atacar la nación española y la democracia.

No se olvide que “Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo».