El “Hombre del Saco” es funcionario del Estado Español

Juan Mariano Pérez Abad

No es el de la mujer, ni el de los transexuales, ni tampoco el de los inmigrantes. Sin duda, el colectivo más indefenso,
vulnerable y sensible, pero a la vez más importante para el futuro y la supervivencia de una Sociedad, es el de la infancia. Su cuidado y educación supone un capítulo estratégico fundamental para la supervivencia de un Estado a lo largo del tiempo.

Por eso, las perversiones que ha prodigado la Clase Política española en este asunto durante las últimas décadas podrían calificarse de ALTA TRAICIÓN.
España es un país donde siempre ha resultado muy fácil que una familia pierda a sus hijos. Tal es el miedo a perderlos que se ha generado un personaje legendario de ficción llamado “el Hombre del Saco” que entraba en las casas y se llevaba a los niños.

Pero en este artículo no les vamos a hablar de las más de 2.000 DESAPARICIONES de menores que se denuncianal año (1.500 fugas y desapariciones de niños tutelados por el Estado en centros de acogida, durante el pasado año 2.019)
ni delos 2.750 niños que actualmente continúan desaparecidos.Sobre este asunto tan solo queremos destacar la extrañeza de que los grandes medios de comunicación, de vez en cuando, seleccionan alguno de estos casos para convertirlo en espectáculo mediático de máxima audiencia. Tal parece como si, haciendo tanto despliegue en unos pocos casos e ignorando por completo los demás, su intención fuera generar la falsa impresión de que son muy pocos.
De lo que en realidad les vamos a hablar es de aquellos niños que son sustraídos de sus legítimas familias por la acción directa o con la complicidad del propio EstadoEspañol, los que permiten afirmar que “el Hombre del Saco es funcionario del Estado Español”.

A lo largo de la Historia contemporánea deeste país, se identifican3 formas de presentación de este
fenómeno:
Los NIÑOS ROBADOS POR EL FRANQUISMO, son unos 30 000 niños quefueron tutelados por el Régimende Franco durante la Posguerra inmediata, porque sus progenitores habían muerto o porque encarcelados por pertenecer al bando republicano. A estos se les sumaron los procedentes de la gran operación de repatriación de los menores ordenada por Franco, de los que habían sido evacuados por sus padres durante la guerra (especialmente de los enviados a la Unión Soviética) para cuya recuperación (o secuestro, según versiones) se llegaron a organizar operaciones clandestinas en territorio extranjero.

Pero no fue hasta elaño 2.008, que el conocido juez Baltasar Garzón (posteriormente inhabilitado por haber incurrido en delito de prevaricación) cambió la consideración de aquella operación del Régimen Franquista a la de“delito no prescrito de detención ilegal, con desaparición forzada de personas y sustracción de menores a sus padres”, declarándola crimen contra la Humanidad e instando a la persecución y condena de unos responsables que, por cierto, ya habían fallecido en su totalidad.
Alrededor de la década de los años 80, ya en plena Democracia,se desarrolló el fenómeno de los NIÑOS ROBADOS EN CLÍNICAS DE MATERNIDAD. El fenómeno estaba extendido por toda España, pero el caso más famoso ha sido el de Eduardo Vela y Sor María Florencia Gómez Valbuena, ginecólogo y religiosa de la orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul respectivamente.

La connivencia de las entidades públicas con los acusados siempre quedó en evidencia. Desde hacía más de 15 años, Sor María había sido acusada en varias ocasiones por ese mismo delito, pero no fue hasta principios del año 2012 cuando se fijó fecha para un juicio que no se celebró, debido a un certificado de defunción que la declaraba fallecida. Aunque se levantaron muchas suspicacias cuando se evidenció que aquel certificado contenía falsedades documentales, resulta muy llamaativo que ni siquiera se ordenara comprobar si había algún cadáver dentro de su sepultura. Sin embargo, aún resultó más indignante que la sentencia que declaraba culpable al Dr. Vela en octubre de 2018, pero lo absolvía porque su delito había prescrito.

Las asociaciones de afectados como ANADIR, cifran entre 200.000 y 300.000 los niños robados por este mecanismo
en la segunda mitad del siglo XX en España.

Desde entonces y ante la menor sospecha, la mayor disponibilidad de las analíticas de ADN para pruebas de paternidad dejaba fácilmente al descubierto este tipo de sustracción de menores, por lo que su frecuencia se redujo drásticamente.

Pero las sustracciones no cesaron, porque su desaparición dejó paso a una nueva modalidad de “robo de niños” que se podía realizar dentro de la legalidad vigente.

La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 1996 facilitó enormemente la sustracción legal de niños a sus progenitores mediante la declaración del menor en desamparo, la retirada de la tutela a la familia biológica y su atribución a los Servicios Sociales en nombre del Estado. Se simplificaba el procedimiento, que ahora se realiza a través de una simple resolución administrativa, dictada por un funcionario sin intervención judicial.
Esta iniciativa fue casi simultánea en toda la Unión Europea y se acompañó de una ingente dotación económica, propia de las políticas compasivas de unos países ricos que se buscaban presentarse como“socialmente avanzados”. A partir de ahí, las declaraciones de desamparo se multiplicaron exponencialmente. Una gran cantidad de empresas que operaban bajo el formato de fundaciones y ONGs, concertaron sus servicios con la Administración para atender al cuidado y educación de aquella enorme cantidad de niños. Así emergió un gran negocio en el que solo los elegidos tenían opción a que sus “empresas de acogida” consiguieran una porción de aquel pastel.
Si valoramos los resultados catastróficos obtenidos con esos niños por el Estado, en cuanto a niveles académicos y de integración socio-laboral al llegar a la mayoría de edad (tanto en centros públicos como privados concertados) podemos afirmar que se ha tratado de un negocio millonario para algunos, pero un dinero público muy mal aprovechado para el objetivo deseado (proteger y educar) del que, curiosamente, el Estado no se ha molestado nunca en pedir cuentas.
Disfrazando de derecho a la intimidad y el honor del menor, aquella Ley del Estado también se ocupó de censurar toda la información sobre menores.

Este obscurantismo alcanzó su máxima expresión en España después del caso de prostitución de tutelados extranjeros (ahora llamados MENAS) en el Bar Arnie de Sevilla. Después del emblemático caso de las “Niñas de Alcasser”, éste
volvió a llenar las portadas de los diarios, pero en esta ocasión sí se reflejaron las listas llenas de nombres y apellidos de personajes famosos y poderosos imputados en aquellos affaires pederastas.
La anulación de todos los testimonios de los menores prostituidos condujo a la absolución colectiva de los acusados, excepto el Marqués de Sotohermoso (que se declaró culpable por iniciativa propia y aun así no pisó la cárcel) y las del dueño y el encargado del local.
Desde entonces, todas las informaciones sobre los frecuentes casos de perversión sexual con menores tutelados han sido censuradas y bloqueadas, así como desacreditados y perseguidos los periodistas que se atrevieron a divulgarlas. Sirvan como ejemplo los casos del presentador de televisión Pepe Navarro (de “Cruzamos el Misisipi”) por el “Caso Alcaser” o el periodista Josele Sánchez (La Tribuna de España) por el de “Bar España”.
Porque de entre esos casos, cabe destacar el CASO BAR ESPAÑA,con más de 80 niños tutelados víctimas de violaciones y al menos 6 infanticidios, que implica a personajes tan importantes de la política española contemporánea como un Presidente de la Diputación de Castellón, un Presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, o un Presidente del Club de Futbol de Milán, y que nunca ha sido investigado con seriedad.
Solo ahora, después de años de trabajo de muchos activistas independientes para superar el bloqueo informativo, los grandes medios de comunicación se han querido hacer eco de uno de esos asuntos que han venido ocurriendo durante todo este tiempo, como el de la prostitución masiva de las adolescentes tuteladas por el Estado en lugares como Mallorca o La Rioja, u otros lugares de España.

El fenómeno de substracción de niños, fuesen robados o tutelados, siempre incidió mayoritariamente en los estratos sociales más pobres y discriminados, que son a su vez los que mantienen las tasas reproductivas más altas.

En la época de la post-guerra había muchos niños porque se produjo el “Baby-boom”, por lo que el tráfico de niños representaba un problema de vulneración de Derechos Humanos a nivel individual. Sin embargo, cuando comenzó la actual etapa de los “Tutelados”,ya nos encontrábamos en plena “Era del Bienestar” y el desplome de la natalidad se había convertido ya en un problema de Estado.Aquel cambio de “robárselos” a “tutelárselos” representó un notable
incremento en el número total de niños sustraídos en los estratos sociales más pobres, por tanto, del nivel de acoso a las “canteras” de natalidad de nuestro país.
Al margen de cualquier otra consideración y valorándolo de una forma objetiva, se trata de una política demográfica AUTODESTRUCTIVA, pero que se ha mantenido en la misma línea y en progresivo aumento,a pesar de la alternancia en los Partidos al frente del Gobierno.
En estos momentos, hay más de 50.000 menores tutelados por la Administración del Estado (una cifra a todas
luces exagerada: 1 DE CADA MIL CIUDADANOS ESPAÑOLES ES UN MENOR TUTELADO). Los padres que consideran injusto que se los hayan arrancado de su lado se enfrentan a un muro legal casi inexpugnable y a la censura de los grandes medios de comunicación.

Todos los Gobiernos que han ido pasando por el Palacio de la Moncloa han tenido conocimiento de sus protestas, pero nunca han hecho nada para investigar las numerosas irregularidades que han sido puestas en evidencia durante todos estos años. Incluso ahora que ha quedado en evidencia ante el gran público el asunto de la prostitución de tutelados en Mallorca, tanto el Parlamento Balear como el Nacional, se han negado a crear comisiones de investigación para esclarecerlo.
Por el contrario, el actual Gobierno Socialista acabó nombrando como su primera Fiscal General del Estado a la Sra. Segarra, después de que fuera señalada como una pieza clave en el encubrimiento de este entramado en Andalucía durante años. Más tarde a Dolores Delgado, la cual había también callado cuando supo que muchos miembros de la judicatura, asistían a convenciones, congresos, etc. en el extranjero y su principal objetivo era hcer «turismo sexual con menores»…

También es muy representativo el escandalosísimo“caso Kote Cabezudo” que implica al dirigente socialista vasco en activo Odón Elorza, en cuyo encubrimiento se han implicado tanto a la cúpula del PSOE nacional como del resto de los Partidos, Poderes Públicos y grandes medios de comunicación.
Los responsables de los sucesivos Gobiernos que han ido pasando por Moncloa y de los Partidos con los que han formado coalición, así como los Fiscales Generales del Estado y de Menores, los Altos Tribunales del Estado, la Gran Prensa y todo ese enorme movimiento de asociaciones feministas subvencionadas, todos ellos siempre han tenido conocimiento de todos estos temas, pero no han hecho nunca nada para denunciarlos o pedir que fuesen investigados en serio. Eso parece indicar claramente que los Poderes del Estado Español están dominados por una SECTA PEDERASTA al más puro“estilo Epstein”.
Afortunadamente, la eficacia de la presión internacional para corregir este problema se hizo evidente en España hace más de un lustro, en el caso de la productora cinematográfica de pornografía infantil con niños tutelados por la DGAIA en Cataluña. El caso había sido denunciado por el FBI americano ante la Fiscalía Española 2 años atrás, pero tuvo que insistir para que se realizasen detenciones. Aun así, desde la Administración se intentó transmitir que habían sido los funcionarios que tenían a su cargo la tutela de esos niños los que habían descubierto el “pastel”.

Poco después, a finales del pasado mes de febrero de 2020, fueron detenidas otras 15 personas por distribución de pornografía infantil gracias a un comunicado de la embajada de los Estados Unidos.
Sin embargo, poco tiempo atrás, una de las mayores operaciones organizadas en Europa contra este delito (la denominada “CALDO DE POLLO”) que estaba realizando la Guardia Civil en la provincia de Alicante, había sido bloqueada por una orden emitida desde el Poder Judicial Español.
Por eso,el apoyo de la Prensa del otro lado del Atlántico nos abre la esperanza de conseguir liberarnos de la tiranía de este obscuro núcleo de Poder.

https://surestepress.wordpress.com/2020/03/23/el-hombre-del-saco-es-funcionario-del-estado-espanol/?fbclid=IwAR0BTC2JCJsTrZ-QPOyHLHBr… 5/5
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