El lento suicidio demográfico de España: causas, consecuencias y soluciones

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

“En la España de toda la vida abundaban los niños y predominaban las familias numerosas. No éramos un país rico, pero vibrábamos de vida. Así fue hasta hace un cuarto de siglo o poco menos. Ahora vivimos en un país donde cada vez se peinan más canas y en el que la chiquillería brilla más y más por su ausencia. Como no tenemos ni siquiera los niños precisos para el reemplazo de la población (2,1 hijos por mujer), cada nueva generación de españoles es un 30%-40% menos numerosas que la anterior y eso es algo que tal vez no había sucedido nunca en nuestra Historia. Por primera vez desde tiempo inmemorial, por su demografía y por la edad promedio de su población, España tiene más presente y pasado que futuro.” “El Suicidio Demográfico de España” de Alejandro Macarrón Larumbe (Ed. Homolegens, 2011). Página 25.

España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes, caracterizado por el descenso de la natalidad, el envejecimiento poblacional y un saldo vegetativo negativo persistente. Este fenómeno, que ha sido denominado suicidio demográfico, compromete la perdurabilidad del denominado estado de bienestar, la viabilidad económica y la cohesión social.

A partir de un análisis basado en datos estadísticos y referencias bibliográficas clave, este artículo pretende examinar las raíces de la crisis demográfica, sus implicaciones económicas y sociales, así como las estrategias posibles para mitigar su impacto.

1. Diagnóstico del problema: datos y tendencias

1.1. Natalidad en mínimos históricos

España tuvo una de las tasas de fertilidad más bajas de la Unión Europea, con 1,12 hijos por mujer en 2024 (INE, 2025), una cifra muy inferior al umbral de reemplazo generacional de 2,1 hijos. En los últimos diez años, los nacimientos han caído un 24,7%, pasando de 427.595 en 2014 a 322.034 en 2024.

El ligero repunte del 0,4% en los nacimientos de 2024 se debe principalmente al crecimiento de la población inmigrante, más que a un cambio en los patrones reproductivos de las españolas nativas.

1.2. Envejecimiento poblacional y saldo vegetativo negativo

El envejecimiento acelerado de la población es otro factor determinante. La esperanza de vida ha aumentado de 35 años en 1900 a más de 82 en la actualidad (Macarrón, 2011), lo que, sumado a la baja natalidad, ha generado una pirámide poblacional invertida.

En 2024, el saldo vegetativo fue de -114.937 personas, lo que equivale a una pérdida neta de 300 habitantes diarios (INE, 2025).

1.3. Reducción de la población en edad laboral

Se prevé que, para 2066, España habrá perdido más de cinco millones de habitantes, lo que tendrá un impacto crítico en la relación entre población activa y dependiente. Según anticipa el INE, para 2050 habrá dos jubilados por cada tres trabajadores, lo que pondrá en jaque la perdurabilidad del sistema de pensiones (Barraycoa, 2019).

2. Causas del declive demográfico

2.1. Cambios culturales y sociales

Desde una perspectiva sociológica, autores como Carlo Cipolla (1988) han señalado que el comportamiento irracional de las sociedades puede conducirlas a la autodestrucción. La tendencia a familias más reducidas y el desprecio por la natalidad pueden interpretarse como una manifestación de esa miopía social.

Xavier Barraycoa (2019) argumenta que la crisis de valores tradicionales ha generado una menor disposición al compromiso familiar, erosionando las bases culturales que antes incentivaban la natalidad.

2.2. Factores económicos y laborales

A pesar de que el PIB español creció un 3,2% en 2024, la precariedad laboral y el alto coste de la vivienda siguen dificultando la formación de familias.

Robert Trivers (2011) explica que muchas decisiones humanas están marcadas por autoengaños y percepciones sesgadas del futuro, lo que podría explicar por qué muchas parejas optan por posponer indefinidamente la maternidad, subestimando el impacto biológico de ese retraso.

2.3. Retraso en la maternidad y reducción de la fertilidad

El porcentaje de nacimientos de madres de 40 años o más ha aumentado del 7,2% en 2014 al 10,4% en 2024 (INE, 2025). Este retraso reduce la probabilidad de tener más de un hijo, lo que contribuye a la caída global de la natalidad.

3. Consecuencias económicas y sociales

3.1. Crisis del sistema de pensiones

El envejecimiento poblacional pone en riesgo la perdurabilidad del sistema de pensiones. Con menos jóvenes cotizando y más jubilados recibiendo prestaciones, el modelo actual es insostenible a largo plazo (Macarrón, 2011).

3.2. Impacto en el mercado laboral

La disminución de la población activa afectará la productividad y el crecimiento económico, con una contracción en sectores clave como la vivienda y el consumo.

3.3. Fragmentación social e individualismo

Erasmo de Róterdam (1511), en Elogio de la estulticia, advertía que la necedad colectiva lleva a sociedades enteras a ignorar problemas evidentes hasta que es demasiado tarde. La falta de conciencia sobre el problema demográfico podría derivar en conflictos intergeneracionales y un aumento de la polarización social.

4. El papel de la inmigración: una solución parcial e insuficiente

La inmigración ha permitido compensar temporalmente la caída de población, en enero de 2025, España alcanzó los 49.077.984 habitantes gracias a la llegada de más de 300.000 inmigrantes (INE, 2025).

No obstante, Macarrón (2011) advierte que la inmigración no es una solución estructural, ya que con el tiempo los inmigrantes tienden a adoptar los mismos patrones reproductivos que la población nativa. Además, Barraycoa (2019) subraya que una inmigración descontrolada puede generar tensiones sociales si no se acompaña de estrategias eficaces de integración.

5. Soluciones y estrategias para revertir la crisis

5.1. Políticas de fomento de la natalidad

Incentivos económicos: Reducción de impuestos y puesta en marcha de ayudas directas a familias con hijos.
Flexibilización laboral: Medidas que permitan conciliar vida laboral y familiar.
Campañas de concienciación: Promoción de la natalidad como un valor esencial para el futuro del país.

5.2. Reformas estructurales

Perdurabilidad del sistema de pensiones: Ajustes en la edad de jubilación y fomento de planes privados.
Vivienda accesible: Facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y familias.

5.3. Inmigración regulada y sostenible

Frenar la inmigración descontrolada.
Integración efectiva para evitar fracturas sociales.
Selección de perfiles laborales que contribuya al crecimiento económico.

Conclusión

España se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes, con implicaciones económicas, sociales y políticas de suma importancia.

Si bien la inmigración ha proporcionado un alivio temporal, la única solución razonable a medio y largo plazo es fomentar la natalidad y adaptar el modelo económico y social al nuevo contexto poblacional.

Tal como advierte Xavier Barraycoa (2019), si no se emprenden acciones urgentes, España podría entrar en un proceso irreversible de declive demográfico, con consecuencias imprevisibles para las futuras generaciones.

50 MEDIDAS DE POLÍTICA FAMILIAR

Propuesta del Foro Español de La Familia

CONSIDERANDO que promover familias estables y comprometidas con la educación de sus hijos y la atención a sus mayores y protegerlas significa menor delincuencia, disminución de los comportamientos antisociales, menos fracaso escolar, mejor salud psíquica, reducción de la pobreza especialmente la infantil- y reducción del gasto público asociado a la crisis de la familia que se podría trasvasar a políticas activas de protección a la familia.

CONSIDERANDO que la desestructuración de las familias, con el debilitamiento de los vínculos entre los miembros de la pareja y los intergeneracionales, crea problemas sociales innumerables con alto coste a ser asumido por la sociedad.

CONSIDERANDO que cuanto más fuertes sean las familias, más sana será la sociedad y que las familias nos importan a todos nosotros como individuos pero también como sociedad, porque es en el hogar donde primero se aprende el comportamiento social y la familia es la institución educativa más importante y donde se recibe la mayoría de los cuidados asistenciales.

CONSIDERANDO que los países más avanzados de Europa están asistiendo a un proceso imparable de interés por la familia. Movidos en muchos casos más por la necesidad perentoria que por un proyecto político inicial, países como Alemania, Francia, Suecia, Gran Bretaña o Italia ya han puesto la proa en dirección al puerto seguro de la protección de la familia.

CONSIDERANDO que desde las instituciones europeas se avisa que la bomba demográfica provocada por el descuido de la familia tiene que ser desactivada mediante políticas adaptadas a los tiempos pero rotundas en su objetivo de fomentar la natalidad eliminando obstáculos a las familias. CONSIDERANDO que la familia importa a toda la sociedad porque en el origen de casi cada problema social que afrontamos hay una carencia de estabilidad familiar; que proteger a la familia redunda en la protección de los más desfavorecidos, el robustecimiento del tejido social y la preparación de un futuro mejor, previniendo fracasos y sembrando progreso.

CONSIDERANDO que la protección a la familia es un patrimonio común que debe mantenerse al margen de ideologías.

CONSIDERANDO que el 98% de la población española vive en familia y que la familia es el medio básico de orden afectivo, educativo, económico y social, donde los ciudadanos nacen y perciben por primera vez no sólo que son sujetos de derechos, sino también de deberes ineludibles para con los 50 medidas de política familiar 2015 3 demás: los hijos aprenden a convivir y a respetar a quienes les rodean, y se enseña el valor del cuidado a los pequeños, los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los minusválidos.

CONSIDERANDO que la familia que libremente decide tener hijos, aporta a la sociedad un bien que no aportan quienes, bien libremente, bien debido a problemas de muy diversa índole, deciden no tener hijos; pues las familias con hijos son quienes garantizan la sucesión generacional y, por tanto, el mantenimiento de los sistemas públicos basados en la solidaridad intergeneracional, como el de pensiones.

CONSIDERANDO que la familia debe estar respaldada en su tarea de tener hijos y de ayudarles a transformarse en ciudadanos responsables y que esto exige del Estado -de las diferentes Administraciones, debidamente coordinadas entre sí- la definición de una política pública con perspectiva de familia. Esta política con perspectiva de familia debe apoyar a la familia como un bien en sí mismo y no solo con políticas sociales de lucha contra la pobreza o de apoyo a los miembros de la familia individualmente considerados.

CONSIDERANDO que, en términos comparativos con su entorno europeo, España debe incrementar notablemente el esfuerzo dedicado al apoyo a la familia. En términos de PIB y según los últimos datos facilitados por la OCDE, España realiza un esfuerzo un cuarenta por ciento menor que el de los países de nuestro entorno. España debe incrementar las ayudas destinadas a políticas familiares que tengan como objeto a la familia como institución, y no sólo el apoyo a los miembros de las familias en situaciones problemáticas; es decir, a políticas que promuevan la familia y sus funciones sociales, y que no pretendan sustituirla.

CONSIDERANDO que ha llegado la hora de que los partidos políticos españoles se comprometan a realizar verdaderas políticas globales con perspectiva de familia e incorporarlas a sus programas de gobierno para que sean de público conocimiento y así los españoles puedan decidir su voto responsablemente, El Foro Español de la Familia, la plataforma que, a través de las asocia- ciones que lo conforman, representa a cuatro millones de familias españolas, se dirige a todos los partidos políticos españoles, con esta

PROPUESTA DE 50 MEDIDAS DE POLITICA FAMILIAR

La familia pilar básico fundamento de la sociedad 1. Aprobación de una Ley que incorpore la perspectiva de familia a todas las políticas públicas y garantice un mínimo común de protección a la familia en todo el territorio nacional.

2. Crear un Ministerio o, al menos, una Secretaría de Estado de La Familia dependiente del Ministerio de la Presidencia -sacando de lo asistencial al principal agente económico de la sociedad-, que dirija, impulse y coordine las políticas familiares desarrolladas por las Administraciones Central, Autonómicas y Locales; y con competencias y presupuesto claros.

3. Promover un Pacto de Estado sobre la familia a fin de garantizar un tratamiento común a la familia en las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales en toda España, que respete el principio de continuidad y estabilidad, ya que cualquier decisión relativa a la familia conlleva consecuencias solamente apreciables a largo plazo.

4. Creación de una Conferencia Sectorial de la Familia, entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para hacer un seguimiento en el tiempo de las políticas familiares.

5. Poner en marcha un verdadero Observatorio o Consejo estatal de la Familia con presencia de las organizaciones más representativas de las familias españolas y con funciones de informe preceptivo sobre todas las normas legales y reglamentarias que afecten a la familia.

6. Apoyo institucional para los certificados homologados de Empresa Familiarmente Responsable.

7. Introducir en todos los pliegos de contratación de las entidades a las que se aplica la Ley de Contratos del Sector Público criterios de puntuación positiva a las empresas que acrediten políticas familiares y de conciliación progresivas debidamente certificadas por entidades independientes.

8. Reforma del sistema electoral, habilitando la posibilidad del voto familiar, de modo que se incluya la ponderación del voto de los padres en función del número de hijos menores de edad de la unidad familiar.

II- Apoyo a la maternidad y solución al problema demográfico

IIA) Estabilidad matrimonial

9. Apoyo a la estabilidad matrimonial impulsando medidas preventivas para ayudar a superar las crisis familiares (según las recomendaciones del Consejo de Europa), con la elaboración de un Proyecto de Ley Básica de Prevención y Mediación Familiar y el fortalecimiento y promoción de los Centros de Orientación Familiar, tanto públicos como privados.

10. Restablecimiento del matrimonio como institución específica para la unión estable entre el hombre y la mujer procreadora y formadora de nuevos ciudadanos, sin perjuicio de la regulación que se quiera hacer de otras realidades de convivencia.

11. Favorecer la estabilidad matrimonial y la protección de los hijos, revisando la legislación actual sobre el divorcio para regular la existencia alternativa de un contrato matrimonial para quienes deseen libremente vincularse con especiales condiciones de disolución.

12. Reforma de las leyes reguladoras de los procedimientos de separación y divorcio, para introducir en ellas la posibilidad de que el juez, con suspensión del procedimiento judicial, invite a las partes a intentar un procedimiento de mediación.

13. Derogación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y creación de una Red de Apoyo a la mujer embarazada, que incluya el derecho a la percepción de un salario social siempre que resulte necesario para ayudarla en la viabilidad de su embarazo. Asimismo se regulará el derecho de la mujer embarazada a ser informada en todo tipo de centros asistenciales y sanitarios, de la existencia de esa Red y de las ayudas y apoyos que se le pueden ofrecer. Las autoridades públicas deben crear estructuras y entidades sociales que ofrezcan alternativas reales al aborto para mujeres con problemas derivados de su embarazo.

14. Profundizar la legislación en apoyo de la familia con necesidades especiales, sobre todo, la familia numerosa, con cargas de dependencia y/o la monoparental sobrevenida.

15. Impulsar las políticas de fomento y apoyo a aquellas familias que se hagan cargo de la atención de sus mayores, estimulando la convivencia entre las diferentes generaciones en el hogar familiar.

16. Impulso a las Escuelas de padres y a las actividades de orientación familiar, y fomento de las asociaciones que se dedican a estas actividades.

IIB) Aspectos económico-fiscales

17. Aprobación de un Plan de recursos públicos dedicados a apoyo a la familia, de forma que el conjunto de las Administraciones públicas españolas dediquen a políticas familiares un porcentaje del PIB equivalente a la media de lo dedicado a estas políticas por el conjunto de los países de nuestro entorno para lo que incluirá un calendario anualizado de incremento de los recursos públicos dedicados a tales políticas familiares especificando programas y cuantías económicas. Asimismo, el Plan asumirá la puesta en marcha de las propuestas contenidas en presente Propuesta del FEF.

18. Modificar el IRPF para que se inspire en los siguientes principios: a. Ser más equitativo respecto a la familia en la que alguno de sus miembros dedica total o parcialmente su tiempo al cuidado de los hijos menores o de familiares dependientes b. Deducir fiscalmente todo tipo de gasto intrínsicamente, como guarderías, cuidadores familiares de menores y/o dependientes, escolarización y otros gastos asociados a la familia y los hijos.

19. Promover bonificaciones fiscales a favor de las familias en los tributos que gravan la adquisición o ampliación de la vivienda familiar, especialmente si se trata de familias numerosas o con familiares dependientes.

20. Establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como luz o gas, acceso a bienes culturales, etc.

21. Eliminar la fiscalidad en la transmisión de padres a hijos sea mortis causa o inter-vivos y de las donaciones entre padres e hijos tanto para el donante como para el donatario

22. Establecer pensiones contributivas de jubilación para quienes trabajen exclusivamente en el propio hogar, mediante un convenio voluntario con la Seguridad Social.

23. Ampliar el vigente permiso por maternidad estableciendo su duración a un período no menor a un año durante el cual la empresa quedará eximida de la correspondiente cotización a la Seguridad Social 24. Modificar la regulación del sistema público de pensiones para que el tiempo que el padre o la madre dediquen al cuidado de sus hijos menores de edad compute como de cotización a la Seguridad Social a efectos del devengo de pensión de jubilación.

25. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por hijo a cargo con una cuantía similar a la de otros países de la UE de equivalente renta per cápita, y creciente a partir del tercer hijo que se actualizará anualmente y de la que sean beneficiarias todas las mujeres que sean madres, sea cual sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad o hasta que cumplan los 25 años si previamente no tienen un trabajo retribuido o están estudiando. Las mujeres tendrán derecho a percibir esta ayuda a partir del cuarto mes de embarazo. Esta prestación será acumulable a cualquier otra prestación de la Seguridad Social a que la familia o sus miembros tengan derecho.

26. Establecer el derecho de ayuda a domicilio en caso de parto o adopción múltiple. Consideración de persona con movilidad reducida a la mujer en el último trimestre de embarazo (para obtener, por ejemplo, la tarjeta de aparcamiento).

27. Considerar en planes de empleo y bolsas de trabajo así como en traslados que impliquen cambio de residencia, el número de hijos mientras sean menores de edad o hasta que cumplan los 25 años si previamente no tienen un trabajo retribuido o están estudiando.

28. Establecer en el caso de Expedientes de Regulación de Empleo, una protección especial para los padres en función del número de hijos.

29. Creación de cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares: libros escolares, transporte público, medicamentos, guarderías, servicios a domicilio, etc. IIC) Conciliación

30. Adoptar en las normas jurídicas y en el marco de la negociación colectiva, medidas facilitadoras de la conciliación entre trabajo y familia entre las cuales estén: a. La obligatoriedad de reserva del puesto de trabajo para la madre o el padre hasta que su hijo cumpla 3 años. Si el padre y la madre se reparten ese período, éste se ampliará en un año más. b. Prolongación de los permisos de maternidad/paternidad en caso de discapacidad de hijo/hija, nacimientos múltiples y familia monoparental sobrevenida. c. Incorporación de las buenas prácticas en conciliación familiatrabajo al ámbito de Responsabilidad Social de las empresas. d. Facilitar apoyo financiero y asesoramiento técnico a las ONG,s que trabajan a favor de la familia y la conciliación a través de las distintas convocatorias de subvenciones públicas.

31. Establecer en el ámbito de la Administración (en sus niveles General, Autonómica y Local) e incentivar en el marco de la negociación colectiva entre los agentes sociales: a. Horarios flexibles acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos pequeños b. Fórmulas de trabajo en red desde el propio hogar. c. Creación de guarderías en las empresas e incremento de la financiación pública de una red de guarderías suficiente para atender las necesidades de la familia, apoyando la creación de guarderías de iniciativa social.

32. Formación profesional específica para las personas que, después de un tiempo dedicado a cuidados familiares, se reincorporan a la actividad laboral.

33. Establecer una bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social durante, al menos, un año para las empresas que contraten a mujeres que han dejado la vida laboral un tiempo para dedicarse a la familia.

34. Bonificación del 100% de las cuotas de la Seguridad Social, en los contratos de los trabajadores que suplan una reducción de jornada o una excedencia por atenciones familiares.

35. Incentivar a aquellas empresas que ponen a disposición de sus trabajadores centros cercanos o personal capacitado que ayude a cubrir las necesidades de las personas a su cargo: niños, ancianos, dependientes.

36. Incentivar a las empresas que mantienen un horario laboral basado en jornada partida, para que faciliten a sus empleados la posibilidad de acogerse a un esquema de jornada continuada.

III- Defensa del irrenunciable derecho de los padres a educar a sus hijos

37. Necesidad de un Pacto de Estado en materia educativa que garantice que, gobierne quién gobierne, no utilizará nunca la educación como instrumento de manipulación política, cultural ni ideológica y que cualquier actuación en el ámbito de la educación sea escrupulosamente cumplidora con el artículo 27 de la Constitución para dotar de contenido efectivo al irrenunciable derecho de los padres a: elegir el tipo de educación de acuerdo con sus propias convicciones, el centro escolar y la formación religiosa y moral de sus hijos, y con pleno respeto al principio de gratuidad.

38. Establecer como norma fundamental la libertad de creación de centros de enseñanza así como la libre autonomía de los padres para elegir para sus hijos el centro cuyo proyecto educativo e ideario sean conformes con sus propias convicciones. La aportación financiera pública a la enseñanza debe estar asociada a las plazas elegidas por los padres

39. Cada centro de enseñanza público o privado, debe disponer de la plena autonomía para definir su proyecto educativo y su ideario de forma que, tal proyecto y tal ideario constituyan un compromiso irrevocable entre el centro de enseñanza y los padres, al tiempo que una obligación de cumplimiento por parte del personal docente y del resto de los que desarrollan su actividad laboral en ese centro. Asimismo, debe regularse una trasparencia total sobre los resultados académicos obtenidos por los alumnos de todos los centros para facilitar la necesaria información a los padres a la hora de elegir o cambiar de centro para sus hijos.

40. Obligatoriedad del previo consentimiento individualizado de los padres, mediante la notificación del contenido y responsables, para la realización de cualquier actividad de contenido ideológico, curricular o no, dirigida a menores de edad y en particular en materia de educación afectivo sexual que no sea conforme con el ideario publicado por el centro y aceptado por los padres.

41. Compatibilizar horarios escolares y laborales, mediante, entre otras medidas, una política activa de racionalización de los horarios laborales y la razonable oferta extraescolar gratuita y en períodos de vacaciones.

42. Crear programas de formación a distancia para los niños, para ofrecer las materias curriculares a los alumnos que deseen o se vean obligados a estudiar en casa.

43. Realización de campañas de información para las familias sobre el uso responsable y formativo de los medios de comunicación a favor de la familia.

44. Control efectivo de los contenidos audiovisuales mediante la legislación pertinente y creación de un organismo independiente, con poderes sancionadores reales, encargado de velar por la protección de los menores ante los contenidos indeseables emitidos en medios audiovisuales: televisión, publicidad en prensa y revistas, etc., sobre todo en horarios de posible audiencia infantil.

IV- Otros aspectos sociales

45. Favorecer el acceso de las familias a las nuevas tecnologías como medio para mejorar las condiciones de vida, trabajo e integración social; impulsar el uso correcto de Internet, con especial incidencia en el colectivo de jóvenes, amas de casa y personas mayores.

46. Reformar la actual legislación en materia de adopción para establecer que la adopción por marido y mujer será la regla ordinaria salvo en casos en que preexista algún tipo de relación entre adoptante y adoptando que justifique excepcionar el criterio general.

47. Actuación decidida contra todos los delitos que tengan a los niños como víctimas.

48. Fomentar el acogimiento familiar cuando un niño tenga que ser separado temporalmente de su familia de origen.

49. Aumento del número de centros de día y residencias para mayores, para facilitar la conciliación laboral de sus familiares.

50. Aumento de centros escolares públicos y subvencionados para menores de tres años y ampliación y flexibilización del horario escolar en todas las edades.