El Ministerio Fiscal en España un ejemplo de indignidad en un Estado de derecho

Miguel Bernad Remón, Manos Limpias

Uno de los pilares básicos de nuestro sistema constitucional, es la figura del Ministerio Público (la Fiscalía) que a tenor de lo preceptuado en el artículo 124 de la Constitución, debe defender el interés general y la legalidad vigente.

A la cabeza del mismo se encuentra el actual Fiscal General del Estado, en el caso que nos ocupa, Álvaro Ortiz, imputado por la Sala Segunda Del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

En cualquier país que se respete el Estado de derecho, ya hubiera dimitido o le hubieran hecho dimitir. No tiene la más mínima dignidad y se pasea por eventos institucionales con un rostro de impunidad y con la complicidad del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que depende jerárquicamente. (¿De quién depende la fiscalía? Pues, eso…)

Los subordinados del imputado Fiscal General, obedecen sus órdenes aunque sean disparatadas .

Nos encontramos ante un Fiscal General reprobado varias veces, incluso su nombramiento deviene ilegal y sus propios compañeros incluso le han dado la espalda y se han personado en el procedimiento penal que se sigue contra él por revelación de secretos.

Es sólamente dentro de la pequeña agrupación de fiscales «progresistas» (UPF), siervos del Fiscal General, en la que se cumplen férreamente sus órdenes de carácter dictatorial, incapaces de plantar cara a su superior jerárquico.

Sería innumerable el relato de desmanes, de despropósitos y de incumplimiento del artículo 124 de la Constitución pero, únicamente vamos a hacer referencia a 3 hechos relevantes:

• En su día cuando se estaba juzgando al juez prevaricador Baltasar Garzón en la Sala Segunda Del Tribunal Supremo, el fiscal del Tribunal Supremo, un tal Navajas, ya jubilado, llamó prevaricadores a los magistrados que estaban juzgando a Baltasar Garzón.

• La teniente fiscal del caso Álvaro Ortiz, hace una defensa ultranza de su jefe Álvaro Ortiz, en lugar de abstenerse en el caso que se está juzgando por revelación de secretos.

• Y por poner un último ejemplo, el Fiscal de la Audiencia Nacional, un tal Carlos García Berro, conocido progresista que se negó a investigar la causa de Miguel Ángel Blanco o los homenajes a presos etarras y que al parecer también ensalzó la figura de Lenin en su red social X (antes Twitter), se permite desacreditar a Manos Limpias con un informe sectario, en el caso del escándalo de fraude en loterías del Estado.

Tampoco debemos olvidar que ha habido fiscales que han defendido a imputados, convirtiéndose en los mejores abogados defensores, tal fue el caso del Fiscal de Baleares Pedro Horrach en el caso de la imputación de la Infanta, Cristina de Borbón.

¡Dios nos libre de esta tropa de fiscales que deberían estar inhabilitados de por vida!

Miguel Bernad Remón, Secretario General de Manos Limpias