El precio del buenismo: la impunidad de los menores delincuentes

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

El reciente asesinato de la educadora social Belén Cortés en Badajoz ha conmocionado a la sociedad y ha vuelto a poner sobre la mesa el eterno debate sobre la delincuencia juvenil en España. Belén, de 35 años y natural de Castuera, fue brutalmente asesinada en un piso tutelado donde trabajaba, presuntamente por tres menores de 14, 15 y 17 años. Este trágico suceso evidencia no solo el peligro que suponen ciertos delincuentes juveniles, sino también el fracaso de un sistema excesivamente permisivo y garantista que, en nombre de una supuesta reinserción, permite que los menores infractores sigan delinquiendo sin temor a consecuencias reales.

Los menores implicados en el asesinato tenían antecedentes delictivos y se habían fugado de otra vivienda tutelada días antes del crimen. Tras su huida, cometieron un robo en una cafetería y, al ser detenidos, fueron devueltos a la Junta de Extremadura debido a la ausencia de un fiscal de menores disponible. En lugar de ser sometidos a un proceso punitivo severo, que les disuadiera de reincidir, fueron enviados de vuelta a un sistema que, lejos de corregir su conducta, les brindó una nueva oportunidad de delinquir impunemente. Fue en ese contexto cuando Belén Cortés los recogió, encontrando posteriormente la muerte a manos de estos jóvenes.

Este asesinato no es un hecho aislado. En los últimos años, España ha experimentado un preocupante aumento de delitos violentos cometidos por menores, muchos de los cuales no reciben castigos proporcionales a la gravedad de sus crímenes. La Ley del Menor, con su enfoque paternalista, sigue tratando a estos delincuentes como víctimas de la sociedad en lugar de responsabilizarlos por sus actos. El resultado es una creciente sensación de impunidad entre los jóvenes infractores, que saben que, en el peor de los casos, serán internados en centros donde la disciplina es mínima y las medidas de reeducación son un fracaso rotundo.

Los defensores de esta política garantista alegan que el castigo severo no es la solución y que el objetivo debe ser la reinserción. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario: en la mayoría de los casos, la ausencia de un castigo ejemplar solo refuerza la conducta delictiva. El Consejo General de Colegios Profesionales de Educadores Sociales ha denunciado la insuficiencia de recursos técnicos y económicos, lo que afecta la seguridad y calidad del trabajo de los educadores. Además, señalan que la externalización de servicios y la contratación precaria debilitan la protección tanto de los trabajadores como de los beneficiarios.

El buenismo institucionalizado nos está costando vidas. No podemos seguir permitiendo que menores con un historial delictivo peligroso sean tratados como si fueran simples descarriados sin responsabilidad alguna. La sociedad debe exigir reformas urgentes en la Ley del Menor, endureciendo las penas para los delitos graves cometidos por jóvenes y estableciendo mecanismos que realmente impidan la reincidencia.

Este trágico suceso resalta la urgencia de abordar de manera integral la problemática de la delincuencia juvenil en España. Es esencial revisar las políticas y protocolos actuales, garantizando la seguridad de los profesionales y la efectiva reinserción de los menores infractores. La justicia no puede seguir siendo un simple trámite burocrático que les ofrezca impunidad. Solo a través de un enfoque multidisciplinario, medidas contundentes y recursos adecuados se podrán prevenir tragedias como la ocurrida en Badajoz.

Si seguimos apostando por el buenismo y la impunidad, lo único que conseguiremos es seguir llorando víctimas inocentes. La pregunta es: ¿hasta cuándo?