El terrorismo islamista-yihadista dejó más de 8.000 personas asesinadas en el año 2022, en 2.270 atentados.

Pablo Montes

Desde el 26 de junio de 2015, España se está en nivel de alerta antiterrorista 4, considerado como alto

FUENTE: https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/mas-de-8-000-personas-fueron-victimas-del-terrorismo-en-2022/

Sólo el terrorismo yihadista dejó más de 8.000 personas asesinadas el año pasado en 2.270 atentados. Aunque las cifras son terribles, el número de víctimas supone una disminución de un 17% respecto al año anterior. Una de cada tres víctimas se produce en una región en la que, sin embargo, el terrorismo yihadista crece de forma preocupante: África Occidental.

Estos son solo algunos de los datos del anuario sobre terrorismo yihadista del Observatorio Internacional de Estudios sobre terrorismo. Mali y Burkina Faso fueron los países más golpeados por el terrorismo en la región del Sahel, esencialmente por las ramas de Daesh y Al Qaeda en esos territorios, aunque también por Boko Haram. Mientras este fenómeno crece en África occidental, tras el Covid, se ha observado una disminución significativa en el sudeste asiático.

Yihadismo en el Sahel. (Imagen: Departamento de Seguridad Nacional)

En un momento en el que la mayoría de países occidentales mantienen un nivel elevado de alerta antiterrorista (solo hay que ver la situación que se vive ahora en Suecia, donde se ha elevado el nivel antiterrorista), en España, “continuamos bajo el mismo paradigma iniciado en 2015, fecha en la que comenzó a manifestarse la seria amenaza que Daesh representa para accidente. Desde entonces, el número de operaciones anuales oscila entre 20 y 60, mientras que el de detenidos lo hace entre 20 y 80”. Este anuario destaca también el perfil heterogéneo de yihadistas: el año pasado se detuvo a un menor de 15 años y a una mujer de 72. Aplauden también la reforma del Código Penal efectuada en 2015, en la que se tipificaron delitos como el de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento a través de internet (donde presentan una intensa actividad) y el desplazamiento a un territorio extranjero para colaborar con un grupo terrorista.

Operación antiyihadista Guardia Civil. (Foto: RTVE)

Entre los problemas actuales identificados se encuentran las mujeres y los menores retornados desde los campos de detención: “es un desafío que tiene importantes implicaciones humanitarias y riesgos de seguridad y reintegración”. “Asimismo, resulta pertinente reflexionar sobre la participación de nacionales o residentes en la comisión de delitos de genocidio, de guerra o de lesa humanidad y la constitución de equipos de investigación especializados que den sustento judicial al enjuiciamiento de estos nacionales que combatieron con organizaciones yihadistas en los años de expansión de Daesh y otras organizaciones yihadistas en Iraq y Siria”, se puede leer en el informe.

La inestabilidad política, la pobreza, el descontento social, la falta de arraigo, las economías ilícitas o la proliferación de armamento han propiciado la “aparición y fortalecimiento de diversos actores armados”, en África occidental, lo que plantea determinados retos a nivel internacional.

El terrorismo yihadista se caracteriza por “un fuerte dinamismo y una elevada capacidad de mutabilidad y adaptación”, por lo que hacer frente a esta amenaza requiere de “enfoques multidisciplinares (…) que se adapten a cada uno de los escenarios regionales y locales en los que el yihadismo tiene presencia en la actualidad”, señala el director del OIET, Carlos Igualada.

No es solo el terrorismo yihadista

Sin duda, por el número de ataques y de víctimas, el terrorismo yihadista resulta especialmente preocupante. No obstante, también preocupa la vinculación entre las actividades violentas con el sello de la ultraderecha y su vinculación con el terrorismo. Así, el Observatorio Internacional de Estudios de Terrorismo destaca los eventos que, en este sentido, se produjeron solo en el mes de julio de 2023.

Armas incautadas por la policía a un grupo de extrema derecha en Austria. (Imagen: BBC)

“En Finlandia, se frustró un complot terrorista de extrema derecha que planeaba utilizar armas impresas en 3D. En Austria, las redadas contra bandas de motoristas ilegales revelaron una preocupante fusión de ideologías extremistas y actividades delictivas. En el Reino Unido se produjeron varios casos, desde el seguimiento de sospechosos hasta la condena de presentadores de podcasts. En España, un supremacista blanco irrumpió con un cuchillo en una celebración de Sumar. También en Canadá se produjeron detenciones vinculadas a grupos neonazis que pusieron de relieve el alcance mundial de tales redes a través de plataformas en línea. Por último, en Estados Unidos, incidentes como el vandalismo, el terrorismo y la violencia contra comunidades marginadas pusieron de relieve el peligro persistente y cambiante que suponen las ideologías de extrema derecha. Todos estos incidentes en distintos países ilustran la naturaleza polifacética del extremismo y la violencia de extrema derecha”.

Memoria y lucha contra la radicalización: los principales objetivos de las organizaciones de víctimas del terrorismo

Desde las asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite y la AVT se reivindica la necesidad de escuchar a las víctimas para que el relato de lo sucedido no se contamine.

“Hoy queremos reivindicar que el “legado” de las víctimas del terrorismo no es sólo recordarlas con homenajes y actos de reconocimiento una o dos veces al año, sino que consiste en conocer de primera mano los testimonios y relatos de las víctimas del terrorismo para poder construir con bases firmes la verdadera historia del terrorismo. Así y sólo así podemos garantizar que el pasado no vuelva a repetirse, porque solo con la voz y experiencia de las víctimas podremos construir una sociedad sana”, se lee en el comunicado de la AVT.

Por su parte, Covite ha impulsado el “mapa del terror”, en el que se identifican 1294 víctimas del terrorismo en España, que incluyen cientos de víctimas de la organización terrorista ETA, del GRAPO, del FRAP, de Terra Lliure o de la extrema derecha. Se trata de “una herramienta imprescindible para la memoria de todas las víctimas de todos los terrorismos”, han señalado hoy en la cuenta de X (antes Twitter de la asociación).

Mapa de víctimas del terrorismo en España. (Foto: Covite)

En España existen múltiples asociaciónes y fundaciones de víctimas del terrorismo. Según el Observatorio Internacional del Terrorismo “distintos estudios ponen de manifiesto que gran parte de la población desconoce la historia del terrorismo y la identidad de sus víctimas. Una de las causas de este desconocimiento se debe a que los análisis sobre el fenómeno terrorista no se hacen desde la perspectiva de las víctimas”.

España, en nivel de alerta alto

Desde el 26 de junio de 2015, España se encuentra en nivel de alerta antiterrorista 4, considerado como alto y previo al último escalón, el nivel 5 o muy alto. Cada nivel lleva aparejada la inmediata puesta en marcha de un grupo de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza.

Según se explica en el portal del Ministerio del Interior, “la activación de cada NAA depende de la valoración de la amenaza y otras circunstancias asociadas a la misma. Por un lado, la amenaza se valorará en función de la intención, la capacidad y la probabilidad de comisión de un atentado terrorista. Por otro, su correlación se valorará en función de la vulnerabilidad de los potenciales objetivos de ataque y su posible impacto o repercusión”. Los Niveles de Alerta Antiterrorista fueron introducidos en España por primera vez por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 9 de marzo del 2005 como consecuencia de los atentados ocurridos en Madrid del 11 de marzo del 2004.

Nivel alerta antiterrorista. (Imagen: Ministerio del Interior)

El terrorismo en el Código Penal

 El artículo 573 del Código Penal establece que se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; alterar gravemente la paz pública; desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional; Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Las penas de prisión van desde los 8 a los 14 años para los directivos de las organizaciones terroristas y de 6 a 12 para quien forme parte de la organización en cargos inferiores, teniendo en cuenta la estructura funcional de la misma. Se han tipificado delitos relativos al traslado para unirse a un grupo terrorista o realizar actos terroristas 575, con penas que van de 2 a 5 años de prisión. También se castiga la colaboración, ya sea conductas operativas para las acciones terroristas o de encubrimiento; o colaborando con material (576 y 577). El 578 pena con entre 1 y 3 años el enaltecimiento del terrorismo, lo que ha sido objeto de controversia cuando se han considerado invadidos los límites de la libertad de expresión.

Hay quien, como el penalista Manuel Cancio, considera que en materia de terrorismo, se ha hecho uso del denominado derecho penal del enemigo, caracterizado por anticipar las barreras de punición, endurecer las penas y empeorar el estatus procesal de las personas investigadas por este tipo de delitos. La prisión preventiva se puede alargar en estos casos y para los miembros de grupos terroristas, el tope de cumplimiento efectivo en las penas privativas de libertad alcanza su máximo, con hasta 40 años en los casos más extremos. A juicio de este penalista, se ha recurrido al populismo punitivo con demasiada frecuencia y señala que tras las reformas de 2003 y 2010, en el año 2015 hay un cambio radical en este sentido.