PERO GRULLO DE ABSURDISTÁN
El futuro del Valle de los Caídos, ahora denominado Cuelgamuros, se ha convertido en un punto de fricción constante entre el Gobierno de Pedro Sánchez y diversos sectores de la sociedad, especialmente aquellos ligados a la fe católica. La decisión del Ejecutivo de «resignificar» el monumento, enmarcada en la Ley de Memoria Democrática, ha generado un profundo debate sobre la memoria histórica, la reconciliación y el papel de la Iglesia en la sociedad española.
La Conferencia Episcopal Española (CEE), liderada por el cardenal José Cobo, ha respaldado las negociaciones con el Gobierno, argumentando que el acuerdo alcanzado garantiza la preservación de los elementos esenciales del lugar: el culto en la basílica, la permanencia de la comunidad benedictina y la integridad de la Cruz, el símbolo cristiano más grande del mundo.
Sin embargo, esta postura ha sido duramente criticada por numerosos fieles y organizaciones católicas, que ven en la «resignificación» una profanación encubierta y una cesión inaceptable ante un Gobierno al que acusan de «cristófobo» y de pretender reescribir la historia a su conveniencia.
Monseñor Francisco César García Magán, secretario general de la CEE, ha defendido la postura de la Iglesia, argumentando que el acuerdo protege lo fundamental y evita escenarios aún más desfavorables, como la desacralización total de la basílica y la expulsión de los monjes.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha denunciado que el Gobierno está utilizando la «resignificación» del Valle como una estrategia de distracción para desviar la atención de sus múltiples casos de corrupción. Según Castellanos, el Ejecutivo está dispuesto a gastar 30 millones de euros del dinero de todos los españoles, a arrogarse competencias que no le corresponden e incluso a acabar con la Cruz más grande del mundo con tal de seguir en el poder.
Esta visión es compartida por otros sectores críticos, que acusan al Gobierno de pretender imponer un relato sesgado y partidista sobre la Guerra Civil y el franquismo, silenciando o minimizando el sufrimiento de las víctimas del bando republicano y convirtiendo el Valle en un mero «parque temático» de la memoria histórica.
En respuesta a los planes del Gobierno, miles de fieles se han movilizado para defender el carácter religioso y reconciliador del Valle. Las misas multitudinarias celebradas en la basílica han sido una muestra de rechazo a la «resignificación» y un acto de reafirmación de la fe católica.
Los manifestantes, que han llegado a colapsar los accesos al Valle, han expresado su indignación por lo que consideran una profanación de un lugar sagrado y un ataque a la libertad religiosa. Algunos han llegado a comparar la actitud del Gobierno con la de los talibanes que destruyeron los Budas de Bamiyán, acusándolo de vandalismo cultural e ideológico.
La figura del Padre Santiago Cantera, prior del Valle hasta su reciente relevo, se ha erigido como un símbolo de resistencia frente a la presión política y la tibieza de la jerarquía eclesiástica. Su defensa firme y valiente del Valle ha sido reconocida y agradecida por miles de católicos, que lo consideran un héroe y un ejemplo a seguir.
El futuro del Valle de los Caídos, ahora Cuelgamuros, sigue siendo una incógnita. El Gobierno, con el respaldo de una parte de la Iglesia, pretende transformarlo en un «espacio de memoria democrática», donde se honre a las víctimas de la Guerra Civil y se promueva la reconciliación.
Sin embargo, muchos temen que esta «resignificación» se convierta en un instrumento de revancha y división, que agrave las heridas del pasado y aleje aún más a los españoles. La clave para evitar este escenario reside en la capacidad de diálogo y respeto mutuo entre todas las partes implicadas, así como en la voluntad de construir una memoria histórica inclusiva y veraz, que reconozca el sufrimiento de todas las víctimas y evite la instrumentalización política de la fe y la memoria.
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