España es hoy un Estado fallido: Sánchez gasta sin control, con tarjeta de crédito sin límite, sin presupuestos y sin vergüenza. Y lo peor es que nadie se inmuta.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

En cualquier democracia que realmente funcione, gobernar sin presupuestos es un acto de irresponsabilidad política y un flagrante incumplimiento de las normas constitucionales. Sin embargo, en la España de Pedro Sánchez, parece que es una práctica aceptada. Desde el 1 de enero de 2024, el Gobierno de Sánchez ha continuado gestionando el país con los presupuestos de 2023 prorrogados, en un contexto marcado por el crecimiento desmedido de la deuda pública, el colapso institucional y la manipulación económica. Este fenómeno no es solo una anomalía técnica, sino una violación estructural del sistema democrático que desdibuja la separación de poderes y atenta contra el principio de control parlamentario.

Desde que empezó 2024, el Gobierno más fanático, ideologizado, intervencionista y disfuncional de la historia reciente —sostenido por una mayoría Frankenstein que hace las veces de bolsa de plasma parlamentaria— ha decidido gobernar sin nuevos presupuestos. ¿La excusa? “No se dan las condiciones políticas”, «sería una pérdida de tiempo…» según dicen. ¿La verdad? No le salen los votos… ni los números… y las caras de los miembros del gobierno son de hormigón.

Gobernar sin presupuestos: un golpe bajo al parlamentarismo

El artículo 134 de la Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del 1 de octubre de cada año. Este procedimiento es fundamental para garantizar la rendición de cuentas pública, la transparencia fiscal y la fiscalización parlamentaria de la acción gubernamental. La prórroga automática de los presupuestos, que se aplica de facto desde 2023, no es solo un subterfugio jurídico, sino un parche autoritario que impide que el Parlamento cumpla con su función fundamental: la supervisión del gasto público.

Sin embargo, en España, gobernar con presupuestos prorrogados se ha convertido en una estrategia cómoda para un Ejecutivo que evita el debate fiscal y los ajustes de cuentas. Con este modus operandi, el Gobierno se ha deshecho de la obligación de presentar un presupuesto que se ajuste a la realidad económica, y en lugar de eso, se ha lanzado a gestionar el gasto a golpe de decretos, fondos europeos no auditados y modificaciones presupuestarias a discreción.

No se puede olvidar que en un régimen parlamentario, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la ley más importante del año. No son una formalidad: son el acta de intenciones económicas y políticas del Gobierno, el instrumento que permite fiscalizar su gestión y una prueba de su legitimidad para seguir gobernando.

Cuando un Ejecutivo no logra aprobarlos, lo que correspondería en una democracia que realmente funciona sería convocar elecciones. Pero aquí, no. Aquí se tira de la «prórroga automática», se parchea con decretazos, se juega al trile con fondos europeos y se reparten subvenciones a discreción como si fueran caramelos en una romería clientelar.

La estafa de los presupuestos prorrogados

El gobierno de España lleva prorrogando presupuestos con inquietante alegría desde la legislatura anterior. De hecho, desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa gracias a una moción de censura urdida en despachos más oscuros que democráticos, solo se han aprobado presupuestos en 2021 y 2022. Los de 2023, todavía vigentes, son una reliquia de un país que ya no existe: antes de la inflación desbocada, la recesión técnica y la parálisis institucional.

La prórroga de presupuestos es, de hecho, una forma encubierta de derroche, de despilfarro descontrolado. En 2024, más del 20% del gasto público ha sido ejecutado por vías no presupuestarias, lo que se traduce en un aumento de la opacidad fiscal y una pérdida de control democrático. En lugar de ajustarse a un plan económico claro y aprobado por las Cortes, el Ejecutivo recurre constantemente a modificaciones presupuestarias, decretos-ley y transferencias arbitrarias, sin que el Parlamento tenga voz ni voto en esas decisiones.

Según el Tribunal de Cuentas y la AIReF (Autoridad Independiente de Recaudación Fiscal, entidad gubernamental que supervisa el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de las administraciones públicas en España y que tine como principal objetivo garantizar que las políticas fiscales se ajusten a los objetivos de estabilidad y que las administraciones públicas cumplan con sus compromisos financieros), la ejecución presupuestaria de 2024 está caracterizada por un alto grado de descontrol, lo que pone de manifiesto la improvisación y la falta de un plan fiscal perdurable. Esta falta de previsión está minando la legitimidad del sistema parlamentario y creando un vacío en el que el Gobierno actúa de manera casi unilateral, con escasa o nula intervención del Parlamento. En lugar de rendir cuentas, se acumulan los decretos-leyes y las modificaciones sin debate, en clara contravención del artículo 86 de la Constitución Española, que limita el uso de los decretos-leyes a los casos de «extraordinaria y urgente necesidad».

Mientras todo esto sucede, el Gobierno sigue gastando a manos llenas, como si tuviera cheques en blanco ilimitados. ¿Cómo? Mediante modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios, fondos europeos mal auditados y un uso obsceno del decreto-ley, convertido en sucedáneo autoritario del parlamento. Solo en 2024, más del 20% del gasto ha sido ejecutado por vías no presupuestarias. El número de reales decretos-ley aprobados en esta legislatura ya supera los 130, un récord absoluto.

El Parlamento: un convidado de piedra

El modelo de gobernanza que Sánchez ha impuesto a España, basado en la gestión por decreto y el uso de presupuestos prorrogados, convierte al Congreso de los Diputados en un mero decorado institucional. La falta de debate real sobre los recursos públicos convierte al Parlamento en un órgano simbólico, sin capacidad de fiscalizar ni controlar adecuadamente las decisiones económicas y fiscales del Ejecutivo. Este deterioro de las funciones del Congreso y el Senado refleja una de las principales fallos del sistema democrático actual: la erosión de la separación de poderes.

A escala europea, esta falta de rendición de cuentas ha generado fuertes críticas. Bruselas ya ha expresado su preocupación por la falta de un plan fiscal creíble en España. El Comité de Economía y Finanzas de la Unión Europea ha señalado que las prórrogas de los presupuestos, sumadas al elevado nivel de deuda pública, son un freno a las reformas estructurales necesarias para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

La deuda: la gran mentira que se esconde detrás del gasto

Uno de los efectos más perniciosos de gobernar sin presupuestos es el incremento insostenible de la deuda pública. En estos momentos, la deuda pública española se acerca peligrosamente a los 2 billones de euros, lo que representa más del 110% del PIB. En otras palabras, España está gastando más de lo que ingresa, y este desequilibrio se financia con deuda externa y fondos no auditados, lo que convierte a las generaciones futuras en prisioneras de un sistema financiero desmesurado.

La AIReF y el Banco de España han alertado de la necesidad de un plan de consolidación fiscal que incluya un recorte del gasto público y un ajuste fiscal para evitar una crisis de solvencia. Sin embargo, el Gobierno prefiere evitar el debate fiscal y mantener el statu quo de la deuda a través de subvenciones, fiscalidad regresiva y gasto improductivo.

Una anomalía constitucional: ¿y el artículo 134 CE?

El artículo 134 de la Constitución Española establece que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales antes del 1 de octubre para su tramitación parlamentaria. No se trata de un trámite decorativo: es una obligación jurídica y política que garantiza el principio de anualidad presupuestaria, la separación de poderes y la rendición de cuentas democrática.

Al no cumplir con esta obligación, y al gobernar mediante prórrogas sucesivas y decretos-ley, el Ejecutivo vulnera el espíritu y la letra del parlamentarismo. El artículo 86 de la Constitución impone límites claros al uso del decreto-ley, reservándolo para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. ¿Es extraordinaria y urgente la política clientelar de subsidios y subvenciones arbitrarias? ¿Lo es financiar con cargo a fondos europeos un chiringuito ideológico sin fiscalización parlamentaria?

En ningún país serio se toleraría esta desviación institucional sin consecuencias políticas. En Alemania, Austria o Suecia, la no aprobación de los presupuestos implica directamente la caída del gobierno o la repetición electoral. Incluso en Estados Unidos, donde el presupuesto federal puede bloquearse por el Congreso, ello genera un shutdown gubernamental, cierre de la Administración o cierre del Gobierno, una situación en la que el gobierno suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como «esenciales» con consecuencias inmediatas: suspensión de salarios públicos, cierre de agencias, bloqueo operativo, etc. En España, sin embargo, se ha normalizado el golpe presupuestario blando como si fuera una astucia política más.

Un país intervenido… sin que lo parezca

Lo que hay debajo de esta anomalía es más grave aún: España ya no tiene control democrático real sobre su política fiscal y económica. La deuda pública supera el 110% del PIB. La AIReF advierte de que no hay un plan creíble de consolidación. Bruselas ha reactivado las reglas fiscales, pero Sánchez juega al póker con cartas marcadas y pinta de que ni piensa cumplir ni piensa explicar por qué.

Somos un país intervenido en la práctica, pero con la diferencia de que en lugar de que nos impongan reformas, el gobierno prefiere el caos discrecional: gasta lo que no tiene, regala lo que no produce, y endeuda a generaciones enteras para comprar el aplauso de minorías ideologizadas y territorios chantajistas.

La consecuencia: degeneración institucional y ruina programada

Sin presupuestos, el Congreso pierde el control sobre el Gobierno. No hay debate sobre prioridades. No hay fiscalización del gasto. No hay transparencia. En su lugar, hay opacidad, despilfarro y un uso populista de los recursos públicos con fines puramente electorales. La AIReF y el Tribunal de Cuentas han alertado del uso abusivo de modificaciones presupuestarias y transferencias sin control parlamentario.

Y lo peor es que la oposición no lo denuncia con la contundencia debida. ¿Dónde están las portadas en los medios de información? ¿Nadie se escandaliza? Nos hemos acostumbrado a la excepcionalidad como si fuera normal. Pero no lo es. Un gobierno que gobierna sin presupuestos no gobierna: sobrevive, abusa, improvisa y huye hacia adelante.

La descomposición institucional

El uso de presupuestos prorrogados también ha desencadenado una crisis de confianza en las instituciones del Estado. El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas han expresado su preocupación por el uso abusivo de los decretos-ley, lo que supone una vulneración del principio de legalidad y la autonomía parlamentaria. Además, la opacidad fiscal y el uso arbitrario de los fondos europeos están contribuyendo a una creciente desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La gran estafa democrática

Lo que está ocurriendo en España no es una anécdota técnica ni un error administrativo. Es una estafa política colosal: el Ejecutivo rehúye el control parlamentario y se mantiene gracias a pactos inconfesables, cesiones ilegítimas y una ausencia total de proyecto económico.

No hay hoja de ruta. No hay horizonte fiscal. No hay responsabilidad. Solo hay cálculo partidista, huida hacia adelante y un desprecio absoluto por las reglas del juego.

Conclusión: ¿Es realmente una democracia la actual situación existente en España?

En un contexto de crecimiento económico anémico y con una deuda pública fuera de control, gobernar sin presupuestos no solo es una muestra de incompetencia, sino un ataque directo a las instituciones democráticas. En lugar de enfrentarse a la realidad fiscal, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere seguir gestionando el país con parches autoritarios y opacidad institucional.

Si los ciudadanos españoles no exigen un cambio estructural, si no se pone fin a este ciclo de derroche y corrupción, España es seguro que acabará sufriendo una crisis política y económica aún más profunda. La prórroga de presupuestos no es solo una táctica administrativa, es un síntoma de la degeneración institucional que está socavando las bases del estado democrático y de derecho.