España necesita urgentemente que se cree un «Bloque de Derechas» para poder derrotar al gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Carlos Aurelio Caldito Aunión

Tras redactar el presente artículo y cambiar impresiones con algunos de mis amigos y conocidos, me dicen que la principal destinataria del mismo debería ser Cayetana Álvarez de Toledo que, suscita algo más que simpatías en todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, calificables de derechas, y que es seguro que sabrá poner en acción sus enormes capacidades para encabezar ese urgente y necesario Bloque de Derechas del que hablo en el texto… Así que, a ella dirijo el artículo y a cuantos políticos de derechas aún sigan siendo generosos y puedan estar dispuestos a sumarse a la iniciativa.

Después del debate “cainita” sucedido en el Congreso de los Diputados de España, esta semana que hoy termina, en el que Pablo Casado y Santiago Abascal se han despedazado, para jolgorio y alegría del gobierno frente-populista, social-comunista, apoyado por separatistas y etarras; cualquiera que se considere un buen español estoy seguro que pensará, hoy más que nunca, que si se quiere vencer a los gángsteres que nos malgobiernan y que nos llevan a la ruina, hay que evitar por todos los medios que, la derecha española vaya desunida en las próximas elecciones que, se acabarán convocando cuando menos nos lo esperemos…

La única opción que tienen quienes hoy día se reconocen como gente de derecha en España, es poner en marcha un proyecto político a la manera de la CEDA, de la segunda república, hablo de una iniciativa imprescindible, pues, sin duda España está en un momento en el que más que nunca, se necesita una agrupación política que aglutine a todos los españoles decentes, a los que no tienen complejos y afirman sin tapujos que son de derechas, liberal-conservadores, democristianos, social-cristianos… a los españoles decentes que, no se sienten representados en las instituciones, a los españoles decentes que consideran que todas las opciones políticas han renunciado a todo lo que muchos consideramos irrenunciable.

En estos momentos en los que los españoles decentes, están amedrentados, acobardados; cada vez son más los que acaban llegando a la conclusión de que las terribles circunstancias que sufren España y los españoles, se podían haber evitado si en las últimas, las penúltimas y las antepenúltimas elecciones generales, regionales y municipales, las diversas “derechas” hubieran ido juntas, coaligadas. Es más, somos muchos los que consideramos que, hay que hacer algo ya, sin aplazamientos, para crear, poner en marcha una alternativa al gobierno frente-populista de Sánchez e Iglesias; y mañana es posible que empiece a ser demasiado tarde…

Hoy más que nunca, urge que alguien, algunos, encabecen una agrupación política, un bloque de derechas, con aspiración de ser una organización de masas, con el objetivo claro y rotundo de ser una opción de gobierno, de manera que España vuelva al buen camino, recupere la sensatez, y abandone la ruta emprendida por el gobierno frente-populista, social-comunista, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Indudablemente, esa organización debería estar dirigida por personas capaces de ilusionar, de seducir y de movilizar a los buenos españoles, a los españoles decentes. ¿Quién será, quién habría de ser el nuevo “José María Gil Robles” que tenga el carisma, el magnetismo necesario para encabezar esa nueva CEDA, esa “nueva derecha”? Bien, aunque sea muy importante, lo dejaremos para más adelante…

Esa nueva derecha de la que venimos hablando, debe tener un proyecto claro, rotundo en el que se prevea la reforma de todo lo que, necesita ser reformado en el estado del bienestar, que en España es mucho.

Esa nueva derecha española no debe tener ningún reparo, ningún complejo en cuestionar, y llegado el momento enfrentarse al consenso socialdemócrata, al acuerdo, más o menos tácito, respecto de que los derechos individuales pueden ser violados en nombre del “bien común”, del “interés colectivo” –como ha sucedido durante el estado de alarma que hemos sufrido durante meses, debido a la epidemia del coronavirus- ese consenso de los diversos partidos con representación en el parlamento que, cuando gobiernan les lleva a violar los derechos individuales (el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad) a través de impuestos, redistribución de riqueza, y regulaciones de todo tipo, aunque hasta ahora ningún gobierno haya llegado a los extremos de los regímenes totalitarios del siglo XX, pese a que algunos como PSOE y Podemos no tengan recato alguno en manifestar claramente sus simpatías hacia ellos.

Esa nueva derecha debe expresarse sin rodeos, sin complejos, sin miedos de clase alguna respecto de que, eso que algunos denominan de forma despectiva “el capitalismo”, la economía de libre mercado, que en lo político se traduce en una “democracia liberal”, es el único sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo el derecho a la vida y a la propiedad.

La economía de libre mercado es la única forma de organización social que, ha sido inventada hasta la fecha para que sean respetados nuestros derechos inalienables a la vida, la libertad, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad.

Por supuesto, hablar de capitalismo, de economía de libre mercado, de democracia liberal es hablar también de gobierno limitado. De un gobierno cuya función es proteger nuestros derechos individuales e impedir que sean violados por agresores nacionales o extranjeros. Capitalismo, economía de libre mercado significa un escrupuloso respeto a la propiedad y a la iniciativa privadas, rigiendo el principio de mínima intervención gubernamental; hablamos de un régimen político, una forma de organización social en la que el estado y la economía gozan de separación, comparable a la separación de la religión y el estado.

Ese bloque de derechas, esa nueva CEDA, debe tener muy claro que, en un régimen de democracia liberal y de economía de libre mercado, en el que exista una estricta separación de estado y economía, los gobernantes no deberán dar trato de favor, proteger ninguna actividad amparándose en el interés colectivo, en el bien común, o subterfugios por el estilo; debe regir el principio de “mínima intervención gubernamental” y tenderse a separar economía y gobierno, para que los privilegios dejen de existir o sean los menos posibles.

Las cuestiones más evidentes que, por desgracia mucha gente ha dejado de tener en cuenta, e incluso de “creer” en ellas, son generalmente las más difíciles de explicar y de lograr que a uno le presten atención. Yo, cada vez que se habla de gestión de lo público, siempre pongo de ejemplo la gestión de una comunidad de propietarios, en cualquiera que sea, los comuneros siempre procuran aplicar criterios de economía doméstica, y cuando se habla de gastar, la gente busca la manera de que se contraten los bienes y servicios imprescindibles para el mantenimiento de los elementos comunes, a la vez que se intenta que el gasto sea el menor posible. En cualquier comunidad de propietarios no duraría mucho tiempo un administrador y, tampoco una directiva, que despilfarre, desatienda el mantenimiento de los elementos comunes, y esté corrompida, al menos que recurran a algún método de violencia con los vecinos.

 Pues sí, a la Nación Española hay que considerarla como una “macro-comunidad de propietarios y de vecinos”, en la que el presidente del gobierno debe hacer las veces de “Administrador de fincas” con la colaboración del restos de ministros.

Los propietarios de viviendas en España, en régimen de propiedad horizontal tienen la obligación de contribuir al mantenimiento de los servicios o elementos comunes en la proporción que establecen las escrituras de sus casas, que fija el porcentaje de participación de la vivienda en las cargas de la comunidad.

Las personas que viven España también están obligadas a contribuir al mantenimiento de los servicios y elementos comunes, en proporción a lo que establecen los gobernantes de forma generalmente arbitraria.

Tal como ocurre en algunas comunidades de vecinos, también los españoles tienen la sensación de que pagan cuotas elevadísimas, porque se elaboran presupuestos que suelen estar inflados y los gestores de sus dineros son unos despilfarradores y manirrotos.

Las comunidades de vecinos habitualmente están administradas por un profesional que cobra sus honorarios y presta un servicio a todos los propietarios, y a todos ellos debe de rendir cuentas, pues son quienes lo eligen. En España “el administrador de fincas”, o sea, el presidente del gobierno, cobra unos honorarios que al parecer de muchos no hace méritos suficientes para ganárselos, no suele estar al servicio de quienes lo eligen, y además no tiene la sana costumbre de rendir cuentas.

La figura se llama “administrador de fincas”, y es una pieza clave en el engranaje de las comunidades. Si es un buen profesional, velará por los intereses y los dineros de los dueños de las casas. ¡Ojo!, estas personas son administradores de dineros ajenos, no propios, y su trabajo obedece a un “mandato” de la Junta de Propietarios, que es el único órgano soberano de gobierno de las comunidades de vecinos, que decide sobre el destino de los fondos comunes.

En España, los diversos presidentes del gobierno habidos durante las últimas décadas que, se supone que han de hacer de “administradores de fincas”, han demostrado, todos sin excepción que no son buenos profesionales (y que tampoco se han rodeado de un grupo de buenos gestores, ni los han elegido teniendo en cuenta su capacidad o mérito de alguna clase, aparte de ser “amigos suyos” o miembros de su agrupación política); y para recochineo no velan por los intereses de todos los españoles, y menos por el buen uso de los dineros que todos aportamos a las arcas públicas, pues al parecer aún no se quieren enterar de que son administradores de dinero que no es suyo, y que quienes viven en esa “macro-comunidad de propietarios y vecinos” que es España son los únicos que deben decidir qué destino se le da…

Al parecer, a los diversos presidentes del gobierno que, se han ido sucediendo durante décadas, aún no acaba de entrarles en la mollera que son nuestros empleados, trabajadores a nuestro servicio, al servicio de los españoles, que debe cumplir fielmente con el cargo para el que ha sido elegido –por los vecinos- y por supuesto, rendir cuentas a la comunidad de todo lo que hace.

Un buen presidente del gobierno –tal como haría un buen administrador de fincas- envía información contable periódica a todos los propietarios y vecinos, informándoles del estado de cuentas de la comunidad. Un buen gestor de dineros ajenos es el que comunica a los administrados el estado de cuentas, de manera que cada vecino sabe en todo momento la situación económica de la nación, pues todos los ciudadanos tienen derecho a conocer con exactitud si la totalidad de los ingresos y gastos están adecuadamente reflejados en facturas o documentos justificativos similares…

Un buen presidente del gobierno –como haría un buen administrador de fincas- sigue criterios contables uniformes y comúnmente aceptados para la elaboración de los Presupuestos del Estado y la llevanza de los libros de ingresos y gastos.

Un buen presidente del gobierno, como haría un buen administrador de fincas, pide siempre varios presupuestos a diversos profesionales del ramo cuando hay que ejecutar obras o mejoras en elementos comunes y, por supuesto, no se gasta un euro sin pedir autorización previa, sin consultar a los propietarios de esos dineros,… también, un buen administrador no negocia para sí mismo comisiones con los proveedores que trabajan para los ciudadanos, cuyos dineros él administra, porque es absolutamente inmoral, además de ser delictivo.

Un buen presidente del gobierno es el que gestiona de manera transparente, clara y veraz las cuentas y los dineros públicos, sin que pueda generarse la más mínima sombra de sospecha sobre su honestidad.

Un buen gestor de dineros ajenos ahorra costes a los ciudadanos, evita conflictos, resuelve problemas y es un gran mediador a la hora de solucionar discrepancias o asuntos que se enredan por la sana disparidad de criterios entre quienes habitan en la nación, y quienes nos honran con su presencia y nos visitan diariamente.

Y, para que tengamos un buen gestor al frente del Gobierno de la Nación Española, es imprescindible que sea una persona de probada experiencia, con un currículo exitoso, como gestor de dineros ajenos en la empresa privada; pues, a estas alturas es de sobra conocido que ningún político de los que forman parte de los diversos partidos con presencia en el Congreso de los Diputado, ha dado un palo al agua en su vida adulta, todos (salvo honrosas excepciones) son miembros de la casta extractiva, parasitaria: hijos, amigos, hermanos, cuñados… de eso que se denomina “la clase política”, cuyo único objetivo es formar parte de las diversas instituciones para seguir viviendo de nuestros impuestos.

Si lo que se pretende, una vez superada la pandemia del coronavirus, es volver a poner en marcha nuestro sistema productivo, y crear riqueza; poner a España en el camino de lograr un desarrollo sólido y perdurable (“sostenible” lo llaman ahora), es imprescindible promover la salud de las instituciones “democráticas”, y evitar/erradicar situaciones de dependencia asistencial, de clientelismo-servilismo, “estómagos agradecidos”, servidumbres más o menos voluntarias, como el “ingreso mínimo vital” o cosas por el estilo…

Otra premisa imprescindible es que el nuevo gobierno, de salvación nacional, habría de estar obligado a no usar de forma arbitraria el presupuesto, y por supuesto, a no despreciar de ningún modo la legalidad vigente, o boicotear la seguridad jurídica; de modo que se evite espantar las inversiones, ya sea de españoles o de emprendedores extranjeros, y por el contrario, recibirlas con los brazos abiertos. Es la única manera de poner a España, y a los españoles, nuevamente en el camino del bienestar y del crecimiento,… Es imprescindible que, el gobierno de salvación nacional sea un gobierno previsible, para que acabe infundiendo confianza. Y para ello, sólo posible gente capacitada, con experiencia exitosa, sobradamente probada, en gestión de dineros ajenos, y que, no tenga intención de hacer carrera en la política, para hacerse de un patrimonio.

A nadie medianamente informado se le escapa que, España necesitará ser rescatada económicamente, y evidentemente, con los actuales gobernantes, las autoridades de la Unión Europea no lo harán, pues saben sobradamente que no son los más indicados para salir del atolladero. Por ello es imprescindible que quienes negocien ese rescate, deben ser gestores que inspiren confianza, debido a su –insisto- probada experiencia en la gestión de dineros ajenos.

Ese nuevo gobierno, al cual debe aspirar esa nueva derecha, dirigida por una persona de probada experiencia, con un currículo exitoso, como gestor de dineros ajenos en la empresa privada, deberá emprender, también, acciones para acabar con la situación –crónica- de absoluto desprecio hacia el orden legal que, se viene practicando en España desde hace ya demasiado tiempo, por parte de quienes nos mal-gobiernan, que consideran que la ley es apenas un traje que se ajusta a su gusto y medida.

Ni que decir tiene que, ese nuevo gobierno al cual debe aspirar esa nueva derecha, impedirá por todos los medios a su alcance crear falsos debates acerca de cuál es el mejor régimen político, y de cómo ha de ser la jefatura del Estado, y, por supuesto, no cuestionará que la Monarquía es una seña de identidad de la Nación Española, y árbitro y factor de estabilidad, como se ha demostrado a lo largo de la historia de España…

Y, ya para terminar, permítanme una última reflexión:

¿No sería cuestión de tomarse en serio lo de instituir alguna clase de “educación cívica y para ser buenos ciudadanos”, de poner en marcha un “Plan de Alfabetización y Educación para la Honradez y la Decencia”?

Carlos Aurelio Caldito Aunión.

Director de VOZ IBÉRICA.

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