ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ. QUINCUAGÉSIMO CUARTA PARTE.- Acerca de los impuestos de “sucesiones”, “donaciones”, “plusvalías” y otros tributos confiscatorios cuyo único fin es seguir manteniendo a las oligarquías de los cárteles mafiosos que nos gobiernan.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Las diversas formas –posibles- de gobierno fueron ya expuestas por Aristóteles (384-322 a.C.) en sus ocho libros acerca de la “Política”, hasta tal punto que sus reflexiones han sido repetidas durante siglos sin apenas variaciones. También en este asunto Aristóteles parece que dejó claramente definidas, para siempre, algunas categorías fundamentales de las que nosotros, herederos de la civilización grecolatina y judeocristiana, continuamos sirviéndonos para comprender la realidad.

Aristóteles hace hincapié en que los gobiernos deben tener como objetivo el interés general, el bien común, y advierte de que los que tienen como objetivo intereses particulares, o de una minoría por mayoritaria que sea, no son formas de gobierno correctas, admisibles moralmente ni en ningún sentido. También nos alerta acerca de las  degeneraciones de las formas correctas de gobierno (las que no tienen como objetivo el bien común): la tiranía de la monarquía, la oligarquía de la aristocracia, y la oclocracia de la democracia (aunque mejor habría que hablar de republicanismo más que de «democracia», pues hay escritos de Aristóteles en los que equipara democracia a gobierno de una muchedumbre ruidosa, a la oclocracia).

La oclocracia es el gobierno de la muchedumbre, es decir, la muchedumbre, masa o gentío; la palabra tiene connotaciones de desorden, tumulto, irracionalidad, incompetencia, insipiencia, ignorancia, irresponsabilidad y degradación del ejercicio del poder político. Oclocracia es el poder de una muchedumbre ruidosa, inculta y con ánimo de venganza.

Decía Averroes –seguidor de Aristóteles- que “la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio, y el odio lleva a la violencia.”

Efectivamente, ahí estamos, en la situación que describen tanto Aristóteles como su discípulo Averroes. España sufre una situación de “oclocracia”, un régimen político de partido único multimarca (PP, PSOE, CIUDADANOS, PODEMOS, VOX, etc.) cuyo ideario es el “consenso socialdemócrata”, en el que los partidos políticos miembros del pacto socialdemócrata, que coinciden en casi todo y apenas discrepan en nada, hacen como que son contrincantes a la manera de un espectáculo de “Pressing Catch”, y periódicamente se alternan en el poder dependiendo de la cantidad de ruido que sean capaces de hacer, ellos y sus seguidores, para crear entre otras cosas, alarma social.

Los partidos del consenso socialdemócrata repiten una y otra vez que ellos son los mejores gestores y recaudadores de impuestos, y que ellos –solo ellos- tienen voluntad de acabar con la corrupción, con el fraude fiscal,… y un largo etc. y que “los otros” son iguales de manirrotos, despilfarradores y corruptos.

Todos ellos coinciden en que hay que perseguir y castigar a los ciudadanos que producen bienes y servicios (y a sus descendientes), sí, han leído bien: castigar a quienes producen bienes y servicios, expropiarlos, hacerlos víctimas de múltiples privaciones. Todos ellos coinciden en que hay que expoliar a quienes consiguen ahorrar, a quienes consiguen legítimamente adquirir una vivienda o cualquier tipo de propiedad… Todos ellos nos dicen que lo hacen por nuestro bien, por el bien común.

En España cada día es mayor el número de personas que, renuncia a lo que sus familiares más próximos les han dejado en herencia, por la sencilla razón de que tomar posesión de aquello que sus padres consiguieron con múltiples sacrificios, esfuerzos, energías, dedicación al trabajo y a sus familias, les resulta costosísimo, pues si lo hacen están obligadas a pagar enormes cantidades de dinero en concepto de “impuestos de sucesiones”.

El Gobierno social-comunista y los gobiernos de las diversas regiones, de norte a sur, de éste a oeste, en los dos archipiélagos… practican un verdadero expolio con los españoles, pues los expropian –al obligarles a pagar el impuesto de sucesiones- cuando muere un padre de familia, lo vuelve a hacer cuando muere la madre de familia y nuevamente cuando muere uno de los cónyuges… y así una vez tras otra hasta el infinito. Un verdadero robo, sin duda.

Heredar no es una suerte, no es un golpe de fortuna para quienes habitamos en España, una nación en la que sufrimos una de las presiones fiscales más altas de Europa. Sí, los españoles seguimos estando en los primeros lugares de las listas de lo que nadie quiere, de las desgracias que nadie le desearía a su peor enemigo: desempleo, fracaso escolar y abandono temprano de la escolaridad, bajísimo número de nacimientos, envejecimiento de la población, menor renta per cápita, y un largo etc.

También hay que subrayar que, en esto de la fiscalidad en España se incumple sistemáticamente aquello que la Constitución Española afirma de que “todos los españoles somos iguales ante la ley” independientemente de donde se nazca o habite, sin olvidar por supuesto, la situación de especial privilegio, de trato de favor que reciben los vascos y navarros en cuanto a tributación.

En lo que respecta a donaciones, el asunto es el colmo del absurdo, aparte de ser profundamente inmoral, pues mientras que hacer donaciones a los partidos políticos, sindicatos y “oenegés” -que mejor habría que llamar “osígés”- le permite al donante desgravárselo en la declaración de la renta, si uno hace una donación a un familiar, hay que pagar impuestos, o renunciar a la donación, lo cual implica que se la acaba apropiando el gobierno regional o nacional.

Los diversos partidos del consenso socialdemócrata -PP, PSOE, CIUDADANOS, PODEMOS, VOX,…- tienen una idea muy peculiar respecto de poseer rentas, patrimonio; parece ser que son del pensamiento de que quienes logran una propiedad, con grandes esfuerzos, sacrificios y privaciones en la mayoría de los casos; son sospechosos de no se sabe bien qué, y merecen ser sancionados, acosados y perseguidos, en el convencimiento –según demuestran- de que realizar acciones con ánimo de lucro, de enriquecimiento, o ahorrar es un pecado que hay que perseguir con saña.

Los partidarios de estas ideas son los que luego se quejan de que haya quienes busquen la manera de defraudar o acaben trasladando su domicilio fiscal a otros lugares, a los que denominan “paraísos fiscales”, claro que quienes nombran a otros lugares de ese modo, olvidan que la gente huye de determinados lugares -si es que se lo puede permitir, claro- por la sencilla razón de que, esos lugares son “infiernos fiscales”.

Es lamentable que los españoles que, se ven obligados a renunciar a su legítima herencia hayan aumentado de forma exponencial en los últimos años, y que tal circunstancia no tenga visos de parar. En esta misma dirección, también merecen ser mencionados otros impuestos como el de plusvalía, que también está presente cuando alguien desea tomar posesión de lo que le han legado sus padres, o cuando alguien compra una vivienda, o en el caso de que se produzca una donación. Estamos hablando de un impuesto que hace ya un lustro fue declarado inconstitucional, y respecto del que los diversos ayuntamientos parece que no tienen mucha prisa en adaptarlo a la legalidad.

Sería muy extenso hablar de los diversos impuestos que, forman parte de la voracidad recaudatoria de la administración y cuya única intención es poder seguir manteniendo la enorme burocracia de funcionarios y empleados públicos, en muchos casos innecesarios, las diversas empresas “públicas”, fundaciones, organismos autónomos, aparte de poder seguir regando de forma generosa. esplendidamente a las diversas asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro, a los sindicatos, a los partidos políticos, a la legión de “asesores” y “expertos” que supuestamente trabajan para los diversos gobiernos regionales, el gobierno central, los diversos parlamentos regionales, el Congreso de los Diputados y el Senado, y un larguísimo etc. de quienes componen la red clientelar de paniaguados al servicio de los oligarcas y caciques patrios, al servicio de los cárteles mafiosos denominados partidos políticos.

Por supuesto, no podemos terminar sin señalar que un porcentaje muy alto de todos los impuestos con los que nos atracan las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales son eliminables, o como poco posibles de reducir, siempre y cuando también se reduzcan los gastos innecesarios a los que se destina el dinero recaudado.

Aparte de suprimir los impuestos de sucesiones, donaciones, y plusvalía, es imprescindible, en los ámbitos municipal, provincial, insular, regional y nacional tomar medidas tales como:

– Simplificación del IAE (impuesto sobre actividades económicas) y que quienes están obligados a tributar, lo hagan cuando comiencen a obtener beneficios.

– Supresión del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), ya que está absolutamente injustificado gravar con impuestos semejantes actividades.

– Supresión del IVTNU (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), el conocido como plusvalía, puesto que en que la actualidad es una medida confiscatoria y de doble imposición. Ya se paga al adquirir una propiedad (AJD, ITP, IVA, Sucesiones, Donaciones).

–  Reducción subvenciones supuestamente con fines sociales, manteniéndose tan solo aquellas que supongan un beneficio social, siempre bajo un estricto control de su génesis y del coste/beneficio que supongan

– Anulación de las subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pudiendo dedicar este dinero a ayudar a grupos de ciudadanos más necesitados, caritas, comedores sociales, etc.

– Promover la progresiva liquidación de todas las fundaciones, empresas públicas municipales, provinciales, regionales y nacionales y organismos autónomos de las diversas administraciones, para pasar a la gestión directa por parte de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, etc. Rediseñar el sistema desde cero, asumiendo que se cerrarán todas, salvo las que se demuestre que sí son necesarias.

– Supervisión exahustiva, minuciosa de todo tipo de contratación de empresas externas, teóricamente destinadas a prestar servicios a los municipios, diputaciones, administraciones regionales, administración central, etc. para ahorrar gastos innecesarios y sobrecostes.

– Eliminación de los coches oficiales. Los desplazamientos pueden hacerse perfectamente con taxis con licencia en cada zona o mediante transportes públicos.

Y muchas más, de manera que en en España todos los españoles tengamos los mismos derechos, acceso a servicios y prestaciones de igual calidad, y las mismas obligaciones tributarias, vivamos mejor y se gestionen mejor y de forma eficaz nuestros recursos.