ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ. QUINCUAGÉSIMO OCTAVA PARTE.- “Podemos, IU y sus confluencias”: psicópatas y sociópatas que practican la dialéctica de los puños y las pistolas…

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

A finales del siglo XIX se creó en España un grupo de activistas violento, de agitadores y represores con el nombre de “La Partida de la Porra”, según cuentan las crónicas, la partida de la porra estaba al servicio del Partido Progresista español (“LIBERALES”) y empezó a actuar hacia 1870, supuestamente para defender al monarca Amadeo I.

Estaba dirigida por el periodista y empresario teatral Felipe Ducazcal Las Heras (1849-1891) estaba integrada por unos treinta individuos cuya actividad consistía en destrozar las redacciones de los periódicos de la prensa opositora (alfonsinos, moderados, carlistas), boicotear y disolver por la fuerza las reuniones de los partidos políticos moderado y carlista cantando el Trágala (Canción con que los liberales españoles se burlaban de los absolutistas en el siglo xix), dar palizas a los líderes destacados de los mismos y amedrentar a los electores contrarios al Partido Progresista, para lo cual no dudaban en apedrear los cristales de sus casas o las farolas cercanas a ellas, entre otros procedimientos, a veces con la cooperación e incluso con la complicidad de las autoridades civiles… A semejanza de la Partida de la Porra madrileña surgieron otras en las ciudades más populosas de España, con idéntico propósito represivo.

Demos un salto en el tiempo: en la década de los 70 del siglo pasado, se creó en España un grupo parapolicial, también de agitadores y represores, con el nombre de Guerrilleros de Cristo. A lo largo de esa década del siglo pasado surgieron distintas bandas con el objetivo de contrarrestar y combatir a los movimientos antifranquistas que iban apareciendo en el ámbito universitario.

Como consecuencia de sus acciones resultaron muertas unas 66 personas, desde militantes de ETA hasta abogados laboralistas de izquierdas (la «matanza de Atocha») o sindicalistas de la CNT (Caso Scala), pasando por los carlistas asesinados en 1976 durante los denominados sucesos de Montejurra, y ciudadanos que no tenían ninguna relación con la política.

Estas “partidas de la porra” estaban formados por elementos civiles, policías y militares, todos ellos partidarios del régimen del General Franco. Los grupos tuvieron vínculos más o menos estrechos con organizaciones terroristas neofascistas europeas y americanas y también con grupos derechistas legales como Fuerza Nueva. Su objetivo era eliminar a quienes consideraban «enemigos de la Patria» y contribuir a la desestabilización de la naciente democracia. A medida que ésta fue consolidándose, y tras el fallido golpe de Estado del 23-F, fueron disolviéndose. En 1982 ya habían desaparecido.

Son muchos los que afirman que posiblemente algunos antiguos militantes del terrorismo tardofranquista fueron utilizados para crear los primeros Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) utilizados en la lucha “ilegal” contra el terrorismo vasco.

La Constitución Española de 1978 en su Título Preliminar, artículo 6, afirma que:

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”

También la Constitución Española de 1978, en su Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Capítulo segundo. Derechos y libertades. Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, artículo 20, afirma que “se reconocen y protegen los derechos:

1. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
2. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
3. c) A la libertad de cátedra.
4. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”

Demos otro salto en el tiempo:

Pablo Iglesias Turrión promueve el partido globalista-comunista-estalinista “Podemos”, y desde el primer instante, actuando con absoluta impunidad, sus militantes y simpatizantes realizan actos de sabotaje, represión, boicots, o como ellos los denominan: “escraches”, casi a diarios; llegándose a tal punto que pocas son ya las universidades, o colegios profesionales, o asociaciones en los que sea posible disertar refutando el pensamiento único políticamente correcto… Nadie se atreve casi a invitar o acoger a personas que supongan un reto para la partida de la porra podemita, o como ellos dicen «sus confluencias», todo el mundo intenta no sufrir sus iras, o acabar silbados, insultados, zarandeados, escupidos… Raro es el evento que organice gente a los que, los comunistas-globalistas que dirige Pablo Iglesias, y éste mismo hayan señalado como adversarios o “enemigos del pueblo”, en el que los intervinientes no tengan que acabar saliendo por la puerta trasera, escoltados por las fuerzas de seguridad.

Podemos y demás izquierda mamporrera se han convertido en “la partida de la porra”, en “guerrilleros liberticidas” y campan por sus fueros, e impiden toda clase de actos de quienes discrepen de sus postulados.

Han sido tantos los altercados, los actos intimidatorios a lo largo de los años que, darían para escribir un libro. Raro es el día que no se hacen notar. Incluso sus líderes en el Congreso de los Diputados adoptan actitudes macarras y matoniles con bastante frecuencia. Tampoco está de más señalar que, sea por «contagio», sea por simpatías o por aquello de que los comunistas y socialistas sólo se diferencian en que los socialistas son un poco más pacientes, estos últimos también se han apuntado a la algarabía, a los escraches, al acoso a quienes con ellos discrepan, y cuando pierden elecciones, salen a la calle a montar bulla o amenazan de hacerlo, sea de forma directa o utilizando a sus «sindicatos hermanos».

Desde hace ya más de una década se vienen produciendo situaciones realmente preocupantes en lo concerniente a la libertad de expresión, al libre contraste de pareceres, miembros del partido político “podemos” y asociaciones afines (feministas de género, homosexualistas, etc.) tratan de imponer por medios de dudosa legalidad lo que ellos consideran “políticamente correcto” y perseguir, censurar, impedir por todos los medios a su alcance que se divulgue lo que ellos consideran “políticamente incorrecto”, y especialmente actúan con odio, rabia, inquina, saña contra todo aquel que ose cuestionar lo que para ellos es –al parecer- más sagrado: la ideología denominada “perspectiva de género”.

Tal es así que en los últimos meses del año 2016, y durante 2017, hicieron todo lo posible -con absoluta impunidad- para impedir que se presentara públicamente el libro de la profesora Alicia V. Rubio “Cuando nos impidieron ser mujeres… y os persiguieron por ser hombres”. Cuando no conseguieron amedrentar a los organizadores o a quienes ponían a disposición de la autora sus locales, pasaron directamente al boicot, ya fuera impidiendo el acceso de quienes pretendían escuchar a Alicia, o irrumpiendo en el local, con pancartas, silbatos, y cualquier tipo de megafonía, coreando consignas a cual más soez e irrespetuosa, e incluso llegando a zarandear y violentar a alguno de los asistentes.

No es exagerado decir que tales actos intimidatorios recuerdan a las acciones de las “partidas de la porra” y las de los Guerrilleros de Cristo Rey de los últimos años del franquismo y primeros de la democracia.

Lo único que ha cambiado respecto de los años de la llamada “transición” es el sentido de las acciones totalitarias y liberticidas, si entonces los victimarios eran de “extrema derecha” y las víctimas de “izquierda”, ahora es al contrario… pero su mentalidad y sus métodos son idénticos. Claro que, quienes estén suficientemente informados y formados, y no sean víctimas de las “leyes educativas progresistas”, saben sobradamente que el fascismo, el nazimo, el estalinismo y todos los totalitarismos en poco o nada se diferencian, ni en sus principios, ni en sus objetivos, y menos en sus formas de actuación, sea en el camino hacia el poder o una vez alcanzado.

Pese a que los medios de información y creadores de opinión apenas le presten atención al asunto, tanto las universidades, en especial las facultades universitarias de humanidades y ciencias sociales, como cualquieras otras tribunas, están en manos de gente liberticida y bajo el totalitarismo del pensamiento único obligatorio, hace cuarenta años franquista y ahora estalinista-globalista.

Es difícil olvidar como las hordas de Pablo Iglesias Turión impidieron que Rosa Díez (UPyD) diera una conferencia en la Universidad Complutense en 2014, o cuando boicotearan otra conferencia del expresidente del Gobierno Felipe González en 2019… Y nadie hace nada por impedirlo, o castigar a los culpables, y más cuando se pavonean y jactan sin tapujos de sus hazañas, e incluso son jaleados o justificados por bufones, trovadores y demás «opinadores» de las televisiones, radios y diarios afines.

Actualmente se puede afirmar que los actos de sabotaje, represión, boicots, o como ellos los denominan: “escraches”, son casi diarios. Hemos llegado a tal punto que pocas son ya las universidades, o colegios profesionales, o asociaciones en los que sea posible disertar refutando el pensamiento único políticamente correcto… Nadie se atreve casi a invitar o acoger a personas que supongan un reto para la partida de la porra podemita y que puedan sufrir sus iras, o acabar silbados, insultados, zarandeados, escupidos… o tengan que acabar saliendo por la puerta trasera, escoltados por las fuerzas de seguridad.

Podemos se ha convertido en “la partida de la porra”, en “guerrilleros liberticidas” y campa por sus fueros al grito de “fascistas fuera de la universidad”, o “vamos a quemar a la Conferencia Episcopal”, o “arderéis como en el 36”, o “fascistas os tenemos en nuestra lista”… e impide toda clase de acto universitario, o no necesariamente universitario, de que quienes discrepen de sus postulados.

El gazpacho totalitario de “podemos” está cocinado con ingredientes liberticidas de lo más diverso, e incluso opuestos: nacionalistas-separatistas, antisistema, anticapitalistas, anarquistas, troskistas, estalinistas, feministas de género, homosexualistas, islamistas… y todos ellos tienen en común que odian la libre expresión y la civilización occidental judeocristiana, y por supuesto –tal como los hitlerianos- odian a los judíos.

Son tantos ya los altercados, los actos intimidatorios que darían para escribir un libro. Raro es el día en que no se hacen notar. Incluso sus líderes en el Congreso de los Diputados adoptan actitudes macarras y matoniles.

Y, como era de esperar, desde que los secuaces de Pablo Iglesias forman parte del gobierno frentepopulista, apoyado por separatistas y etarras que, encabeza Pedro Sánchez, su actitud matonil se ha acentuado enormemente.

Tampoco les extrañará que, a río revuelto, azuzados por Pablo Iglesias y compañía, gente autoritaria, totalitaria que, se erige en “vanguardia revolucionaria”, energúmenos que se arrogan la representación de la mayoría que, considerarán legítimo el uso de la fuerza, de cualquier clase de estrategia de tipo coercitivo, y cuyas soluciones son fórmulas añejas, ya sobradamente fracasadas, que se resumen en más Estado, más burocracia, más impuestos… consideren contra-revolucionarios a todos aquellos que osen oponérseles, enemigos públicos que “han declarado la guerra a las mayorías sociales del país” y por lo tanto merecedores de ser castigados y reprimidos duramente…

De momento sus  “razzias” no son del calibre de las que emprendían los Guerrilleros de Cristo Rey durante los años 70, aunque ya han pasado a la agresión física cuando salen de cacería, como en el caso de Inma Sequí, presidenta de VOX en  Cuenca en 2015, o el asesinato de Víctor Laíznez por parte del energúmeno Rodrigo Lanza -por llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España, o el caso de la la joven de Murcia a la que apalizó una docena de “antifascistas”, o… Pero, salvo que la autoridad competente les ponga freno, aplicando la Constitución y las leyes, y especialmente la ley de partidos, por desgracia la cosa puede acabar yendo a mayores, todo es cuestión de tiempo.

Se recolecta lo que se siembra y Pablo Iglesias y sus secuaces lo saben sobradamente, es por ello que, emulando a los marxista-leninistas de quienes dicen ser herederos, que en la Segunda República no se privaban de amenazar a sus adversarios, incluso de asesinato, tal cual hicieron con el líder de la oposición, Calvo Sotelo; trate en en la actualidad de amedrentar a sus adversarios y empuje a sus seguidores a acosar, vejar, violentar, apalizar a quienes osen rechistarles.

Tal vez haya llegado el momento de ilegalizar y disolver judicialmente al partido estalinista “podemos”, y a sus “confluencias”, debido a su continua actividad criminal. 

El único partido que fue declarado ilegal en España y disuelto, en las últimas décadas, por vía penal fue el Partido Comunista Español (reconstituido) a través de la Sentencia dictada por la Audiencia Nacional 6287/2006 que declaró su ilicitud penal y lo disolvió, debido a sus vínculos con la organización terrorista Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), dado que los GRAPO eran una asociación ilícita, según los artículos 515 y 520 del Código Penal Español.

Un partido será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos”, según establece la Ley Orgánica de 27 de junio de 2002 de Partidos Políticos. El órgano competente para ello es el Tribunal Supremo

El proceso de ilegalización de un partido puede durar entre cinco y seis meses a partir de la petición formal por parte del Ministerio Fiscal o del Gobierno.

El artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos contempla, como posibles causas para ilegalizar y disolver un partido político que, la organización, sus líderes y miembros vulneren sistemáticamente, las libertades y derechos fundamentales, de forma reiterada y grave; y cuando la agrupación política promueve, justifica o exculpa la violencia en sus múltiples formas: actos de sabotaje, represión, boicots, “escraches”, zarandeos, escupitajos, apedreos y lapidaciones… y, por supuesto, agresiones con daños e incluso con resultado de muerte… También cuando el partido político da apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando sus acciones o exculpando y minimizando su significado.

La Ley de 27 de junio de 2002 de Partidos Políticos también considera ilícitas, y por tanto circunstancias que permiten ilegalizar un partido el fomentar, propiciar o legitimar la violencia, y complementar y apoyar políticamente las acciones terroristas, y, por supuesto, promover, dar cobertura o participar en “homenajes” a los que cometen acciones violentas.

Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y obviamente su disolución: El Gobierno por sí mismo o a instancia del Congreso de los Diputados o el Senado, y también el Ministerio Fiscal.

La disolución del partido debe llevarse a cabo por decisión de la autoridad judicial que, en este caso, se trata de una Sala Especial del Tribunal Supremo.

Durante la tramitación del proceso, la Sala Especial del Tribunal Supremo de España tiene potestad para acordar la suspensión cautelar de la actividades del partido hasta que se dicte sentencia.

Contra esta sentencia sólo cabría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Tras notificarse el fallo en el que se acuerde la disolución, se procedería al cese inmediato de toda actividad del partido y a la liquidación de todos sus bienes.

Como es lógico, la de 27 de junio de 2002 de Partidos Políticos prevé que no se pueda constituir una nueva agrupación política, con distinta denominación, pero sucesora de la actividad de la primera.

Además, de la Ley Orgánica de 27 de junio de 2002 de Partidos Políticos, el artículo 515 del Código Penal Español tipifica el delito de asociación ilícita y considera que, hay que castigar a aquellas asociaciones que tenga como objetivo cometer algún delito.

También es importante señalar que el art. 6.2 de la Constitución Española de 1978 impone a los partidos tener una estructura interna y un funcionamiento democráticos, lo cual ha llevado a muchos a considerar que la exigencia de democracia era meramente interna (de organización y funcionamiento), y no externa (relativa a su actividad), cuestión, ésta última que, en la Ley Orgánica de 27 de junio de 2002 de Partidos Políticos quedó suficientemente aclarada. La Ley de Partidos de 27 de junio de 2002, deja muy claro que la actividad externa de los partidos únicamente se halla limitada por las exclusiones del artículo 22 de la Constitución Española respecto del ejercicio del derecho de asociación, esto es, la prohibición de partidos de carácter secreto o paramilitar o de partidos que tengan fines o utilicen medios tipificados como delito, además de las delimitaciones implícitas que se deduzcan de su coexistencia con otros bienes o valores constitucionales… el apartado segundo del art. 9 Ley Orgánica de Partidos Políticos considera que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

No debemos olvidar que un buen gobierno debe velar porque los derechos de una persona no queden a merced de la decisión unilateral, la elección arbitraria, la irracionalidad o el capricho de cualquier persona o de una muchedumbre ruidosa, por muy numerosa que ésta sea. El propósito adecuado de un gobierno debe ser siempre hacer que los ciudadanos puedan vivir en sociedad, promoviendo la cooperación, protegiendo los beneficios de nuestra forma de vida y combatiendo los males que puedan producirse entre los administrados.

Desgraciadamente, en España hemos llegado a tal extremo que son muchos los gobernantes, y políticos en general, que conciben el gobierno no como un ente protector de los derechos de los ciudadanos, y por el contrario, se han acabado convirtiendo su más peligroso violador; en lugar de defender la libertad.

 Son muchos, demasiados, los políticos y gobernantes que están creando situaciones de esclavitud en lugar de proteger a las personas de quienes inician el uso de la violencia física. Es en muchas ocasiones el gobierno -y los miembros de los partidos gobernantes- el que ejerce la violencia, e incluso aplaude a los que inician el uso de la fuerza, o los jalea de forma entusiasta, o con su silencio, o con su inacción cómplices… Son muchos, demasiados los gobernantes que aplican la coerción de cualquier manera y en cualquier cuestión que se les antoje; están creando un reinado oculto, letal, de incertidumbre y miedo mediante leyes cuya interpretación está supeditada a la decisión arbitraria de burócratas circunstanciales; en lugar de proteger a los ciudadanos de los daños que puedan sufrir, debido a conductas caprichosas.

 Más todavía: el gobierno es el que se arroga el poder de hacer valer sus caprichos sin límites, de manera que nos estamos acercando rápidamente a la etapa donde el gobierno se halla en libertad de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos sólo pueden actuar si los gobernantes –y los políticos que apoyan al gobierno- les dan permiso. Estamos retrocediendo e igualándonos a los períodos más oscuros de la historia humana, en los que reinaba la fuerza bruta, la ley del más fuerte; aquellas épocas en las que los gobernantes eran fuertes, crueles con los débiles, y condescendientes con los fuertes…

La connivencia del poder político con los movimientos, con los “colectivos” de izquierda, supuestamente espontáneos, se sale de ojo y ya no es posible que nadie siga negándolos…  Son ya demasiadas las ocasiones en las que el partido globalista-estalinista “podemos” y sus “confluencias” promueven, alientan y organizan sin recato ni pudor alguno, acciones cuyo único objetivo es “la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita”. Estamos hablando de hechos ilícitos que, son constitutivos de infracción grave de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, en el artículo 36.8, y que la mencionada ley considera que “podrán ser sancionados con una multa de entre 601 y 30.000 euros”.

Las funciones propias de un gobierno se dividen en tres grandes categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos del individuo: la policía para defender a los ciudadanos de los criminales, las fuerzas armadas para protegerlos de invasores foráneos, los tribunales de justicia para solucionar las disputas entre ellos de acuerdo con leyes objetivas. El propósito –único- de la ley y del gobierno debe ser la protección de los derechos del individuo.

Para que las personas puedan vivir juntas en una sociedad pacífica, productiva y racional, relacionándose para su mutuo beneficio, deben aceptar el principio social básico sin el cual no puede existir una sociedad moral o civilizada: los derechos del individuo.

Reconocer los derechos del individuo significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere la naturaleza humana para una supervivencia adecuada. Los derechos de los ciudadanos sólo pueden ser violados mediante el uso de la fuerza física. Únicamente así, una persona puede quitarle a otra la vida, esclavizarla o robarle, impedirle que persiga sus propias metas u obligarla a actuar en contra de su propio juicio racional.

Para excluir la violencia de las relaciones sociales se necesita una institución que se encargue de la tarea de proteger los derechos de las personas de acuerdo con un código de reglas objetivo. Ésta es la misión de un gobierno -de un gobierno justo-, su misión básica; ésta es su única justificación moral y la razón por la cual los ciudadanos necesitan un gobierno.

El gobierno debe poseer el monopolio del uso legal de la fuerza física. Debe retener tal monopolio, ya que es el agente que tiene que restringir y combatir el uso de la fuerza, y por esa misma razón deben definirse, delimitarse y circunscribirse rígidamente sus acciones, sin permitir que ningún antojo o capricho interfiera en su actuación; debería ser una especie de “robot impersonal”, cuya única fuerza motriz sea la ley. Para que una sociedad sea libre, es preciso que su gobierno esté controlado.

En un sistema social adecuado, un ciudadano particular está en libertad de realizar toda acción que desee (siempre y cuando no viole los derechos de los demás), mientras que el funcionario público se halla restringido, limitado, por la ley en todos y cada uno de sus actos oficiales.

 Un individuo particular podrá hacer todo lo que desee, excepto aquello que está legalmente prohibido; un funcionario público no podrá hacer nada excepto aquello que le esté legalmente permitido.

Podemos y «sus confluencias» y organizaciones afines se han convertido en “la partida de la porra”, en terroristas, en “guerrilleros totalitarios y liberticidas” y campan por sus fueros, e impiden toda clase de actos de quienes discrepen de sus postulados.

Es por todo ello que, ha llegado ya el momento, dado que la Fiscalía, que el Gobierno se ha puesto de lado, mira para otro lado y se pone a silbar (cuando no aplaude las tropelías de “podemos” y sus “confluencias”), los partidos políticos de la oposición están obligados a presentar una proposición en el Congreso de los Diputados y en el Senado para que se inicie el proceso de ilegalización y disolución del partido político que encabeza Pablo Iglesias Turrión, y todas sus «confluencias» y organizaciones afines, sin aplazamientos.

Los españoles decentes lo agradecerán infinito.

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