ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ, SEPTUAGÉSIMO QUINTA PARTE.- Asalto, espolio y apropiación indebida del «patrimonio sindical histórico y del patrimonio acumulado por el sindicato vertical»

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

La Administración General del Estado posee 564 bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, según consta en el resumen de actividades de la Dirección General del Patrimonio del Estado, realizado el 31 de diciembre de 2018. Estos bienes se dividen en 526 edificios, que tienen un total de 2,87 millones de metros cuadrados, 35 solares con un terreno de 156.164 metros cuadrados y 3 fincas rústicas que suman 87.601 metros cuadrados.

“El sindicalismo vertical hace comprender a empresarios y obreros la sencilla y a la par ignorada verdad de que son parte integrante de la Nación, no algo que existe al margen de ella y en pugna constante con la misma.” RAIMUNDO FERNÁNDEZ-CUESTA

Para los que lo hayan olvidado, o nunca lo hayan sabido, es bueno empezar por indicar que, tras la victoria del «bando nacional», en la guerra civil española, contra el comunismo, se puso en marcha una forma nueva de «organización sindical» conocida con el nombre de SINDICATO VERTICAL.

En el Decreto de Unificación del año 1937 se establece que el partido único -FET y de las JONS- crearía las organizaciones sindicales para organizar el trabajo, la producción y el reparto de bienes. Se ordenaba, además, que la Organización Sindical se vertebraría de forma vertical y jerárquica.

El 13 de septiembre de 1936 “la junta de defensa nacional declara ilegales todas las organizaciones integrantes del Frente popular, así como cualquier otra que se opusiera al Movimiento Nacional”.

El 25 de septiembre de 1936 la Junta de Defensa prohíbe “todas las actuaciones políticas y sindicales obreras y patronales de carácter político”, así, el decreto continúa: “Día llegará en que el gobierno que rija los destinos de España sabrá desarrollar la única política y la única sindicación posible en toda nación organizada: la política y la sindicación que rijan y controlen los directores de la cosa pública, como depositarios de la confianza del pueblo”.

También es relevante destacar el decreto que dará paso a la incautación de los bienes de las organizaciones sindicales, que pasarán a ser del Estado, datado en enero de 1937.

En abril de 1937, inmediatamente posterior al Decreto de Unificación, se crean por Decreto las Centrales Nacional Sindicalistas (CNS), pequeño origen de la futura Organización Sindical Española, como veremos posteriormente.

Frente al concepto de sindicato, entendido como medio de protección de los obreros contra los patronos y ligado a la idea marxista de lucha de clases, en las primeras décadas del siglo XX se consolidará un nuevo tipo de sindicalismo “armonicista” y corporativo, que invocará la colaboración entre empresarios y trabajadores bajo la tutela del Estado. Esta corriente, se articuló en la España de Franco bajo los principios del nacionalsindicalismo, basado en la estructuración sindical de la economía y del Estado mismo. Pieza central de este proyecto fue el sindicato vertical, institución de encuadramiento obligatorio para empresarios y trabajadores, llamado a ser la “avanzada” del proyecto político falangista. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la práctica convertiría a estas organizaciones en aparatos inoperantes, burocratizados y dedicados en exclusiva a la desmovilización de los trabajadores.

El antecedente más próximo, en España, lo encontramos en la dictadura del General Miguel Primo de Rivera que, había supuesto la puesta en marcha de la Organización Corporativa Nacional, un nuevo poder dentro del Estado y del mundo del trabajo, con plena capacidad reguladora y sancionadora, que reconocía el derecho a la libre asociación, aunque condicionada a la corporación obligatoria. A la vista de estas experiencias se formularía la teoría “nacionalsindicalista”, basada en la estructuración sindical de la economía y del Estado mismo. José Antonio Primo de Rivera afirmaba, en este sentido, que los sindicatos eran, junto a las familias y los municipios, “entidades naturales” entendidas como “unidad de la existencia profesional y depositarias de la autoridad económica que se necesita para cada una de las ramas de producción”. Ramiro Ledesma definiría algo más esta postura al propugnar un “Estado sindicalista”, erigido en rector de la economía mediante la obligatoria sindicación de las fuerzas del trabajo, de modo que la producción quedara polarizada y “atendida a los altos fines del Estado”. Onésimo Redondo, sin llegar al panestatismo de Ledesma, puntualizará también la función fundamental de los sindicatos como “parte orgánica del Estado mismo”. Este modelo aspiraba, en definitiva, a superar la lucha de clases a través del sindicato vertical, con sindicación única y obligatoria, en el que quedarían encuadrados patronos y obreros.

Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE las JONS) crearía en 1934 y 1935, respectivamente, dos agrupaciones, que constituirían el embrión del régimen sindical implantado tras la guerra civil: la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) y la Central de Empresarios Nacional Sindicalista (CENS). Ambos sindicatos tenían un carácter vertical, agrupando el primero de ellos a los obreros, y el otro, a los empresarios, si bien ninguna de estas organizaciones tuvo trascendencia real, limitándose su escasa actividad a “una propaganda entusiasta de los principios sociales y aspiraciones de justicia social”. No obstante, la creación de estas centrales adquirió valor jurídico como “fuente originaria de un nuevo derecho” que quedaría reconocido en el artículo 29 de los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de agosto de 1937, donde se especificaba que correspondía al partido único crear y mantener “las organizaciones sindicales aptas para encuadrar el trabajo y la producción y reparto de bienes”, y que los mandos de dichas organizaciones habían de proceder “de las filas del Movimiento Nacional»

El sindicato vertical no fue una institución cualquiera en el ordenamiento político-económico de la España franquista, sino el instrumento a través del cual debía llevarse a cabo la política social del nuevo régimen, el que había de imponer la disciplina entre los elementos que participaban en todos los ámbitos de la producción y, en definitiva, el que estaba llamado a llevar hasta sus últimas consecuencias la llamada “revolución nacionalsindicalista”. La creación, en enero de 1938, de un Ministerio de Organización y Acción Sindical en sustitución del de Trabajo parecía indicar el predominio de las tesis falangistas dentro del gobierno, de forma que los sindicatos se organizarían conforme a los más estrictos principios del nacionalsindicalismo. No obstante, Franco situó al frente de este departamento a un antiguo primorriverista, Pedro González-Bueno, que simpatizaba con las ideas corporativistas, pero no estaba dispuesto a poner en marcha el “Estado nacionalsindicalista” que demandaban los “camisas viejas” de Falange, según el cual toda la economía debía quedar bajo el control de un sistema sindical basado en un concepto de la propiedad esencialmente totalitario. Los tradicionalistas, los grupos católicos y la oligarquía financiera se oponían igualmente a los planes falangistas, por lo que presionaron a Franco para que la organización de los sindicatos no fuera más allá de un paternalismo conservador.

La impotencia de los falangistas a la hora de poner en marcha su programa y los necesarios equilibrios que el régimen se veía obligado a hacer para mantener un concierto entre las corrientes políticas que lo integraban se puso de manifiesto en la redacción del Fuero del Trabajo (FT), de marzo de 1938, disposición normativa que sentaba las primeras bases ideológicas de la Organización Sindical (OSE). Aunque el texto manifestaba en su preámbulo la doctrina joseantoniana, al definir al Estado como “nacional», en cuanto instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y sindicalista, en cuanto reacción «contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista”, lo cierto es que la influencia básica nacionalsindicalista no llegó a ser recogida en sus aspectos más sustanciales dentro del articulado.

El sindicalismo franquista fue convirtiéndose poco a poco en “un sistema asociativo profesional organizado con base pragmática”, cuyo objetivo fundamental era “evitar que las dispersión de fuerzas o elementos implicados en la producción pudiera crear tensiones colectivas”

Con el Fuero del Trabajo como norte legal, el gobierno reordenó las organizaciones sindicales vinculadas a Falange, integrando la CONS y la CENS en una nueva entidad unitaria para trabajadores y empresarios en abril de 1938: la Central Nacional Sindicalista. En la remodelación ministerial de agosto de 1939 se suprimió el Ministerio de Organización y Acción Sindical, de forma que las competencias laborales fueron devueltas al Ministerio de Trabajo, y las sindicales revirtieron en un nuevo organismo, la Delegación Nacional de Sindicatos (DNS), dependiente del Movimiento.

El Fuero del Trabajo se presentó como el rostro social de la dictadura y en él se combinó el tradicionalismo corporativista de corte carlista, el sindicalismo católico y el falangismo en la búsqueda de un proyecto social que acabara con la conflictividad social que presidió la realidad española de los decenios anteriores a la guerra civil.

Por un lado, rechazaba el pluralismo sindical y confirmaba lo que desde 1936 era una realidad en la zona rebelde: la prohibición de cualquier otra organización sindical. Por otro, obligaba a empresarios y trabajadores, agrupados ambos bajo la condición de “productores”, a integrarse de forma vertical y “armónica” en los respectivos sindicatos nacionales, “unidades naturales de convivencia” donde se superaría definitivamente la lucha de clases. Este principio fue, en realidad, más retórico que real, pues dentro de cada sindicato se reconoció la presencia diferenciada de dos secciones: la económica, donde estaban agrupados los empresarios, y la social, donde se hallaban los trabajadores. La idea de verticalidad se vio sensible y progresivamente anulada al irse definiendo con el tiempo una creciente autonomía en el seno de las diversas unidades sindicales, nutridas únicamente por personas pertenecientes a una de las dos categorías humanas de la producción. Lo más importante en este sentido fue la constitución y actuación de las uniones, asociaciones, agrupaciones, grupos y subgrupos de trabajadores y empresarios que se formaron a nivel nacional, provincial, comarcal y local, los cuales elevaban a la organización sindical sus aspiraciones mediante la celebración periódica de consejos

Así pues, el pensamiento idealista -falangista- sobre la función armonizadora del sindicalismo se vería pronto matizado en este sentido: ya que no iba a ser posible evitar los conflictos individuales entre patronos y obreros, los órganos sindicales cuidarían de resolverlos por la vía de la “conciliación”, evitando en lo posible los litigios judiciales. En una etapa posterior, la organización sindical acabó renunciando a la doctrina nacionalsindicalista y reconoció la contraposición de intereses entre las dos categorías forzosamente integradas bajo su estructura.

La Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958 preveía la negociación como herramienta de diálogo entre las secciones sociales y económicas, que adquirieron una creciente fisonomía de grupos sustantivos yuxtapuestos. Más tarde, en 1962, y ante la realidad innegable de los hechos, se hubo de admitir legalmente la figura del “conflicto colectivo” de trabajo y asignar a los órganos sindicales la misión de mediar en ellos. Las innovaciones de este periodo significaban una contravención de la pura doctrina nacionalsindicalista, consagrando “la desintegración de la empresa y… de la comunidad nacional en partes reconocidas como antagónicas, con intereses contrapuestos, que por eso buscan el llegar a un acuerdo, al que luego se le reconoce carácter no ya contractual sino rigurosamente normativo”

La Organización Sindical era una entidad de derecho público, una institución del Estado jerárquicamente dependiente del gobierno y del movimiento (el partido único del régimen del General Franco). Esta subordinación convirtió a los miembros de la Organización Sindical Español en funcionarios que accedían al puesto por oposición o nombramiento ministerial, lo que fomentó la tendencia del sindicalismo oficial hacia la burocratización. Se estima que entre finales de la década de 1940 y mediados de la de 1950 la OSE pudo alcanzar un mínimo de entre 10,000 y 15,000 empleados. En 1977, esa cifra se había elevado por encima de los 35,000. Quienes permanecieron durante largo tiempo en puestos de responsabilidad lo hacían con pleno conocimiento de la naturaleza sometida e ineficiente de los sindicatos, que no tenían capacidad para realizar presión a través de la huelga, ya que estaba prohibida. 

En suma, nos encontramos ante un ejemplo de lo que algunos han dado en llamar “sindicalismo de sumisión”, caracterizado por “supeditar los intereses de los trabajadores a los intereses del Estado, siendo precisamente la configuración del Estado la que marca la del sindicato”

A la OSE se le atribuyó también una acción asistencial, que articulaba a través de las obras sindicales: artesanía (promoción de la enseñanza de oficios artesanos, comercialización de productos y fomento de cooperativas), colonización (estimulación en la tarea de mejora de la agricultura española y la reforma social y económica de la tierra), cooperación (velaba por el fomento de las cooperativas), educación y descanso (ayudaba a la accesibilidad a los empleados de los beneficios de la cultura física, artística, intelectual y deportiva a través de, entre otros medios, la constitución de “grupos de empresa”, “residencias” y “hogares del productor”), formación profesional (vinculada al aprendizaje de oficios por parte de los hijos de los sindicados), hogar (construcción de viviendas a bajo precio) y previsión social (en colaboración con el Instituto Nacional de Previsión, ayudaba al eficaz funcionamiento del sistema de seguridad social, sobre todo en el sector agrario). A través de los programas de las obras sindicales, el Estado franquista disponía de un cauce para emprender acciones benéficas, con los grupos sociales menos favorecidos y un medio efectivo para difundir la ideología y organizar el tiempo de ocio.

El sindicato vertical también abordó el problema de la vivienda:
Una vivienda adecuada era la premisa básica para ese hogar cristiano que se pretendía recuperar en la España salida de la Guerra Civil, lo cual llevó a la creación, entre otros organismos, del Instituto Nacional de la Vivienda (1939) en el seno del Ministerio de Trabajo. Inicialmente el INV estaba ligado a la fiscalización de las actividades particulares que gozaran de algún tipo de beneficio concedido por dicha institución sin intervención en el mercado de la oferta de viviendas]. La construcción directa fue absorbida por la Obra Sindical del Hogar (1939) y por otra serie de organismos públicos (hermandades, patronatos de funcionarios, etc.) aunque a costa de los presupuestos del INV. Su política de prestigio impulsaba la colocación de primeras piedras, la realización de subastas anticipadas o el comienzo de obras, a veces con insuficientes medios económicos. Al final de la etapa Girón de Velasco como Ministro de Trabajo (desde 1941 hasta 1957) el número de viviendas edificadas por la Obra Sindical del Hogar ascendía a 101.020.

Otra cuestión importantísima a la que, también dedicó atención el sindicato vertical fue a la formación de los hijos de los trabajadores, y especialmente a los de las familias más humildes, a través de las «universidades laborales» : Las universidades laborales dependían del Ministerio de Trabajo, como entidades de provisión social a cargo de las Mutualidades Laborales, integradas en el Instituto Nacional de Previsión, antecedente del actual Sistema de la Seguridad Social. Su promotor fue José Antonio Girón de Velasco, motivo por el cual, nacieron a partir de fundamentos ideológicos falangistas, que se asentaron en su etapa de consolidación (1955-1962) y luego irían atenuándose progresivamente durante su etapa de expansión (1962-1978).​ Por último, durante la etapa de extinción (1979-1981) se reconvertirían en «Centros de Enseñanzas Integradas», y sus edificios y cometidos fueron absorbidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.​

Durante sus años de existencia pasaron por sus instalaciones aproximadamente medio millón de alumnos, la mayoría de ellos en régimen de internado, aunque también había estudiantes en régimen de media pensión y externos. Estaban orientadas hacia los varones, salvo las de Cáceres y Zaragoza, que eran femeninas; sólo en los últimos años fueron mixtas. En ellas se impartía enseñanza secundaria, formación profesional e ingenierías técnicas.​

Las universidades laborales constituyeron desde su inicio un sistema de cobertura educativa para las capas sociales menos favorecidas, con el objetivo de facilitar el derecho a la instrucción pública, a la enseñanza, de la población trabajadora. 

Además de las Universidades Laborales, el Sindicato Vertical también creó la Formación Profesional Acelerada en 1957 que, estuvo vigente hasta 1972, consistente en formación de adultos en cursos de 6 meses, se crearon 11 centros sindicales y pasaron unos 4000 alumnos por año. En 1964 nace el PPO (Promoción Profesional Obrera) que, sirvió para adaptar la mano de obra campesina que acudía a las ciudades en busca de una vida mejor. También fueron puestas en funcionamiento, por parte del Sindicato Vertical, las Escuelas de capacitación Agraria, dependientes del Ministerio de Agricultura y la Promoción Profesional en el Ejército (PPE) con origen en el PPO y que estuvo funcionando desde 1965 hasta 1971.

Otra parcela que tuvo en cuenta el Sindicato Vertical fue la Obra Sindical de Educación y Descanso, una organización española de tipo cultural y recreativo, creada en 1939​ y existente hasta1977. La Obra Sindical de Educación y Descanso estaba dedicada a promover y realizar todo tipo de actividades artísticas, culturales y deportivas por parte de los trabajadores (productores).​La Obra Sindical de Educación y Descanso contaba para sus fines con una red de centros culturales, instalaciones deportivas (incluidos los «Parques sindicales») y ciudades residenciales. A lo largo de su historia EyD construyó albergues y residencias donde los obreros pudieran veranear de forma económica.

El Sindicato Vertical tampoco olvidó lo concerniente a la higiene y a la salud, es por ello que creó la Obra Sindical 18 de Julio (España, 1940-1977). La concepción Nacional-Sindicalista de la Sanidad, no como servicio profesional más o menos mercantil sujeto a la ley de la oferta y la demanda, llevó a la Delegación Nacional de Sindicatos a la creación, en 9 de octubre de 1940, de la Obra Sindical del 18 de julio, como el órgano de la misma para la realización de la política sanitaria en su aspecto social. En comparación con otros organismos del régimen franquistas, la Obra Sindical «18 de Julio» fue una de las más influyentes entre los trabajadores.
Entre las funciones de la Obra están: la higiene del trabajo y de los trabajadores, la asistencia de éstos en sus enfermedades, la intervención de la medicina en la organización científica del trabajo y la misma investigación, y las luchas sanitarias. También figura entre sus funciones el apoyo al desarrollo del Seguro por enfermedad, así como la asistencia sanitaria a los Montepíos y Mutualidades Laborales y Cajas de Empresa.

La Cadena de Emisoras Sindicales 

A lo largo de la década de los cuarenta del siglo XX, surgieron en España multitud de emisoras de radio, que emitían en onda corta y onda media, de orígenes diversos: parroquiales, sindicales, juveniles o del Movimiento, generalmente de pequeña potencia, que con el tiempo complicaron de tal manera el panorama radiofónico que hubo que establecer una serie de reglamentos tendentes a organizar las ondas. Mediante el Decreto 11/08/53 se creó la Cadena de Emisoras Sindicales, agrupando todas las nacidas con ese origen. Pero no fue hasta el Plan Transitorio de Ondas Medias, de 23 de diciembre de 1964, cuando se pone en orden definitivamente el panorama radiofónico español. Así con respecto a las cadenas del Movimiento, CAR/CES/REM, se establece que al menos habrá una emisora de onda media en cada provincia. Desaparecen las emisoras locales de baja audiencia y se trasladan a F.M. las emisoras locales de radio, de audiencia media. A la CES, Cadena de Emisoras Sindicales, se le asignaron 19 emisoras de Onda Media, y otras tantas emisoras de Frecuencia Modulada…

Tras la muerte del General Franco, Cadena de Emisoras Sindicales acabaron fusionándose, para integrarse en Radio Cadena Española, y ésta, a su vez pasó a formar parte de Radio Televisión Española.

El poder económico de la Organización Sindical se apoyó, además, en la incautación de los bienes de los sindicatos de clase afectos al Frente Popular a través de la Comisión Interministerial Calificadora de Bienes Sindicales Marxistas.

En 1972, el patrimonio inmueble fue estimado por encima de los 8.000 millones de pesetas, a lo que habría que unir el valor de los numerosos medios de comunicación a su servicio. En referencia a estos últimos, hay que resaltar su elevado número e implantación territorial, lo que pone de manifiesto el amplio aparato de propaganda con que contaba la OSE: en la anterior fecha, el número de periódicos y emisoras de radio sindicales se elevaba a 27. Además de ello, pero sin duda incrementado el poder económico del sindicalismo oficial, la “cuota sindical” llegó a reportar más del 50% del total de ingresos de la organización.

 Los sindicatos oficiales se integraron en el engranaje político del “Nuevo Estado”, erigiéndose en herramienta fundamental para la articulación de la denominada “democracia orgánica”. Desde el principio, la OSE se hizo presente en un sinnúmero de instituciones públicas, de base local, provincial y nacional. A través del llamado “tercio sindical”, los representantes de los sindicatos fueron ocupando puestos en los consejos locales, provinciales y Nacional del Movimiento, en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales y en las Cortes Españolas, así como en otros ámbitos de la administración como las comisiones del Plan de Desarrollo, los órganos de gestión de la seguridad social o los altos organismos consultivos del Estado, como el Consejo del Reino, el Consejo de Estado o el Consejo de Economía Nacional. En 1973, por ejemplo, había aproximadamente 17,600 concejales de procedencia sindical, 12,900 representantes en los consejos locales del movimiento, algo más de 500 en los consejos provinciales y 140 en las diputaciones provinciales.

El franquismo, al crear el Sindicato Vertical, tuvo como objetivo prioritario suprimir la lucha de clases, es decir, poner fin a la conflictividad derivada de las relaciones entre trabajadores y empresarios. Los ideólogos del régimen, bebiendo de la teoría nacionalsindicalista, estaban convencidos de que no bastaba con ilegalizar los sindicatos obreros horizontales, sino también su “hábitat”: las instituciones y procesos de negociación y concertación colectivas. Es por ello que, hasta los años cincuenta se atribuyó al Estado la fijación de las condiciones de trabajo por medio de reglamentos u ordenanzas, entendiendo las mismas como las mínimas, ya que podían mejorarse en las empresas, aunque también las debía aprobar la administración, o por acuerdos individuales. Efectivamente, la normativa laboral consagrada en 1942 decía que era “competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo la aprobación, aplicación e inspección de las leyes de trabajo”, y a continuación afirmaba que sería “función privativa del Estado” toda regulación sistemática de las condiciones mínimas a que habían de ajustarse las relaciones laborales. Con ello se establecía un modelo “unitario”, en el que el Estado gozaba de una posición monopolista en todo lo relativo a la fijación de dichas condiciones.

Los Sindicatos ofrecerán servicios de colocación a los obreros, quedando reflejada esta función en el artículo decimotercero del Fuero del Trabajo, estableciendo que se “Establecerán oficinas de colocación para proporcionar empleo al trabajador de acuerdo con su aptitud y mérito.”, teniendo como principio fundamental que “Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado.”

A su vez, y como una tercera función, se le atribuye a los Sindicatos la función de colaboración con las Magistraturas de Trabajo (actuales «juzgados de lo social»), creadas éstas como órganos de justicia tal y como se refleja en el artículo séptimo del Fuero del Trabajo. Para facilitar y agilizar algo el proceso de conflictos laborales, se concibe como función de los sindicatos la conciliación de los conflictos individuales de trabajo como requisito previo a acudir ante la Magistratura de Trabajo; para ello se crearán, transcurrido el tiempo los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación…

La Ley de Convenios Colectivos del 24 de abril de 1958 significaría, a la larga, una victoria pírrica para la Organización Sindical. Y ello porque su articulado suponía una contravención de la filosofía “armonicista” que había alumbrado el nacimiento del sindicalismo vertical, al reconocer implícitamente un conflicto de intereses entre empresarios y trabajadores. Todo el discurso superador de la lucha de clases quedaba, en la práctica, invalidado. La existencia de la negociación colectiva implicaba la elección de representantes obreros y, por tanto, una puerta abierta a que personas no relacionadas con la burocracia sindical ocuparan puestos dentro de la estructura de base. Algunas organizaciones obreras se aprovecharon de esta circunstancia y comenzaron a infiltrarse progresivamente en el interior de la OSE con objeto de socavarla desde dentro. Era la táctica del “entrismo”. Aunque ciertos sindicatos de clase, como UGT, CNT o Solidaridad de Trabajadores Vascos (STV), se mostraron reacios a practicarla y optaron por el boicot sistemático, otras organizaciones católicas que trabajaban en los medios obreros, como la Juventud Obrera Católica (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), decidieron participar en las elecciones, al igual que la Unión Sindical Obrera (USO). Pero sobre todo lo hicieron los comunistas, que apostaron por apoyar, impulsar y controlar las denominadas comisiones obreras (CCOO), que se convirtieron en el sindicato más activo y representativo de la oposición antifranquista. Infiltrarse en los sindicatos oficiales para poder llevar a cabo un trabajo de captación, agitación y obstrucción fue el arma más efectiva utilizada por los comunistas contra la dictadura.

 En 1971 se aprobará el Decreto de 30 de abril sobre el derecho de reunión sindical por el cual se establecía que con sólo la presentación de 20 firmas se podría empezar el proceso de autorización para poder realizar reunión sindical. en 1975 se realizarían las siguientes elecciones. Es en estas elecciones cuando triunfa el sindicalismo de clase a través de las candidaturas presentadas a las elecciones de empresa. Se ganan puestos en agrupaciones y los obreros llegan a ocupar espacios físicos de los Sindicatos para realizar asambleas entre otras acciones.

En octubre de 1976, como producto de estas conversaciones, el gobierno aprobó la creación de una Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, organismo transitorio encargado de “transformar las actuales estructuras” de los sindicatos oficiales para “adecuarlas a las exigencias de la realidad sociológica y el marco institucional vigente”.

El Real Decreto ley 3 de 2 de junio de 1977 establecería la extinción tanto de la afiliación obligatoria como de la obligación de pagar cuota sindical.

La completa legalización de los sindicatos obreros no se produjo hasta abril de 1977, después de que el gobierno sacara adelante la Ley de Regulación del Derecho de Asociación Sindical, que venía a acabar con la OSE, el Sindicato Vertical, como espacio único de encuadramiento para trabajadores y empresarios. Por exigencia de la OIT, esta norma debió ser tramitada como proyecto de ley en las Cortes, dado que la citada organización exigía la intervención de una “asamblea legislativa”, cualquiera que fuera su naturaleza, para reconocerle legitimidad. Algunos procuradores sindicales no dejaron pasar la ocasión para introducir enmiendas con la esperanza de que la burocracia sindical del Estado pudiera seguir controlando las organizaciones constituidas, advirtiendo que “destruir de golpe lo que hay” equivalía a “entrar inconscientemente en un caos”. Fue el canto del cisne de los sindicatos verticales franquistas. En los meses siguientes, los funcionarios de la OSE se integraron en otras administraciones del Estado, mientras que buena parte de su patrimonio fue repartido entre las dos grandes organizaciones obreras que dominarían el panorama sindical en las décadas posteriores, UGT y CCOO.

Respecto del reparto del «patrimonio sindical acumulado, del sindicato vertical» y del «patrimonio histórico», realizado en 1986, durante el gobierno socialista de Felipe González, es casi un tabú del que apenas se habla, para evitar «preguntas embarazosas».

El Patrimonio Sindical Histórico, correspondiente al patrimonio incautado a los sindicatos tras la Guerra Civil: esos sindicatos son básicamente UGT, CNT y ELA-STV. Esto se resuelve en su momento con el pago de unas cantidades y la entrega de unos inmuebles donde unos rascan sustancialmente más que otros. Permitidme una pregunta, ¿a ver si sois capaces de adivinar cuál fue el sindicato que salió más beneficiado?

El sindicato socialista, UGT al que se le reconocieron 149 millones de euros y 26 inmuebles… 

¡Será casualidad que la cifra que se le reconoció como «patrimonio histórico» coincidió con los 151 millones que la UGT adeudaba al ICO (Instituto de Crédito Oficial) por el fiasco-estafa del caso PSV (Promoción Social de Viviendas) que, supuestamente pretendía construir más de 20.000 viviendas, de las que apenas se construyeron 1.500…

A finales de los 90, UGT decide combatir uno de sus principales problemas como sindicato: la financiación. Las cuotas apenas dan para lo que dan, y hay una fuerte dependencia de las dádivas estatales y similares. Su idea es acercarse al sindicato de servicios tipo alemán, quizás menos politizado pero en esencia mucho más poderoso. Para ello crean un potente grupo empresarial, con promotora inmobiliaria (PSV), constructora (ICS), compañía aseguradora (UNIAL), editorial, etc. Cuentan a su favor con muchas bazas: boom económico, marca de prestigio entre los suyos y buena parte de la sociedad española, negocios variados que atienden a demandas sociales muy fuertes (vivienda asequible, remuneración del ahorro de las clases populares, etc…). Las cooperativas inmobiliarias impulsadas por PSV se extienden por todo el pais.

En el 93 estalla la crisis y el conglomerado empresarial de UGT se disuelve como un azucarillo. Se habla de que no es solo cosa del crack general: algunos señalan mala gestión, otros hablan de implicaciones de familiares cercanos a los dirigentes de UGT, etc.

Frente a todo esto, un sindicato más potente que UGT, durante la segunda república española, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, apenas recibió unas migajas.

Es importante destacar que, la CNT, antes de la guerra civil contaba con más de un millón de afiliados-cotizantes, y allí donde tenía implantación (en todo el territorio nacional era el sindicato mayoritario, salvo en algunos lugares en los que, de manera excepcional tenía mayor implantación el sindicato socialista), además poseía un «Ateneo Libertario», escuela de adultos y de menores, y un largo, larguísimo patrimonio inmobiliario… Tampoco hay que olvidar que, la CNT poseía vehículos, maquinaria, y también cuentas bancarias, todo ello expropiado tras la victoria del bando nacional en 1939.

La CNT apenas acabó recibiendo dos millones y medio de euros.

Al competidor actual de UGT, el sindicato comunista CCOO, tampoco le sentó nada bien la peculiar asignación con la que fue agraciado el sindicato socialista. 

El entonces secretario de CCOO, Fidalgo definió la decisión como subvencionar de manera artera a UGT a cuenta del erario público…

Patrimonio Sindical Acumulado

Claro que CCOO tampoco debería quejarse mucho, ya que ellos, al igual que UGT y las organizaciones empresariales se han visto beneficiadas por el Patrimonio Sindical Acumulado, aquellos inmuebles propiedad del Estado y que derivan de los antiguos Sindicatos Verticales, y que les fueron adjudicados en «cesión de uso». Por supuesto, a la CNT no le otorgaron nada. El gobierno se escudó en la llamada «representatividad sindical», aprovechando que el sindicato anarcosindicalista se opone a las elecciones sindicales.

Es decir que, a estas organizaciones, patronales y sindicales, además de las múltiples subvenciones con las que son regadas de forma espléndida y generosamente, las estamos financiado con la cesión -gratis total que diría un redundante- de locales que son patrimonio de todos los españoles, locales ubicados generalmente en el centro de las principales ciudades españolas…