ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ. UNDÉCIMA PARTE.- La reforma agraria de Franco… y la contrarreforma del régimen del 78.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Como bien saben quienes no han hecho un acto de desmemoria, o no son víctimas de las «leyes educativas progresistas», o no se han dejado influir por las diversas campañas de «damnatio memoriae» (condena al olvido) promovidas por los diversos gobiernos habido en España desde la muerte del General Francisco Franco, tanto de la izquierda, como de la derecha boba y acomplejada; tras la guerra civil española, el nuevo régimen tuvo que enfrentarse a una situación terrible (también los españoles de entonces, por supuesto), pues España quedó plenamente destruida tras tres años de contienda. Era necesario levantar nuevamente la agricultura, la industria y el serctor servicios, que se puede afirmar sin exagerar que, en el año 1939 eran inexistentes. Situación a la que hubo que enfrentarse sin ayuda del exterior, de clase alguna, pues los vencedores de la segunda guerra mundial impusieron un bloqueo mundial y múltiples sanciones a España y a los españoles.

Entre otras muchas acciones, el nuevo régimen nacido de la victoria del bando nacional, emprendió una profunda reforma agraria de la que los actuales españoles apenas saben y que, no se estudia en los libros de historia.

El 18 de octubre de 1939 se creó el Instituto Nacional de Colonización, como instrumento de la nueva política agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Frente a la redistribución de la tierra que pretendía la fracasada reforma agraria de la segunda república española, el régimen del General Franco emprendió una política de colonización, basada en la transformación radical del medio rural, para lo cual, también se emprendió un plan hidrológico nacional que, llevó a convertir inmensas extensiones de secano en tierras de regadío, lo cual, implicó un enorme aumento de la productividad, y con ello incremento de la calidad de vida de quienes vivían y trabajaban en el campo, convirtiéndo a los campesinos en autosuficientes, o casi…

Claro que, en cierto modo, también hay que hablar de «redistribución» de la tierra, puesto que fueron muchos los terrenos expropiados a los dueños de latifundios improductivos y entregados a campesinos pobres. Igualmente, fueron bastentes los propietarios de latifundios que, también se beneficiaron ya que sus tierras de secano se convirtieron en tierras de regadío.

Al mismo tiempo que se llevó a cabo el plan hidrológico nacional, construyéndose multitud de pantanos y creando canales de riego, para acabar con el secular problema de la España seca, el nuevo régimen llevó a cabo, nada menos que, la construcción de 300 nuevos pueblos en todo el territorio nacional que, albergarían a casi 60.000 familias españolas. Sólamente en la provincia de Badajoz, fueron casi 50, el llamado «Plan Badajoz». La reforma agraria promovida por el régimen del General Franco fue uno de los mayores movimientos migratorios promovidos por el Estado español en el siglo XX.

Los nuevos pueblos se situaron en las cuencas fluviales, creando una estructura regional alrededor de los principales ríos: Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro. Muchos de estos pueblos tomarían su nombre del río del cual procedían las aguas de regadío, seguido de la coletilla del Caudillo u otras referencias al Jefe del Estado, promotor de las colonizaciones, Francisco Franco. Con la llegada de la democracia gran parte de estas referencias se eliminaron, aunque aún perviven algunos de ellos. Hay otros pueblos cuyo nombre no deriva de un río como Llanos del Caudillo o Bárdena del Caudillo.

Los pueblos nuevos, de colonización, están repartidos por 27 provincias peninsulares, así como una pequeña actuación en la isla de Ons perteneciente a Pontevedra. En la construcción de estos poblados, construídos por el INC (Instituto Nacional de Colonización) participaron unos ochenta arquitectos, algunos tan importantes como Alejandro de la Sota, Carlos Arniches Moltó, José Borobio, José Antonio Corrales, Fernando de Terán o Antonio Fernández Alba; además de los más notables arquitectos miembros de la plantilla del INC, como Manuel Rosado, Jesús Ayuso Tejerizo, Manuel Jiménez Varea, Agustín Delgado de Robles o Pedro Castañeda Cagigas. Pero fue José Luis Fernández del Amo quién planificó los poblados de colonización más brillantes como Vegaviana (Cáceres) o Cañada de Agra (Albacete).

La construcción de poblados en su concepción y proyección se ajustaba a un programa que, pretendía la autosuficiencia y por el cual estaban dotados de una serie de edificios que se agrupaban en torno a una plaza principal y entre los que destaca especialmente la iglesia. Los pueblos de mayor tamaño contaban además con dependencias para la Acción Católica y una vivienda para el sacerdote. Junto a la plaza se situó el edificio administrativo formado por oficinas de atención al público, un despacho para el alcalde y el salón de sesiones, así como una pequeña estafeta de Correos, el Juzgado, la vivienda del funcionario y un centro de salud. Solo aquellos pueblos de un tamaño medio o grande podían disponer de una sala de cine que servía de igual modo como salón de bailes. A veces junto a ella también se situaba un espacio abierto para cine de verano. En la planta baja de este edificio de dos plantas, se colocaba el bar y en la planta alta la vivienda de la persona que regentaba el bar. Otros edificios importantes fueron aquellos que se destinan al comercio y las artesanías y que, albergaban pequeñas tiendas de ultramarinos, panadería con horno propio, zapatería y bar si no había un centro cívico-social.

En la zona destinada a las artesanías se abrieron talleres dedicados a la herrería, carpintería, peluquería y un taller mecánico. En los pueblos de mayor tamaño también se construyó la Hermandad Sindical, posteriormente conocida como Centro Cooperativo y que servía para guardar la maquinaria, además de funcionar como pequeño lugar de reunión para los colonos. Estos edificios, generalmente de 2 plantas, se distribuían del siguiente modo:

En la planta baja, el hogar rural, la biblioteca y la sala de juegos y reuniones.
En la planta alta, los despachos administrativos, el archivo y los servicios.

Por último se levantaban las escuelas , separadas en sexos y cuyo tamaño se concebía para albergar un 15% del total de la población.

Para la conversión de enormes extensiones de tierras de secano en zonas de regadío, se emprendió la realización de acequias, pantanos e importantes canales que cambiaron y configuraron en gran medida el paisaje rural, principalmente de Andalucía y Extremadura (al mismo tiempo, se realizaron perforaciones de pozos, construcciones de abrigos para el ganado, electrificación rural, industrialización de productos agrícolas, y un largo etc.). Entre 1949 y 1975 el regadío en España pasó de 1,5 millones de Hectáreas, a unos tres millones, un avance considerable. Por el contrario, desde 1975 hasta 2019 sólo se llegó a 3,8 millones de Hectáreas de superficie regada.

Entre todos los canales cabe subrayar el Canal del Bajo Guadalquivir, con el que se quiso llevar agua a las zonas de marisma y secano del Bajo Guadalquivir. Su construcción, ya planificada desde principios del siglo XIX, pudo ser llevada a cabo gracias al programa de redención de penas, por parte de la población reclusa. Los criterios y políticas del INC estuvieron marcados por la Ley de Bases de Colonización de Grandes Zonas Regables, promulgada en 1939 y por la ley del 25 de noviembre de 1940 sobre la Colonización de Interés Local, que permitía al INC financiar aquellos proyectos de transformación de zonas de secano a regadío. A estas dos primeras se sumó, posteriormente, el Decreto de 1942 que autorizaba al INC para adquirir fincas voluntariamente ofrecidas por sus propietarios. En 1946 se promulgó la Ley de Expropiación de Fincas Rústicas consideradas de interés social, la cual posibilitaba bajo previa indemnización, la expropiación de fincas susceptibles de colonización. Su desarrollo definitivo vendrá con la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de las Zonas Regables, de abril de 1949…

Los criterios de admisión de los colonos se basaban en cuestiones relacionadas con los niveles de renta y la carencia de fincas rústicas, aunque a veces podían proceder de expropiaciones o de los pueblos inundados por los pantanos creados para poner sus tierras en regadío. Asimismo, era necesaria la presentación de un certificado de penales. A cada colono se le entregaba una parcela de cuatro a ocho hectáreas con un período provisional de “tutela” de cinco años, durante el cual era obligatorio seguir estrictamente el plan de explotación del lote. El INC aportaba semillas, abonos, insecticidas, ganado vacuno y caballar, y un anticipo de las contribuciones y renta de la tierra. El coste de todo ello lo debía reintegrar el colono con un determinado porcentaje sobre la producción. Tras la tutela, debía amortizar el valor de la tierra a un interés del 3% anual, estableciéndose los plazos entre 15 y 25 años para la tierra y 40 años para la vivienda. Tras la satisfacción de la cantidad total se expedía el “título de propiedad” de la parcela y la casa.

Las políticas emprendidas por el Instituto Nacional de Colonización de conversión de tierras de secano en espacios regados, acabaron beneficiando también a los grandes terratenientes del momento quienes, a cambio de perder una pequeña parte de sus tierras, normalmente las de peor calidad, en la expropiación de las tierras en exceso destinadas a los colonos, lograban una importante revalorización de la mayor parte de sus fincas.

La contrarreforma del régimen del 78

Basándose en un documento del economista y profesor, Fuentes Quintana, se elaboraron los llamados Pactos de la Moncloa, en 1977, con la intención (el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones) de contener la inflación que tan duramente estaba influyendo sobre la inversión y el empleo. Para desacelerar la inflación era necesario poner freno a la masa monetaria, en el crédito, y en los gastos del Estado y de la Seguridad Social.

Además de la moderación salarial, en los Pactos se incluyeron proyectos a largo plazo. Entre ellos, lo que denominaron «programa de desarrollo agrario» que, sentaría las bases para la verdadera contrarreforma agraria que supuso la icorporación de España a la Unión Europea, en 1986. Quienes promovieron aquel «programa de desarrollo agrario» pretendían, decían, que hubiera mayor «movilidad de la propiedad de la tierra», poner remedio a la fuerte rigidez de mercado, también al paro de los trabajadores del campo y hacer disminuir la baja productividad así como la infrautilización de los recursos. Aparte de todo ello, también se empezó, por entonces, a hablar de poner freno a la desertización, a la erosión y la subutilización de extensas zonas rurales, con peligros para la conservación de la naturaleza, y con no poca y lamentable contracción de las oportunidades productivas…

Con la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español, el 28 de octubre de 1982, no se produjeron cambios destacables en la legislación agraria básica,… Después vendría la adhesión de España a la Unión Europea y la aplicación a España de la Política Agrícola Común (PAC) que, acabaría completando la contrarreforma y echando por tierra toda la labor emprendida por el régimen de Franco.

La incorporación de España a la U. E. ha supuesto pasar de una agricultura productiva, independientemente de que la hasta entonces existente en España estuviera necesitada de mejoras, a una agricultura subvencionada.

En la actualidad, tras la reforma de 2013, todo agricultor catalogado como activo recibe un “pago básico” (fundamentado en derechos históricos, derivados de retribuciones anteriormente percibidas en función de su especialización –qué produce– y ubicación – en qué territorio – ), con posibilidad de complementar sus percepciones con ciertas primas vinculadas bien a producciones de interés estratégico (ayudas “acopladas”) o bien a ciertas prácticas medioambientales (“greening”).

Teóricamente, en todo ello subyace la idea de modernización con mejora de rendimientos que, repercutiría en una mejora de la calidad de vida de los agricultores y ganaderos y todos quienes viven del campo. A ello, también habría que sumar un mayor aprovechamiento forestal y sacarle mayor rendimiento al «ecoturismo» y turismo rural. En suma, el mensaje es que, la agricultura española inevitablemente tiene que modernizarse mucho más, ser más competitiva, y buscar siempre la excelencia en la calidad.

La realidad, pese a la bella retórica de los burócratas de Bruselas y de la mayoría de los partidos políticos españoles con representación en las diversas instituciones, es muy otra: la integración de España en la Unión Europea implicó multitud de renuncias y servidumbres, la imposición de cuotas de producción en la agricultura, en la ganadería, en la pesca y en todo lo concerniente a productos alimentarios; imposiciones a cambio de nada, para favorecer al sector primario de determinados países que ya eran miembros de la Unión Europea, tales como Francia, Italia, Holanda… Los campesinos y ganaderos fueron vílmente engañados y pasaron de poseer una actividad productiva a una actividad ficticia, altamente subvencionada, un proteccionismo absurdo que hace que, periódicamente los campesinos, ganaderos, etc. salgan a la calle a procesionar, cortar el tráfico, para protestar porque, la diferencia entre los costes de producción y lo que les pagan por sus productos es mínimo, cuando no inferior… y vuelta a empezar… y los políticos y los «líderes sindicales agrarios» los convencen de que la solución para llevar una vida digna es conseguir más y más subvenciones de Europa… Y así durante décadas.

Y mientras tanto, la comercialización-distribución de los productos agrarios continúa estando casi monopolizada por empresas de intermediarios que, imponen precios muy bajos a los agricultores, por lo general. Como estas empresas también suelen controlar la importación, la utilizan para mantener bajos los precios al productor. Es por ello que, si los agricultores y ganaderos quieren evitarlo, están obligados a agruparse y crear empresas-cooperativas que hagan llegar sus productos a los consumidores, sin intermediarios, evitando de ese modo el encarecimiento de los mismos.

Hemos llegado a tal extremo que, ahora, cuando escribo estas líneas, que estamos asistiendo a una crisis de abastecimiento y escasean los cereales y aceites, además de combustibles y otros bienes de primera necesidad, dicen quienes nos malinforman a través de los «medios de manipulación de masas» que, debido a la guerra de Ucrania, los españoles hemos acabado descubriendo que nuestro país es dependiente del exterior respecto de cereales,… ¡Realmente asombroso, cuando España siempre, desde siglos, milenios, desde los tiempos del Imperio Romano, fue siempre considerada una nación cerealística, llegando a ser la despensa de Roma!

Ahora, los lumbreras que nos malgobiernan hablan de expandir el cultivo de cereales y cultivar las tierras en situación de barbecho… ¡A buenas horas «mangas verdes»!

Evidentemente, llegados hasta aquí, cualquiera que esté medianamente informado, llega a la conclusión de que ya va siendo hora de dejar caer determinadas actividades y abandonar algunos cultivos, como también la crianza de algunos animales, pues sale más caro el collar que el galgo, y replantearse que el futuro de la agricultura, la ganadería, etc. españolas pasa por renunciar a las subvenciones, a los subsidios, al proteccionismo y optar por los invernaderos, los cultivos «bajo plástico», aumentar las zonas de regadío, y por supuesto, retomar el plan hidrólogico nacional que fue abandonado hace décadas… Y, sin duda alguna, insisto: las explotaciones menos competitivas deberían desaparecer por ineficientes e inútiles, carece de sentido mantenerlas de forma artificial, subvencionadas con enormes cantidades de dinero que, aunque muchos no lo tengan presente, sale del bolsillo de los contribuyentes.

En estos tiempos que, tan de moda se ha puesto hablar de la «España vacía» (llamada por algunos de forma incorrecta y estúpida «vaciada»), si lo que se quiere es que ese vaciamiento no continúe aumentando exponencialmente (en la actualidad vive más del 80 por ciento de la población española en la periferia), si lo que se pretende es «fijar población» al medio rural, al mismo tiempo que se conserva el suelo y se mantiene el paisaje, quienes viven en el campo y del campo deben, insisto, «reinventarse», poner en marcha otras actividades, crear cooperativas de producción y distribución y controlar lo producido hasta que llega a manos de los consumidores,… y sobre todo, quienes se dedican a actividades agropecuarias deben meterse en la cabeza que, es imposible competir con otros lugares del mundo en los que los costes de producción y la mano de obra son abismalmente más bajos que los de España y Europa…

En la dirección de la que venimos hablando, tampoco han de olvidarse la explotación de los bosques y los cultivos forestales.

Es importantísimo subrayar que, el campo español da de comer a casi 55 millones de personas: 47,5 de población española, y los demás, turistas extranjeros (equivalente en 2019, con sus 84 millones, a dos millones de personas de manera permanente durante doce meses) y foráneos, y exportación agroalimentaria.