ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ.- VIGÉSIMO SEGUNDA PARTE.-¿Es realmente España un Estado de Derecho?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

En esta España nuestra no hay día en que los capos de los cárteles mafiosos que nos mal-gobiernan no nos hablen de que, hay que respetar/acatar las resoluciones judiciales (incluso aunque no se esté de acuerdo con alguna de ellas), de que ellos tienen un escrupuloso respeto al “Estado de Derecho”, de que, hay que respetar la presunción de inocencia y de tópicos y más tópicos. Todo ello a propósito de los escándalos con que nos despiertan los medios de información y manipulación de masas, un día sí, y el otro también, relacionados con los oligarcas y caciques que, se dedican a saquear, de manera sistemática y organizada, con premeditación y alevosía a la sociedad española -incluyendo de vez en cuando a los miembros de la “realeza” y sus parientes-.

Ese discurso hipócrita y demagógico, inevitablemente, de vez en cuando me trae a la memoria que, hace ya más de una década que Don Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, preside Isabel Díaz Ayuso, publicó en el Diario La Razón un artículo en el que afirmaba que nuestro sistema, nuestras leyes, y sobre todo nuestros jueces, ya hace tiempo que pasaron los debidos test democráticos. 

Es importante subrayar que, Don Enrique López también fue, además de «juez ordinario», magistrado de la Audiencia Nacional, vocal del Consejo General del Poder Judicial, en el que fue promotor del Observatorio de Violencia de Género de este órgano, convirtiéndose en su primer presidente; igualmente, fue designado magistrado del Tribunal Constitucional, en representación del Partido Popular en el año 2013… transcurrido el tiempo, en un control de alcoholemia realizado por la Policía Municipal de Madrid, el magistrado dio positivo y acabó reconociendo que, se había saltado un semáforo en rojo. Tras declararse culpable de los hechos que se le imputaban, fue multado, aunque en ningún momento fue detenido. Como consecuencia, el 2 de junio de 2014 presentó su dimisión al presidente del Tribunal Constitucional. 

Decía Su Señoría, Don Enrique López que, “si uno analiza lo que está ocurriendo en nuestro país, sin tener en cuenta el contexto, podría parecer que o bien nos hemos vuelto locos, o bien nos hemos quedado sin instituciones…” y que “una persona que no conozca España, le llevaría a pensar que en nuestro país distamos y mucho, de convivir en un sistema democrático.” 

Afirmaba tajantemente Enrique López que en España se respetan las normas procedimentales, se respeta el derecho de defensa, y en suma que la “justicia española es justa”… Continuaba Don Enrique (y lo decía sin ruborizarse) diciendo que “nuestro país está situado en la vanguardia del respeto a las garantías individuales, y si bien se cometen errores, como en todos los sitios, los derechos fundamentales, incluido el de defensa, están plenamente garantizados, y conviene que esto se diga, porque de tanto guardar silencio y respeto a todas las opiniones, por muy disparatadas que sean, nos morimos de éxito, y sobre todo de deslegitimación. Nuestro sistema, nuestras leyes, y sobre todo nuestros jueces, ya hace tiempo que pasaron los debidos test democráticos, y quien viene a cuestionarlos pincha en hueso, más allá de encontrar cierto altavoz en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.” 

Más tarde nos hablaba de que en España está plenamente garantizada al “independencia del poder judicial”, y lo afirmaba sin ponerse colorado… 

Terminaba Don Enrique su artículo con la afirmación de que “A fuerza de repetir mucho una mentira se llega a creer que es verdad, y la razón se sustituye por la falsa tolerancia y por la búsqueda del consenso que enmascara la mendacidad. Ante esto sólo cabe el ejercicio de la razón y de la inteligencia, frente a la demagogia y al cretinismo. En España existe un Poder Judicial independiente y responsable, aunque no infalible”.

En septiembre de 2021, la Comisión Europea publicó un «Informe del Estado de Derecho» en el que, evalúa la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea y en cada uno de los Estados miembros, presentando la evolución de cada uno y los retrocesos que, en su caso, se han producido. 

El mencionado informe indica que el nivel de percepción de la independencia judicial ha bajado en España respecto a 2020: sólo un 38% de la población considera “bastante bueno” el nivel de independencia de los órganos jurisdiccionales y de los jueces.

La Comisión Europea, también señala en su informe que, resulta especialmente preocupante la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (el gobierno de los jueces) que, lleva actuando en funciones desde finales de 2018. Situación que es consecuencia de la fuerte influencia política a la que está sujeta esta institución, ya que todos los miembros del CGPJ son elegidos por las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, por mayoría cualificada de tres quintos. La preocupación por esta cuestión ha ido en aumento con el anuncio del Gobierno de su propósito de reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo reduciendo la mayoría para alcanzar el acuerdo en una segunda votación a mayoría absoluta, lo que al final no ocurrió (básicamente debido a las presiones en contra de la Unión Europea).

La Comisión recomendaba en su informe que, se efectúe un cambio del sistema de elección de los miembros del CGPJ para que se realice conforme a las normas europeas y a lo establecido por el Consejo de Europa. Éste apunta que al menos la mitad de los miembros tienen que ser jueces elegidos por sus homólogos de todos los niveles del poder judicial. De esta manera, se consolidaría un sistema en el que se asegure una mayor independencia del órgano de gobierno de los Jueces.

El documento elaborado por la Comisión también muestra su preocupación por la competencia penal del TS en el enjuiciamiento de cargos electos y altos cargos (aforamientos) y por la falta de periodos de incompatibilidad para jueces y fiscales que hayan formado parte del ejecutivo o legislativo, lo que pone en duda la separación de poderes y la independencia de aquellos. Asimismo, hace hincapié en la falta de independencia del Ministerio Fiscal y el Gobierno, promoviendo un cambio en el sistema de nombramiento del Fiscal General. 

Por otro lado, el mencionado informe de la Comisión Europea subraya que, España aún no cuenta con un sistema de protección de los denunciantes de corrupción. Otra carencia de la que también se le da un toque de atención al Gobierno de España es falta de transparencia que, impide el acceso de los ciudadanos a la información pública. La Comisión Europea tampoco se olvida del trato de favor que reciben determindos medios de información -y manipulación de masas- en lo que respecta a los contratos públicos de publicidad institucional.

Además de todo las irregularidades anteriormente mencionadas, la Comisión Europea hace especial hincapié en que, el gobierno recurre de forma abusiva y reiterada a los «reales-decretos» para dictar disposiciones legislativas, cuando están reservados para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad,…

En la misma dirección está el Índice de Estado de Derecho de WJP 2021 (Proyecto de Justicia Mundial en lengua española), presentado públicamente en el mes de octubre.

El Rule of Law Index (Índice de Estado de Derecho en español), es el principal referente acerca de la salud del estado de derecho a escala mundial. De ello apenas se ha hablado en España, ni en esta ocasión ni en años anteriores, por parte de los medios, de información y creadores de opinión; y ¿Saben por qué? Pues, muy sencillo, el Reino de España no se puede afirmar que salga muy bien parado…

El Rule of Law Index -Índice de Estado de Derecho en español- se basa en encuestas realizadas en 138.000 hogares y 4.200 expertos alrededor del mundo, en 139 países, y mide la percepción y la experiencia de la población en general con respecto al Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.

El Índice evalúa el funcionamiento del estado de derecho de los diversos países, utilizando 44 indicadores, organizados en ocho dimensiones: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.  

“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, afirma William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. «El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

El texto completo del Índice de Estado de Derecho 2021 –incluyendo perfiles de países, infografías, metodología y opciones de descarga– está disponible desde el 28 de febrero en:

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021

Todos los años el Rule of Law Index publica una lista en la que evalúa a los diversos países, dependiendo de la calidad de su sistema judicial y sus instituciones. El objetivo del proyecto es medir en qué lugares del mundo se puede hablar de que -realmente- existe un Estado de Derecho en el que, rige el imperio de la ley y, por el contrario, en qué casos estamos ante instituciones débiles, arbitrarias e ineficientes.

El informe mide varios factores: ¿Hay límites efectivos al poder del Ejecutivo? ¿Qué grado de corrupción se observa en las instituciones? ¿Se gestiona con transparencia y desde un criterio de gobierno abierto? ¿Hay respeto por los derechos fundamentales? ¿Estamos ante un país seguro? ¿Se cumplen las leyes aprobadas por el Parlamento? ¿Funciona la Justicia civil? ¿Y la Justicia penal? ¿Qué hay de la mediación y otras fórmulas de resolución informal de disputas contractuales?

El Estado de Derecho en España 

España está en el lugar 21 de 139 países en Estado de Derecho, según el «Índice de Estado de Derecho 2021», presentado públicamente a finales del año.

La puntuación conseguida por España la sitúa en la posición 15 de 31 países en la región «Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio y América del Norte» y en la 21 de 46, entre países de altos ingresos.  

En la región Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio y América del Norte, el país con más alta puntuación es Dinamarca (en el lugar 1 de 139 países), seguido de Noruega y Finlandia.

Los últimos de la fila, los tres países con puntuación más baja en la región son Grecia, Bulgaria y Hungría (en el lugar 69 de 139 países).   En esta ocasión, se agregaron siete nuevos países de la región «Unión Europea, Asociación Europea de Libre Comercio y América del Norte» al Índice del año 2021: Chipre, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y la República Eslovaca.  

En los primeros puestos del Índice aparecen, además de Dinamarca, Noruega y Finlandia; Suecia, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá, Estonia, Australia, Singapur, Reino Unido. Bélgica, Estonia, Japón, Hong Kong, República Checa, Estados Unidos, Corea del Sur, Uruguay, Francia, y Polonia.

Los países en los que el estado de derecho goza de peor salud son Venezuela (República Bolivariana), Camboya; y la República Democrática del Congo que, ocupan los últimos lugares de la lista.

Si restringimos el ranking a los países integrados en la Unión Europea y sus áreas comerciales hermanas, vemos que España queda relegada al segmento medio-bajo de la tabla.

Lo mismo ocurre si nos fijamos en la clasificación según el nivel de riqueza de los países. España entra en el grupo de países ricos y, una vez más, queda relegada a un lugar de poco brillo.

En lo que peor malparados salimos es en lo concerniente a la corrupción, la justicia civil y la justicia penal), aunque la peor nota es la que obtenemos en orden y seguridad…

Como antes mencioné, afirmaba Don Enrique López en su artículo publicado en el diario «La Razón» hace más de diez años que, “a fuerza de repetir mucho una mentira se llega a creer que es verdad, y la razón se sustituye por la falsa tolerancia y por la búsqueda del consenso que enmascara la mendacidad. Ante esto sólo cabe el ejercicio de la razón y de la inteligencia, frente a la demagogia y al cretinismo. En España existe un Poder Judicial independiente y responsable, aunque no infalible”.

Pues, la realidad cotidiana en España, en su Administración de Justicia, difiere bastante de la visión «buenista» que pretenden darnos personas como Don Enrique López.

La realidad es otra radicalmente diferente: en los tribunales españoles se producen abusos de poder, prevaricaciones dolosas o culposas, encubrimientos corporativos, dilaciones indebidas dolosas, pérdidas de documentos, tráfico corporativo de influencias, tráfico de influencias de grupos de presión (o “lobbies”, como ahora se los nombra…) sutiles amenazas, presiones y coacciones a los justiciables o usuarios de la Administración de Justicia o, también, a los abogados y procuradores para que no firmen determinados asuntos o recursos, etc. etc. llevadas a cabo, por acción u omisión, por jueces, magistrados, fiscales, con la colaboración en muchas ocasiones de abogados, procuradores y demás personal de la oficina judicial.

Si la Administración de Justicia no alcanza un determinado nivel de calidad, no se la puede nombrar como tal, ni tampoco se puede tachar a nadie de fatalista o catastrofista, por llamar a las cosas por su nombre.

Lo que está en juego es al fin y al cabo la auténtica independencia de los jueces, independencia que nunca será real mientras que la Justicia siga siendo la continuación de la lucha política en otro ámbito y con otras armas.

Por supuesto, es deseable que la Administración de Justicia, como servicio público funcione, pero tal cosa es casi imposible con el actual desgobierno, en el que se confunde independencia con impunidad, con jueces intocables, un “Estado de Derecho en el que más vale que renuncies por tu bien a tus derechos para no cabrear al juez”.

Puede que lo que aquí se afirma no guste demasiado a los que están acostumbrados a las alabanzas, a las adulaciones, a los elogios “política y socialmente correctos”… Pero somos muchos, demasiados, sino todos al fin y al cabo, los que padecemos esta “Injusticia” travestida de justicia, maquillada de leyes cínicas e hipócritas, palabras vacías, retórica hueca…

Estoy hablando de un debate urgente, imprescindible, inaplazable si realmente se quiere recuperar (mejor dicho, adquirir) el tantas veces cacareado “Estado de Derecho”.