¿Está inmersa Europa en una guerra energética perdida de antemano? Un análisis del caso Greenpeace contra Energy Transfer y sus implicaciones transatlánticas

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

La reciente sentencia de un tribunal de Dakota del Norte contra las organizaciones ecologistas que integran Greenpeace, ordenando a la organización pagar 665 millones de dólares a Energy Transfer, la empresa detrás del oleoducto Dakota Access, ha generado una onda expansiva que resuena a ambos lados del Atlántico. Acusada de «difamación, intrusión, molestias, conspiración civil y otros actos» durante las protestas de 2016 y 2017, Greenpeace se enfrenta a un revés financiero significativo que plantea interrogantes sobre el futuro del activismo ambiental y la relación entre Estados Unidos y Europa en materia de política energética. Este fallo judicial ha desatado inquietud en Europa, donde se percibe como un ataque a la libertad de expresión y un intento de silenciar las voces críticas contra la industria de los combustibles fósiles. Algunos observadores ven en este caso el inicio de una posible ruptura transatlántica entre unos Estados Unidos que defienden sus intereses energéticos y una Europa sumida en su romanticismo ecologista, un romanticismo que se manifiesta en la adhesión acrítica a dogmas como el del «calentamiento global antropogénico», un mantra sin base científica sólida pero que sirve de pretexto para políticas que están llevando al continente a hacerse el haraquiri económico. El jurado no se anduvo con rodeos: Greenpeace fue declarada responsable, sus métodos ilegales y sus acciones perjudiciales.

El caso Dakota Access: un choque de visiones

El oleoducto Dakota Access, una arteria de casi 1.900 kilómetros que transporta crudo desde la formación de esquisto Bakken (Dakota del Norte) hasta Patoka (Illinois), ha sido el centro de muchas pasiones. En 2016, las tribus indias del Oceti Sakowin (Sioux y Cheyenne), apoyadas por un ejército de activistas, famosos y organizaciones como Greenpeace, denunciaron que el proyecto amenazaba las tierras sagradas de las tribus, así como recursos hídricos. En noviembre de 2016, la oposición al oleoducto reunió a pueblos y comunidades indígenas de todas partes de Estados Unidos: havasupai, del Gran Cañón; arapaho, de Wyoming; shoshone, de Nevada; cheyenne, de Oklahoma; navajo, laguna pueblo y hopi tewa, de Nuevo México, tuvieron representantes en el campamento Oceti Sakowin/Campamento de las Piedras Sagradas en Dakota del Norte.

Allí se sumaron participantes de un número impresionante de grupos de otros países como los sami, de Escandinavia; los sarayaku, de Ecuador y los cree, de Canadá, entre otros. Sin contar a los defensores no-indígenas de ONG como Greenpeace, Amnistía Internacional y la American Civil Liberties Union, y por supuesto a la prensa internacional.

Lo que empezó en agosto de 2016 como la lucha de un solo pueblo, Standing Rock Sioux, de Dakotas del Norte y del Sur, desarrolló un movimiento global de los pueblos indígenas.

Decenas de miles de firmas se acumularon en peticiones y las protestas en las obras paralizaron los trabajos, lo cual costó a Energy Transfer unos 300 millones de dólares en retrasos y costes adicionales. El 22 de febrero de 2017, en Cannon Ball (Dakota del Norte), activistas intentaron bloquear la construcción del oleoducto provocando incendios en la zona donde se sitúa el campamento de protesta Oceti Sakowin. La cólera degeneró a menudo en violencia a cielo abierto y vandalismo a gran escala, para disgusto de las poblaciones locales, que se hartaron de estos «cruzados» venidos de afuera. Ante este caos, el presidente Donald Trump, recién investido en 2017, emitió un memorando presidencial para acelerar el proyecto, al tiempo que dejaba de lado lo que describió como un «proceso de autorización increíblemente engorroso y horrible».

El gasoducto entró en funcionamiento en mayo de 2017. Sin embargo, Energy Transfer decidió inmediatamente iniciar una ofensiva legal. Según la compañía, Greenpeace había orquestado las manifestaciones, financiado los desórdenes y difundido mentiras sobre el Dakota Access Pipeline.

El 19 de marzo de 2025, el jurado de Mandan le dio la razón, dictaminando que Greenpeace International, Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc. deben pagarle una indemnización de 665 millones de dólares, una suma que suena como una declaración de guerra a las ONG ecologistas. Se acabaron los días de omnipotencia e impunidad de facto para los activistas del clima.

Greenpeace USA se lamenta ahora de que se verá obligada a declarar la quiebra. ¿En serio? Con su red de donantes -pequeños, grandes y megagrandes- la ONG debería ser capaz de resurgir. La advertencia es clara: en Estados Unidos ya nadie se toma en broma a quienes entorpecen la economía y pisotean los derechos de los demás bajo la apariencia de idealismo. Los abogados del grupo ecologista ya han anunciado que recurrirán la sentencia.

La respuesta europea: la Directiva Anti-SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública)

Mientras tanto, Europa se inquieta. Greenpeace Internacional ha invocado la Directiva Europea Anti-SLAPP, una iniciativa de la Unión Europea ( UE) para proteger a las personas, especialmente periodistas y activistas, de demandas abusivas (llamadas «demandas estratégicas contra la participación pública») destinadas a silenciar la crítica o la participación pública, proporcionando salvaguardias como la desestimación anticipada de demandas infundadas y protecciones financieras. La directiva anti-SLAPP, adoptada en abril de 2024 por una UE siempre dispuesta a apoyar y financiar a las onenegé más extremistas, pretende concretamente inmunizar a estas organizaciones contra los procedimientos judiciales. Greenpeace Internacional presentó una demanda contra Energy Transfer en virtud de la directiva anti-SLAPP en los Países Bajos en febrero de 2025.

El grupo ecologista relacionó el incidente con preocupaciones medioambientales más amplias, como se puede leer en su declaración: «Con sede en los Países Bajos, Greenpeace Internacional se ampara en la legislación neerlandesa sobre agravios y abuso de derecho, así como en el Capítulo V de la directiva de la UE, adoptada en 2024, que protege a las organizaciones con sede en la UE contra SLAPPs fuera de la UE, y les da derecho a una indemnización. La directiva, junto con la legislación neerlandesa vigente, allana el camino para que GPI interponga recursos contra tres entidades del grupo empresarial de ET… por los daños que ha sufrido y sigue sufriendo como consecuencia de las demandas SLAPP y las acciones relacionadas en EEUU. Greenpeace Internacional envió a Energy Transfer un Aviso de Responsabilidad en julio de 2024, emplazándola a retirar su demanda en Dakota del Norte y a pagar daños y perjuicios, o a enfrentarse a acciones legales. Energy Transfer se negó a hacerlo».

Por lo visto, a Greenpeace le gustaría que organizaciones como ella puedan causar directa o indirectamente daños por valor de cientos de millones de dólares y los tribunales no puedan intervenir.

La aplicabilidad de la directiva anti-SLAPP de la UE a la sentencia en cuestión es dudosa, porque:

La directiva europea en cuestión aún no ha entrado en vigor en los Países Bajos.
Es Greenpeace USA la que ha sido declarada responsable (por 400 millones de dólares) por actos cometidos en los Estados Unidos, mientras que la directiva anti-SLAPP de la UE se refiere únicamente a litigios transfronterizos. Según el artículo 1 de la directiva anti-SLAPP, se refiere a demandas claramente infundadas o acciones legales explotadoras en casos civiles que tengan elementos transfronterizos, dirigidos contra personas o entidades -conocidas como objetivos SLAPP- debido a su implicación en la participación pública. El requisito de «implicaciones transfronterizas» significa que las SLAPP relacionadas únicamente con casos nacionales no están cubiertas por la directiva.
Greenpeace fue declarada responsable por actividades que provocaron violencia, no por haber expresado su opinión. La incitación a la violencia no es una opinión, y la directiva anti-SLAPP de la UE no cubre los actos de violencia. Su objetivo principal es proteger a las personas y entidades dedicadas a la participación pública de demandas manifiestamente infundadas o procedimientos judiciales abusivos en asuntos civiles o mercantiles con implicaciones transfronterizas.

Si, a pesar de todo, los jueces neerlandeses acaban fallando a favor de Greenpeace Internacional, todo es posible: una sentencia así supondría otra bofetada a Estados Unidos. ¿Permitiría la Administración Trump una nueva invasión europea a la soberanía estadounidense? Parece como si la UE, a través de esta directiva, intentara una vez más dictar la ley en suelo estadounidense. Las tensiones transatlánticas, ya avivadas por disputas comerciales, cuestiones de libertad de expresión, financiación de la OTAN y la guerra de Ucrania, aumentarían aún más.

Trump en guerra contra los «calentólogos».

Más allá de este duelo legal, hay un choque de visiones, de perspectivas, en juego. Por un lado, la América de Trump, impulsada por el mantra «drill, baby, drill (perfora, perfora, perfora)» y una opción clara y rotunda -sin pedir perdón- por los combustibles fósiles. Pero el presidente ha puesto la mira en un objetivo aún más amplio: mantener al mundo enganchado a los combustibles fósiles durante el mayor tiempo posible. En acuerdos que se están formulando con países como Japón y Ucrania, Trump está utilizando la influencia estadounidense en aranceles y ayuda militar para impulsar el flujo de petróleo y gas a escala mundial. En África, su administración incluso ha promocionado la resurrección del carbón, el combustible fósil que algunos dicen que es el más contaminante, para abastecer de energía al continente. Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, declaró la semana pasada que esta actitud ha sido “paternalista” y contraproducente para África . “Eso es un disparate, un disparate absoluto”, afirmó Wright. “El carbón transformó nuestro mundo y lo hizo mejor”. Es más, Wright atacó a Joe Biden por sus «políticas irracionales y su fanatismo sobre el cambio climático» y afirmó que «no hay manera física» de que las energías renovables, como la solar y la eólica, puedan reemplazar a los combustibles fósiles, una opinión cuestionada por los algunos que dicen ser «expertos»… hemos de suponer que tan expertos como Pilar Lucio, la miembro del Consejo de Seguridad Nuclear de España que ha dicho que «es contraproducente saber demasiado»…

El gas y el petróleo de esquisto, abundantes y baratos, han convertido a los EEUU en el primer productor mundial de hidrocarburos. Estados Unidos ve impulsada su independencia energética por las exportaciones masivas de gas natural licuado. El presidente levantó una pausa impuesta durante la era Biden a las exportaciones de gas estadounidense, y Japón y Corea del Sur han expresado su interés en invertir en un proyecto de gas en Alaska, en parte para evitar la amenaza de aranceles de Trump. Según declaró el presidente el mes pasado: «Japón pronto comenzará a importar nuevos envíos históricos de gas natural licuado (GNL) limpio estadounidense en cantidades récord».

Al otro lado, una Europa obstinada en su Pacto Verde -un proyecto tan costoso como ilusorio- sacrifica su competitividad en el altar del dogma ecologista. Mientras en la Unión Europea se cierran fábricas, en Estados Unidos se reabren. El contraste entre pragmatismo e ideología es sorprendente. Mohamed Adow, fundador y director de Power Shift Africa, dijo lo siguiente: «Una de las transformaciones causadas por los combustibles fósiles estadounidenses fue destruir nuestro clima previamente equilibrado y sumergir a algunas de las personas más pobres y vulnerables de África en una vida lidiando con condiciones climáticas extremas y la pérdida de hogares y medios de vida”. Este tipo de declaraciones, que obvian la compleja realidad de la geopolítica y la necesidad de un acceso a la energía asequible para el desarrollo, son las que alimentan el espejismo de un mundo descarbonizado a cualquier precio, un camino que Europa ha elegido seguir a pesar de las consecuencias. En esa Europa, por supuesto, el llamado «consenso científico» sobre el «calentamiento global antropogénico» es dogma de fe, aunque cada vez sean más numerosas las voces que cuestionan la validez de ese paradigma y sus catastróficas consecuencias económicas.

¿Qué podemos aprender de todo esto? EEUU ha elegido su bando: soberanía energética, prosperidad, fin de la impunidad para las ONG que realizan actividades ilegales. Greenpeace puede apelar y sus activistas pueden gritar «denuncia mordaza», pero la marea parece claramente estar cambiando.

En definitiva, el caso Greenpeace contra Energy Transfer es un reflejo de las tensiones globales en torno a la energía, la protección y conservación de la naturaleza y la geopolítica. La resolución de este conflicto legal tendrá consecuencias importantes para el futuro del activismo ambiental y la relación entre Estados Unidos y Europa.