Después de que José Barrinuevo, exministro socialista del Interior se autoinculpándose, al principio del presente mes des noviembre de 2022, y reconociera abiertamente, sin rodeos ni circunloquios que los GAL fueron creados por el gobierno del que él formaba parte y presidía Felipe González, y que el gobierno socialista incurrió en gravísimos delitos de terrorismo, asesinato, secuestro, malversación y prevaricación, con el consentimiento de su inmediato superior, en la lucha antiterrorista de la década de los años 80, VOZ IBÉRICA considera que merece dedicársele unos minutos de atenta lectura el siguiente texto que, como podrán observar, sigue estando de plena actulidad y narra el momento en el que la CIA, los servicios secretos estadounidenses desclasificaron documentos acerca de los GAL y la lucha antiterrorista contra el terrorismo vasco, ETA.
Antes de comenzar la lectura del texto, les invitamos a ver y oír las declaraciones de José Barrionuevo, si es que cuando éstas se realizaron les pasaron desapercibidas.
Sin más preámbulos, pasemos al artículo:
¿Quién iba a augurar que iba a ser la CIA la que con el tiempo despejaria la «incógnita» formulada por Julio Anguita desde el Parlamento, en relación con la famosa «X» de los GAL?
Ni la más enfebrecida imaginación hubiera podido llegar a prever que iban a ser los Servicios de Inteligencia estadounidenses los que resolverían la famosa incógnita que envolvió durante décadas al misterioso personaje creador y propulsor de la organización GAL, encargada de la liquidación física, de aquellos que integraban la banda terrorista vasca ETA. Según reflejan ahora los papeles descatalogados de la CIA, Felipe González «acordó la constitución de un grupo de mercenarios, controlado por el Ministerio del Interior (al frente del cual estaba José Barrionuevo), para combatir al margen de la ley a los terroristas… dejando manchadas seriamente las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista».
La Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) acaba de despejar la incógnita peor guardada de la historia de la «Transición» del régimen del General Franco a la Monarquía Constitucional Española: el expresidente socialista Felipe González Márquez fue el creador e impulsor de los GAL, un grupo armado y violento que actuó durante los años 80 y 90, y tras el que se escondió el terrorismo de Estado, manejado por el propio gobierno del PSOE, con el objetivo de combatir al grupo terrorista vasco ETA.
Vídeo: 1983 1989 Historia de la banda terrorista española GAL:
De acuerdo con la documentación dada a conocer ahora, la CIA sometió a un riguroso seguimiento las actividades protagonizados por los GAL, desde mediados de la década de los 80 del siglo pasado.
La documentación, que hasta estos momentos era mantenida rigurosamente en secreto, ha sido desclasificada y puesta a disposición de todos aquellos que deseen consultarla, aunque existen en ella importantes lagunas, con párrafos y fragmentos enteros censurados o tachados.
Según mantiene la referida documentación desclasificada en la actualidad, el Ejecutivo español, que durante 14 años encabezó Felipe González: «parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA… (Censura)… González ha acordado la constitución de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para combatir fuera de la ley a los terroristas… (Censura)… los mercenarios no serían necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y Francia…».
En una nota adjunta que agregan los Servicios de Inteligencia americanos a pie de página del documento, se mencionan como precedentes directos de este grupo terrorista creado por el ex presidente González, el «Batallón Vasco Español», el «Anti Terrorismo ETA» y la llamada «Alianza Apostólica Anticomunista» (Triple A).
En la documentación ahora conocida se puede observar como los «censores» del material desclasificado se cuidan mucho en tachar las biografías de los mercenarios implicados en asesinatos de Estado, organizados en contra de la organización ETA.
La documentación desclasificada de la CIA asegura que los GAL lograron sembrar el miedo y el terror entre los vascos que habían logrado huir a Francia. Indica, igualmente, que durante la época a la que hace referencia el documento de la CIA, los GAL consiguieron acabar con la vida de nueve personas en el sur de Francia. La CIA puntualiza, asimismo, que la nacionalidad de los mercenarios encargados de la liquidación de objetivos designados «no tenían que ser necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y Francia… Los terroristas están todavía más a la defensiva porque saben que salir de España no garantiza la seguridad».
Los Servicios de la Inteligencia estadounidense reconocen que estas operaciones no sólo tienen un carácter manifiestamente ilegal sino que, además, cuestionan los mismos fundamentos de la democracia. La propia CIA acepta en su informe que con este tipo de organizaciones paramilitares «las credenciales democráticas del Gobierno español y del Partido Socialista quedarían manchadas seriamente… El gobierno del primer ministro Felipe González, que muchos pensaban sería blando con el terrorismo, se ha mostrado implacable en la resolución para erradicar ETA a través de una combinación de concesiones políticas a la minoría vasca e intensificando los esfuerzos legales».
Pero la documentación desclasificada de la CIA va aún más allá. Pone al descubierto las estrechas relaciones mantenidas entre este grupo criminal creado por el felipismo y el hampa, la «Organización del Ejército Secreto (OAS)», y la «Legión Extranjera Francesa», estas dos últimas organizaciones fuertemente vinculadas a la extrema derecha francesa.
Apenas habían transcurrido unas pocas horas desde que la documentación de la CIA fue dada a conocer y en el Parlamento español se presentó una petición urgente de comparecencia del ex Secretario General de los socialistas españoles, Felipe González para que desde esa institución explicara los datos dados a conocer por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La petición fue formulada por el grupo político heredero de la ETA, Bildu... El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez hizo todo lo posible para impedir que se creara una comisión de investigación, en el Congreso del los Diputados, e impidió que compareciera Felipe González Márquez… y se corrió un tupido velo.
El documento de la CIA aparece en momentos políticamente muy poco oportunos para el ex líder socialdemócrata Felipe González. Al generalizarse la percepción social de cuál fue realmente el papel que desempeñó su gobierno, así como sus implicaciones con el terrorismo de Estado, la actual cúpula del PSOE ha decidido marcar discretas distancias con el que fue su ex líder y máxima referencia política. El peso de sus opiniones apenas encuentran ya eco en sectores minoritarios de su propio partido. Con propiedad podría decirse que Felipe González es hoy un político amortizado en las filas de la socialdemocracia española.
Por otra parte, las revelaciones de la CIA ubican a González en el indecoroso lugar que históricamente le corresponde,…
Como afirmábamos hace un par de semanas, el gobierno socialista, presidido por Felipe González Marquez, decidió la creación, organización, financiación y sostenimiento de los GAL, en el convencimiento de que contaba con la permisividad o la complicidad de amplios sectores de la opinión pública y de los propios estamentos políticos e institucionales, incluyendo a los partidos de la oposición.
Desde el momento en que los GAL iniciaron sus actuaciones delictivas, comenzó también una larga ristra de «comprensiones y justificaciones», con magníficos argumentos de diferenciación entre uno y otro terrorismo, el bueno (el del gobierno) y el malo (el de ETA), a pesar de ser unos y otros verdugos y ocasionando víctimas «inocentes» en uno y otro lado…
Quien guarde aún memoria de aquellos tiempos, recordará que Ricardo García Damborenea (socialista vasco que acabó también siendo condenado con José Barrionuevo) fue calificado de terrorista por sus propios correligionarios por tenera la osadía y la sinceridad de defender públicamente la necesidad y legitimidad del GAL; también hubo quienes calificaron aquellos despropósitos como actos de «legítima defensa colectiva».
Sin duda, no se puede «descontextualizar» la aparición y la actuación de los GAL, pues eran tiempos de extraordinaria dificultad frente al terrorismo; muchos ciudadanos exigían un «basta ya con eficacia»: mientras ETA atacaba el Estado de Derecho, el GAL lo defendía.
Pero, quienes lean estas líneas concluirán conmigo en que la lucha contra el terrorismo etarra se podía haber hecho de otra manera, empezando por haberle dado encaje legal (como se hizo en Gran Bretaña en la lucha contra el IRA, o en Alemania contra la banda Baader Meinhof, o en Italia contra las Brigadas Rojas, e incluso el estado de Israel contra el terrorismo árabe) y continuando con la necesaria supervisión y el obligado control de otras instituciones del Estado, de manera que se disuadiera de incurrir en actos criminales de toda clase a quienes entonces dirigían la acción antiterrorista contra ETA, como desgraciadamente acabó sucediendo. Y por supuesto, para evitar la ocultación de los hechos delictivos a los tribunales, tal como se intentó por todos los medios, por parte del Gobierno socialista de Felipe González.
Todas aquellas complicidades, la ley del silencio y las colaboraciones con el terrorismo de Estado se rompieron cuando se hizo evidente que ese peculiar terrorismo-antiterrorista enriqueció, a costa de fondos públicos, a sus más ilustres y reputados protagonistas.
Mucho de ello (pues sigue siendo mucho aún lo que no se sabe) acabó saliendo a la luz cuando se acabó corroborando una vez más, que si el patriotismo es el último pretexto de los bandidos, la defensa del Estado Democrático y de Derecho fue la primera y más rentable excusa para engordar sus bolsillos y labrarse un considerable patrimonio a costa del dinero de los contribuyentes y del saqueo de las arcas del Estado. Era evidente que nada de aquello podía ser apoyado y menos comprendido, ni justificado por la opinión pública, por muy encanallados que puedan estar algunos españoles.
Tras la razón de Estado, tras miserables justificaciones maquiavélicas, detrás de todo finalmente aparezció la codicia y el medro personal como justificación de la necesidad de recurrir a la guerra sucia, a las alcantarillas y desagües para combatir al terrorismo etarra.
Ninguno de los responsables de todas aquellas tropelías y despropósitos, empezando por el «señor X» podrá pronunciar aquellas palabras dignas de un verdadero servidor del Estado y a los ciudadanos, después de toda una vida dedicada a ello: «De mi lealtad y bondad es testimonio mi pobreza». Ninguno podrán decir esto ni consolarse con esta magistral reflexión de Nicolás Maquiavelo: «Sólo son buenas, seguras y duraderas las defensas que dependen de ti mismo y de tu propia virtud».
Si todo lo concerniente a los GAL, a la lucha antiterrorista fue como fue, ninguno de sus responsables —González a la cabeza— podrá justificar sus acciones y menos defenderlas de forma duradera y segura.
Algunos de quienes entonces tenían poder e influencia siguen argumentando en su defensa que eran unos «ignorantes» de cuanto sucedía. Según ellos, ni el Presidente del Gobierno, ni nadie del consejo de ministros, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el Cesid sabía nada de los GAL.
Pese a los testimonios demoledores sobre implicaciones al más alto nivel en la trama y la urdimbre del terrorismo de Estado; pese a que los acusadores no pueden, denunciando a sus jefes, exonerarse de sus responsabilidades en forma alguna (no cabe aquello de «la obediencia debida»); pese a que acabaron apareciendo documentos que son auténticos arietes de demolición de mentiras, pretextos y argucias colaterales, todavía transcurrido el tiempo son muchos los que siguen insistiendo en la ignorancia.
El entonces presidente socialista, Felipe González, ha dicho en múltiples ocasiones que todo es «un montaje falso y casi grotesco». Pero, después de la autoinculpación de José Barrionuevo ya no puede seguir diciendo aquello de «no hay pruebas ni las habrá». Sin dudas, pruebas haberlas haylas ¿Qué mayor prueba que el testimonio de quien fue Ministro del Interior del gobiero socialista de Felipe González?
El patético Barrionuevo aseguró durante años, y así lo afirmó ante el Tribunal Supremo de España que «estaba muy tranquilo, porque del asunto de los GAL lo ignoraba todo, no sabía nada», pese a que sus afirmaciones y negaciones fueran una ofensa al pudor y a la inteligencia…
Pese a la desmemoria selectiva, pese al descaro, pese al convencimiento de que gozaban de completa impunidad, el Tribunal Supremo acabó condenando a José Barrionuevo y a su subalterno, Rafael Vera, a diez años de prisión… Pero, transcurrido el tiempo, muy poco tiempo, el gobierno del Partido Popular, presidido por un tal Aznar, acabó indultándolos, diciendo que tomaba tal decisión por «altura de miras»… La misma suerte corrieron Francisco Álvarez, ex jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, ex jefe de Policía de Bilbao, y el ex secretario de los socialistas vizcaínos Ricardo García Damborenea. El gobierno del PP tramitó los indultos con sorprendente rapidez a finales de 1998.
Rafael Vera, lugarteniente de José Barrionuevo, declaró que «el PP nos indultó para corregir su error al romper el consenso en la lucha contra ETA»…
A buen entendedor pocas más palabras caben.
Ahora, la pregunta del millón es ¿Quién tendrá la valentía de ponerle el cascabel al gato?
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