Fueron muchos prestigiosos juristas, asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial los que advirtieron al gobierno social-comunista de que los violadores se acabarían acogiendo a su «ley de sólo sí es sí» y pedirían que se les rebajara la condena…

A comienzos de septiembre entró en vigor la «ley de libertad sexual», promovida por la ministra comunista Irene Montero, de Podemos, y motejada por socialistas, estalinistas, etarras y separatistas como la «ley del sólo sí es sí». Además de lesionar derechos fundamentales, la ley es una chapuza legislativa que mezcla conceptos como los abusos y las agresiones sexuales. Las chapuzas de esa norma ya fueron advertidas con mucha antelación. Durante su tramitación parlamentaria, en febrero 2021, el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió que esa reforma serviría para revisar condenas por violación. Lo hizo en un completo informe sobre esa ley (ver PDF):

«241.- El cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII supone una reducción del límite máximo de algunas penas«.

«242.- Así en el caso del tipo básico de agresión sexual se establece una pena de prisión de 1 a 4 años, cuando la vigente para agresiones sexuales es prisión de 1 a 5 años. (…)»

«243.- En el caso del tipo básico de violación se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años, mientras que actualmente la violación se pena con 6 a 12 años de prisión y en el caso de abusos sexuales con penetración de 4 a 10 años».

«244.- Para los tipos agravados, en el caso de agresión sexual la pena es de 2 a 6 años de prisión, mientras que actualmente es de 5 a 10 años«. (…)

Así mismo, el punto 245 del informe el CGPJ advertía: «Respecto de los marcos penales proyectados cabe señalar que el anteproyecto no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos. Por otro lado, la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente».

El gobierno no hizo caso y al final ocurrió lo que advirtió el CGPJ

Las advertencias eran clarísimas y muy detalladas, pero como de costumbre el gobierno no hizo caso. Y al final ocurrió lo que el CGPJ advirtió que ocurriría: ayer se conoció la excarcelación de un condenado por abusos a menores gracias a su reducción de condena por la ley de Irene Montero. Es sólo una de las rebajas que vamos a ver próximamente por culpa de esa nefasta e irresponsable ley.

En vez de reconocer su grave error, el gobierno culpa a los jueces

Pero no les basta con haber provocado un mal con su negativa a hacer caso al informe del CGPJ. Ayer, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, culpaba a los jueces de la rebaja de penas promovida por el propio gobierno, afirmando que se debe a una «interpretación voluntarista de un tribunal», diciendo que «el problema no es la ley» y culpando a la «justicia machista». Hay que recordar que en julio de 2021, Rosell negó que esa ley fuese a rebajar las condenas, afirmando que la reforma introducía un sistema de penas «progresivo y proporcional». En agosto de este año, Rosell insistía en negar la rebaja de penas, diciendo que era «pura propaganda» y añadiendo: «Quieren desprestigiar la ley Solo Sí es Sí y asustar a las mujeres«.

Los violadores ya condenados disfrutarán de esa rebaja aunque sea derogada

Sin embargo, ayer la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, abría la puerta a revisar la ley, «porque evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas de abuso a menores. Todo lo contrario». A pesar de ello, el daño ya está hecho, porque ahora los ya condenados por violación podrán acogerse a esa ley aunque sea cambiada, tal como señala el Artículo 2.2 del Código Penal: «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo».

Teniendo en cuenta lo ocurrido, lo mínimo que debería hacer Irene Montero es dimitir como ministra, o bien ser cesada. Pero no ocurrirá. Este gobierno cree tener barra libre para dar rienda suelta a su irresponsabilidad e ineptitud, porque siempre carga con las culpas a otros. A fin de cuentas, tiene comprados a un montón de medios para que le ayuden a tirar balones fuera y así no tener que asumir ninguna clase de responsabilidad por cada error o abuso cometido.

FUENTE: https://www.outono.net/elentir/2022/11/16/asi-advirtio-el-cgpj-al-gobierno-en-2021-sobre-su-rebaja-de-penas-a-violadores-no-hizo-caso/