MANOS LIMPIAS, MIGUEL BERNAD

Hablemos del Comisario José Manuel Villarejo, jefe de las Cloacas del Estado y el origen de la operación «Nelson» contra AUSBANC y Manos Limpias, su testimonio fue pedido por las defensas de los acusados en la operación Nelson.

Su testimonio era fundamental y esencial. Villarejo fue contratado con una suculenta retribución por el entonces Presidente del BBVA, Francisco González para una investigación prospectiva contra AUSBANC y Manos Limpias y posteriormente formular una denuncia anónima. Denuncia que se acabó sabiendo que fue elaborada con la complicidad del responsable jurídico del BBVA, Eduardo Ortega la denuncia estaba en el ordenador de Villarejo.

Con estos antecedentes, se inicia el juicio oral: AUSBANC  Manos Limpias, y obviamente en cuestiones previas por todas las defensas, se pide el testimonio del jefe de las Cloacas del Estado, al ser el principal testigo para demostrar y acreditar el origen de un proceso ilegal en doble sentido: Hacer una investigación prospectiva (a ver que encontramos) e incidir en un ilícito penal de contratar a un comisario en activo mediante una suculenta retribución por elaborar una denuncia anónima.

Pues bien, ese testimonio fue denegado por la Ponente, Teresa Palacios y el resto del Tribunal, mediante una línea: “no resulta útil a la presente causa”.

Es escandaloso que una denegación fundamental de una prueba (el testimonio del principal actor) se motive con una línea (Auto de 05/02/2020).

La infracción del Art. 24.2 de la Constitución es manifiestamente descarada, irrefutable. La indefensión no admite la más mínima duda.

¿Qué se esconde detrás de este auto de denegación de un testigo fundamental?

La respuesta es clara: La amistad íntima entre la ponente y el jefe de las cloacas del Estado. Esa amistad ha quedado acreditada cuando se abstiene en una pieza de la operación Tándem al manifestar que le une una amistad y que ha tenido muchas comidas con él.

Ese testimonio, se corrobora en una grabación de Villarejo  homenajeando a Teresa Palacios y donde además la contrata como profesora de la Schola Iuris.

Ahora una explicación, el rechazo a ese testimonio: No comprometer a su amigo Villarejo. La obligación de decir la verdad (Art. 4.17 LEC) lo contrario le podía incurrir en un delito de falso testimonio la hubiera puesto en evidencia a la ponente Teresa Palacios.

Y como parangón a que el testimonio de Villarejo, no resulta útil a la presente causa, es como si decimos que el motor de un vehículo o sus cuatro ruedas no son útiles para que pueda funcionar o moverse.

El comisario José Manuel Villarejo coloca a Teresa Palacios entre las personas contratadas y beneficiadas económicamente por el Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris, del que Villarejo era su dueño. Es también muy grave conocer que recientemente la magistrada se ha abstenido en una de las piezas del Caso Tándem, donde se juzga a Villarejo, basándose en que conocía al comisario desde hacía tiempo y que había participado en almuerzos con él y otras personas.
Habría que preguntarla, por qué en el momento de la Cuestiones Previas planteadas por las defensas de los procesados en la Operación Nelson, enero de 2020, y cuando el nombre de Villarejo salió a relucir para ser citado por las defensas como testigo, no se abstuvo. ¿Cómo se llama eso Excelentísima magistrada? Prevaricación ¿Verdad? 

Habrá que recordarle que la Constitución Española de 1978, en su artículo 24, establece que todas las personas, “tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, siendo una de las garantías fundamentales de todo proceso que el tribunal llamado a juzgar el conflicto esté dotado de independencia e imparcialidad.

De la conversación que le grabó Villarejo en la comida de 17 de octubre de 2017, en su honor y por su onomástica, me quedo con lo que le comenta Baltasar Garzón, a partir de las 2 horas, 36 minutos y 58 segundos, donde entre otras muchas cosas le dice:

Baltasar Garzón: “Si tú me pones una sentencia donde no hay control yo al día siguiente te retuerzo el pescuezo”

Los tentáculos de Villarejo en el mundo judicial

El expolicía y empresario ejerce su influencia desde hace años a través del instituto Schola Iuris y la asociación Transparencia y Justicia

El comisario jubilado y empresario José Manuel Villarejo montó durante años una red de influencias en la justicia española para poder intervenir en los procedimientos judiciales que le afectaban a él o a sus clientes. Esa red sigue viva y tiene como principales activos el instituto de práctica jurídica Schola Iuris, en el que han cobrado por dar clases relevantes jueces y fiscales españoles (entre ellos el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, según los datos públicos del claustro de profesores), y la asociación Transparencia y Justicia, que se persona en aquellos casos de interés para el policía, como hizo hace apenas 10 días en el caso Lezo.

El entramado de sociedades de Villarejo no se limita al sector inmobiliario, hotelero, de consultoría, seguridad o sanidad; la justicia supone un nicho importante para sus actividades. En unos casos a través del despacho de abogados del que es socio (Stuart & Mckenzie Spain) y en otros, a través de las citadas escuela y asociación.

Schola Iuris es un exclusivo instituto jurídico de Madrid en cuyo claustro han confluido altos cargos policiales, reputados abogados y, sobre todo, fiscales y magistrados de relevancia. El centro fue creado el 19 de octubre de 2004 y una de sus especialidades es el máster de Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogados de Madrid. Los alumnos abonan de matrícula 14.000 euros por 512 horas lectivas.

Este instituto es una sociedad limitada, cuyo titular es la sociedad Procard Europa, con un capital social de 3.010 euros, de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer. El director es perito calígrafo y psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y el campus está situado en la planta 18 de la Torre de Cristal, en el centro financiero del paseo de la Castellana de Madrid.

Benseny aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo (socio de Villarejo en la mayoría de sus negocios) y otros dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez Raso, en el consejo de la empresa Cenyt Argo, que tiene como sociedad matriz a Cenyt Consultoría, uno de los ejes del entramado societario del conflictivo policía.

EL PAÍS se ha puesto en contacto con los fiscales Maza y Moix para contrastar la información pública de Schola Iuris y, a través de la Dirección de Comunicación de la fiscalía, han señalado que el actual fiscal general del Estado impartió una sola clase en 2005 y que el fiscal Anticorrupción nunca ha dado ni clases ni conferencias en ese instituto y que no conoce al comisario Villarejo (esta aclaración no se le había solicitado). Esta respuesta contradice los datos incluidos en la web de Schola Iuris durante años.

El propio comisario Villarejo presume en sus conversaciones privadas de tener muy buenas relaciones con jueces y fiscales, con los que mantiene reuniones periódicas. El expolicía y empresario acudió a la toma de posesión del fiscal general del Estado sin estar invitado, pero acompañó al juez decano de Madrid, Antonio Viejo, con quien tiene buena relación.

Los magistrados y jueces españoles están sometidos a un estricto régimen de incompatibilidades, regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las únicas actividades consideradas compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional son “la docencia o investigación jurídica, así como la producción literaria, artística y científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”. La norma establece con detalle las actividades compatibles y aquellas sobre las que hay que pedir autorización.

Los jueces, magistrados y fiscales pueden dar clase en cursos y seminarios (siempre que no tenga carácter permanente ni suponga más de 75 horas al año), conferencias públicas, participar en tribunales calificadores de pruebas de selección a la Administración, etcétera. Sin embargo, desde algunas instancias se ha planteado la posible connivencia entre estos funcionarios públicos y los abogados que participan en estos cursos y, por supuesto, con los propietarios de las instituciones que les contratan. El que fuera fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha sido uno de los más críticos con estas relaciones.

Además de Schola Iuris, Villarejo tenía una segunda vía para influir sobre aquellos casos de interés: la asociación Transparencia y Justicia, que acaba de personarse como acusación popular en el caso Lezo. Esta asociación fue fundada en 2005, un año después que la escuela de práctica jurídica, bajo el nombre de Asociación para la Protección de la Inversión.

Web de la esposa

En 2011 cambió de denominación por el nombre actual y fueron designados representante legal el abogado David Macías González y miembro de su patronato Rafael Redondo. Ambos forman parte del núcleo duro de las sociedades de Villarejo. Macías es, entre otros cargos, administrador único de Desarrollo Empresarial Potes, que ostenta la propiedad de la web informaciónsensible.com, dirigida por la actual mujer del policía.

Transparencia y Justicia se ha personado en procedimientos famosos. Entre ellos, el caso Campeón, por el que se imputó al político socialista José Blanco, y el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre en la Gran Vía de Madrid. En este último caso, la asociación tuvo una actuación errática, acusando primero a la expresidenta de la Comunidad de Madrid de un delito de desobediencia y abandonando el caso posteriormente a pesar de ganar un recurso de apelación.

Este movimiento fue muy comentado en su día (marzo de 2015) y el periodista Ernesto Ekaizer escribió en este periódico que “fuentes jurídicas consultadas señalan que esta aparición y desaparición es un modus operandidel tándem Villarejo-Macías” y que “la acusación popular es un instrumento para obtener ciertos objetivos que se fijan cuando se deciden a emprender la personación en casos sonados”…

Claustro de profesores de Schola Iuris

Esta es la lista de profesores que impartían clases y conferencias en Schola Iuris hace varios años (la información posterior ha sido eliminada de la web):

Adolfo Prego Oliver Tolivar: Exmagistrado del Tribunal Supremo.

Alfredo Domínguez Ruiz Huerta: Abogado.

Ángel Benseny Pellicer: Psicólogo forense.

Antonio del Moral García: Magistrado del Supremo.

Arturo Beltrán Núñez: Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

Bartolomé Vargas Cabrera: Fiscal de Seguridad Vial.

Eduardo Fungairiño: Fiscal del Tribunal Supremo.

Florentino Ortí Ponte: Abogado y fiscal excedente.

Francisco Vieira Morante: Magistrado presidente del Tribunal Superior de Madrid.

Héctor Cachero Álvarez: Abogado.

Ignacio Gordillo: Fiscal excedente de la Audiencia Nacional.

Ignacio Serrano Butragueño: Abogado y exmagistrado.

Isabel Cid: Magistrada.

José Luis Olivera Serrano: Comisario principal y jefe de la UDEF Central (actualmente del CITCO).

José Manuel Maza Martín: Magistrado del Supremo (ahora fiscal general del Estado).

José Miguel de la Rosa Cortina: Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado.

Juan José Carrasco Gómez: Psiquiatra forense.

Luis Jordana de Pozas González: Fiscal excedente.

María Rocío Gómez Hermoso: Psicóloga de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

María Teresa Palacios: Magistrada de la Audiencia Nacional.

Manuel Marchena Gómez: Magistrado del Supremo.

Manuel Moix Blázquez: Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ahora jefe de la Fiscalía Anticorrupción).

Marc Molins Raich: Abogado.

Mariano Medina Crespo: Abogado.

Paz Ruiz Franco: Fiscal del Tribunal Superior de Madrid.

Santiago Delgado Bueno: Psicólogo forense.

FUENTE: https://elpais.com/politica/2017/05/24/actualidad/1495650102_986785.html