«La condena de Marine Le Pen y el nuevo despotismo europeo: cuando el pueblo vota mal, la justicia lo corrige»

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

La Europa que se autoproclama “libre”, “plural” y “democrática” ha encontrado su forma más eficaz de desactivar a los disidentes: el “Estado de derecho”. Lo que antes se resolvía con exilios, censuras o directamente con la horca, ahora se tramita con sentencias firmes, inhabilitaciones exprés y leyes embudo que castigan sólo a quienes osan cuestionar el dogma oficial. La última víctima de esta maquinaria jurídicamente impecable es Marine Le Pen, la mujer que podría haber presidido Francia en 2027… y que, casualmente, acaba de ser condenada a cuatro años de prisión (dos de ellos suspendidos), 200.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación electoral sin posibilidad de recurso.

¿El motivo? Malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo. Un caso abierto por hechos anteriores a 2015, sin pruebas materiales concluyentes y cuya dimensión jurídica palidece ante su impacto político: eliminar de la carrera presidencial a la candidata favorita según todas las encuestas.

La sentencia, dictada el 31 de marzo de 2025, alcanza también a otros 24 dirigentes de Agrupación Nacional y al propio partido. La ejecución provisional de la inhabilitación —auténtico golpe de gracia— fue impuesta “por el bien del proceso electoral”, en una maniobra digna de las repúblicas bananeras que tanto gusta denunciar desde Bruselas.

¿Estamos ante justicia o ante política con toga?

La criminalización del disidente

No se trata sólo de Le Pen. Este patrón se repite con Orbán en Hungría, con los Kaczyński en Polonia, con Meloni en Italia, y con cualquiera que cuestione el dogma multiculturalista, la inmigración masiva que socava las raíces judeocristianas de Europa, el delirio de la ideología de género, el catecismo del calentamiento global, o la Agenda 2030 con su promesa distópica de “serás pobre y serás feliz”.

Todos los herejes del nuevo culto son perseguidos con una herramienta infalible: el delito de odio. Maravilloso invento. Flexible, elástico, subjetivo. No hay que demostrar hechos ni intenciones, basta con que alguien —una autoridad, un colectivo subvencionado o un fiscal comprometido— se sienta ofendido. La opinión se convierte en crimen, el pensamiento crítico en amenaza al orden constitucional, y el periodismo incómodo en incitación al odio.

El imperio de los jueces

Cuando los parlamentos ya no pueden —o no quieren— frenar a los partidos antisistema, entran en escena los jueces. No cualquier juez, claro, sino los bien entrenados en las escuelas del Consejo de Europa, del Foro Mundial de la Democracia, de la OSCE y otras terminales del progresismo institucionalizado.

Tres jueces “independientes” —pero perfectamente alineados con la fiscalía y el gobierno— firmaron la inhabilitación de Marine Le Pen. Ninguno cuestionó el hecho de que todos los cargos se remonten a una década atrás. Ninguno se preguntó por qué la investigación avanza ahora. Ninguno pareció notar que se estaba alterando de forma irreversible la «libre» competencia democrática.

Mientras tanto, nadie menciona la raíz del conflicto: una disputa entre Francia y la presidencia del Parlamento Europeo por el uso de fondos parlamentarios. Es decir, una cuestión administrativa reconvertida en causa penal. Todo perfectamente programado. Con puntería quirúrgica. Y con un objetivo: impedir que Le Pen gobierne, aunque millones de franceses lo deseen.

Europa se suicida

En paralelo, la industria europea se hunde. Alemania, la otrora “locomotora de Europa”, arrastra sus pies bajo el peso de la transición verde, el abandono de la energía nuclear, los aranceles proteccionistas que encarecen todo menos la demagogia, y la delirante idea de “asilvestrar” campos fértiles en nombre de la biodiversidad.

El Viejo Continente juega a desindustrializarse, a descarbonizarse, … y a moralizar al resto del planeta mientras compra gas a dictaduras, tierras raras a China y silicio a esclavos energéticos del Tercer Mundo.

Pero el enemigo no viene del Este. Como advirtió Cicerón, «el enemigo de Roma ya está dentro de sus muros». Se sienta en los bancos de Estrasburgo, legisla desde los despachos de Bruselas, firma sentencias desde los juzgados de París, Madrid o La Haya. Habla de derechos humanos mientras criminaliza la discrepancia. Clama por la paz mientras rearma a Europa. Invoca el pluralismo mientras cancela a quienes piensan diferente.

Manifiesto por una Europa libre

La condena a Marine Le Pen no es un hecho aislado: es el síntoma más visible de una mutación autoritaria. El parlamentarismo ha sido vaciado de contenido. Las elecciones son toleradas mientras garanticen resultados previsibles. Y cuando el pueblo vota mal, hay herramientas para corregirlo: causas judiciales, inhabilitaciones, cordones sanitarios, censura algorítmica, propaganda masiva, cancelación financiera.

Frente a este régimen de simulacro democrático y opresión legalizada, es hora de declarar, alto y claro, que:

Pensar distinto no es delito.
Defender la civilización occidental no es odio.
Cuestionar la Agenda 2030 no es conspiración.
Rechazar el multiculturalismo forzado no es racismo.
Y querer una Europa fuerte, cristiana, industriosa y libre no es fascismo: es supervivencia.

Hoy inhabilitan a Marine Le Pen. Mañana pueden inhabilitarte a ti.

«Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque yo no era socialista.

Luego vinieron a por los sindicalistas, y no hablé porque yo tampoco era sindicalista.

Luego vinieron a por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron a por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.«

—Martin Niemöller