LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 LE OTORGA AL REY LA CAPACIDAD -EXCLUSIVA- DE PROPONER AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE LE CONCEDA SU CONFIANZA A UNA PERSONA DECENTE, SABIA, PARA QUE PRESIDA EL GOBIERNO DE ESPAÑA DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Y ESA PERSONA DECENTE NO ES OBLIGATORIO QUE SEA DIPUTADO O MIEMBRO DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.

Constitución Española de 1978.

Título IV. Del Gobierno y de la Administración

Artículo 99

Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Quienes leen VOZ IBÉRICA y me siguen de un modo u otro en las redes sociales, no les habrá pasado desapercibido que llevo aproximadamente una semana insistiendo en que:

Don Felipe VI, Rey de España, es el único que puede evitar que Pedro Sánchez vuelva a ser elegido presidente del Gobierno de España por el Congreso de los Diputados. Don Felipe VI es el único que puede impedir que Pedro Sánchez y sus secuaces puedan seguir produciendo a España un mayor daño que el que ya han causado durante los últimos cinco años y que, cada día que pase será más difícil de remediar.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 LE ATRIBUYE Y ENCOMIENDA A DON FELIPE VI LA CAPACIDAD -EXCLUSIVA- DE PROPONER AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE INVISTA, QUE LE OTORGUE SU CONFIANZA A UNA PERSONA DECENTE, SABIA, CON EXPERIENCIA EXITOSA EN LA GESTIÓN DE DINEROS AJENOS, PARA QUE PRESIDA EL GOBIERNO DE ESPAÑA DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS. Y ESA PERSONA DECENTE NO ES OBLIGATORIO QUE SEA DIPUTADO O MIEMBRO DE ALGUNO DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA.

Si Sánchez se mantiene en el poder, el desastre al que llevará a España será difícilmente reparable, por no decir imposible: el régimen del 78 quedará herido de muerte y la Constitución será papel mojado. Aparte de ello, tampoco hay que olvidar que los socios de Pedro Sánchez han manifestado abiertamente que están abiertamente a favor de destruir España, de destruir nuestra forma de vida, nuestra tradición, nuestro idioma, y un largo etc. en suma, la supervivencia de España como Nación corre un gravísimo riesgo.

Lamentablemente, ni la supuesta oposición, ni los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas, ni gran parte de los españoles se han enterado de lo que está en riesgo si el gobierno de coalición de socialistas, comunistas, etarras y separatistas vuelve a repetirse.

La democracia es un sistema que ha de medirse por sus resultados: teniendo en cuenta si es eficaz y justa, pues de ello dependen nada menos que nuestra libertad y nuestro bienestar; si es un sistema que permite elegir a los mejores gestores, a los más sabios, a los más experimentados y exitosos… Y cuando no es así, el jefe del Estado tiene la potestad de intervenir como árbitro e incluso, llegado el caso, «dictar un laudo» de obligado cumplimiento, para dar solución a una situación de conflicto. Y ese «laudo» pasa por proponer al Congreso de los Diputados que dé su confianza, para presidir el Gobierno de España a una persona buena, sabia, que tenga afán de servicio incluso que no sea diputado ni miembro de alguno de los partidos políticos.

El 17 de agosto es la fecha límite para que se constituya el nuevo Congreso de los Diputados, ese jueves habrán de tomar posesión de sus escaños los nuevos diputados. Una vez constituido el Congreso de los Diputados, su presidente deberá informar al Rey de la nueva composición de la «cámara baja». Desde en tonces, Don Felipe tiene la potestad de iniciar una ronda de consultas con los representantes de cada partido con representación en el Congreso. Es importante señalar que el Rey no tiene obligación de seguir un calendario concreto, puede iniciar la ronda de entrevistas cuando guste y al ritmo que le parezca más oportuno… Una vez reunido con los portavoces de los partidos, e insisto: cuando le parezca más oportuno el Rey tiene la potestad exclusiva de proponer a quien considere más idóneo para presidir el nuevo Consejo de Ministros; y vuelvo a subrayar: el candidato a presidente del gobierno no es obligatorio que sea miembro de algún partido o diputado.

Esto que subrayo es importantísimo.

Debemos suponer que, aquellos a los que se suele nombrar como «padres de la Constitución» pensaron que ante el riesgo de que se pudiera iniciar un proceso de suicidio colectivo de la Nación Española, e imponerse la dictadura de una mayoría ruidosa dispuesta a arramblar con todo, llevarse todo por delante, demoler el Estado de Derecho, la Monarquía, etc. era imprescindible crear un mecanismo de defensa, un resorte que garantizara que no se impusiera la sinrazón de quienes pretenden destruir España. Es de suponer que esa fue la razón de que se le otorgara al Jefe del Estado, el Rey de España, la potestad de poner remedio a semejante situación.

Sin duda, es por todo ello que la Constitución Española de 1978 le otorga a nuestro jefe del Estado, Don Felipe VI la potestad de impedir que Pedro Sánchez y sus aliados, que no dudan constantemente, sin adornos, sin tapujos en afirmar que su deseo, su objetivo es destruir España, acabar con nuestra forma de vida y convivencia, el estado de derecho, etc. vuelvan a auparse al poder durante los próximos cuatro años.

Viene a cuento señalar que ninguna sociedad sensata está constantemente cuestionando, y mucho menos sometiendo a refrendo o plebiscito, su régimen político, la jefatura del estado, su organización territorial, su sistema de enseñanza, su sistema sanitario, la política exterior, y un largo etc.

Cualquier comunidad humana procura consolidar lo que funciona, avanzar para mejorar, incorporar lo que se demuestra con la experiencia que es eficaz, al mismo tiempo que va desechando, dejando a un lado lo que se acaba comprobando que no es beneficioso para la sociedad, pues equivocarse es de humanos… Pero, en toda sociedad madura, sensata, también se procura que haya absolutos incuestionables, pues cualquier grupo social que esté en sus cabales, cuyos miembros no estén embrutecidos o encanallados, procura evitar que la gente viva inmersa en continuos sobresaltos, en un constante «sinvivir» y busca la manera de que quienes la integran se sientan miembros de una sociedad estable, perdurable, próspera, con seguridad jurídica; y para que eso sea posible es imprescindible que existan “absolutos”, sí, asideros incuestionables.

Y cuando hablo de la necesidad de “absolutos/incuestionables”, es porque si no es “así” tendremos que aceptar que la mayoría puede hacer lo que le dé la gana, y por lo tanto cualquier cosa que hace/decide la mayoría es buena porque “es la mayoría”, siendo pues éste el único criterio de lo bueno o lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto.

Una democracia con “absolutos/incuestionables” debe permitir que la soberanía de la mayoría se aplique sólo, exclusivamente, a detalles menores, como la selección de determinadas personas. Nunca debe consentirse que la mayoría tenga capacidad de decidir sobre los principios básicos sobre los que ya existe un consenso generalizado y que a nada conduce estar constantemente poniéndolos a debate y refrendo… La mayoría no debe poseer capacidad de solicitar, y menos de conseguir, que se infrinjan los derechos individuales, o que se destruya nuestra forma de convivencia, o provocar el enfrentamiento entre españoles, y acciones tales como las que viene promoviendo el gobierno de Pedro Sánchez desde hace cinco años.

Para los socialistas, comunistas, etarras y separatistas-golpistas no existen realidades incuestionables (ni siquiera la Nación Española), par ellos no hay “absolutos” ni verdades universales, y obviamente su actitud es una invitación constante a la inmoralidad,, a la corrupción y al caos…

El número de personas que creen en una afirmación es irrelevante para su credibilidad. Cincuenta millones de personas, quinientos millones, cinco mil millones de personas pueden estar equivocadas. De hecho, millones de personas se han equivocado en muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad, como cuando la gente afirmaba que la Tierra era plana e inmóvil…

La falacia ad populum es seductora porque apela a nuestro deseo de pertenecer y adaptarnos, y a nuestro deseo de seguridad y protección. Es un recurso común en la publicidad y en la política. Un manipulador inteligente de las masas recurre a intentar seducir -y muchas veces lo logra- a aquellos que alegremente asumen que la mayoría siempre tiene razón. También influidos por tal pensamiento o creencia está nuestra inseguridad, que puede hacernos sentir culpables si nos oponemos a la mayoría o nos empuja a sentirnos fuertes al unir nuestras fuerzas con un gran número de pensadores acríticos.

No es casualidad que la falacia ad populum sea especialmente utilizada en periodos electorales, y es el recurso más socorrido para tratar de darle veracidad, certeza a cualquier asunto, como cuando se pretende dar credibilidad a cualquier “manifiesto” al que se adhieren multitud de “artistas e intelectuales, miembros del mundo de la cultura”…

Recurrir al número de los que opinan algo es una vía legítima cuando se trata de medir el alcance de una opinión. Solamente podemos conocer lo que piensa la mayoría preguntándoselo. Ahora bien, si nos dicen que el 64% de los jóvenes adora la música bacalao, no lo entenderemos como un argumento a favor de la bondad de tales sones, sino como un dato que expresa un gusto juvenil. El volumen de aplausos no mide el valor de una idea. La doctrina imperante puede ser una solemne estupidez.

Los resultados en democracia no se pueden catalogar como «verdaderos» o «falsos» de acuerdo al número de votantes: tan solo se puede afirmar que el resultado es el que un mayor número de personas quiere en ese momento en el que se ha realizado la consulta, y eso en las democracias, supuestamente representativas, se considera suficiente. Pero, no porque la mayoría piense eso en ese momento, se ha de aceptar que es lo correcto. La legitimidad del resultado de unas elecciones, se basa en la falacia de que el pueblo tiene autoridad, tanta gente no puede estar equivocada. Se suele oír con frases del tipo todo el mundo sabe que…, o… es lo que la sociedad desea, o… la mayoría de los españoles sabe que…

Aunque en España, desde hace décadas, se convoquen elecciones y se considere que la opción más conveniente es la que consiga un mayor número de apoyos, se viene demostrando, elección tras elección, que no es el mejor método para saber si una determinada opción política es la más correcta…

Esto es así porque la votación suele llevarse a cabo a través de prejuicios y no a través de argumentos. Cuando se realizan unas elecciones, estamos midiendo la popularidad de los políticos; sería un error llegar a la conclusión de que los ciudadanos han elegido bien o mal, o si han estado más o menos acertados; pues cuando eligen no lo hacen de manera lógica y bien informados…

Si existe alguien capaz de sostener hoy una cosa y mañana la contraria, sin más fundamento que el calor de los acontecimientos, las sugestiones de una película, o la moda, ese alguien, al que Hobbes llamó Leviathan, es la opinión pública.

No existe opinión alguna, por absurda que sea, que los hombres no acepten como propia, si llegada la hora de convencerles se arguye que tal opinión es aceptada universalmente. Son como ovejas que siguen al carnero a donde quiera que vaya.

Apelar a la opinión de la mayoría, por muy mayoritaria que sea, para justificar que algo es cierto o moralmente correcto, lo mejor, lo más conveniente, es un mal argumento basado en una pésima autoridad.

“Todo el mundo”, «la mayoría» no es una fuente concreta, no es imparcial y generalmente, no «todo el mundo» suele estar bien informado.

Así que, no tengan ustedes dudas de que si Don Felipe acaba interviniendo y proponiendo al Congreso de los Diputados que dé su confianza e invista a un «Cincinato», estará actuando correctamente, de forma legítima, acorde con la Constitución de 1978, ejerciendo de jefe del Estado.