La impunidad de los gobernantes y la indiferencia, la cobardía y la resignación de los españoles.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS.

La historia política de España ha estado marcada por una constante: la impunidad de la clase gobernante frente a sus errores, negligencia, despilfarro, abusos y actos de corrupción. Mientras los líderes políticos disfrutan de privilegios que los blindan respecto de posibles rendiciones de cuentas, una gran parte de los ciudadanos ha optado por la resignación, la indiferencia o la aceptación pasiva de la realidad. Todas esas circunstancias, a las que hay que añadir la cobardía, genera un círculo vicioso en el que la falta de acción popular refuerza la impunidad de quienes ostentan y detentan el poder.

La Impunidad de los Gobernantes: Un Sistema Blindado

Los mecanismos legales y políticos en España han favorecido tradicionalmente a los gobernantes. Desde el aforamiento de diputados y senadores hasta la lentitud de los procesos judiciales, pasando por el escudo de la burocracia y la complicidad de ciertos sectores judiciales; sin duda, el sistema está diseñado para proteger a la élite política.

Los casos de corrupción, lejos de ser episodios aislados, se han convertido en una constante en la política española. Desde los escándalos de financiación ilegal de partidos hasta el nepotismo y el clientelismo, la clase política ha encontrado en la estructura del Estado un refugio para sus intereses. La falta de consecuencias reales para muchos de estos delitos fortalece la percepción de que los gobernantes están por encima de la ley.

En relación a lo que aquí se trata, el libro El desgobierno de lo público de Alejandro Nieto (abogado, historiador y escritor; fue catedrático de Derecho administrativo y presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ofrece una visión detallada sobre cómo la estructura burocrática y política española ha generado un sistema de impunidad que protege a los corruptos y castiga, en muchos casos, a los ciudadanos que denuncian estos abusos.

El profesor Alejandro Nieto, tristemente fallecido en 2023, señala que el Estado ha degenerado en una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética. Destaca cómo el sistema ha sido secuestrado por partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico, generando un aparato administrativo que no cumple con su función de servicio público, sino que se convierte en un obstáculo para la justicia, la eficacia y la equidad. El libro El desgobierno de lo público de Alejandro Nieto es una denuncia profunda del deterioro de la gestión del Estado en España. El autor expone cómo el aparato público ha sido tomado por una clase política que no busca el bien común, sino su propio beneficio, convirtiéndose en un grupo extractivo que parasita los recursos del país a expensas de los ciudadanos. A través de un análisis riguroso, Nieto explica cómo la corrupción, la ineficacia y la politización han desvirtuado el sentido del servicio público.

Entre otras muchas cuestiones, Alejandro Nieto llama la atención acerca de que el «estado de las autonomías» ha fragmentado la unidad del Estado sin generar una auténtica descentralización beneficiosa. En lugar de acercar la administración a los ciudadanos, se ha convertido en un foco de duplicidades, clientelismo y dispendio de recursos.

Entre los problemas principales, identifica:

Corrupción estructural: No es un problema de casos aislados, sino una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado.
Politización de la administración: Los altos cargos responden más a intereses partidistas que a criterios de mérito o capacidad.
Falta de control y rendición de cuentas: La impunidad es la norma, y los mecanismos de fiscalización resultan ineficaces o están cooptados.
Inflación normativa y burocracia ineficiente: Se aprueban leyes y regulaciones en exceso, muchas de ellas contradictorias, lo que genera confusión y arbitrariedad en su aplicación.

Resignación Ciudadana: Entre la Indiferencia y la Cobardía

Mientras los gobernantes gozan de una impunidad casi total, la sociedad española ha mostrado una preocupante pasividad ante los abusos del poder. La indignación parece ser efímera y superficial, limitada a manifestaciones esporádicas o quejas en redes sociales. La acción política y la exigencia de responsabilidades reales son, en gran medida, inexistentes.

Esta resignación tiene diversas causas. Por un lado, la idea del «todos son iguales» ha calado hondo en la opinión pública, generando una desconfianza absoluta hacia cualquier alternativa política. Además, la comodidad y la falta de interés por el activismo político han generado un escenario en el que la gente prefiere mirar hacia otro lado antes que enfrentarse a un sistema que percibe como imposible de cambiar.

«Quien controla el miedo de la gente se acaba adueñando de su alma»

El miedo también juega un papel clave. Muchos ciudadanos temen las repercusiones de enfrentarse al poder, ya sea en el ámbito laboral, social o incluso judicial. Esta autocensura y falta de acción sólo contribuyen a reforzar el statu quo.

Consecuencias de Esta Dinámica

El resultado de esta combinación de impunidad e inacción es un sistema político que perpetúa la corrupción y el abuso de poder. Sin una ciudadanía activa y exigente, los gobernantes no tienen incentivos, ni se sienten invitados u obligados a actuar con decencia, con responsabilidad y ética.

Asimismo, la falta de participación activa en la política fortalece a los grupos de interés, los lobbies que buscan explotar el aparato estatal en su beneficio. Esto acarrea consecuencias económicas y sociales que afectan directamente a la población, deficientes e ineficaces servicios públicos, la no creación de empleo y riqueza, la precarización laboral, etcétera.

¿Es Posible un Proyecto de Gobierno Alternativo?

Ante este panorama, surge la pregunta de si es posible impulsar un proyecto de gobierno al margen de los partidos tradicionales, convencionales, basado en la honestidad, en la decencia y la eficacia en la gestión pública. Para que una iniciativa de este tipo prospere, debe cumplir con varios requisitos clave:

Credibilidad y Transparencia: Los líderes deben contar con un historial intachable en la gestión pública o privada, demostrando honestidad y capacidad de gestión eficaz de los recursos.
Apoyo Ciudadano y Movilización: Un proyecto político alternativo solo puede avanzar si logra el respaldo de una parte significativa de la sociedad, que debe estar dispuesta a involucrarse activamente.
Un Programa Concreto y Factible: La lucha contra la corrupción debe ir acompañada de propuestas realistas y bien estructuradas en economía, justicia, enseñanza y sanidad, para atraer a un electorado amplio.
Resistencia a los Poderes Fácticos: La estructura política y mediática española favorece a los partidos establecidos. Un nuevo movimiento independiente debería estar dispuesto a afrontar campañas de desprestigio y posibles bloqueos institucionales.
Reformas Legales y Judiciales: Para castigar eficazmente a los corruptos, se necesita un marco legal ágil y menos politizado, lo que implica modificar leyes y reforzar la independencia del poder judicial.
Alternativa a los Partidos Tradicionales: Sin caer en el populismo, este proyecto debería presentarse como una opción seria, capaz de atraer a votantes descontentos con el sistema actual.

Elaboración de una Ley de Responsabilidad de los Gobernantes y Funcionarios

Un paso clave para combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas es la creación de una Ley de Responsabilidad de los Gobernantes y Funcionarios que contemple los siguientes puntos:

Eliminación del aforamiento para cargos públicos, garantizando que sean juzgados como cualquier ciudadano.
Obligatoriedad de auditorías independientes en la gestión de fondos públicos y revisión de decisiones administrativas.
Penas más severas para los delitos de corrupción, incluyendo la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Responsabilidad patrimonial: Los funcionarios corruptos deberán responder con su propio patrimonio en caso de daño al erario público.
Mecanismos de participación ciudadana que permitan la denuncia y supervisión de actos ilícitos dentro de la administración pública.

¿Cómo Conseguir el Apoyo de la Élites Empresariales, Intelectuales y Profesionales?

Para que un proyecto de regeneración política prospere, es fundamental atraer a sectores influyentes de la sociedad que puedan aportar recursos, legitimidad y conocimientos técnicos. Algunas estrategias clave para conseguir su apoyo incluyen:

Generar Confianza y Credibilidad: Los empresarios, intelectuales y profesionales liberales se sumarán a un proyecto si ven en él una iniciativa seria, con líderes capaces y un programa bien definido. Presentar un plan claro de reformas y gestión eficaz es crucial.
Demostrar Independencia y Pragmatismo: Evitar el sectarismo ideológico y ofrecer soluciones basadas en la eficacia y la ética atraerá a quienes buscan un cambio real sin caer en la polarización política.
Incentivar la Participación Activa: Crear espacios donde estos sectores puedan aportar ideas, propuestas y experiencias para la construcción del proyecto, haciendo que se sientan parte del cambio.

Conclusión: ¿Es Posible un Cambio?

Romper con este círculo vicioso requiere un despertar ciudadano que vaya más allá de la queja pasiva. La organización, la exigencia de transparencia y la participación en la vida política son herramientas clave para combatir la impunidad de los gobernantes.

La pregunta es si los españoles están dispuestos a dejar de ser espectadores y a convertirse en protagonistas del cambio, apostando por un proyecto alternativo que realmente combata la corrupción y transforme el sistema.

Mecanismos legales para reducir la impunidad de los gobernantes: un enfoque integral

La impunidad de los gobernantes constituye un obstáculo significativo para la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho. Para combatir este fenómeno, es necesario crear y poner en práctica una serie de mecanismos legales que aborden las causas estructurales y operativas que perpetúan la falta de consecuencias para quienes ostentan el poder. A continuación, se presentan propuestas clave basadas en análisis académicos y experiencias internacionales.

1. Eliminación del aforamiento y privilegios procesales

El aforamiento, que otorga a ciertos cargos públicos un trato judicial diferenciado, es uno de los principales factores que contribuyen a la impunidad. Este privilegio debe ser eliminado o limitado estrictamente a casos relacionados con el ejercicio del cargo, garantizando que los gobernantes sean juzgados como cualquier ciudadano por delitos comunes o actos de corrupción.

2. Fortalecimiento de la independencia judicial

Un sistema judicial independiente es esencial para garantizar juicios justos y evitar interferencias políticas en los procesos legales. Esto incluye:

Designar jueces mediante procesos transparentes y basados en méritos.
Proveer recursos adecuados para el funcionamiento del sistema judicial.
Proteger a jueces y fiscales de presiones externas.

Además, se deben crear fiscalías autónomas y especializadas en casos de corrupción, con plena capacidad para investigar y sancionar delitos cometidos por funcionarios públicos.

3. Auditorías independientes y control ciudadano

La creación de auditorías independientes en la gestión pública es fundamental para detectar irregularidades. Estas auditorías deben ser realizadas por organismos técnicos autónomos que no estén subordinados al poder político. Paralelamente, se deben habilitar mecanismos de participación ciudadana, como plataformas digitales para denunciar actos ilícitos, con garantías de protección para los denunciantes.

4. Reformas legales para sanciones más severas

Es necesario endurecer las penas para los delitos cometidos por gobernantes, incluyendo:

Inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en casos graves de corrupción.
Responsabilidad patrimonial, obligando a los culpables a responder con su propio patrimonio por los daños causados al erario público.
Establecimiento de plazos procesales más cortos para evitar la prescripción de delitos relacionados con el abuso del poder.

5. Transparencia activa y acceso a la información

La opacidad es un caldo de cultivo para la corrupción. Por ello, se deben promover políticas que promuevan la transparencia activa:

Publicación periódica y accesible de contratos públicos, presupuestos y gastos gubernamentales.
Uso de tecnologías como blockchain (se trata de una enorme base de datos que recoge y almacena la información de manera compartida y descentralizada; y guarda la información de tal manera que no se pueden eliminar o manipular) para rastrear el uso de recursos públicos.
Creación de indicadores multidimensionales como el Coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero), que permita medir avances en estas áreas.

6. Educación cívica e integridad pública

Fomentar una cultura de integridad entre funcionarios públicos y ciudadanos es crucial para prevenir la corrupción. Esto incluye programas educativos sobre ética pública, así como campañas que promuevan la denuncia responsable y el activismo cívico.

7. Protección a denunciantes y testigos

Para garantizar que las denuncias lleguen a buen término, es indispensable proteger a quienes decidan exponer actos ilícitos. Esto implica:

Crear programas específicos para proteger a testigos y denunciantes.
Garantizar su anonimato durante las investigaciones.
Sancionar cualquier represalia contra ellos.

8. Supervisión internacional y cumplimiento de estándares globales

Adherirse a tratados internacionales contra la corrupción y permitir la supervisión externa puede fortalecer los esfuerzos nacionales. Existen organismos internacionales o instituciones regionales que pueden proporcionar asistencia técnica e impulsar reformas estructurales.

Conclusión: hacia un sistema más justo

Para terminar, es obligatorio retomar a Alejandro Nieto, el cual describe un panorama alarmante: el Estado español no está gobernado en favor de los ciudadanos, sino que ha sido secuestrado por una clase política que actúa como una casta parasitaria. Para revertir esta situación, es imprescindible una regeneración profunda del sistema que devuelva la administración pública a su verdadera función: el servicio al ciudadano y la gestión eficiente del interés común. Sin esta transformación, el desgobierno de lo público seguirá siendo la norma y no la excepción.

Reducir la impunidad requiere una combinación de reformas legales, fortalecimiento institucional y participación activa de la ciudadanía. La puesta en práctica efectiva de estos mecanismos no solo contribuirá a sancionar a los responsables, sino también a recuperar la confianza pública en las instituciones democráticas. Sin embargo, esto solo será posible si existe voluntad política real para priorizar la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales del gobierno.