La Ley de Violencia de Género y la abolición de la presunción de inocencia del varón.- Una simple denuncia de violencia de género—aunque termine en absolución—puede ser suficiente para conseguir ventajas procesales y materiales por parte de la mujer denunciante, y perjudicar al acusado.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LVIOGEN), marcó un antes y un después en el derecho penal español. Su fecha de entrada en vigor, el Día de los Santos Inocentes, es irónicamente significativa si se considera el impacto que ha tenido sobre miles de hombres denunciados bajo su amparo. Desde entonces, ha generado una profunda polémica jurídica y social, pues ha transformado la lucha contra la violencia de género en un sistema donde la presunción de inocencia del varón ha quedado prácticamente abolida.

La LVIOGEN y el uso de la denuncia como herramienta procesal

La Ley de Protección Integral de Violencia de Género fue impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados en octubre de 2004 y la primera impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la presentó como «un poderoso instrumento para «derrotar al machismo criminal».

Desde su aprobación, la LVIOGEN ha sido utilizada de manera instrumental en procesos de separación y divorcio. Miles de mujeres han recurrido a denuncias falsas para obtener ventajas judiciales en conflictos de custodia de hijos, disolución del régimen económico de gananciales y el uso exclusivo del domicilio conyugal.

Tampoco está de más, recordar que, la mujer por el mero hecho de interponer denuncia, sin que medie sentencia, tiene derecho a asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, numerosas ventajas laborales tanto si tiene trabajo como si está buscando, queda exenta de cotizar a la Seguridad Social durante seis meses y la percepción de la Renta Activa de Inserción, entre otras.

Las cifras lo confirman:

• Desde 2004, una gran mayoría de las denuncias presentadas en el marco de la LVIOGEN han sido interpuestas con fines estratégicos, no por verdaderos casos de violencia. Más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaba en condena… y, por otro lado, generalmente alrededor del 12% de las denuncias presentadas acaban siendo retiradas.
• La sola presentación de una denuncia permite la expulsión inmediata del hombre del domicilio familiar, muchas veces sin pruebas suficientes.
• En procesos de divorcio, una denuncia por violencia de género puede inclinar la balanza a favor de la mujer, garantizando la custodia de los hijos y el uso del hogar conyugal.

Este uso fraudulento de la LVIOGEN ha convertido al sistema judicial en un terreno de juego donde denunciar a la expareja por maltrato se ha vuelto un atajo para obtener beneficios legales.

La impunidad de las denuncias falsas: el gran escándalo judicial

A pesar de que el Código Penal (artículo 456) contempla penas para la denuncia falsa, NUNCA se abren investigaciones contra mujeres que presentan acusaciones infundadas. Incluso en los casos más evidentes, los jueces y fiscales se limitan a absolver al hombre por falta de pruebas, sin emprender ninguna acción contra la denunciante.

Esto significa que mentir en una denuncia de violencia de género no tiene consecuencias legales, mientras que el denunciado se enfrenta a un calvario judicial, social y personal. El mensaje que envía el sistema es claro: denunciar en falso sale gratis.

Más del 25% de los presos en España, condenados por la LVIOGEN

El impacto de la LVIOGEN en el sistema penitenciario es escalofriante. Más del 25% de los hombres privados de libertad en España lo están por aplicación de esta ley.

Esto plantea una pregunta crucial:

• ¿Cómo es posible que una cuarta parte de los reclusos en España hayan sido condenados por delitos relacionados con la violencia de género?
• ¿Realmente hay tantos hombres violentos o el sistema ha sido diseñado para llenar las cárceles con varones condenados bajo un marco legal que prescinde de la presunción de inocencia?

La respuesta a estas preguntas no se encuentra en un repunte real de la violencia machista, sino en la aplicación masiva y descontrolada de una ley que castiga más la condición de ser hombre que el hecho delictivo en sí mismo.

Un caso paradigmático: El Constitucional ignora la absolución de un padre

Uno de los casos más recientes y alarmantes de esta tendencia judicial es la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la magistrada María Luisa Balaguer como ponente.

En este caso, un hombre fue acusado falsamente de violencia de género por su exmujer, pero el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria lo absolvió, decisión que fue ratificada por la Audiencia Provincial.

A pesar de la absolución, el Tribunal Constitucional permitió que la mujer trasladara unilateralmente a su hijo a La Coruña, ignorando el principio de patria potestad compartida y el derecho del hijo y del padre a tener «vida familiar», a tener contacto asiduo y que el padre siguiera participando en la crianza y en la educación de su hijo, pese a la separación de sus padres…

Esta sentencia ha provocado una fractura dentro del propio Tribunal Constitucional. Los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa han emitido un voto particular en el que denuncian que:

• Se ha vulnerado la presunción de inocencia del padre absuelto.
• Se ha ignorado la sentencia absolutoria en la resolución del TC.
• Se ha permitido que el derecho de la madre a la libre elección de residencia prevalezca sobre el interés superior del menor.

Este caso evidencia una tendencia preocupante en la jurisprudencia:

• La mera existencia de una denuncia, incluso cuando resulta ser falsa, puede generar consecuencias irreversibles para el denunciado.
• Los jueces y fiscales jamás persiguen a las denunciantes que mienten, perpetuando un sistema de injusticia institucionalizada.

Una justicia sesgada y politizada

La LVIOGEN y su aplicación han sido impulsadas por sectores políticos que han convertido la lucha contra la violencia de género en una herramienta ideológica.

Ejemplos de ello son:

• El lema «Yo sí te creo, hermana», promovido por Irene Montero y el Ministerio de Igualdad, que parte de la premisa de que toda denuncia de una mujer debe ser considerada verdadera, sin importar la falta de pruebas.
• La Ley del «Sólo sí es sí», que ha provocado la reducción de penas e incluso la excarcelación de agresores sexuales, pero que sigue castigando con dureza a los hombres en casos de denuncias por violencia de género, aunque sean falsas.

Esta politización de la justicia ha llevado a un escenario donde:

• La carga de la prueba se invierte: ahora es el denunciado quien debe demostrar su inocencia, y no el denunciante quien debe probar la culpabilidad del acusado.
• La protección de la mujer se ha convertido en una justificación para vulnerar los derechos del hombre, hasta el punto de anular principios fundamentales del Estado de Derecho.

Conclusión: Es urgente una reforma

A lo largo de dos décadas, la LVIOGEN ha servido para llenar las cárceles de hombres, destruir familias y crear una cultura del miedo en las relaciones personales. Su fecha de aprobación, un 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, resulta una amarga ironía para los miles de varones que han sido víctimas de un sistema que los condena antes incluso de que puedan defenderse.

Las medidas urgentes que deben tomarse incluyen:

1. Revisar la asimetría penal de la LVIOGEN, garantizando que hombres y mujeres sean juzgados en igualdad de condiciones.
2. Restablecer la presunción de inocencia como principio inquebrantable del derecho penal español.
3. Investigar y castigar las denuncias falsas, aplicando el artículo 456 del Código Penal sin distinción de sexo.
4. Eliminar los tribunales de violencia de género, que funcionan como juzgados de excepción y vulneran el principio de igualdad ante la ley.
5. Revisar las condenas de los más de 25% de presos encarcelados por esta ley, evaluando si sus derechos han sido vulnerados.

El tiempo ha demostrado que una ley creada con la intención de proteger ha terminado generando injusticias irreparables. No se puede construir una sociedad más justa sacrificando los principios básicos del derecho penal. Es hora de corregir el rumbo antes de que el daño sea irreversible.