La pertinaz corrupción y la cleptocracia ¿Señas de identidad de la Nación Española?

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

Cleptocracia, del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘poder’ = dominio de los ladrones: cuando los gobernantes ejercen el poder con el objetivo de amasar grandes fortunas saqueando a la población, para lo cual institucionalizan la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y/o el robo de dinero público por parte de aquellos a los que está encomendada su custodia, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico.

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de la UE sobre la protección a denunciantes de la legislación de la Unión el 16 de abril de 2019. La directiva entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Los Estados miembros de la UE están obligados a incorporar estas regulaciones dentro de los dos años posteriores a la publicación de la directiva en sus respectivas leyes nacionales.

En España, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, apoyado por terroristas y separatistas, al parecer no quiere saber nada del asunto… y no ha promovido ninguna norma legar para evitar represalias contra los ciudadanos denunciantes de corrupción y tampoco para asegurar la confidencialidad en las denuncias y proteger la identidad del denunciante…

Los ciudadanos españoles, por lo general, desaprueban al actual gobierno, como a los que se han ido sucediendo en el último medio siglo, tienen la percepción de que son intrínsecamente corruptos y suelen considerar que la forma en que se practica la democracia es manifiestamente mejorable. Por otro lado, los españoles no confían en sus autoridades y están insatisfechos con la gama de prestaciones y servicios que brindan los diversos gobiernos, municipales, regionales, nacionales… 

Desgraciadamente, las instituciones públicas españolas no están entre las más eficaces y transparentes del mundo, y el entorno regulatorio es bastante opaco, es discriminatorio, no fomenta el derecho a la igualdad de derechos y obligaciones y no alienta, por el contrario, disuade a los inversores, a los emprendedores, ya sean nacionales o extranjeros.

España es el paraiso del cohecho y del soborno, del fraude y la malversación, del nepotismo, de la fijación ilegal de precios, del tráfico de influencia, de la coacción y del chantaje, e incluso del ejercicio arbitrario de la violencia, en múltiples formas, que posee monopolísticamente el aparato del estado.

La corrupción impide el desarrollo: se pierden importantes recursos financieros, la confianza pública en el Estado disminuye y se extiende un sentimiento de impotencia e injusticia que puede cabar conduciendo a conflictos. Los grupos de población más pobres y vulnerables se ven particularmente afectados al no poder acceder a determinados servicios públicos ya que no pueden permitirse alguna forma de soborno.

La lucha contra la corrupción debería ser una cuestión prioritaria en España, si fuéramos una nación decente, y un componente fundamental de la promoción del buen gobierno. Si España fuera un país civilizado y decente sus gobernantes harían todo lo posible para que la acción gubernamental fuera transparente y responsable, e impediría las conductas indebidas, disuadiendo a los corruptos, persiguiéndolos y sancionándolos.

El objetivo de un buen gobierno debería ser garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficaz y eficiente para el desarrollo de un país y que se consolide la confianza entre el Estado y la población. Las instituciones estatales y los procesos políticos no deben seguir siendo lastrados, boicoteados, debilitados e incluso destruidos por las prácticas mafiosas y corruptas.

Mientras más grande sea el aparato estatal, mientras más funcionarios existan, existirá una mayor burocracia, un mayor número de leyes, de normas, más y mayores impuestos, y más y más trabas para emprender cualquier clase de actividad por parte de los ciudadanos, y evidentemente más y mayores impedimentos para ejercer el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Y, como resultado más y más corrupción, sobre todo si no existen mecanismos disuasorios ni medios para perseguir y castigar a quienes se corrompan.

Para saber cómo y por qué hemos llagado hasta donde hemos llegado, para hacer un buen diagnóstico de la situación es necesario dar varios pasos atrás en la historia reciente de España.

¿Por qué existe en España tal grado de corrupción?

Cuando murió el General Francisco Franco España tenía alrededor de 35.000.000 de habitantes -treinta y cinco millones- casi medio siglo después -50 años- los españoles somos alrededor de 48 millones. Cuando murió el General Francisco Franco España tenía unos 700.000 empleados públicos -setecientos mil- hoy tenemos más de 3,5 millones, o sea CINCO VECES MÁS, habiendo aumentado el número de habitantes menos del 25%. Al mismo tiempo que todo ello, el número de personas que hacen carrera de la política también ha aumentado enormemente, también sus «asesores», también sus chóferes, también sus guardaespaldas; también ha aumentado el número de empresas públicas. Mientras todo ello sucedía en España en el último medio siglo, han surgido «oenegés» como setas por todos lados, también «fundaciones» y asociaciones de lo más variopinto, agrupaciones todas ellas que se financian con nuestros impuestos, subvenciones a las que acceden también los sindicatos, organizaciones patronales, partidos políticos, y un largo etc.

Ni se supervisa el destino que se le da al dinero usado supuestamente para finaciar supuestas «causas nobles», con el dinero que recaudan las diversas administraciones, ya sea mediante impuestos directos o indirectos, o múltiples tasas, o incluso las multas de tráfico u otros organismos con potestad sancionadora ni nada que se le parezca, todas las diversas organizaciones (partidos, sindicatos, organizaciones patronales,…) gastan, despilfarran nuestro dinero como mejor les viene en gana a sus dirigentes y nadie rinde cuentas de clase alguna…

Nadie sabe, o mejor dicho, nadie quiere saber cuánto dinero se riega de forma espléndida y generosa por doquier por parte de ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, gobiernos regionales, gobierno central o los fondos europeos de todo tipo que llegan a España periódicamente por múltiples conceptos (tampoco parece que la UE tenga muchas prisas en supervisar el destino que se le da al dinero que envía a España).

El desbarajuste, el despilfarro, del desgobierno es de tal magnitud que hasta posee rasgos cómicos, si no fuera por las desatenciones que todo ello supone a las personas realmente necesitadas de ayudas, de subsidios, etcétera. Piénsese, por ejemplo, que los damnificados por la erupción del volcal de la isla canaria de La Palma, sucedido en octubre de 2021, aún están esperando las ayudas que les fueron prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto, ejemplos podríamos poner cientos, miles, millones…

A todo ello hay que añadir los sobrecostes de los contratos de compra de bienes y servicios y de obra pública que en muchos casos supera el 70% de lo presupuestado; agreguemos el dinero despilfarrado en equipamientos e instalaciones de todo tipo que luego no son usados, o sólo se hace uso de ellos varios días: aeropuertos que no se usan una vez terminados, estaciones de trenes de alta velocidad que no llegan a estrenarse, trenes demasiado anchos que no caben en los túneles que supuestamente deberían atravesar, vías de mayor o menor ancho del que era necesario; magníficas carreteras por las que apenas transitan vehículos, trenes que se averían e incendian con demasiada frecuencia…

Sigamos sumando: fraudes en los cursos de formación para desempleados en los que están involucrados sindicatos, asociaciones patronales, partidos políticos, particulares, desde hace décadas… El fraude de los «eres» de Andalucía promovido por el PSOE andaluz, el despilfarro en putas y cocaína… La «gurtel» del PP… Y en el pasado, aunque muchos ya se hayan olvidado, aquellos años locos de la corrupción del PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra: el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, los ex ministros José Barrionuevo y Antonio Asunción,… Filesa, Ibercorp, Time Export, Mariano Rubio, Cruz Roja, Renfe, el hermano de Alfonso Guerra… la llamada «guerra sucia» contra el terrorismo vasco,…

También campó por sus fueros la corrupción durante el Gobierno de José María Aznar. Lo mismo podemos decir del de José Luis Rodríguez Zapatero, o el posterior de Rajoy… y ahora, con Pedro Sáchez y sus secuaces empieza a verse la punta del iceberg con el fraude de la pandilla mafiosa de Ábalos…

En fin, la historia interminable, de nunca acabar.

¿Tiene remedio la España putrefacta, encanallada, a la que nos han conducido los capos de los cárteles mafiosos que nos malgobiernan?

El sistema político español está perfectamente diseñado, de tal manera que la capacidad de decisión de los políticos, su posibilidad de decidir de forma arbitraria, caprichosa, sean de tal magnitud que corromperse, más que una consecuencia sea su resultado más lógico.
La corrupción en España se manifiesta de varias formas, tres en concreto:
– la corrupción que tiene relación con asuntos urbanísticos, de recalificación de terrenos;
– la corrupción relacionada con contratos de bienes y servicios por parte de las diversas administraciones;
– y la corrupción ocasionada por los diversos subsidios y subvenciones.

En el asunto de las recalificaciones, como bien se sabe, la clave está en que hay autoridades, generalmente municipales que poseen la capacidad de alterar el valor de los terrenos que recalifican, y por lo tanto la posibilidad de hacerse ricos, o favorecer a familiares y amigos.
Por otro lado, al existir multitud de oficinas públicas con capacidad de contratar bienes y servicios, también son enormes las posibilidades de adjudicaciones millonarias y milmillonarias, con las consiguientes comisiones o mordidas, también supermillonarias, a cambio del trato de favor, monopolístico que se les concede a “empresarios patriotas”, o de la cuerda del partido gobernante, sea cual sea el territorio e independientemente de los oligarcas y caciques que campen por sus fueros allí donde esté ubicada la oficina de contratación de bienes y servicios.
Luego, como tercera forma de corrupción, están los diversos subsidios y subvenciones, que fomentan la obediencia debida, el clientelismo, los estómagos agradecidos, respecto del político que, va repartiendo favores y regalitos.

Pues sí, no nos engañemos, para que haya corrupción, aparte de políticos y funcionarios corruptos es imprescindible que también haya una gran mayoría de personas, de ciudadanos, que los apoyen, siendo por tanto sus cómplices (votando y volviendo a votar una y otra vez a los partidos corruptos) o convirtiéndose en estómagos agradecidos, paniaguados, miembros de la red clientelar de esos mismos políticos corruptos, de los que reciben en mayor o menor medida trato de favor, subvenciones, regalías diversas, concesiones de subsidios, y un largo etc.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, que elabora todos los años “Transparencia internacional”, España es el país de Europa en el que más ha empeorado, en los últimos años, la percepción de la corrupción y ocupa un lugar destacado en el ranking de países más corruptos. Evidentemente, no solo influye en el estado de ánimo de los españoles, es un asunto bastante serio y que afecta de forma muy dañina a la imagen de España y a sus posibilidades de atraer inversiones honestas y a largo plazo. Una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo no puede encabezar el ranking de los países más corruptos, si quiere mantener una buena imagen y poseer competitividad.
Bien, y… ¿qué hacer al respecto? No será fácil, por supuesto. Para empezar, es imprescindible una administración de justicia independiente de lobbies y de partidos políticos que, actúe de forma rápida y con contundencia, sin arbitrariedad.

Entre otras muchas acciones a emprender, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción.
Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.
Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.
Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.
Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.

El Parlamento Europeo aprobó la Directiva de la UE sobre la protección a denunciantes de la legislación de la Unión el 16 de abril de 2019. La directiva entró en vigor el 16 de diciembre de 2019. Los Estados miembros de la UE están obligados a incorporar estas regulaciones dentro de los dos años posteriores a la publicación de la directiva en sus respectivas leyes nacionales. En España, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, apoyado por terroristas y separatistas, al parecer no quiere saber nada del asunto… y no ha promovido ninguna norma legar para evitar represalias contra los ciudadanos denunciantes de corrupción y tampoco para asegurar la confidencialidad en las denuncias y proteger la identidad del denunciante…
Igualmente, es imprescindible regular los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.
También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones.

También es imprescindible reformar la actual ley de “régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.
Y ya para terminar, 

es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, y reinstaurar “los juicios de residencia”:

Aunque ya lo haya hecho en otras ocasiones, no está de más volver a hablar del juicio de residencia una institución propia del derecho castellano, aunque hay quienes opinan que su origen estaba en el derecho romano tardío, fue introducido por Alfonso X el Sabio en las Partidas.

Era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.

En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.
La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.
Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.
Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes…

Para saber más recomiendo la lectura de mi libro «ESPAÑA SAQUEADA: POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ… Y FORMA DE REMEDIARLO».