La Policía Nacional ha desactivado una red mafiosa cuya actividad se enfocaba en generar denuncias falsas propiedad en el entorno permisivo de las Leyes de la denominada violencia de género para que sus clientes accedieran a las ayudas derivadas de esas normas abusivas.
Ha sucedido en El Ejido (Almería) donde las fuerzas de seguridad han detenido a seis personas e investigado a otras 40 acusadas de participar de un grupo criminal especializado en obtener permisos de residencia y beneficios económicos mediante la denuncia de casos de violencia de género irreales, amparado todo ello en un fraude de ley.
El modus operandi era fingir una situación de maltrato, forzar una denuncia falsa, y así obtener la renta activa de reinserción, y en su caso, un permiso de residencia para mujeres extranjeras en situación irregular en España. A cambio, según informa Mediterráneo Digital , las mujeres beneficiarias, que podrían obtener una renta mensual que ronda los 430 euros mensuales, debían pagar en torno a 4.000 euros, de los cuales, entre 1.000 y 1.500 euros iban a parar al actor agresor.
Según ha explicado la Policía en una nota, los agentes detectaron una red organizada dedicada a la captación de mujeres extranjeras en situación irregular en el territorio español, quienes a cambio de una suma de dinero, les ofrecían la posibilidad de conseguir una tarjeta de residencia en España y una renta mensual , siempre que presentaran denuncias falsas de violencia de género, para lo que debían simular ser víctimas de malos tratos por parte de supuestas parejas con quienes pactaban el fraude.
Desde el mes de marzo del año pasado, los agentes han recopilado indicios suficientes sobre esta trama formada por personas de origen español y magrebí. Las mujeres extranjeras eran atraídas por dicha organización, asegurándoles que se trataba de una práctica sencilla, sin riesgos y con la efectividad de conseguir el último caso una autorización de residencia y un ingreso económico mensual por parte de la Administración.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra Violencia de Género, análisis que cuando una mujer es víctima de una situación de violencia, pueda beneficiarse de la denominada Renta Activa de Reinserción, lo que supondría un ingreso mensual renovable durante tres anualidades del 80 por ciento del Iprem.
Para que la ayuda opere, es necesaria una sentencia judicial, informe del Ministerio Fiscal, vigencia de una orden de protección. En este sentido, el articulado de la Ley de Extranjería discutir que cuando se trate de víctimas extranjeras y sin permiso de residencia válido, como medida de protección se les conceda una Autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, desde el mismo momento de presentar la denuncia en la Policía Nacional y su correspondiente orden de protección.
Una vez inducida la mujer, y siempre previo pago de una cantidad económica que rondaba los 4.000 euros, la organización desmantelada ofrecía los servicios de un varón de nacionalidad española, quien estaba dispuesto a simular que ambos tenían una relación de pareja o análoga.
Las declaraciones de los testigos eran cruciales para dar credibilidad instantánea al fraude y posteriormente condicionantes sobre el sentido de la sentencia condenatoria y sus medidas cautelares. El presunto agresor, accedía a la representación de dicho teatro a cambio de una contraprestación económica que oscilaba entre los 1.000 y los 1.500 euros.
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