Gonzalo Jiménez Tapia
Senador, viudo y formal, así describen a Miguel Primo de Rivera sus biógrafos, no confundir con José Antonio. Que le caía mal Unamuno y que era un gran admirador de Mussolini, aunque no era recíproco, es lo que dice Alberto Barea en La forja de un rebelde, sobre Primo de Rivera. Más allá de la anécdota, era un militar liberal, marqués de Estella y regeneracionista que dio un golpe de Estado en septiembre de 1923 para establecer en España un gobierno militar que empezó bajo el paraguas de la Constitución de 1876, pero que pronto se convirtió en una a dictadura sin tiranía. Este periodo también trajo consigo una serie de reformas sociales y económicas que trasformaron el país en muy poco tiempo.
Lo primero que hizo el nuevo directorio militar fue destruir la administración anterior. Miguel Primo de Rivera era partidario de la regeneración del régimen. Buscó acabar con el caciquismo y para conseguirlo suspendió todos los ayuntamientos, sustituyéndolos por vocales asociados que conformaban una junta asesora. Hizo lo mismo con los gobernadores civiles, que pasaron a ser militares, aunque a principios de 1925 nombró también a civiles.
Al frente de esta nueva administración colocó a un joven José Calvo Sotelo, abogado del Estado y maurista, que fue nombrado director general de la Administración Local. Defendía que la propiedad debía tener un uso social, llegando incluso a la expropiación, y siguiendo esa premisa elaboró el Estatuto Municipal junto a otros colaboradores como Gil Robles y Flores de Lemus, en marzo 1924. El texto ofrecía una gran libertad de organización a los municipios, ampliando sus competencias y autonomía.
En este contexto de reforma, Calvo Sotelo planteó el voto femenino, pero no todos en el directorio militar estaban de acuerdo. Al final se llegó a un consenso: «que voten aquellas que no estén atadas a marido o madre». Además, se planteó que todo colegio electoral tuviera una cabina para que el votante pudiera ejercer su derecho de forma secreta y cada papeleta debería ir en un sobre independiente.
El sistema de elecciones sería proporcional para que en los ayuntamientos hubiera concejales de otras formaciones como ejercicio de control, además una parte de los concejales se elegirían por sufragio universal mientras otros lo serían por elección corporativa, es decir, personas que representasen a organizaciones del ámbito local, como patronales, sindicatos o cofradías. A pesar de los cambios que se aplicaron a esta administración local, en las elecciones en 1931 que dieron paso a la Segunda República, no pudieron votar las mujeres, algo que criticó Calvo Sotelo.
En 1925 se constituye el Directorio Civil, con siete ministros civiles y dos militares. Fue un periodo de bonanza generalizada en toda Europa, y en España los salarios estuvieron al alza y había pleno empleo. La estructura social española se modernizó. Durante la dictadura de Primo de Rivera, por primera vez en la historia de España, la población dedicada al sector agrario representó menos del 50 % del total, y creció el número de trabajadores dedicados a la industria y los servicios.
Los ministros de Primo de Rivera implantaron una serie de planes de industrialización, construcción de infraestructuras y varias reformas agrarias, como la creación de Confederaciones Hidrográficas, en 1926. Durante este periodo, la tasa de analfabetismo disminuyó gracias a la construcción de nuevas escuelas y la aprobación de leyes como la Ley de Universidades. Todas estas medidas, entre otras, provocaron el aumento de la clase media y que el número de contribuyentes pasó de 417.00 en 1923 a 680.000 en 1928.
Estos son solo algunos de los cambios que se sucedieron durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, quedan muchos sin comentar, pero sirve a nivel histórico, de muestra para conocer que a principios del siglo XX en España se produjo una trasformación social que rompió con parte del sistema previo, y marcó, en algunos aspectos, el camino a seguir para otras reformas posteriores que tienen su origen en la década de los veinte.
Autor: Diego Cameno Mayo
l 14 de junio de 1925, el F.C. Barcelona se enfrentaba al C.E. Júpiter en el estadio de Les Corts. Con motivo del encuentro, la banda de la Royal Navy británica fue invitada para interpretar la Marcha Real. En cuanto empezaron a sonar las primeras notas del himno español, el público respondió con una sonora pitada. Esta era la forma que tenían los catalanes de mostrar su descontento con algunas de las medidas, tildadas de ‘anticatanalistas’, tomadas por Miguel Primo de Rivera.
Este había llegado al poder casi dos años antes, tras triunfar en su golpe de Estado de septiembre de 1923. Desde entonces, y con la aquiescencia del monarca Alfonso XIII, detentaba un poder prácticamente ilimitado. Tras erigirse en dictador, logrando para ello el apoyo, entre otros, de una parte de la élite regionalista catalana, Primo comenzó una política destinada a frenar el catalanismo, a la vez que prometía autonomía a regiones y provincias.
Quizás una de sus ideas más llamativas para lograr la creación de un Estado moderno, organizado y robusto, fue la de crear una serie de regiones, sustituyendo el modelo provincial por uno más parecido al actual de las Comunidades Autónomas. Eso sí, la Mancomunitat de Cataluña, nacida una década atrás, debía ser transformada y convertida en una más de esas regiones en que se dividiría España.Primo desechó pronto ese plan y lo sustituyó por un modelo basado en la familia, el municipio y la provincia. Acabó con la Mancomunitat, pese a las voces discordantes entre algunos de sus colaboradores cercanos, y con ello perdió grandes apoyos en Cataluña como muestra el episodio ocurrido en el estado de Les Corts. El núcleo de España se hallaba en el municipio, por lo que Primo se centró en la reestructuración del Estado desde dicho ámbito.
La elaboración del nuevo Estatuto Municipal fue encargada por Primo a un joven político que había iniciado su carrera junto al conservador Antonio Maura: José Calvo Sotelo. Este lideraría un equipo estrechamente supervisado por la mano derecha del dictador, el general Severiano Martínez-Anido.
El Estatuto Municipal fue aprobado el 8 de marzo de 1924 y contenía un elemento que, aunque se suele pasar por alto, no carece de relevancia. Al afirmar que el municipio era la «base natural» del Estado y que la soberanía municipal residía en el pueblo, dicho Estatuto otorgaba el voto a las mujeres. Como el mismo documento rezaba, no hacerlo «constituía un verdadero ludibrio», al privar de este derecho a una parte válida de la población, al tiempo que se le concedía a los «analfabetos».
Por lo tanto, la obra de Calvo Sotelo recogía, por primera vez en la historia de España, el voto femenino. Además, las viudas y huérfanas responsables de menores de edad podían ser elegidas concejalas. No obstante, establecía unos requisitos que restringían mucho el derecho al voto: tan solo permitía votar a las mujeres solteras mayores de 23 años.
Este avance en derechos que suponía el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo ha caído en el olvido, en parte porque el texto no llegó a aplicarse, al menos, completamente. Además, al introducirse en un sistema dictatorial, nunca se convocaron elecciones, por lo que ni hombres ni mujeres pudieron votar hasta la caída del dictador en enero de 1930.
Los varones concurrieron a las urnas en abril de 1931 y, si bien las mujeres debieron esperar hasta noviembre de 1933 para ejercerlo en la práctica por primera vez, ya habían obtenido ese derecho, a nivel municipal, casi una década antes.
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