LA REGULARIZACIÓN DE MEDIO MILLÓN DE INMIGRANTES: La paradoja del desempleo masivo -4 millones de españoles en paro- y la regularización de extranjeros

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

En un momento en que más de cuatro millones de españoles están desempleados, el Congreso de los Diputados va a debatir la posibilidad de regularizar a 500.000 inmigrantes en situación irregular, una medida impulsada mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y respaldada por organizaciones sociales, e incluso por la Conferencia Episcopal Española.

¿Es realmente una necesidad? “La inmigración es perfecta siempre que haya necesidad de mano de obra; en caso contrario, es un disparate”.

El contexto económico y laboral no es precisamente favorable. España sufre niveles de paro estructural elevadísimos, precariedad generalizada y una economía que no es capaz de absorber ni siquiera a su población activa autóctona. Alejandro Macarrón Larumbe, demógrafo y profesor en la Universidad San Pablo-CEU, afirma que “la inmigración es perfecta siempre que haya necesidad de mano de obra; en caso contrario, es un disparate”.

La regularización masiva, sin un análisis riguroso de costes y consecuencias, va a dar como resultado una sobrecarga para los sistemas públicos de salud, enseñanza, etc. y generar frustración entre los propios regularizados, al no encontrar oportunidades reales de inserción laboral o social.

Aportación fiscal frente a sobrecoste asistencial

Jesús Javier Sánchez Barricarte, catedrático de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, argumenta que la regularización permitiría sacar a muchas personas de la economía sumergida y convertirlas en contribuyentes. Según el informe Esenciales 2022, la aportación fiscal neta por persona regularizada sería de unos 3.500 euros anuales, lo que generaría hasta 950 millones de euros anuales para las arcas públicas.

Sin embargo, ese potencial ingreso debe contrastarse con el coste que implicaría su incorporación plena a los sistemas públicos: sanidad, enseñanza, vivienda, formación, servicios sociales y políticas activas de empleo. ¿Existe un estudio serio, razonado y multidisciplinar que evalúe ese balance costes-beneficios? ¿Se ha calculado cuántas viviendas serán necesarias, qué impacto tendrá en los servicios sanitarios o en el sistema educativo?

El reto sanitario y su dimensión fiscal

Uno de los aspectos más sensibles es el acceso a la sanidad pública. Aunque la Ley 16/2003 reconoce el derecho a la atención sanitaria de personas en situación irregular que reúnan ciertos requisitos —como empadronamiento de tres meses y no contar con otra cobertura—, la práctica está generando conflictos.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es frecuente que hospitales públicos practiquen liquidaciones en concepto de precios públicos a extranjeros no registrados ni autorizados, argumentando que no han presentado la documentación exigida. Esto abre un debate sobre la naturaleza del derecho a la asistencia sanitaria y su impacto tributario. Los tribunales deberán decidir si ese derecho puede ejercerse sin haber cumplido previamente el trámite administrativo exigido.

El capital humano: ¿una oportunidad desperdiciada?

Desde una óptica demográfica, España accede, mediante la acogida de inmigrantes, a lo que los expertos denominan un “dividendo demográfico gratuito”: personas jóvenes, muchas de ellas cualificadas, sin que el Estado haya invertido en su formación. Barricarte señala que “muchos llegan formados, con fuerza y con toda su capacidad de trabajo, dispuestos a hacer tareas que los españoles ya no quieren realizar”.

Sin embargo, el argumento choca con la realidad de España que posee un mercado laboral precario. Regularizar a estas personas, concederles la residencia no garantiza que vayan a mejorar sus condiciones. Existe un enorme riesgo de que acaben pasando de la economía sumergida a contratos temporales, salarios bajos y exclusión persistente.

El problema de la cualificación y la integración

Otra cuestión a tener en cuenta es que, una gran cantidad de estos inmigrantes carece de cualificación, dominio del idioma español, conocimiento de la cultura local o de contrato en origen. ¿Cómo puede afirmarse que su llegada es “positiva” sin haberse hecho un diagnóstico serio de la situación, y ninguna previsión de ingresos y gastos? En países como Francia o Reino Unido, o del norte de Europa, procesos similares mal gestionados han derivado en graves tensiones y conflictos sociales.

Impacto social y cohesión

Se calcula que en España alrededor de 125.000 menores viven en situación irregular. La falta de documentación limita su acceso a derechos fundamentales y perpetúa la exclusión social. Regularizar a sus familias podría facilitar su integración, pero exige también recursos para garantizar su escolarización, atención sanitaria, vivienda y protección.

A ello se suma el caso de los llamados «MENAS» (Menores Extranjeros No Acompañados), cuyo número en España superaba los 14.000 en 2023 según datos del Ministerio de Derechos Sociales. El coste medio anual por menor tutelado ronda los 50.000 euros, cifra que incluye alojamiento, manutención, enseñanza, asistencia psicológica y personal especializado. Solo en 2023, el gasto total estimado superó los 700 millones de euros, distribuidos entre el Estado, las comunidades autónomas y fondos europeos. Cataluña y Andalucía son las regiones con mayor concentración de MENAS.

El circuito de ayudas y su fiscalización opaca

El sistema de protección y asistencia a inmigrantes irregulares en España es amplio y diverso:

• Programa de Atención Humanitaria, gestionado por el Ministerio de Inclusión, ofrece acogida, manutención, orientación legal, enseñanza del idioma, traslados y atención en asentamientos no siempre precarios.
• Protección internacional y asilo, gestionado con apoyo de ACNUR, permite a los solicitantes acceder a centros de acogida y a una red de ONGs.
• Servicios sanitarios, garantizados en caso de emergencia y con posibilidad de acceso ordinario si se acredita empadronamiento.
• Enseñanza, obligatoria y gratuita para menores, sin importar su estatus legal.
• Ayudas autonómicas, que incluyen alojamiento, asistencia legal, formación y programas de inserción.

ONGs y financiación pública: ¿transparencia o corrupción?

Numerosas ONGs están activamente implicadas en la asistencia a inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacan Cruz Roja, Cáritas, CEAR, Accem, Red Acoge, Mensajeros de la Paz, Fundación La Merced, Remar y Urda Spain. Estas entidades gestionan recursos públicos y europeos, y ofrecen desde ayuda de emergencia hasta procesos de inserción laboral y social.

En 2022, solo Accem recibió más de 50 millones de euros en subvenciones públicas; CEAR más de 36 millones; Cruz Roja Española superó los 300 millones de euros anuales, de los cuales una parte considerable se destina a programas para inmigrantes. Estos fondos provienen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la UE y de partidas autonómicas y locales.

El problema radica en la escasa o nula fiscalización efectiva del destino real de esos fondos. Los mecanismos de control se reparten entre la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), los tribunales de cuentas autonómicos y, en teoría, los propios ministerios convocantes. Sin embargo, distintos informes y denuncias han revelado carencias en el rastreo y el seguimiento del recorrido de esos dineros desde su origen hasta su destino final; la duplicidad -triplicidad e incluso cuadruplicidad- de programas, sobrecostes, adjudicaciones sin concurso y la existencia de redes clientelares donde los mismos beneficiarios se reciclan entre distintas ONGs afines a determinados intereses ideológicos o políticos.

Turbias complicidades: ONGs y redes de tráfico de personas

A todo lo anteriormente mencionado hay que añadir una preocupación creciente: la -¿presunta?- connivencia entre determinadas ONGs subvencionadas con nuestros impuestos y las mafias que trafican con personas. Diversos informes del Ministerio del Interior y de agencias europeas como Frontex apuntan a la existencia de un ecosistema paralelo donde algunas organizaciones, bajo la cobertura-noble pretexto de ayuda humanitaria, colaboran directa o indirectamente con redes de tráfico de migrantes. Estas ONGs reciben a los recién llegados, gestionan su acogida y tramitan su regularización, muchas, demasiadas veces en coordinación con estructuras que operan al margen de la legalidad.

Esta cooperación no siempre es fruto de corrupción explícita, pero sí de una laxitud normativa y una opacidad funcional que permite la perpetuación del negocio migratorio. Mientras unas redes ganan con el traslado, otras lo hacen con la gestión de su acogida e integración, todo ello financiado con dinero público y escaso o nulo control.

Delincuencia importada y colapso penitenciario

El aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración irregular es otro factor preocupante. Según datos oficiales, los extranjeros ya son el 31,4% de la población reclusa en España, a pesar de constituir solo el 12,7% de la población general. En Cataluña, la situación es aún más grave: el 50% de los presos son inmigrantes. En Madrid, el 42%. La desproporción es evidente: mientras uno de cada mil ciudadanos españoles está en prisión, entre los extranjeros la cifra se triplica.

Uno de cada tres reclusos extranjeros es de origen marroquí, grupo que con 5.471 presos supone el 29,5% del total extranjero, pese a representar apenas el 1,9% de la población general. Estos datos ponen en tela de juicio la narrativa oficial y subrayan la necesidad de una política migratoria basada en criterios de seguridad, integración y responsabilidad.

La ingeniería del consentimiento: la “Ventana de Overton” aplicada a la inmigración

Para convencer a buena parte de la ciudadanía de la conveniencia de regularizar a todo aquel que entra irregularmente en territorio español, se ha recurrido a mecanismos de manipulación de la opinión pública como la denominada “Ventana de Overton”. Esta técnica, bien conocida en los entornos del marketing político, consiste en desplazar gradualmente los límites de lo socialmente aceptable, transformando ideas impopulares o aberrantes en temas de debate legítimo, luego en opciones aceptables y finalmente en políticas oficiales.

Mediante esta estrategia, cuestiones que antaño habrían sido rechazadas por puro sentido común —como la regularización masiva de personas sin documentación, sin formación o sin intención de integrarse—, pasan a presentarse como actos de humanidad, justicia social o necesidad económica. El mismo procedimiento se ha empleado en otros ámbitos, como la legalización del aborto, considerado en la actualidad un «derecho» y signo de «progreso social», el “matrimonio” homosexual, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, el divorcio masivo, la vacunación obligatoria durante la pandemia de covid-19, o incluso el rearme europeo frente a una presunta amenaza rusa.

Como advirtió Maquiavelo, “quien controla el miedo de la gente se convierte en el dueño de sus almas”, y en palabras de Averroes: “la ignorancia conduce al miedo, el miedo empuja al odio y el odio a la violencia”.

Conclusión: entre la ética y la gestión responsable

La regularización masiva de inmigrantes plantea un desafío de enorme complejidad. No basta con proclamar su conveniencia en términos abstractos. España necesita un diagnóstico preciso, una previsión de costes detallada, una estrategia clara de integración y un modelo económico capaz de absorber e incorporar ese nuevo contingente poblacional.

De lo contrario, el país corre el riesgo de convertir una oportunidad potencial en una crisis estructural. El verdadero debate no es si abrir la puerta o cerrarla, sino qué hacer con quienes ya están dentro y qué condiciones reales existen para ofrecerles una vida digna sin hipotecar la estabilidad del conjunto.

Y, ya, para terminar una última reflexión y llamada de atención:

¿Y los nuestros? Damnificados ignorados por el Estado

Mientras se destinan centenares de millones de euros a la atención de inmigrantes irregulares, miles de ciudadanos españoles siguen esperando ayudas prometidas. Es el caso de los afectados por la erupción del volcán de La Palma en septiembre de 2021, que transcurridos los años aún no han recibido compensaciones adecuadas. Lo mismo ocurre con numerosos damnificados por las recientes inundaciones en la Comunidad Valenciana, cuya situación crítica sigue sin resolverse. Esta asimetría en el reparto de recursos públicos plantea una reflexión urgente sobre las prioridades del Estado y la equidad en el trato a los ciudadanos.

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