Miguel Bernad.
El término «LAWFARE» ha irrumpido en la pretendida ley de amnistía basado en los acuerdos con ERC y JUNTS, firmados por Félix Bolaños y Santos Cerdán en nombre del PSOE.
Jueces y fiscales que, a juicio de los independentistas, hayan instruido y sentenciado por consideraciones políticas a los separatistas, deben ser enjuiciados en las Comisiones de Investigación ad hoc ya creadas o que se acaben creando en el Parlamento Catalán y en el Congreso de los Diputados de España.
Los jueces y fiscales serán enjuiciados, no a través de los recursos que están previstos en nuestro ordenamiento jurídico, sino por un nuevo procedimiento, las Comisiones de Investigación, que se convierten en un Tribunal para juzgar el comportamiento de jueces y fiscales. Es un disparate de tal calibre que nos sitúa en un sistema no autoritario, sino tiránico, despótico.
Es obvio que en España a lo largo de los años, ha habido sentencias «políticas», pero el mecanismo para desactivarlas no es la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, nuestros ordenamiento jurídico tiene las herramientas previstas, de los sucesivos recursos que incluso pueden tener su final en los Tribunales Europeos.
En el caso que nos ocupa, las sentencias condenatorias a los golpistas-separatistas aunque tuvieron un componente político por tratarse de políticos, no es menos cierto que fueron condenados no por razones políticas, sino por cometer delitos suficientemente acreditados.
Una sentencia política condenatoria y sin pruebas que lo acreditara, la sufrió Miguel Bernad, el abajo firmante.
Sin embargo, a mí no se me ha ocurrido pedir que se cree una Comisión de Investigación para demostrar la felonía de mi condena. Por el contrario, estoy utilizando los mecanismos de nuestro ordenamiento jurídico para demostrar que la sentencia fue una arbitrariedad, una evidente sentencia política condenatoria a pesar de haber multitud de pruebas que evidenciaban mi inocencia.
Miguel Bernad.
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