Por David de Caixal : Historiador Militar. Director del Área de Seguridad y Defensa de INISEG. Director del Máster de Historia Militar de INISEG / Universidad Pegaso. Director del Grupo de Investigación del CIIA (Centro Internacional de Investigación Avanzada en Seguridad y Defensa de INISEG-Universidad Pegaso. Membership in support of the AUSA (Association of the United States Army) Miembro asesor de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). Miembro del Grupo de Investigación de INISEG y “The University and Agency Partnership Program » (UAPP) proyecto universitario para la difusión de la Cultura de la Defensa de Estados Unidos.
El Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) es una campaña política antisraelí que a nivel mundial desde el año 2005 se ha empeñado en boicotear económicamente y deslegitimar en diversos ámbitos al Estado de Israel, a quien acusan de “ocupar” el territorio en donde se asienta. “Cuando una organización asesina terrorista como Hamás, saluda y apoya al BDS, es un testimonio de la naturaleza del movimiento de boicot y de sus activistas” Dime quienes son los que te apoyan y te diré quién eres. Aquellos que saben de donde proviene la ideología de los activistas no estarán sorprendidos. Quienes apoyan al BDS deben entender quiénes son sus pares. Hamás y los activistas del boicot buscan la destrucción del Estado de Israel, desde OCATRY (Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista) de INISEG perteneciente al CIIA (Centro Internacional de Investigación Avanzada de INISEG-Universidad Pegaso), trabajamos para desenmascarar a los grupos terroristas que financian a través de la BDS los boicots a Israel. El nuevo líder de Hamás, Ismael Haniyeh dio su primer discurso público desde su reciente elección en mayo en la ciudad de Gaza. Llamó a formar un gobierno de unidad con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas del partido palestino Fatah, que gobierna los territorios palestinos fuera de Gaza. De la misma manera pidió que este último terminara sus operaciones de coordinación en materia de seguridad con el Estado de Israel. El político gazatí habló también sobre la reparación en las relaciones con Egipto que el gobierno de Hamás ha estado llevando a cabo. Ahora que la mayoría de los países árabes (incluidos Siria, Egipto y Arabia Saudí) han dado la espalda a Hamás, el movimiento islamista considera que el BDS es su aliado natural en la lucha contra Israel. Sus dirigentes en la Franja de Gaza se frotan las manos mientras siguen el avance de las actividades antiisraelíes de los partidarios del boicot en las universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Hamás considera dichas actividades del movimiento BDS una extensión de la campaña para destruir a Israel que el movimiento lleva librando desde su creación, en 1988. Aunque no ha logrado enviar representantes para hablar ante estudiantes y profesores en las universidades, parece que los partidarios del BDS le están haciendo el trabajo.
Cataluña es la Comunidad autónoma más islamizada de toda España. No ha sido una decisión voluntariamente aceptada por los catalanes, sino una estrategia de los políticos nacionalistas, que veían con un cierto interés de redito político y electoralista a la inmigración árabe que a la hispana. Era mejor que los nuevos vecinos no tuvieran lazos efectivos con España.
Existe una colaboración basada en una red de asociaciones que promueven simultáneamente actividades antisistema, independentistas e islamistas. Esa constelación de grupos de la órbita de Podemos-En Comú, CUP y otras organizaciones lleva aparejada y obsesiva fijación antisemita que se refleja en las iniciativas tomadas desde las instituciones en que esos grupos políticos participan:
– Homenajes en foros públicos, sufragados por el Ayuntamiento de Barcelona, a terroristas como Layla Khaled
– Aprobación de declaraciones de apoyo al boicot a Israel y la discriminación contra todos los que lo apoyan, como la realizada en el Ayuntamiento de Barcelona.
La financiación pública de España a organizaciones no gubernamentales (ONG) con objetivos políticos e involucradas en el conflicto palestino-israelí es generalizada y está altamente descentralizada, correlacionándose con los varios niveles de gobierno en España. Los fondos son administrados y asignados por el Gobierno Central, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los municipios y los Colegios de Abogados, y refleja profundas fisuras políticas y radicalización regional.
La financiación española se ha concedido repetidamente a las ONG que llevan a cabo campañas políticas contra Israel. Varios beneficiarios tienen vínculos con organizaciones terroristas, promueven el antisemitismo, incitan a la violencia, y están involucrados en las campañas de boicot BDS (boicot, desinversión y sanciones). La financiación española destinada a actividades de ONG altamente politizadas en el conflicto palestino-israelí asciende a 5.1 millones de euros sólo en 2015.
En mayo de 2016, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) firmó un acuerdo de cooperación con la ONG palestina Addameer para “ayudar a los prisioneros palestinos”, con un monto total para la organización de 199.988€. Addameer es una filial del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), declarada organización terrorista por EE. UU, la Unión Europea, Canadá e Israel.
El partido vasco independentista y de extrema izquierda EH Bildu hizo un llamamiento en 2015 para la “liberación inmediata de Khalida Jarrar,” descrita como “defensora de los presos políticos palestinos desde hace mucho tiempo”. Jarrar, vicepresidente de Addameer, es una funcionaria de alto nivel del FPLP y fue acusada en abril de 2015 por diversos delitos, entre ellos ser miembro activo de una organización terrorista (FPLP) e incitar a la violencia pidiendo secuestrar soldados israelíes. Jarrar admitió los cargos que se le imputaban, y fue declarada culpable por «pertenencia a organización ilegal» e «incitación«, recibiendo una sentencia de 15 meses de prisión más una condena de 10 meses adicional que finalmente fue suspendida. Salió de prisión el 3 de junio de 2016.
Los secesionistas de extrema izquierda en la comunidad autónoma vasca promueven la solidaridad con otros movimientos nacionalistas de izquierdas en todo el mundo como parte de su estrategia política. Como dijo el político de EH Bildu y preso de ETA recién liberado Arnaldo Otegi, “Siempre hemos reconocido la importancia del internacionalismo. Hemos descubierto que las luchas deben ser más globales en su naturaleza”. “Euskadi Ta Askatasuna” (ETA) es una organización terrorista designada como tal por el Reino Unido y EE.UU.
Paz con Dignidad (PCD), una ONG española que promueve habitualmente campañas de boicot BDS, recibió en 2015 607.287 € de los fondos públicos destinados para actividades relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Mientras hacía referencia a temas antisemitas clásicos, la coordinadora de PCD, Amparo Pernichi, reivindicó en marzo de 2016 que Lord Balfour “pidió a los israelíes (sic) que vivían en todo el mundo y que tenían mucho dinero, a los más ricos, que ayudasen al pueblo de Sión a establecerse en ese territorio. [Este fue uno de] los dos acontecimientos históricos [que] preparó el camino para el genocidio que ocurrió después”
La ONG catalana Novact invitó a activistas palestinos Munther Amira y Manal Tamimi a una conferencia sobre “prevención del extremismo violento”, financiado por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la Unión Europea (UE). Tamimi utiliza frecuentemente un discurso e imágenes de carácter violento y antisemita en redes sociales, tuiteando en septiembre de 2015: “Vampiro sionista (sic) celebra Yom Kippur bebiendo sangre palestina (sic), sí nuestra sangre es pura y deliciosa, pero os matará al final”. Amira ha llegado a encuadrar una manifestación violenta como parte de una «lucha contra la ocupación nazi«. La Agencia Andaluza para la Cooperación para el Desarrollo Internacional (AACID) llevó a cabo un evento de BDS “contra el apartheid israelí”, junto con la ONG Asociación Al-Quds Andalucía, en 2014, con Raji Sourani del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) y Sergio Yahni del Alternative Information Centre (AIC), dos organizaciones con presuntos vínculos con el FPLP
Novact también recibió 176.313€ del Oxford Research Group (ORG) para el proyecto “Observatorio de empresas privadas militares y de seguridad (EMSP) y Derechos Humanos” – que cubre Cisjordania y Gaza, Columbia, e Irak. ORG es una ONG británica financiada, entre otros, por Noruega, Alemania, Suiza y la UE. Como parte de este proyecto, Novact publicó en 2015 un informe titulado “La privatización de la seguridad en el territorio palestino ocupado”. El informe afirma que “desde la declaración del Estado de Israel en 1948, el gobierno israelí ha utilizado el pretexto de la seguridad para justificar la ocupación del pueblo palestino, cometiendo terribles atrocidades que violan los derechos humanos”, y que “la noción israelí de seguridad está estrechamente vinculada a su concepto de terrorismo, dibujando una línea extremadamente delgada entre el terrorismo y la resistencia. El derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación militar israelí no sólo es un derecho moral, sino también un derecho reconocido en el derecho internacional consuetudinario”. En febrero de 2017, Novact emitió un comunicado “rechazando los ataques a los Comités de Coordinación de la Lucha Palestina” – refiriéndose a las detenciones por presuntas actividades terroristas de Manal Tamimi y Munther Amira del Comité de Coordinación de Lucha Popular (PSCC), a su llegada a Barcelona para una conferencia de Novact titulada “Hacia un nuevo paradigma: La prevención de extremismo violento”. El PSCC organiza regularmente manifestaciones que a menudo se han vuelto violentas y, en repetidas ocasiones emplea la retórica del “mártir” y posts en su cuenta de Twitter con fotos de manifestantes lanzando piedras.
A pesar de haber sido invitados en calidad de expertos en “prevención del extremismo violento”, tanto Munther Amira y Manal Tamimi han hecho declaraciones violentas. En respuesta a una manifestación violenta organizada por Munther Amira en Belén en diciembre de 2016, que contó el medio de comunicación israelí Ynet: “Estamos aquí para protestar y decir que la ocupación y el terror son dos caras de la misma moneda. Queremos decir al mundo que los palestinos tratan con el terror organizado. Vamos a seguir para hacer frente con el fin de luchar contra la ocupación nazi” Manal Tamimi ha promovido el terrorismo, la violencia y el antisemitismo virulento varias veces en su cuenta de Twitter. En agosto de 2015, Tamimi tuiteó: “Yo odio a Israel, y deseo una tercera Intifada muy pronto y que la gente se levante y mate a todos estos colonos sionistas en todas partes”. En septiembre de 2015, en Yom Kipur (un día de ayuno y el día más sagrado del año en el calendario judío), La conferencia organizada por Novact y con PSCC fue financiado por el Gobierno regional español de Cataluña y la UE. Otras fuentes de financiación para la participación política en el conflicto palestino-israelí que figuran en el informe anual de 2015 de Novact incluye 289.000€ de la AECID (Agencia Estatal de Desarrollo) para “La mejora de la protección de las personas protegidas en Gaza y Cisjordania mediante el fortalecimiento de los mecanismos para la aplicación del DIH [El derecho internacional humanitario]”(2015-2016); 80.565€ de la ONU para la “Promoción de estado de derecho y la rendición de cuentas para la transformación de conflictos” (2015-2016); y 179.134€ del Ministerio de Exteriores español para “Apoyar las transiciones democráticas en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África): fortalecer las capacidades de los movimientos sociales emergentes para la promoción de la democracia y los Derechos Humanos”. En total, los proyectos Novact financiados por el gobierno incluidos en este informe ascienden a 1,3 millones de euros.
BDS, ayuntamientos y subvenciones
Muchas de las organizaciones que organizan campañas concretas de boicot antiisraelí en España se enmascaran en propuestas aparentemente relacionadas con la promoción cultural y, además, consiguen parte de su financiación en actividades supuestamente culturales que más tarde no son más que plataformas para la propagación del odio. Un ejemplo de esto fue la participación de la terrorista palestina Leila Khaled, que fue invitada por la Feria de Ideas y Libros Radicales Literal, en Barcelona, que en esa misma edición había contado con una subvención municipal de 12.000 euros, además de la cesión de unos locales municipales. Esta cesión de locales públicos para la promoción del odio es muy habitual: en espacios de titularidad municipal de toda España se celebran ‘actividades culturales’ como pases de películas, o convocatorias supuestamente para acercarse a aspectos como la comida o las danzas palestinas, pero la realidad tras esos actos es que sólo se usan para promulgar el boicot antiisraelí y una visión falsa, sectaria y absolutamente parcial del conflicto palestino israelí. También nos encontramos con casos en los que son las propias entidades públicas las que ejercen la censura antisemita, como hizo el ayuntamiento de Cádiz en 2017, cuando canceló un ciclo de cine israelí, que se celebraba en instalaciones municipales y que ya se había iniciado. La excusa fue que el ciclo cinematográfico entraba “en contradicción con el acuerdo de 2016 de adhesión a la campaña ‘Espacio Libre de Apartheid Israelí’” -es decir, de BDS- que había sido aprobado por el propio ayuntamiento. Este acto arbitrario ha llevado a el alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, a ser denunciado por “discriminación xenófoba” ante la justicia ordinaria.
BDS en España: extremistas de izquierda
En muchos aspectos nuestro país sigue el patrón habitual del BDS en el resto del mundo, especialmente por lo que se refiere a su relación cercanísima con los movimientos y los partidos más a la izquierda de la izquierda. De hecho, en la página de miembros la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), organización paraguas que coordina a los diferentes grupos e instituciones locales, regionales y nacionales que participan en las campañas de boicot a Israel, aparecen partidos políticos como Anticapitalistas, que es uno de los grupos de cuya unión nació Podemos y que aún forma una corriente interna con cierta fuerza dentro del partido morado; Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, otro grupúsculo que formaba parte de Podemos; o las Juventudes del PCE, ahora también parte de Unidos Podemos a través de IU.
Junto a ellos, encontramos asociaciones creadas específicamente para el BDS, de solidaridad con Palestina, ONGs de distintos tipos (alguna dedicada, en teoría, ¡a promover la agricultura en el tercer mundo!), y también a organizaciones ecologistas que, suponemos, deben considerar a Hamás un modelo de gestión del medioambiente. Además de estas relaciones directas en su seno, otro vínculo innegable de Podemos con el BDS es su relación con el gobierno de Irán a través de su televisión Hispan TV, para la que varios de sus líderes trabajan -incluyendo Pablo Iglesias- con unas retribuciones extraordinariamente por encima de lo que sería el precio normal de mercado de en una cadena de escasa audiencia en nuestro país. En intervenciones que han tenido una amplísima difusión el propio Iglesias no dudaba de calificar a Irán como “un Estado asesino de comunistas” y reconocía la naturaleza de esta relación comparándola con la de la Alemania de la I Guerra Mundial con los bolcheviques rusos: “A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizase Rusia, a los iranís les interesa que se difunda en América Latina y España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios, ¿lo aprovechamos o no lo aprovechamos?” decía, mostrándose partidario de aprovecharlo porque en política hay que “cabalgar las contradicciones”. Podemos no se limitó a usar el dinero recibido de Irán (y también de Venezuela) para hacer programas de televisión, sino que lo usó para crear el propio partido y financiar sus primeros pasos, al menos así lo afirmó en una comparecencia en el Senado un antiguo socio de Pablo Iglesias.Es a la luz de estas relaciones como hay que examinar determinados posicionamientos de Podemos, que ha apoyado explícitamente las campañas de BDS y ha llegado a pedir el reconocimiento al inexistente estado palestino como parte de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Un agente de Irán como vicepresidente del Gobierno
Ningún régimen del mundo ha expresado tan a las claras su antisemitismo y su deseo de borrar a Israel de la faz de la tierra como el de Irán. Además de oprimir a las mujeres y de asesinar a adúlteras, homosexuales y todos los que desafíen su perversa lógica fundamentalista, el régimen islamista de los ayatolás persigue con saña a sus críticos y ha sembrado la guerra civil y el terrorismo en Oriente Medio y en el mundo desde su establecimiento en 1979. Todo ello no le ha supuesto ningún problema a Pablo Iglesias para trabajar durante años para el órgano propaganda del régimen de los ayatolás en España, Hispan TV. En este canal dedicado a dulcificar la imagen de esta dictadura criminal en el extranjero presentó sus programas de televisión Fort Apache y Spoilers.
El primero era un espacio de comentario político en que el líder de Podemos y hoy vicepresidente del Gobierno de España vehiculaba junto a sus invitados sus puntos de vista sobre política internacional, que son en lo fundamental los mismos que los del régimen que le pagaba y servía de altavoz: crítica implacable a las democracias occidentales, en especial a Estados Unidos y a Israel; entusiasmo por el socialismo del siglo XXI en Iberoamérica y demonización del capitalismo. El segundo programa de Iglesias en Hispan TV, Spoilers, un espacio sobre cine y política dedicado a promover teorías conspirativas contra Estados Unidos muy del gusto de sus patronos iraníes en el que el líder de Podemos también colocó a su esposa, la actual ministra de Igualdad Irene Montero. Pero las relaciones entre Podemos y el régimen de los ayatolás podrían ir más allá de estas colaboraciones periodísticas. La Policía ha investigado en el pasado la posible financiación de Podemos por parte de Irán con 5 millones de euros que el régimen teocrático habría canalizado a través de pagos hechos por Hispan TV a sus colaboradores del partido.
Esta forma de recibir fondos de un régimen enemigo de Occidente y con intereses directos en desestabilizar democracias como la española ya habría sido ensayada por Podemos con Venezuela, que según varias fuentes habría inyectado millones de euros a quienes fundarían el partido, a través de la fundación con la que asesoraban al régimen bolivariano y con el objetivo de que extendieran el socialismo del siglo XXI a España.
El BDS también ha extendido sus tentáculos en Cataluña, donde ha tejido fuertes relaciones no sólo con la extrema izquierda sino con todo el arco de los partidos separatistas. Así, frecuentemente los grupos de CUP, ERC o JxCat apoyan las mociones de BDS en instituciones como ayuntamientos. Pero además hay ciertas relaciones personales que no dejan de resultar llamativas: abogados de los dirigentes separatistas acusados por el golpe de estado de septiembre y octubre del 2017 están directamente relacionados con el BDS, el más notorio de ellos Gonzalo Boye, defensor del expresidente fugado Carles Puigdemont. Boye ha trabajado en varios casos notorios para el Palestinian Centre for Human Rights, presentando varias querellas contra Israel y diferentes autoridades israelíes que han resultado, por supuesto, notorios fracasos judiciales. Directamente dentro del campo del BDS, Boye ha sido el responsable jurídico de la solicitud a la Federación Internación de Fútbol (FIFA) de la exclusión de Israel, una actuación clara de BDS en el campo deportivo que el abogado de ultraizquierda justificaba en el supuesto trato discriminatorio que se da a los futbolistas palestinos. Como todas las demás, la petición legal de Boye acabó en un sonoro portazo e Israel sigue participando de las competiciones deportivas europeas.
No es el único caso, la exconsejera Clara Ponsatí, también fugada de la Justicia en su caso en Escocia, tiene como abogado a Aamer Anwar, un letrado escocés de origen pakistaní que ha defendido causas legales de diversos tipos -entre ellos una demanda de la familia del condenado por el atentado de Lockerbie- y que actualmente es rector de la Universidad de Glasgow. Su firma presume de haber defendido “a muchas personas arrestadas por delitos graves contra el orden público durante desórdenes civiles como los disturbios de Govanhill en 2001, o las manifestaciones del G8 en Gleneagles en 2005”. Este posicionamiento no es casual: Anwar es conocido por sus opiniones de extrema izquierda y ha participado en numerosas campañas políticas radicales, entre ellas se ha mostrado partidario tanto de la independencia de Escocia como, en los últimos meses, de la de Cataluña.Por supuesto, entre sus actividades políticas reivindicativas ha estado el BDS, para el que ha firmado cartas al parlamento escocés y del que se ha mostrado partidario públicamente, por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, en la que ha llegado a pedir que Escocia se convierta en “un centro del BDS en solidaridad con Gaza”.
Tras el resultado electoral de 2021, el futuro gobierno de la Generalitat se articulará gracias al apoyo de partidos extremistas como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Ambos podrían definirse como partidos de extrema izquierda, anticapitalistas y, especialmente en el caso de la CUP, violentamente antisistema. Como la mayor parte de las formaciones de corte ideológico similar en Europa son también partidos antiisraelís y, a través de su odio a Israel, antisemitas. Este antisemitismo no se ha quedado en un plano meramente teórico, sino que se ha concretado en la proliferación de mociones BDS en ayuntamientos catalanes, habitualmente aprobadas con los votos de estas dos fuerzas nacionalistas y otros partidos de izquierdas. Hasta la fecha, aunque algunas ya se han suspendido legalmente gracias a los esfuerzos de ACOM, cerca de una veintena de consistorios han sancionado acuerdos municipales de discriminación de las empresas y los ciudadanos israelíes. El propio Ayuntamiento de Barcelona, la capital de Cataluña, aprobó en abril de 2017 la adhesión de la ciudad al movimiento BDS con los votos, entre otros, de los nacionalistas de izquierdas. Además, en mayo de este mismo año se volvió a aprobar una moción condenando a Israel, en esta ocasión con los votos de todos los grupos nacionalistas, incluyendo también al PDeCAT.
La cercanía del separatismo con el movimiento antiisraelí del BDS se resume en un nombre, el de Raúl Romeva, ex responsable de relaciones exteriores de la Generalidad y hoy en día en la cárcel por su participación en el golpe de estado separatista, que durante años fue una de las caras visibles de las asociaciones pro BDS y un activista furibundo del boicot desde el Parlamento Europeo. Por si esto no fuera suficiente, tal y como se señaló desde OCATRY, hay una relación cada vez más cercana entre el separatismo y, ya no el antisemitismo, sino directamente el yihadismo: destacados políticos nacionalistas han sido abogados defensores de presos sospechosos de terrorismo e incluso Gonzalo Boye, uno de los abogados principales de Carles Puigdemont -el expresidente catalán que se encuentra huido de la Justicia española-, fue él mismo condenado por participar en un secuestro terrorista y ha defendido a miembros de hasta cinco organizaciones terroristas diferentes.
Curiosamente, en el lado opuesto de la balanza, el partido que más claramente defiende a Israel en el mapa político español es Ciudadanos, ganador de las elecciones en Cataluña en diciembre de 2017 y la mayor fuerza de oposición al separatismo dentro de la comunidad autónoma. Otra destacada figura de las campañas contra Israel es el abogado y político Jaume Asens, actualmente tercer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, donde fue elegido dentro de la lista encabezada por Ada Colau. Como abogado Asens lideró la defensa de Mohammed Mrabet, gerente de la mezquita de Vilanova i la Geltrú que en el marco de la Operación Chacal fue acusado de preparar un grave atentado. También fue el principal responsable de la causa legal que algunos de los participantes en la mal llamada Flotilla de la Libertad plantearon contra miembros del Gobierno y el Ejército de Israel. Además, Asens es los miembros destacados del Observatori DESC, una de las organizaciones de presunta defensa de los derechos humanos bajo el paraguas económico de la Open Society Foundation. DESC ha sido un punto de encuentro común de muchas personas alrededor de la alcaldesa Colau, que pese a ello o precisamente por ello no ha tenido reparos en regarlo generosamente con subvenciones municipales.
La idea es la instauración de un Nuevo Orden Global de Soros es la fragmentación y desestabilización de Europa.
De esta forma, se abriría la posibilidad de desarrollar ‘un mercado global en el que la debilidad de las regiones permitiera la supremacía de los negocios sin trabas gubernamentales. Fuente: OCATRY (Observatorio contra la Amenaza Terroristas y la Radicalización Yihadista) www.ocatry.org
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